Tres camiones resultaron quemados esta tarde en la Región del Biobío, poco después de que se conociera la detención de Héctor Llaitul, uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Según información preliminar recabada por Emol, los hechos ocurrieron en Mulchén, donde se produjeron dos ataques casi en simultáneo por parte de encapuchados armados.
De acuerdo a los antecedentes que se conocen, el primer ataque se registró en el kilómetro 539 de la Ruta 5 Sur, y afectó a un camión de transporte de chips, el cual se encontraba detenido a un costado de la carretera cuando fue abordado por al menos dos desconocidos, quienes intimidaron al conductor con armas de fuego, lo obligaron a descender e incendiaron la cabina del vehículo.
El camión fue afectado en su totalidad, mientras que el trabajador no resultó lesionado. Los individuos escaparon en una camioneta blanca.
En tanto, el otro hecho ocurrió en la Ruta Q-95-R, sector Salto del Rehuén, donde otros dos camiones fue interceptados y quemados por un grupo de sujetos armados. Según señaló Carabineros, los encauchados se movilizaban en dos camionetas y luego huyeron.
En el lugar se encontró un lienzo en que piden la libertad de Llaitul y la salida de las forestales de la macrozona. A raíz de esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Mulchén despachó una unidad al sector Salto Rehuén, indicando que «al parecer se trataría de otro ataque incendiario».
Los ataques perpetrados en Mulchén son los primeros que se registran desde la detención esta jornada de Llaitul por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), a quien se le imputarán una serie de delitos por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, y otros delitos del Código Penal como usurpación, atentado contra la autoridad y robo de madera.
MULTIGREMIAL LLAMA A NO USAR LA RUTA 5
Luego de que se conocieran los hechos de Mulchén y tras la instalación de una barricada incendiaria a la altura de Cañete, la Multigremial Nacional hizo un llamado a no transitar por la Ruta 5 Sur.
«La detención de Héctor Llaitul solo muestra su vinculación a grupos armados terroristas, los que en las últimas horas han perpetrado atentados en diversas zonas, que podrían poner en peligro a más familias y trabajadores inocentes», advierten desde el gremio.
Asimismo, indicaron que «la situación es crítica desde Los Ángeles a Puerto Montt. Agricultores, transportistas, forestales y salmoneros están expuestos al sabotaje de organizaciones terroristas como la CAM«. (Emol)
La participación de los adultos mayores siempre ha sido un tema super relevante a lo largo de la historia debido su activa participación activa en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y especialmente su rol en las votaciones.
Históricamente, este grupo etario, han formado parte importante de las democracias de las sociedades y de todo el ambiente político en Chile. Un escenario que hasta el momento no había sufrido cambios relevantes.
Sin embargo, el país parece estar viviendo cambios relevantes en lo que respecta a la participación electoral de la población. Así lo muestra el nuevo reporte del Observatorio del Envejecimiento para un Chile con futuro -proyecto que surge de la alianza entre la Universidad Católica y Compañía de Seguros Confuturo-, el cual analizó la participación política y social del segmento de personas mayores de 60 años en Chile, dando cuenta de un importante cambio en la tendencia de los últimos años.
El estudio analizó los periodos de votaciones desde que se implementó el voto voluntario, que comprende las elecciones presidenciales de 2013, 2017 y 2021, municipales de 2012 y 2016, y el plebiscito 2020 para una Nueva Constitución.
Los resultados mostraron que hasta los procesos eleccionarios de 2020 y 2021, las personas mayores eran las que más votaban, tendencia que se revirtió en estas dos últimas elecciones, luego de que el grupo menor de 60 años mostrara una mayor participación en los sufragios.
Para las elecciones presidenciales de 2013 y 2017, la población 60+ acudió a las urnas en un 60% y 58%, respectivamente. Asimismo, para las elecciones municipales de 2012 y 2016, la participación del mismo grupo fue de un 56% y 46%, respectivamente.
Sin embargo, en el plebiscito para una Nueva Constitución, realizado en octubre de 2020, los votantes 60+ representaron el 43% mientras que el grupo menor de 60 años tuvo una participación de 53%. Este cambio de tendencia se vio ratificado en las presidenciales de diciembre de 2021, cuando el 54% de las personas menores a 60 años votaron versus un 40% del grupo 60+.
Esta realidad yahabía sido relevante en otros países que han envejecido antes que Chile, sin embargo “no esperábamos encontrarlo en la población chilena”, comentaSara Caro Puga, académica Trabajo Social UC y miembro del Observatorio del Envejecimiento.
Una tendencia que muestra “cómo empieza a variar la participación de las personas mayores en países con un nivel de crecimiento tan alto como el nuestro”, comenta la también integrante del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE).
