Durante cuatro meses, trabajamos como Comisión de Gasto Público (CGP) para cumplir el mandato encomendado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos: identificar oportunidades de reducir, contener y racionalizar el uso de los recursos públicos en un contexto que exige reformas estructurales para asegurar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. La Comisión propuso 34 medidas que fueron aprobadas por unanimidad de los miembros. En conjunto, las medidas de reducción y contención de gasto público alcanzan US$ 4.500 millones. Un total de 16 iniciativas por US$ 2.000 millones destinadas a reducir el gasto y 18 medidas adicionales, equivalentes a US$ 2.500 millones, enfocadas en contener su crecimiento futuro.

Las medidas propuestas se enmarcan en cinco grandes ámbitos:

1.- Sectores sociales y presión fiscal. En la última década, el gasto en protección social, salud y educación ha aumentado del 14,3% al 17,2% del PIB. El gasto público en salud se ha consolidado como uno de los ámbitos con mayores presiones sobre el gasto público. Explicado por cambios estructurales como el envejecimiento de la población, la alta prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente complejidad de los casos clínicos.

En salud, la Comisión propone fortalecer su gestión, gobernanza, plan de inversiones y atención primaria como puerta de entrada a la salud. Con respecto al sistema educacional, resulta indispensable ajustar las dotaciones de docentes y asistentes en la educación pública y municipal considerando los ratios alumnos/docentes comparables en el sector particular subvencionado. Respecto de la gratuidad en educación superior, se propone restringir el financiamiento hasta el decil 7, sujeto a existencia de holguras fiscales.

La Comisión no realiza recomendaciones en la Pensión Garantizada Universal (PGU), ya que cuenta con mecanismos adecuados para contener su gasto.

2.- Estrechez fiscal, exige mayor disciplina presupuestaria. La trayectoria de la deuda pública es preocupante, la que se encuentra a menos del 3% del PIB de su límite prudente del 45% del PIB y, en consecuencia, el margen para desviarse de los compromisos se agotó. Esto conlleva, además, crecientes pagos de intereses, lo que deja menos espacio para el gasto social, por lo que cumplir las reglas fiscales debe ser una prioridad.

De este diagnóstico surgen medidas orientadas a limitar la flexibilidad presupuestaria, que hoy permite al Ejecutivo exceder el gasto aprobado en la ley de presupuesto, ya sea mediante la subejecución de las inversiones, el uso de la provisión de financiamientos comprometidos o la utilización de los activos del Tesoro Público. Proponemos reforzar la necesidad de indicar claramente las fuentes de financiamiento en los proyectos de ley de carácter permanente y establecer reglas de reasignación presupuestaria más estrictas, para que el gasto efectivo refleje fielmente lo autorizado por el Congreso

3.- La evaluación y monitoreo de programas públicos no puede ser un ejercicio formal, deben tener consecuencias. Los ciudadanos merecen una atención de calidad, eficiente y oportuna para responder a sus necesidades. Por ello, aquellos programas que no cumplen con sus objetivos deben enfrentar consecuencias claras: corregir sus deficiencias o cerrarse.

De los 706 programas sociales y no sociales, el 20% del gasto se concentra en solo 554 programas, evidenciando un alto grado de fragmentación.

En este contexto, identificamos 124 programas que ya sea por bajo desempeño, debilidades reiteradas en los indicadores de monitoreo, limitada cobertura o alto costo administrativo, no pueden continuar operando en su forma actual.

4.- Empleo público basado en el mérito para el ingreso, progresión por desempeño, movilidad interna y mecanismos de término transparentes y efectivos. El empleo público del gobierno central está caracterizado por su fragmentación jurídica, rigideces y una creciente presión fiscal en áreas como salud y educación. Por esto, la CGP recomienda una reforma integral al Estatuto Administrativo que permita abordar de manera sistémica estos desafíos. Como medidas inmediatas de contención del gasto, se propone congelar la dotación, permitiendo la movilidad horizontal dentro del sector público y avanzar en reducir significativamente la brecha de ausentismo laboral respecto al sector privado, lo que generaría importantes ahorros tanto en la administración pública como en Fonasa.

5.- Poner freno al uso indebido de beneficios sociales. Observamos en casos como la gratuidad en educación superior (beneficiarios que no cumplen los requisitos) y en el Transantiago (usuarios que no pagan), que dichas acciones terminan aumentando los gastos por sobre lo programado, además de ser poco éticas. Si esto ocurre en dos programas importantes, nos preguntamos: ¿qué pasa en los otros 120 programas que usan el Registro Social de Hogares (RSH) como filtro de selección?

La respuesta es aumentar rigurosamente la fiscalización, avanzar en verificación ex ante con cruces masivos de datos, auditorías aleatorias y seguimiento de casos, inhabilidad temporal para recibir subsidios ante fraude acreditado y sanciones a operadores que no controlen el debido acceso a los programas sociales. La viveza es, simplemente, quitarles la oportunidad a otros de acceder a beneficios que verdaderamente los necesitan.

