Lautaro Carmona, nuevo presidente del PC, nos dice que la posición de ese partido “será coincidente con la que tengan los otros partidos de gobierno”. Ninguno pauteará al resto. Sin embargo, en estas mismas semanas, nuestros comunistas han aplicado la política de hechos consumados y, en la práctica, ya han definido una postura contraria al nuevo texto constitucional. Dicho en castellano: como todos tendrán la misma posición y el PC ya ha determinado la suya, entonces todos seguirán el camino marcado por el PC.

Mi problema fundamental no es qué actitud adopten los partidos oficialistas, que en buena medida es asunto de ellos, aunque podrá ser evaluada más adelante. Lo que me preocupa es la relación sadomasoquista que desde hace tiempo se ha establecido entre el PC y las fuerzas democráticas de izquierda que integran la coalición gobernante, porque es muy dañina para el país.

Es un hecho que el peso del Partido Comunista en el gobierno es infinitamente superior a la magnitud de su representación electoral. ¿A qué se debe esta extraña circunstancia? Las causas son muchas, pero vale la pena repasar algunas.

La primera, bastante obvia, es que, dentro de los numerosos partidos que integran el Gobierno, solo el PC parece tener claro hacia dónde va. Es verdad que hoy carece de grandes figuras intelectuales que lo respalden, tanto aquí como en el resto del mundo, pero la verdad es que no las necesita porque se mueve en un marco ideológico que le entrega una enorme seguridad. Y en tiempos de indecisión y duda política, el hecho de que haya gente que muestre una seguridad absoluta puede dejar al resto paralizado. Si hasta celebran los aniversarios de Lenin, como si no hubiese hecho infinidad de cosas que pondrían en aprieto al más desvergonzado.

La segunda es que, aunque sus ideas no sean particularmente luminosas, han mostrado una notable habilidad para estar, a la vez, en el Gobierno y en la calle. A nadie en La Moneda parece extrañarle este doble juego, que les permite obtener las ventajas del poder sin cargar apenas los costos de una mala gestión gubernativa.

Una tercera causa del abrumador predominio del PC en el Gobierno tiene que ver con la relación de fuerzas entre el FA/PC y el Socialismo Democrático. Hoy está claro que el primer grupo está en una situación privilegiada en La Moneda, mientras que los otros se hallan en una posición subordinada, no obstante que son quienes hacen el trabajo duro y más importante, el que impide que el proyecto se hunda.

Al aceptar esta situación, la izquierda democrática parece apostar al futuro. En un próximo gobierno los términos deberían invertirse. Sin embargo, ¿quién les garantiza que les van a devolver la mano? Además, puede quedar arriba en los cargos, pero mantener la subordinación, como sucede en España entre el PSOE de Sánchez y Podemos.

Un cuarto factor que hace que, en estas como en otras materias, el PC marque el ritmo a la centroizquierda se debe a que ha desarrollado una estrategia muy astuta en materia constitucional, que podríamos llamar “la pinochetización del PC” o, al menos, su “laguisación”. En efecto, de un día para otro, la oprobiosa Constitución de los cuatro generales parece que no era tan mala, y hoy defienden la Constitución vigente con la misma energía que los sectores republicanos más duros.

De pronto se dieron cuenta de que aquello que hasta ahora habían calificado como la Constitución de Pinochet en realidad no era tan así, porque desde 1989 en adelante se le introdujeron muchas reformas, tantas que ahora lleva la firma del antes denostado Ricardo Lagos. Sus argumentos parecen copiados de los que dimos los que fuimos abrumadoramente derrotados en el plebiscito de entrada de 2020, donde el país se inclinó por un nuevo texto constitucional. Como la socialdemocracia que está en el Gobierno no ha desarrollado grandes argumentaciones al respecto, la fórmula del PC parece indicarles la ruta que deben seguir.

Todo esto sería divertido si no significara un daño para el país. Los socialistas y otros socialdemócratas que están en el Gobierno aún no se convencen de lo importantes que son. Ellos constituyen un factor moderador dentro de la izquierda que es decisivo para lograr grandes acuerdos en beneficio de Chile. Son unos interlocutores amables, que tienen experiencia política y no presentan esos aires de superioridad moral que, aparte de injustificados, resultan tan desagradables.