Un escenario que invita a la reflexión de que se comience a tener una más heterogénea y más diversa de la participación de todos sus ciudadanos, más diversa respecto de cómo ocurre se genera este fenómeno en país.
¿MIEDO AL CONTAGIO?
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, sostiene que “tradicionalmente, las personas mayores chilenas han sido más disciplinadas en torno a la participación política. Esto se ve, por ejemplo, en las votaciones, y es así dado que ellos se iniciaron en un escenario de voto obligatorio”.
Es por ello que llama la atención el cambio de tendencia. En ese sentido, el reporte destaca que es difícil realizar una comparación entre estas últimas instancias electorales debido a sus características contextuales únicas, pero que además, se debe tener en cuenta que ambas votaciones se realizaron en contexto Covid-19, por lo que las medidas sanitarias y la percepción de riesgo pueden haber jugado un rol importante en la participación en urnas.
Esto va en sintonía con los hallazgos de la última encuesta de Voces Mayores, que señala que las personas mayores de 60 años -a diferencia de los demás rangos etarios- están más preocupadas por la seguridad, lo que también puede estar afectando su participación electoral.
Los investigadores del estudio también realizaron entrevistas a adultos mayores que participan de otros espacios diferentes de las votaciones para poder entender más el por qué de estos resultados, “y lo que señalaron es que ellos ven la participación de una manera distinta”, señala Caro.
Por ejemplo, una entrevistada relataba la importancia de poder participar con otras personas de otras edades, ya que para ella “no tiene ningún sentido participar solo con los viejos con los viejos cuando en realidad la sociedad no funciona así”, añade.
De esta forma lo que ha señalado la investigadora de CEVE, es que la como sociedad se ha ido segmentando la participación por grupos de edad e intereses, pero lo que las entrevistan mostraron es que los intereses no necesariamente coinciden con la edad o viceversa.
Foto: AGENCIAUNO
Un punto que cobra especial relevancia es la proyección demográfica nacional. En proporción, la población menor de 59 años decrecerá para el 2050, mientras que las personas 60+ y 80+ irán en aumento. En este sentido, a pesar de que el grupo de 59 años o menos es mayor, representando el 70% de la población, el segmento 60+ y 80+ representará un 30%.
Esto se traduce en que finalmente habrá un aumento significativo de personas mayores en el país para 2050, por lo cual, conformará un grupo de votantes significativo y por ende, será importante destinar nuevas propuestas específicas para este segmento etario en las futuras candidaturas.
MENOR PARTICIPCIÓN EN CARGOS PÚBLICOS
Otro aspecto que recoge el reporte es el de candidaturas y ocupación de cargos públicos de elección popular de este grupo etario.
Desde el año 2012 al 2016, las candidaturas de alcaldes 60+ superaban el 20%, mientras que parael año 2021, esta cifra cae a un 17%,y en cuanto a los alcaldes electos, se observa una leve alza a partir del 2012. Ese año, 48 (14%) de los 345 cargos fueron ocupados por personas mayores, en 2016 sube a 66 (19%) y decae a 55 (16%) en 2021.
Un dato relevante ya que muestra que a nivel de alcaldes y gobiernos estatales hay una mayor participación de personas mayores, “en el sentido que son electos y eso demuestra que en el sector local, en las comunas, en los barrios, las vecinas y vecinos conocen a sus autoridades, a sus representantes y se valoran mucho más la trayectoria de la personas” comenta Caro.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
En relación a otras formas de participación política y social, el reporte destaca los resultados del Catastro Nacional de Organizaciones de Personas Mayores (OPM) en Chile, que identificó 319.018 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, de las cuales 214.064 se encuentran activas en la actualidad, es decir, el 6% de las organizaciones activas son de personas 60+.
Al respecto, Irarrázaval comenta que “en comparación a catastros previos, se constató que la creación de OPM se ha triplicado en los últimos veinte años. Todo esto es una señal interesante del creciente interés asociativo de las personas mayores”.
¿Las personas mayores están participando de cargos donde hay capacidad de tomar decisiones donde se pueden hacer cambios por la sociedad? “Lamentablemente (el análisis) muestra que no, que solo participan de espacios que son más bien de recreación de esparcimiento, pero no de espacios donde pueden hacer un cambio por su futuro” hace hincapié Caro.
Consuelo Moreno, directora ejecutiva de la Fundación Grandes e impulsora de “Voces Mayores”, señaló que “son los municipios donde generalmente la persona mayor se dirige y va a tocar la puerta, los que no saben o que no tienen acceso la respuesta más cercana la encuentran allí”.
Junto con destacar los beneficios de la participación activa de personas mayores, el reporte visibiliza los efectos negativos que la falta que ella tiene, ya que genera exclusión, aislamiento y sentimientos de soledad, y se asocia importantemente con un declive de la calidad y satisfacción con la vida.