Cada una de estas 34 medidas conlleva su propia complejidad en la implementación. Sin embargo, confiamos en que el trabajo unánime de la CGP constituya un aporte para facilitar su adopción tanto en el Poder Ejecutivo como en su discusión en el Parlamento.

Ad portas de la discusión del proyecto de ley de presupuestos 2026, hacemos un llamado para avanzar con sentido de urgencia en esta agenda. Se trata de una oportunidad concreta para contener y reducir el gasto público. Es hora de actuar. (La Tercera)

Miembros de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público

En estos días dieciocheros, en que la chilenidad se despliega en las fotos de las páginas sociales que muestran a ejecutivos disfrazados de huaso y en los noticieros dedicados a la ingesta de choripanes, también han ocurrido cosas dignas de análisis. Como consecuencia de comentarios suscitados por el asesinato de Charlie Kirk, importantes figuras de la televisión norteamericana han sido, apenas ayer, enmudecidas por decisión de las propias cadenas a las que pertenecían.

El asunto ha sido presentado como un caso de censura; pero bien mirado, es más bien el resultado de un clima cultural que no demorará mucho en llegar hasta acá.

Se trata del parentesco secreto entre la cultura woke y su tendencia a la cancelación (asociada a la izquierda) y la cultura de control que, por estos días, y a propósito del asesinato de Charlie Kirk, muestra la derecha.

Ambas sensibilidades son, cuando se las mira de cerca, parientes, distintas formas de wokismo. Ambas son extremadamente sensibles y solo cambian los motivos para que se sientan igualmente agraviadas.

En el caso de lo woke el tema de la identidad aparece como el concepto central. Y como la identidad se define como una suma de rasgos o características (asociadas a la identidad sexual, el género, lo étnico o lo alimenticio, según los casos), cualquier frase o práctica que amenace esos rasgos, los critique o los ridiculice, es calificada de violenta y debe ser cancelada y quien la profiere o escribe, condenado al ostracismo social, al menos en las redes. En Chile ha habido abundantes muestras de esa actitud, especialmente entre los más jóvenes. Se acentuó en octubre del 19 y si bien luego ha decaído, aún sigue presente.

El asesinato de Charlie Kirk ha dado ocasión para que ahora asome, en cierta derecha, un ansia de control o de cancelación semejante, solo que ahora los pretextos son otros. Una comentarista de televisión en los Estados Unidos dijo algo tan sensato como que una cosa es “condenar un asesinato” y otra, distinta, “celebrar una vida” (queriendo decir que la condena a la muerte violenta de Kirk no debía ser obstáculo para criticar lo que decía y las ideas que difundió) para que entonces se le excluyera del medio. Y un comediante tuvo la ocurrencia de decir que el asesino de Charlie Kirk pudo pertenecer al mismo sector cultural que había dado origen a este último (sugiriendo que víctima y victimario eran hijos del mismo clima cultural) para que, entonces, se suspendiera indefinidamente su programa. Un cierto buenismo repentino transformó en ofensa o injuria cualquier mirada tibiamente crítica acerca del fenómeno Kirk, sobre las creencias que difundía y la forma en que las esparcía entre adolescentes.

En ambos casos lo que hay, o parece haber, es, para usar una expresión de David Rieff, una subjetividad autoritaria, la convicción de que es el propio yo, en un caso progresista, en el otro conservador, el que debe tener en la esfera pública la última palabra.

El problema que todo esto plantea es una profunda crisis de lo que se suele llamar esfera pública, que es el ámbito donde se desenvuelve la política y que es la base de la democracia.

La esfera pública exige (al contrario de lo que se cree hoy) el abandono del yo y de la propia subjetividad. Existe una esfera pública allí donde las personas salen de su subjetividad y se esmeran, hasta donde eso es posible, en reemplazarla por la razón. Y se esfuerzan entonces por formular un argumento que valga con prescindencia de las circunstancias personales. Esto es lo que diferencia a la esfera pública de cualquier otro ámbito de la vida social. Mientras en el mercado es el yo y sus preferencias lo que manda, o en la Iglesia sus convicciones más profundas alcanzadas por la fe, o en el espectáculo futbolístico la adhesión irracional adquirida en la infancia, en la esfera pública, en los medios de comunicación, en las universidades, en el Poder Judicial, se trata de hacer valer no lo que uno es o la historia de que es portador, sino las razones que es capaz de argüir y demostrar.

Pero todo eso parece estar en crisis hoy día como consecuencia de la cultura woke y la idea surgida en la derecha de que la mejor forma de oponérsele no es exponer ideas, sino transformarse en el contendiente entusiasta de una batalla, encendido por una sensibilidad opuesta y provisto de un radar capaz de detectar herejías y decretar el silencio. De esta manera, la esfera pública se transforma en un choque permanente de sensibilidades opuestas y de simplismos, donde cada partícipe agita una convicción y en vez de discutir aspira a condenar al adversario al ostracismo. (El Mercurio)

Carlos Peña

Los defensores de la eutanasia suelen recurrir a un concepto central para defender su agenda: la autonomía. Según ellos, la legalización del suicidio asistido es una consecuencia natural del reconocimiento de la autonomía individual: si un enfermo terminal, expuesto a grandes sufrimientos, prefiere morir, nuestra única respuesta legítima es permitirlo. Allí donde la autonomía se pronuncia, las otras razones han de callar. Más aún —insisten sus partidarios— la ley no obligará a nadie a hacer tal o cual cosa, sino que aumentará nuestro margen de libertad. Hasta acá, la argumentación es límpida e impecable: ¿por qué habríamos de inmiscuirnos en decisiones de otras personas? ¿No parece lógico que cada cual decida en función de sus propios criterios?