Esa falta de autoestima constituye, en definitiva, un terreno fértil para el maltrato por parte del ala FA/PC y puede llevar a que, en último término, el Socialismo Democrático pierda su identidad, siga el mismo camino que la Democracia Cristiana y, como ella, termine por hacerse irrelevante. Después se quejarán porque Chile estará polarizado, pero ese escenario negativo no tendría lugar si contáramos en el gobierno con una socialdemocracia fuerte, segura de sí misma, que no siga la costumbre de sus socios de caricaturizar a sus adversarios y que se plantee como un interlocutor confiable.

Una socialdemocracia de esa naturaleza, más allá de si está en La Moneda o en la oposición, es clave para que nuestro sistema político funcione, pero por desgracia parece que eso lo vemos mejor los opositores que aquellos socialistas y PPD que están en el Gobierno. Los queremos más de lo que ellos mismos se quieren. (El Mercurio)

Joaquín García Huidobro

Primero, las cosas por su nombre. La Real Academia Española define “golpe de Estado”. Citamos: “Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. Huelgan disquisiciones. Lo del 18-O fue un golpe de Estado, sin adjetivos.

Las palabras importan. Hay que distinguir “revuelta” de “golpe de Estado”. Por ejemplo, la violencia que se desató después del crimen de George Floyd en Estados Unidos califica de “revuelta”; la toma del Capitolio, en cambio, tuvo trazas de golpe de Estado. Una revuelta tiene efectos acotados; un golpe de Estado, en contraste, tiene consecuencias impredecibles, que pueden extenderse por muchos años.

¿Cuáles han sido las consecuencias del golpe del 18-O?

En lo económico, interesa conocer su impacto en crecimiento. Para ello, debemos indagar qué ocurrió con el valor del capital de la economía, porque sus cambios, cuando son notorios y persistentes, usualmente presagian el devenir económico futuro. Así, por ejemplo, el hundimiento bursátil de Chile en 1981 precedió a la gran recesión de 1982 y al estancamiento subsecuente; por su parte, el auge accionario que comenzó en la segunda mitad de los ochenta y se extendió hasta entrados los noventa, se correspondió con el decenio en que Chile exhibió el mayor crecimiento económico del hemisferio occidental (1987-97). Aquí no hay magia. Caídas generalizadas de acciones reflejan mayor riesgo percibido y menor actividad económica esperada, al tiempo que desaceleran la inversión; mutatis mutandis en el caso contrario. Si queremos avizorar las consecuencias del 18-O en crecimiento económico, toca ver, entonces, qué ocurrió con el valor del capital.

Veamos. El índice accionario IPSA, medido en dólares, cae 13,9% entre el 18-O y el 30 de diciembre del mismo año. Ello equivale a una caída en el “valor empresa”, el capital entendido económicamente, de aproximadamente 6,5%.Cuando la bolsa cae tan agudamente, signa una caída en el valor de todos los activos de la economía. Con una relación de capital sobre producto del orden de 2,82 para 2019, la pérdida de valor del capital en la economía se puede estimar entonces en unos 18,4 puntos del PIB, esto es, aproximadamente 51.000 millones de dólares, usando el PIB de ese año.

La cifra equivale al 11% del valor total de las viviendas del país en 2019 (referencia Banco Central). Es como si un cataclismo hubiese destruido al menos una vivienda por cuadra en todo Chile.

No nos hemos recuperado de ello, lo que no debiera sorprender si se considera que, también a consecuencia del golpe, llevamos cuatro años de incertidumbre constitucional. El IPSA en dólares es todavía 6% más bajo que el que prevalecía en septiembre de 2019, al tiempo que se ha venido rezagando notoriamente respecto de otros índices bursátiles globales con los cuales antes guardaba una relación tendencial cercana, cuando se consideraban periodos extendidos, de 15 o más años.

La significativa pérdida de valor del capital presagia perspectivas magras de crecimiento, lo que ya se evidencia en una alarmante destrucción de empleos, depresión en la construcción y sorpresas adversas en recaudación fiscal.

Le ha tocado al Presidente Boric enfrentar esta consecuencia. El estancamiento económico ha dejado a su agresiva propuesta de aumento de carga tributaria fuera de lugar y, consecuentemente, a su programa totalmente desfinanciado.

Pero no ha sido la única consecuencia que ha debido enfrentar. La violencia que acompañó al golpe, que rápidamente devino en anomia, ha obligado al Presidente a decretar 36 estados de excepción —todo un récord— así como a promulgar múltiples iniciativas en seguridad, tema originalmente relegado a un segundo lugar en su priorización programática.