Por su parte la académica de Trabajo Social UC, añade que a pesar de los resultados, estos no se pueden llevar a concluir que las personas mayores están participando menos, “sino que están participando de espacios que nosotros desconocemos”.
Por eso lo más importante, según Caro, esponer más énfasis en las miradas de genero, tanto como sociedad y país en la mujeres mayores, y en el desafió de diseño de nuevas políticas publicas “que miren la participación ya no como una participación que ocurre por edad sino a lo largo de la vida porque si los jóvenes hoy están participando tan poco, estos son los mayores del mañana y necesitamos promover en ellos más capital social”, concluye.
Christian Abello, gerente general de Compañía de Seguros Confuturo, señala que “como sociedad tenemos el desafío de promover mayores espacios de participación para las personas mayores, muchos de los cuales disminuyeron por la pandemia, especialmente considerando el gran impacto que tienen este tipo de actividades en el bienestar de las personas”, afirma. (La Tercera)
Motivos ambientales por un lado y económicos por el otro: este miércoles, después de años intentando dejar de usar energía nuclear, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que reforzará el uso de esta en los próximos años. Comprometido en alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, el país asiático ha optado por las plantas nucleares como una forma de frenar las emisiones de gases con efecto invernadero.
Con la invasión rusa de Ucrania como antecedente, y ante la preocupación por una posible escasez energética en el mediano plazo, Kishida anunció que hay planes de construir nuevas plantas nucleares de última generación, dando la espalda al “apagón atómico” que tuvo lugar luego de la tragedia en la central Fukushima Daiichi en 2011. “La invasión rusa de Ucrania ha transformado enormemente el panorama energético mundial (…) Japón necesita tener en mente potenciales escenarios de crisis en el futuro”, señaló el primer ministro.
Por primera vez desde 2011, según encuestas en el archipiélago, son más los japoneses de acuerdo con la apertura de las centrales cerradas y menos los que opinan que deberían permanecer inactivas.
Fumio Kishida hablando durante una conferencia de prensa en la residencia oficial del primer ministro, en Tokio. Foto: AP
En el contexto de un encuentro llamado “Green Transformation”, el primer ministro de Japón hizo el anuncio. “Además de asegurar la operación de los 10 reactores que ya están en línea, el gobierno encabezará un esfuerzo para hacer todo lo posible por reiniciar los otros, cuya seguridad ha sido aprobada por la agencia nuclear del país”, señaló Kishida. Del mismo modo, el jefe de gobierno comentó sobre “dar el máximo uso a las plantas nucleares existentes”.
“Japón debe ir resolviendo sus problemas de cara al futuro mientras promueve la transformación energética”, indicó el jefe del gobierno, anunciando un plan que no solo construiría plantas nuevas, sino que adaptaría las que ya están funcionando, y daría funcionamiento a las que se pusieron fuera de operación. El plan incluye también la extensión de la vida máxima de los reactores, en miras a que puedan operar más de 60 años. Luego del desastre de Fukushima, se habían introducido medidas más estrictas, llegando a bajar a 40 años la vida útil de una planta nuclear.
Si hoy solo 10 reactores siguen activos, los objetivos de Japón para 2030 exigen que los casi 33 del país vuelvan a funcionar. De hecho, un pequeño grupo de políticos tanto del oficialismo como de la oposición ha pedido la aceleración de la puesta en marcha, pero aquellos reinicios dependen también de la aprobación de los gobiernos locales y los criterios de seguridad.
Vista aérea de la zona de almacenamiento de aguas tratadas luego del accidente nuclear en Fukushima. Foto: Reuters
Luego del accidente en la central de Fukushima, desencadenado por un terremoto y tsunami en marzo de 2011, Japón hizo más estrictos los criterios de seguridad para las centrales nucleares. En ese entonces, tanto el gobierno como la autoridad reguladora obligaron a todas las plantas del país a suspender sus operaciones hasta que se adaptaran a los nuevos estándares posdesastre.
Ya en 2022, 10 de los reactores funcionan, pero no todo el tiempo: a finales de julio, siete estaban operando, mientras que los otros tres estaban en mantenimiento. A pesar de haberse comprometido a la neutralidad de carbono en 2050, durante toda la década Japón profundizó su dependencia de los combustibles fósiles, en su mayoría importados. Si ya el año pasado el precio de estos había aumentado, el alza se disparó luego de la invasión rusa a Ucrania.