Sin embargo, la cuestión es más delicada de lo que parece, por varios motivos. El primero guarda relación con las condiciones de ejercicio de la autonomía. La autonomía no se erige sobre la nada, sino que supone un terreno sobre el cual desplegarse. El primero de ellos es el carácter indisponible de la vida, y la regla moral que se funda sobre ese hecho: no es lícito atentar contra la vida del inocente. En este caso, el problema surge porque el propio agente solicita la muerte. ¿Es ese un motivo suficiente para saltarnos la regla moral? ¿O bien cabría pensar que la misma autonomía supone que esa regla moral debe ser inviolable?

Para comprender la cuestión, puede ser útil recordar una cuestión elemental: no somos mónadas aisladas. En efecto, nuestras decisiones se insertan en un contexto que las hace posibles y pensables, y la autonomía necesita de ese contexto. No existe la decisión libre y desconectada de otros: ese es un sueño ilustrado que, a estas alturas, sabemos equivocado. En consecuencia, resulta absurdo suponer que las condiciones de la autonomía no se verán modificadas por la mera posibilidad de recurrir a la eutanasia. A primera vista, parece tratarse de una ampliación de la libertad, pero la verdad es que también se oculta una enorme restricción. Basta imaginar una situación banal y corriente: un anciano enfermo, que se percibe a sí mismo como una carga para sus familiares y cercanos. Con mayor o menor razón, ese anciano no puede dejar de ver en el rostro de otros un reproche por el tiempo y los recursos que deben destinarle a su cuidado. ¿Quién no conoce esa mirada dolorida?

Pues bien, si la eutanasia es autorizada, ese anciano débil y vulnerable deberá dar cuenta del hecho de querer seguir viviendo. En una palabra, deberá dar cuenta de su vida. El reproche —real o imaginado— ya no será solo por el cuidado que requiere, sino por querer mantenerse en vida. ¿En qué medida su consentimiento será independiente de la nueva posibilidad abierta por la ley? Si concebimos las decisiones humanas desde la pura individualidad, seremos ciegos a esta dimensión. Pero no hay nadie más dependiente de otros que ese abuelo. Por lo mismo, el anciano se verá enfrentado a un dilema tan radical como injusto: deberá dar cuenta, de modo más o menos tácito, de la decisión de seguir viviendo. Quedará expuesto a un reproche que la eutanasia vuelve posible, y eso cambia drásticamente las condiciones de su autonomía. En ese sentido, ayudar (con todos los medios disponibles) a reducir el sufrimiento es muy distinto a poner la propia vida sobre la mesa.

Así, la eutanasia hará pesar sobre los más vulnerables la carga de su decisión: elegir la vida tendrá peso, no será baladí. La pregunta es si, en esas condiciones, la autonomía puede ser ejercida. La paradoja es que la eutanasia horada el terreno sobre el cual se constituye la autonomía. Por supuesto, nos podremos engañar, y avanzar suponiendo que todas las decisiones son perfectamente libres y desconectadas del entorno. Sin embargo, en ese caso estaremos legislando sobre fantasías que no consideran la textura de la vida. Que la izquierda, siempre tan atenta a las condiciones del consentimiento y a las opresiones estructurales, defienda con tanto ahínco esta normativa es sintomático de sus extravíos intelectuales: al convertirse al más estricto de los individualismos atomistas, la izquierda ha dejado de ser de izquierda.

Esto puede explicarse de otro modo. Si el argumento central es la autonomía, ¿por qué restringir la eutanasia a casos calificados de enfermos terminales? ¿No constituyen esas limitaciones una restricción insoportable de la autonomía? El único modo coherente de defender el razonamiento es llevarlo hasta sus últimas consecuencias: toda persona, más allá de su edad y condición de salud, debería estar autorizada a solicitar el suicidio asistido, y nosotros deberíamos concederlo. ¿Están dispuestos todos los defensores de la eutanasia a sostener el argumento hasta el final? ¿Deberíamos permitir a un joven, o una persona aparentemente sana recurrir al suicidio asistido? ¿Qué horizonte vital estaríamos ofreciendo? ¿No se modificarían radicalmente las condiciones de la autonomía en una sociedad en la que cualquiera pudiera solicitar el suicidio asistido?

Michel Houellebecq —quien ha escrito las mejores páginas sobre la eutanasia en una de sus novelas— afirma que una civilización que autoriza la eutanasia no merece ser respetada. No es necesario ir tan lejos para percatarse de que un cambio de este tipo afecta muy profundamente el modo en que nos tratamos unos a otros: la propia vida pasará a ser un elemento más del juego social. Nada bueno podrá salir de allí. (El Mercurio)

Daniel Mansuy