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Boric lanza «Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031»

El Presidente Gabriel Boric presentará formalmente este miércoles la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, un instrumento de planificación que actualiza la estrategia nacional en la materia, la cual databa de 2004. A menos de cinco meses del término de su mandato, la administración del Frente Amplio busca dejar trazada una hoja de ruta de seis años, cuyo objetivo primordial es «reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía» mediante el fortalecimiento de la coordinación entre las diversas instituciones que componen el sistema de seguridad, como Carabineros, PDI, Fiscalía y Gendarmería.

Este plan, cuya elaboración fue instruida en octubre de 2022 por la ministra Carolina Tohá tras una primera fase de diagnóstico liderada por la exministra Izkia Siches en junio de ese año, se ajustó a los requisitos y parámetros de la ley que creó el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, actualmente a cargo de Luis Cordero. Desde La Moneda explican que esta necesidad de adecuación y un nuevo proceso de consulta retrasaron la culminación del trabajo. Un aspecto central y novedoso del documento es que, por primera vez, el Estado reconoce como fundamental hacerse cargo de la sensación de temor de la ciudadanía, ya que, aunque las cifras de delitos se mantengan estables, los hechos son percibidos como más violentos y de mayor impacto social.

El diagnóstico base de la política, según detalles recabados, incluye la constatación del aumento de la violencia delictual y de los niveles de temor, la expansión del crimen organizado, el incremento de niños, niñas y adolescentes como víctimas y victimarios, la percepción distinta de los delitos en mujeres, la concentración territorial de ciertos crímenes, el aumento de personas privadas de libertad, y un rezago del Estado en materia de seguridad que exige un profundo fortalecimiento institucional. Para su implementación y seguimiento, la política establece la elaboración de una estrategia bienal y un mecanismo permanente de seguimiento y evaluación basado en indicadores y metas.

Pese al anuncio, desde el Congreso surgen dudas sobre la continuidad del plan. El diputado RN Andrés Longton criticó el anuncio tardío, señalando que el próximo gobierno «seguramente no hará propios los complejos que tiene el comunismo y el frenteamplismo con el orden y la seguridad», poniendo en duda que la política se mantenga vigente los seis años que dispone la ley. A esto se suma la preocupación manifestada por el diputado IND-PPD Jaime Araya, quien afirmó que, si bien es un avance, la política debe ser un «anuncio contundente en materia de medidas y compromiso de recursos», pues «medidas sin recursos es una mera declaración».

El reparo del parlamentario es relevante en el contexto de la capacidad operativa de la administración saliente, ya que existen preocupaciones por recortes fiscales, como la reducción propuesta del 31,7% al Plan Nacional contra el Crimen Organizado. No obstante, el documento establece seis ámbitos de acción prioritarios con 98 líneas de acción específicas. Estos incluyen la Prevención en niñez, adolescencia y juventud, la Prevención territorial (reduciendo delitos y temor en barrios y espacios públicos), el Control del delito (fortaleciendo el orden público y la seguridad fronteriza), la Persecución penal (incrementando el esclarecimiento de delitos y desarticulación de organizaciones criminales), la Sanción, cárceles y reinserción social (reduciendo la violencia y reincidencia carcelaria) y la Atención y protección a víctimas (mejorando la atención oportuna y la protección frente a amenazas). (NP-Gemini-La Tercera)

Los candidatos presidenciales definen sus cierres de campaña

A tan solo tres semanas de la primera vuelta presidencial fijada para el 16 de noviembre, las campañas electorales en Chile están acelerando el paso para definir los actos masivos que buscarán sellar su triunfo. Restan 22 días para el término del período legal de propaganda, y los comandos buscan generar un impacto final, aunque con estrategias marcadamente diferentes en términos de formato y localización.

KAST APUESTA POR MULTITUD, MATTHEI POR DESCENTRALIZACIÓN

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, ya ha definido su estrategia de cierre, apostando por la masividad. Realizará su principal evento el lunes 11 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago, un acto que su equipo denomina «La fiesta de Chile» y que busca ser «multitudinario» para mostrar su capacidad de convocatoria. El evento incluirá números musicales, la participación de candidatos parlamentarios y un discurso central, en un formato más festivo y optimista que contrasta con su cierre más sobrio de 2021. Kast, además, replicará un acto de similares características en Concepción el 13 de noviembre.

En el bloque de Chile Vamos, la candidata Evelyn Matthei aún afina los detalles, aunque existe un consenso en privilegiar un formato descentralizado. Dirigentes reconocen que se evalúa la posibilidad de realizar cierres locales en regiones, acompañados de un acto mayor que podría ser fuera de Santiago. La fecha y el lugar específico se definirán en los próximos días.

Por su parte, Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, eligió la Plaza de la Aviación en Providencia para su cierre el martes 11 de noviembre. Su acto seguirá la tónica de su gira nacional («ruta 4K»), con la aparición de su jefe de campaña, Cristián Labbé, y su esposa, Ivette Avaria. La ubicación en un lugar público busca superar la convocatoria de su proclamación en Espacio Riesco.