Miembros de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en reunión con el Ministerio de Economía japonés. Foto: AP
No solo Kishida ni los políticos nipones han optado por la energía nuclear: según un sondeo realizado por Nikkei, el 53% de los ciudadanos japoneses opina que los reactores nucleares deberían volver a funcionar si se puede garantizar su seguridad, mientras que el 38% estima lo contrario. Esta es la primera vez, desde 2011, en que este índice supera el 50%: en septiembre, una encuesta similar le daba 44% de apoyo a la reanudación, en una investigación que viene replicándose durante más de una década.
Luego de la fusión de los tres reactores de Fukushima, que ha sido el segundo peor accidente nuclear en la historia, después del de Chernobyl en 1986, la opinión pública le dio la espalda en masa a la energía nuclear. Pero con la reciente alza de los precios de la energía en todo el mundo, y luego de que se dejasen fuera de servicio en el archipiélago varias centrales de gas y carbón, la gente está viendo con mejores ojos esta fuente de energía. El cierre de aquellas centrales fue provocado por un temblor y provocó una alerta en el suministro eléctrico tokiota, que estuvo a punto de sufrir un apagón generalizado.
En entrevista con Bloomberg TV, el exdirector ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Nobuo Tanaka, afirmó: “Hay un fuerte viento de cola para la energía nuclear en este momento”. “Si Japón vuelve a poner en marcha la energía nuclear, las empresas de servicios públicos del país podrían revender el gas licuado sobrante a Europa”, señaló el economista. (La Tercera)
La propuesta salió a flote por primera vez a inicios de diciembre de 2019, días después de que un grupo mayoritario de partidos políticos y bancadas parlamentarias firmaran el acuerdo del 15 de noviembre de ese año (15-N).
Las “listas nacionales cerradas” -que convierten al país en un solo distrito– han cobrado fuerza como alternativa para realizar una nueva asamblea constituyente en caso de que triunfe el Rechazo, el 4 de septiembre.
Particularmente en 2019, fue la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien propuso las listas nacionales y cerradas, en vista de la apertura de fuerzas de izquierda para realizar un acuerdo complementario al 15-N con el fin de resolver temas como la paridad y la representación de pueblos originarios e independientes.
La idea -que volvió a ser replanteada por el actual timonel de la UDI, Javier Macaya, en las tratativas informales que se han dado en el Congreso y con el gobierno- había surgido del equipo programático del gremialismo que lideraba la entonces senadora Ena von Baer, una de las redactoras del pacto que habilitó el actual proceso constituyente.
En diciembre de 2019, el experto electoral y entonces diputado Pepe Auth paralelamente también sacó un documento en el que abogaba por las listas nacionales, donde los electores votarían en un “distrito único” con un sistema cerrado. En su escrito, Auth proponía que desaparecieran “los 28 distritos para efectos de la elección, transformándose todo el país en un solo distrito electoral”.
Pero el planteamiento fue tardío, ya que el acuerdo del 15-N ya dejaba encaminado que los constituyentes se eligieran de la misma forma que los diputados. No obstante, la idea agradaba a dirigentes de izquierda, como el otrora presidente socialista Álvaro Elizalde y el actual ministro Giorgio Jackson (RD), además del entonces presidente de la DC Fuad Chahin. Mario Desbordes, quien en esa época dirigía RN, fue uno de los pocos que se opusieron.
¿EN QUÉ CONSISTE?
El planteamiento que ha vuelto a revivir es que los electores en vez de votar por un candidato lo hagan por un conjunto de postulantes.
Al ser una lista nacional, un elector de Magallanes tendría la misma papeleta que uno de Arica o Santiago. No habría candidatos distintos por cada territorio.
“Si son listas nacionales, entonces la competencia es en un distrito único nacional. No hay otro camino”, explica el cientista político y académico de la U. de Talca Mauricio Morales.
Las listas al ser cerradas vienen con un orden preestablecido. Si una lista obtiene un porcentaje de votos para elegir 10 cupos en una eventual nueva asamblea, se eligen los 10 primeros candidatos de esa nómina. Ello permite aplicar con mayor facilidad el criterio de paridad, mientras se exija una conformación de lista tipo “cebra”: una mujer, un hombre, una mujer, un hombre.
De esta forma, la elección se despersonaliza, pierde relevancia quién sea el más popular, conocido, carismático o simpático, pues se favorece un voto ideológico o programático.
Por el contrario, en la lista abierta, como existe hoy para el Congreso y se aplicó para la disuelta Convención Constitucional, los postulantes con más votos son los elegidos.
“La gente vota por la lista, vota para que haya más personas elegidas de esa lista. Cuando tú eliges en lista nacional y cerrada, no necesitas pensar en la popularidad del candidato, sino en su capacidad de participar e influir en el diseño de la nueva Constitución”, añade Pepe Auth.