En lo social, el golpe obligó a la clase política a acoger la demanda social por mayores pensiones, el clamor más escuchado en la multitudinaria concentración del 25 de octubre de 2019. La respuesta fue la PGU que, aunque promulgada políticamente a deshora —febrero de 2021— no adecuadamente financiada y con un diseño regresivo, ha contribuido sin embargo a bajar la intensidad de dicha demanda social. Así, mientras la Encuesta CEP de diciembre de 2019 sindicaba a las pensiones como el tema más preocupante para la ciudadanía, con un 64% de menciones, en la última encuesta dichas menciones se habían reducido a menos de la mitad.

En lo político, el golpe obligó al Presidente Piñera a gobernar con un parlamentarismo de facto, lo que dio paso a los retiros previsionales. Aunque adversos en múltiples sentidos, los retiros terminaron con el mito urbano de que la plata administrada por las AFP no estaba en los Fondos de Pensiones, revalorando así el derecho de propiedad individual sobre estos.

Los retiros, combinados con la PGU, esfumaron el ánimo ciudadano para depositar esperanzas —y menos dinero— en un gran fondo público de previsión social, enarbolado como panacea en el programa del Presidente Boric para atender el problema previsional.

Así las cosas, el Presidente, aunque no protagonista del golpe, pero sí condescendiente con la violencia del momento, ha terminado bebiendo de la cicuta que aún mana de aquel: virtual estancamiento económico, que ha reducido su programa de gobierno a una miscelánea de ideas desfinanciadas; violencia virulenta, que lo ha obligado a apoyarse, una y otra vez, en las Fuerzas Armadas a las que antes denostaba; y revalorización del derecho de propiedad, que ha dejado a la concepción original de su reforma previsional —su primera prioridad programática— sin mayor apoyo ciudadano.

Y bueno, no hay que sorprenderse de este efecto “búmeran”. Porque tratándose de golpes de Estado, se sabe cómo parten, pero nunca cómo terminan. (El Mercurio)

Jorge Quiroz

“En Chile los anticomunistas plantean que el comunismo trae pobreza (…), y no hay nada más alejado de eso que el proceso chino liderado por el PC”, reflexionó Camila Vallejo después de su viaje a China. Luego añadió que “es sorprendente para los países de Occidente cómo China logró sacar a tanta gente en tan poco tiempo de la pobreza. Y eso rompe prejuicios, porque es ni más ni menos el PC que lidera un proceso de modernización china, que logra incorporar el libre mercado y el comercio en una estrategia política orientada”.

La reflexión de Vallejo es interesante, pues plantea un nuevo referente para el quehacer de la izquierda chilena, que un día coquetea con Venezuela y Cuba, y al día siguiente flirtea con los países nórdicos. Lo curioso es que, a juzgar por su retórica y sus acciones, el Gobierno desconoce la esencia del milagro chino.

China comenzó a crecer cuando dejó atrás el comunismo. Este proceso —del cual me declaro admirador— se construyó sobre la base de altas tasas de ahorro e inversión, mayor rol del mercado, apertura comercial, meritocracia y orden, por nombrar algunas. Estos no parecen ser los principios que guían el actuar de la coalición gobernante. Como botón de muestra, el famoso TPP —acuerdo comercial al cual China quiere acceder— fue aprobado en Chile con el voto en contra de sus parlamentarios.

Otras dimensiones del milagro chino son más complejas. Las jornadas de trabajo extenuantes no están debidamente supervisadas —más allá de que la ley establezca jornadas de 44 horas semanales—, y el derecho a huelga no está protegido en la Constitución. Tampoco hay libertad sindical, y los sindicatos deben estar afiliados a una única organización subordinada al Partido. ¿Lo tendrá claro la ministra?

¿Habrá reparado también sobre la falta de derechos sociales, donde el lugar de nacimiento determina el acceso a educación y salud? Durante la pandemia, el gobierno evitó la entrega de ayudas a las familias, aun en situación de confinamiento. Es que la aversión en China al Estado de Bienestar es de conocimiento público, como manifestó el mismo Xi Jinping cuando escribió recientemente que ese sistema “puede caer en la trampa de alimentar la flojera y el asistencialismo” (Revista Qiushi, 2021). Fuertes declaraciones, en un país donde las desigualdades han subido sostenidamente en los últimos 30 años.

Dejando de lado la dimensión política y cultural del debate, es válido —y en cierto sentido bienvenido— que el modelo chino sea usado como ejemplo para promover el crecimiento. Pero la consistencia es fundamental. Si el PC chileno quiere seguir el ejemplo de crecimiento de China, debe cambiar su agenda. Si no, debe cambiar su ejemplo. (El Mercurio)

Sebastián Claro