EL NORTE PARA PARISI Y LA ESTRATEGIA DE JARA

Franco Parisi (PDG) centrará su cierre en el norte del país, trasladándose al paseo peatonal de Antofagasta el 13 de noviembre. Esta elección busca capitalizar el fuerte apoyo que el PDG obtuvo en esa zona en 2021, esperando la asistencia de adherentes desde Arica a Copiapó. Harold Mayne-Nicholls, en tanto, proyecta realizar su acto final en Concepción durante la última semana de campaña.

En el caso del oficialismo, la candidata Jeannette Jara (PC) está preparando un cierre de campaña con la meta de ampliar su electorado más allá del 30% de base que le asignan las encuestas. Aunque los dirigentes no han entregado mayores detalles, se espera que el evento, a definirse formalmente este viernes, busque «mostrar musculatura política» pero sin incurrir en un gasto excesivo, diferenciándose de la masividad de Kast. El comando, según fuentes internas, no replicará el formato descentralizado de su cierre en primarias, donde marcó presencia en diversas estaciones de Metro de Santiago para culminar en Pudahuel.

A la fecha, los candidatos Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés aún no han definido el acto final de sus respectivas campañas.

APUESTA POR MASIVIDAD HISTÓRICA

En ciclos anteriores, los candidatos que lideraban los sondeos de opinión optaron históricamente por la masividad en sus cierres. En la primera vuelta de 2017, Sebastián Piñera cerró en el Parque de la Familia, trasladándose al Teatro Caupolicán para el balotaje. En 2013, Michelle Bachelet realizó su acto de primera vuelta en el Parque Quinta Normal, convocando a cerca de 6 mil personas en el court central del Estadio Nacional para la segunda vuelta, con la asistencia de artistas invitados.

Cambio de mando-Gerardo Varela

Tiene toda la razón José Ramón Valente en su columna de ayer, el cambio de mando debe ser rápido y efectivo.

En Gran Bretaña, la asunción del Primer Ministro es casi inmediata. Recordada es la conferencia de Postdam, en la posguerra (1945), donde estaban reunidos en Alemania, Stalin, Truman y Churchill, y entremedio Churchill perdió la elección con Clement Atlee y debió regresar a casa, siendo reemplazado inmediatamente por el Primer Ministro laborista. Esta sucesión rápida le da continuidad al trabajo del Estado y no lo deja en ralentí. En Chile, entre cambio de autoridades y vacaciones, se pierden tres meses de trabajo, por lo menos.

Por eso también existe en Gran Bretaña el gabinete en las sombras que está preparado para asumir en cualquier momento. Allá nadie va al gobierno a aprender a habitar un cargo, llegan aprendidos. (El Mercurio Cartas)

Gerardo Varela
Abogado

Gobierno reconoce no tener capacidad operativa para desalojar megatoma

El Gobierno, a través de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, respondió sin dar una fecha concreta a la Corte de Apelaciones respecto al desalojo de la megatoma Cerro Centinela en San Antonio. Esto luego de una solicitud impulsada por los dueños de las tierras donde exigen una hora y fecha para concretar el desalojo.

En un escrito, la Delegación porteña indicó: «El recurrente solicita que se fije día y hora ciertos para el desalojo, sin la debida consideración a que su señoría ilustrísima, atendiendo el número de habitantes de la toma y comprendiendo la magnitud e impacto que tendrá, ordenó que se desarrollara de forma razonable y paulatina», se excuso la autoridad regional.

Insistiendo en que las carteras y reparticiones que coordina no cuenta con atribuciones, recursos e inmuebles para disponer de la totalidad de los inmuebles necesarios, acusa incapacidad para ejecutar la orden judicial.

En el documento señala que el único inmueble disponible para albergue es el gimnasio municipal, con una capacidad máxima de 50 personas. Y que el único antecedente para establecer cobijos para más de mil familias es el megaincendio del año pasado, pero para eso deben declarar el estado de catástrofe y obtener dichos recursos. Lea más en El Mercurio.(Emol)

De vuelta en vuelta-David Gallagher

No me gusta el comunismo. Por descubrir, de estudiante en Moscú, que la igualdad era un engaño. Por las purgas genocidas de Stalin. Por la ruina que es Cuba, atribuida a un “bloqueo” que solo logra que su gobierno se victimice. Por amigos escritores cubanos, forzados al exilio por su espíritu libre. Porque la obsesión de los comunistas por los derechos humanos es una farsa, ya que valen solo cuando son ellos las víctimas. Por algo el PC admira a Venezuela, Nicaragua y Cuba, y ¡a Rusia, a pesar de que es una dictadura fascista! Parece que les fascinan las dictaduras. Por eso no votaré por Jara. Por eso votaré por Kast si la segunda vuelta es entre Jara y él. Pero en la primera, votaré por Matthei con la esperanza de que esté ella en la segunda.

Son varias mis razones.