“Cada partido o pacto construye jerárquicamente esa lista. Aquel que encabeza la lista tiene mayores chances de ser electo. Ayuda a despersonalizar las elecciones. También contribuyen a la disciplina. En síntesis, favorecen el voto por ideas y programas. Naturalmente, los partidos colocarán como cabeza de lista a sus mejores cartas, pero el voto es por lista”, comenta Morales.
Las listas cerradas, que en Chile son muy comunes en federaciones estudiantiles, se usan en la mayoría de las democracias europeas, con la diferencia de que no son nóminas nacionales, sino por territorios.
El modelo de listas nacionales, en tanto, se aplica en Israel, que tiene como principal ventaja una representación proporcionalmente casi exacta. Más aún sería si los escaños a repartir fueran 100, como es la idea que ha planteado el Partido por la Democracia en estas negociaciones informales. Por ejemplo, si una fuerza política a través de su lista saca el 15% de los votos, obtendría 15 escaños en una nueva instancia constituyente.
Otra de las características de la fórmula que se baraja es que los partidos compitan solos. No irían asociados con otros y cada uno elige sus escaños, según su porcentaje de sufragios.
Además, con el esquema de listas nacionales y cerradas, las colectividades formalmente constituidas ante el Servicio Electoral adquieren un mayor poder al quedar como filtros de quienes postulan y en qué orden de preferencia.
Los independientes, por el contrario, quedarían con más dificultades para competir, salvo que haya listas de independientes, tal como se permitió excepcionalmente en la elección pasada de convencionales constituyentes. Otra alternativa es que los partidos sean obligados a llevar una cuota de candidatos sin militancia. Si no, cada independiente tendría que competir solitariamente.
La politóloga y académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile Claudia Heiss explica que uno de los efectos de ese modelo es que se centraliza la definición de quiénes serán candidatos, lo que tiene consecuencias positivas, pero también algunos inconvenientes. “Si bien una nueva Convención electa solamente con listas diseñadas por partidos tiene beneficios en términos programáticos y por los problemas que generan los independientes, habría un problema de legitimidad, dado el rechazo a los partidos. Si tuviéramos partidos legitimados, quizás podría tener un eco”, dice Heiss. (La Tercera)
La mayor salida de fondos del Ahorro Previsional Voluntario (APV) que administran las AFP desde que se creó este instrumento de inversión. Ese es el récord que registra el primer semestre de este año, ya que a junio las personas retiraron $285.899 millones (unos US$310 millones), lo que significa un incremento de 117,6% versus el primer semestre del año pasado, alcanzando esta cifra un nivel nunca antes visto para un semestre.
Aún más, por primera vez hubo más retiros que depósitos de APV durante un primer semestre. Esto, considerando que según los datos que consolida la Superintendencia de Pensiones, se depositaron $279.316 millones a junio de este año, lo que significa un alza de 50% con respecto a los depósitos que se hicieron en el primer semestre del año pasado. Con todo, en el neto, considerando los depósitos menos los retiros, se sacaron $6.582 millones.
En todo caso, el monto de retiros desde el APV durante el primer semestre ($285.899 millones) representa un 9,9% del total del saldo acumulado que manejaban las administradoras a junio de 2022 ($2.882.363 millones) bajo esta modalidad.
El mes que registró la mayor salida en lo que va de 2022 fue marzo, pues los cotizantes retiraron $55.868 millones. Sin embargo, al ver el mes en que se sacaron más recursos en la historia del APV, el récord se registró el año pasado, cuando en noviembre de 2021 las personas hicieron retiros por $78.075 millones.
¿Qué hay detrás de esta salida de fondos de APV desde las AFP? La jefa de estudios previsionales de Alfredo Cruz y Cía, Bernardita Infante, comenta que según la experiencia que rescatan desde la consultora, observando el comportamiento de sus clientes, es que este fenómeno se debe a tres motivos.
Primero, por “la incertidumbre que genera el artículo 45 número 2 de la propuesta constitucional, el que solo reconoce un sistema de seguridad social ´público´, dejando fuera el sistema privado de pensiones. Entonces, no hay claridad en relación a qué ocurrirá con las AFP y el fondo de pensiones. Por lo tanto, efectivamente las personas prefieren resguardar sus fondos previsionales voluntarios (APV y depósitos convenidos) en instituciones fuera de las AFP”, dice Infante.
En segundo lugar, y siguiendo la misma línea, añade que “hay personas que están optando por pensionarse anticipadamente considerando que, de aprobarse el texto constitucional, temen que cambien las reglas del juego y que sus aportes obligatorios y de APV queden expuestos a estatizaciones. Por lo tanto, los fondos de APV los traspasan a las AFP y luego optan por llevarlos completos a compañías de seguros para financiar rentas vitalicias”.
En tercer lugar, menciona que hay otro grupo de ahorrantes que “buscan mejores alternativas de inversión en fondos internacionales o en fondos mutuos asociados a pólizas de seguros con rentabilidad garantizada, las que debido al alza de tasas de interés, están entregando rentabilidades aseguradas de hasta 1% sobre UF”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP), Lientur Vergara, dice que “en primer lugar hay que distinguir si esa cantidad corresponde a retiros efectivos desde las cuentas de APV, o son traspasos de estos fondos hacia los saldos destinados a pensión. Se debe entender que el primer semestre tuvo la mayor cantidad de personas pensionadas en la historia del sistema de capitalización individual. Asimismo, quienes se han pensionado este semestre también han debido ocupar su APV”.
Al respecto, hay que recordar que el número de nuevos pensionados que hubo al cierre del primer semestre de este año también batió todos los récords, ya que por primera vez superaron los 100 mil para un periodo enero-junio, marcando un nivel no visto desde que hay registro (2004) en ese lapso. Además, también registraron su mayor alza en igual comparación.
Vergara añade que “algo que es importante recordar es que el APV es un instrumento de capitalización voluntario, principalmente destinado a financiar pensión con algunos beneficios tributarios, o bien, aporte fiscal. Frente a eso, los retiros no son aconsejables cuando se hacen para otro fin que no sea ocuparlo en pensión, ya que el incentivo fiscal al ahorro se debe devolver al momento de hacer los retiros”.
En tanto, la directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, lo atribuye a distintos motivos. Por un lado, porque las personas están transfiriendo sus recursos de APV en AFP a otros planes de APV en entidades distintas, por “temor a que cambios legales tengan efectos negativos respecto de la propiedad, rentabilidad y disponibilidad de sus ahorros. Temor de que se apropien de sus ahorros”.
También señala que hay muchas personas que se han pensionado y retiran excedentes de libre disposición con exención tributaria. En tercer lugar, menciona que “otros simplemente lo retiran para su bolsillo, por seguridad por su propiedad”. Y en cuarto lugar, dice que hay personas que se pensionan eligiendo renta vitalicia y consideran traspasar sus fondos de APV a la compañía de seguros de vida que eligió. (La Tercera)
Justo unos minutos antes de que el jueves pasado la Corte Suprema publicara el fallo que terminó en una derrota para las isapres, el gremio estaba reunido con el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, en la primera cita que concretaron por la mesa de trabajo que formó el gobierno para ver cómo enfrentar la situación financiera por la que atraviesa esa industria.
En esa cita el Minsal propuso avanzar primero en solucionar temas respecto de la tabla de factores y reajuste del precio GES. Fue una reunión de la cual la Asociación de Isapres había salido con buen ánimo, y que desde el sector calificaron como positiva.
Sin embargo, todo cambió cuando minutos después se conoció el fallo de la Suprema, el cual congeló las alzas de los planes de salud que habían hecho desde la industria este año, no solo para los más de 300 mil afiliados que judicializaron el asunto, sino que para la totalidad de los usuarios del sistema.
Así las cosas, este miércoles las isapres se vieron las caras con el gobierno y la Superintendencia de Salud por segunda vez por la mesa de trabajo que convocó el gobierno. Eso sí, ninguna de las partes quiso emitir declaraciones públicas.
De todos modos, fuentes conocedoras de la reunión señalan que ahora se definió cambiar la prioridad de trabajo, poniendo como foco central el tema del nuevo proceso de adecuación de precios de los planes que dictó el máximo tribunal, para que así la Superintendencia de Salud pueda poner ahí todos sus esfuerzos.
También el asunto sobre el decreto para reajustar el precio GES que debe hacer el gobierno sigue en la lista de prioridades, y se sumó a este listado trabajar en atacar las licencias médicas fraudulentas. Con este telón de fondo, resolver los problemas por la judicialización de la tabla de factores quedó en segundo plano.
Cabe recordar que este martes el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, emitió las primeras declaraciones por el fallo de la Suprema, y dijo que “el futuro inmediato de las isapres depende de las decisiones que tome el gobierno, la prioridad que asigne la Superintendencia de Salud en el cumplimiento del fallo, y la celeridad con que determine los mecanismos más apropiados para su cumplimiento, son cruciales, de ello depende la continuidad de la cobertura que beneficia directamente a más de 3 millones de personas, e indirectamente a 10 millones de usuarios de la red privada de salud”.
En la misma jornada el superintendente de Salud también profundizó sobre el fallo. Dijo mediante un comunicado que “estamos evaluando y analizando el fallo para dar cumplimiento a las instrucciones que el máximo tribunal dictaminó, ya se hizo una revisión de los mecanismos más eficientes para concretar la devolución (de dinero por las alzas de julio y agosto) y ahora corresponde redactar la circular respectiva para instruir a las isapres la fórmula en que deberán reintegrar el dinero del alza”.
Torres también sostuvo que “entendemos que la situación de las isapres es compleja. No obstante, seguimos trabajando en la mesa que instaló el Ministerio de Salud, precisamente porque nuestra prioridad es evitar que cualquier eventualidad llegue afectar a las personas afiliadas. En ese sentido, hemos estado colaborando en varias acciones con la Asociación y con las propias isapres, para darle garantía a las personas de que seguirán recibiendo atención y cobertura de sus prestaciones de salud”. (La Tercera)
Una base estadounidense fue atacada este miércoles con misiles en la provincia de Deir al Zur, en el este de Siria, horas después de que Washington bombardease posiciones de las milicias proiraníes presentes en la demarcación administrativa, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
De acuerdo con la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, dos proyectiles impactaron a última hora de este miércoles en las inmediaciones del yacimiento de gas de Kóniko, donde la coalición internacional liderada por EE.UU. para luchar contra el Estado Islámico (EI) tiene una base militar.
Los misiles fueron lanzados desde un área controlada por las milicias proiraníes en el norte de la provincia y las tropas internacionales respondieron hacia el punto del que procedían, sin que por el momento se conozca si alguna de las dos acciones ha dejado víctimas.
El intercambio se produce después de que esta madrugada Estados Unidos lanzase ataques aéreos «de precisión» contra almacenes de las milicias apoyadas por Teherán y contra un campamento de la Brigada Fatemiyún, integrada principalmente por combatientes chiíes de origen afgano y reclutados en territorio iraní.
Según el Observatorio, los bombardeos causaron seis bajas, si bien Washington negó que hubiese víctimas y justificó la acción como un intento de «proteger» a sus tropas desplegadas en Siria de los ataques de las milicias «respaldadas por Irán».
El río Éufrates divide a grandes rasgos la provincia de Deir al Zur en dos partes: una controlada por las tropas leales al presidente sirio, Bashar al-Assad, apoyadas por Irán, y otra en manos de las fuerzas kurdosirias, aliadas de Washington en su lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).
Estados Unidos tiene presencia en las zonas de la región controladas por los kurdosirios -como el yacimiento de Kóniko- y de tanto en tanto responde con bombardeos a los ataques con cohetes o drones perpetrados por las milicias asentadas al otro lado del río como medida disuasoria. (Emol-EFE)
Preocupación por la baja convocatoria que han logrado hasta ahora en materia de apoderados de mesa por el Rechazo, expresaron este miércoles los timoneles de la UDI, Javier Macaya, de RN, Francisco Chahuán y de Evópoli, Luz Poblete.
Cobertura que no llegaría al 60%. «Hay algo de confianza que a lo mejor ha tenido parte de nuestro sector que hace que, por ejemplo, en el tema de apoderados nosotros manifestamos una preocupación muy importante», dijo el senador Macaya.
En esa línea, el líder de la UDI sinceró que «cuando hago la comparación de lo que ocurría el 2017 en la segunda vuelta del Presidente Piñera a estas alturas ya tenía un 140% de las meses cubiertas, hoy no alcanzamos a llegar al 60% de las mesas cubiertas, y esto es porque quizás algunos han entendido que este partido ya terminó».
En la misma línea, el senador Chahuán manifestó que «el primer llamado es a aquellos que están pro el Rechazo el 4 de septiembre, necesitamos apoderados de mesa y eso es fundamental (…) soy de aquellos que cree en la institucionalidad del Servel, pero es fundamental contar con apoderados de mesa».
«Hasta ahora tenemos un déficit de apoderados de mesa de la opción del Rechazo en las distintas mesas del país, el llamado es a aquellos que hoy quieren colaborar con la causa del Rechazo a inscribirse como apoderados de mesa», acotó el presidente de RN.
Según Poblete, «es importante no confiarse, por eso el llamado que hacían los presidentes de RN y la UDI a los apoderados de mesa a quienes estamos por la opción del Rechazo, por favor. Esa participación y la movilización, que es un voto obligatorio y también el que conozcan su local de votación» es importante.
¿PLEBISCITO DE ENTRADA?
Los timoneles de los partidos además fueron consultados por la idea de desechar o no un Plebiscito de entrada en caso de que gane el Rechazo, ante ello, Macaya insistió en que «a 11 días de la elección más importante que ha vivido nuestro país en décadas, hay gente preocupada de mecanismos, que es imposible que se habilite sino gana la opción Rechazo». A la vez que añadió que «es evidente que la ciudadanía va a tener que tener una participación».
Por su parte, Chahuán dijo que «respecto a si debe haber o no un Plebiscito para el mecanismo de cuál es el mejor mecanismo, nosotros señalamos que tenemos opiniones que hay que compartir y dialogar y la buena política tiene que hacerse escuchándose y a la ciudadanía». No obstante, el senador RN dijo a modo personal «yo soy partidario de un Plebiscito de entrada».
La presidenta de Evópoli sostuvo que con los resultados en La Moneda, «vamos a apoyar todo mecanismo que habilite la continuidad del proceso constitucional, hemos dado señales claras con nuestros votos para haber rebajado los 4/7 que va a permitir ese camino y por supuesto apoyaremos cualquier proyecto conversado en el Congreso, luego de tener los resultados del 4 (de septiembre), para que se pueda definir ese mecanismo lo más representativo, participativo de la ciudadanía».
«Fuimos nosotros como Chile Vamos quienes primero pusimos sobre la mesa la posibilidad de un Plebiscito de entrada, eso se tiene que evaluar, porque efectivamente el Gobierno ha dado otra indicación, que ha sido decir ‘nosotros creemos que el mandato ciudadano ya fue decidido en el Plebiscito de entrada con una nueva Convención’.
Por tanto, están esas dos alternativas que deben ser conversadas en profundidad por el Congreso, quien es finalmente el que decide el procedimiento», finalizó Poblete. (Emol)
Los presidentes de Colombia, México, Bolivia y Argentina difundieron este miércoles un comunicado conjunto de apoyo a la vicepresidenta trasandina, Cristina Fernández, ante lo que calificaron como una «persecución judicial» en su contra.
En el comunicado, difundido por la Presidencia argentina, los cuatro jefes de Estado manifiestan su «más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo» Cristina Fernández, para quien un fiscal pidió el pasado lunes una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción cuando gobernó Argentina entre 2007 y 2015.
Según el argentino Alberto Fernández, el colombiano Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el boliviano Luis Arce, esta «persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal».
«El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales», afirma el comunicado.
Los presidentes firmantes señalaron que en los últimos años «el poder judicial ha abierto numerosas causas» en contra de Cristina Fernández, «muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido«, mientras que en otras causas aún abiertas «se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política».
Entre estas investigaciones, apuntaron, está la denominada «causa Vialidad», por la que la ex Mandataria es sometida a juicio oral desde mayo de 2019 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales.
El pasado lunes, en su alegato final, el fiscal que interviene en este juicio, Diego Luciani, pidió al tribunal que, además de condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión, la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos. El fiscal considera que está probado que Cristina Fernández fue la «jefa» de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado.
La vicepresidenta dijo que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones al hacer una comparecencia pública el martes, luego de que el tribunal que le juzga le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.
Para los presidentes firmantes del comunicado, el tribunal vulneró el legítimo derecho a la defensa de Fernández. «Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos», añade la declaración conjunta.(Emol EFE)
China está planeando una serie de medidas para estabilizar el crecimiento a medida que la recuperación económica muestra signos de desaceleración debido a los reiterados confinamientos por el Covid y la crisis en el sector inmobiliario del país.
El Consejo de Estado ha preparado un paquete de políticas de 19 puntos para ayudar a mantener las operaciones económicas dentro de un rango razonable, informó la emisora estatal CCTV este miércoles, citando una reunión ordinaria presidida por el primer ministro, Li Keqiang.
El paquete incluye una cuota de más de 300.000 millones de yuanes (US$43.700 millones) para herramientas financieras de políticas y desarrollo que se espera creen sinergias con políticas ya introducidas e impulsen la economía a estabilizarse y desarrollarse para mejor, dijo.
Se comprometió a hacer uso de las herramientas disponibles para mantener una escala política razonable de manera oportuna y decisiva, según el informe.
La economía no se verá inundada con un estímulo excesivo ni sobrepasará el espacio para políticas a futuro, dijo, una postura de larga data mantenida por los funcionarios.
El gabinete chino también instó a los gobiernos locales a hacer un buen uso de más de 500.000 millones de yuanes en los límites máximos existentes para bonos especiales y se comprometió a aprobar una serie de proyectos de infraestructura. Alentó a las localidades a utilizar políticas crediticias específicas de la ciudad para respaldar una demanda de vivienda razonable.
Además, China apoyará a las empresas estatales de generación de energía para que vendan 200.000 millones de yuanes en bonos y ofrezcan otros 10.000 millones de yuanes en subsidios al sector agrícola.
Continuará reduciendo los costos de financiamiento e introducirá medidas para apoyar el desarrollo de empresas privadas y empresas de plataformas, según CCTV. También instó a las partes relevantes a hacer un buen trabajo en la lucha contra la sequía. (Pulso Bloomberg)
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