Primero, solo ella tiene equipo y programa de excelencia. Segundo, su capacidad de convocatoria; la posibilidad de que nos una, nos despolarice, nos saque del marasmo peleador en que estamos sumidos. Tercero, por su experiencia. Cuarto, porque sabe que gobernar es difícil, que los problemas del país son complejos y que requieren medidas que se hagan cargo de esa complejidad, lo que más necesitamos después de un Frente Amplio inexperto que creía que gobernar era fácil. Por favor, ¡no más novatos voluntaristas! Quinto, porque no se atribuye superioridad moral, a diferencia del Frente Amplio y de esos republicanos que tildan a Chile Vamos de parásitos. Porque Chile Vamos era claramente el verdadero blanco de la famosa —y muy respaldada— columna de Cristián Valenzuela. Cuando se habla de “recortes”, dijo él, tiemblan “los que ya gobernaron, los que se dicen de oposición”, porque ellos han vivido apitutados del Estado y no quieren perder sus privilegios. Incluso “son capaces de armar un frente común desde el Partido Comunista hasta la UDI, para cuestionar a los que están dispuestos a impulsar un cambio radical…”. O sea, solo los republicanos son buenos. Todos los demás somos parte de una nefasta “casta”. Lo afirma Valenzuela invocando a Milei, otro prócer que, como los republicanos, ha priorizado suplantar a la derecha tradicional.

Me preocupa sobre todo la pretensión de superioridad moral. ¿Por qué? Porque me hace temer que, si los republicanos ganan en primera vuelta, se van a aleonar, a sobregirar, como en 2023 con la Constitución. Sobregirarse en la segunda vuelta sería fatal, porque Jara estaría acercándose al centro. Mucha gente le creería. Yo no, pero a muchos les cautivaría esa sonrisa bonachona de mujer moderada que luce. Podría entonces pasar lo del 2021. Es cierto que el Congreso podría llegar a estar dominado por la derecha. Pero eso también tiene sus riesgos, porque algunos votantes podrían recurrir a Jara para “equilibrar”. Otros, con el argumento de que con un Congreso en contra no va a poder hacer mucho daño.

Yo sé que en las encuestas actuales Kast le gana a Jara en segunda vuelta. Pero no es fácil para los encuestados imaginar esa segunda vuelta cuando todavía no se da la primera. La lógica me dice que, en la segunda, Matthei es una carta más segura contra Jara que Kast, por los votos que recibirá de la ex-Concertación. Para mí, votar por Matthei es también, entonces, evitar que Apruebo Dignidad siga en La Moneda.

Una última razón para apoyarla: la impresión que uno tiene de que le conviene a Boric que gane Kast en primera vuelta. Por algo lo critica tanto. Por algo le está dando un regalo al hacerle parecer como el principal opositor a un gobierno impopular. Creo que a Boric le conviene Kast por varias razones. Porque es más fácil para Jara ganarle en segunda vuelta. Porque si gana la presidencia Matthei, se debilitarán los extremismos. Porque, por tanto, es más fácil para Boric suceder a Kast que a Matthei en 2030.

Claro que faltan 25 días y eso es mucho en política. Los votantes en Chile, como en todo el mundo, están con bronca. Una forma de ejercerla es dando sorpresas. (El Mercurio)

David Gallagher

«Fraude en la ciencia»

El número de publicaciones indexadas en la Web of Science en revistas de editoriales cuestionadas por la academia ha aumentado significativamente en Chile. Esto beneficia a algunas universidades: el aumento de publicaciones mejora indicadores institucionales de investigación y posiciones en rankings y la productividad de algunos investigadores aumenta, mejorando sus posibilidades de ganar fondos concursables.

Las más beneficiadas son las editoriales cuestionadas, cuyo modelo de negocio se basa en pagos excesivos por publicaciones, revisión por pares deficiente y mínimas tasas de rechazo. Estas publicaciones, conocidas como predatorias, atentan contra la integridad, calidad y credibilidad del quehacer científico.

Indudablemente, la responsabilidad de velar por la calidad, veracidad y novedad de resultados publicados es del investigador. No obstante, preocupa que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que debe analizar rigurosamente la productividad científica de acuerdo con estándares internacionales, no distinga entre revistas predatorias y revistas de reconocido prestigio académico. Lo mismo ocurre con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que debería aplicar criterios coherentes con los de ANID y alineados con estándares internacionales.

Es urgente dimensionar la magnitud y evolución de las publicaciones predatorias en las distintas disciplinas y facultades en Chile. Con esta información, sería deseable iniciar una discusión informada para establecer políticas a nivel institucional y estatal, considerando la asignación de fondos y los criterios de evaluación académica.

Las universidades son libres de definir sus incentivos a la publicación, pero en un escenario en el que académicos e instituciones asumamos con responsabilidad y compromiso nuestro rol en la generación de conocimiento, la respuesta a la pregunta de si tales incentivos contribuyen al avance de la ciencia parece evidente. (El Mercurio Cartas)

Dra. Paula Mellado
Dr. Claudio Agostini
Profesores titulares, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez

Las piochas de nuestros generales-Álvaro Vergara

En la crisis de octubre yo estaba terminando la universidad. A diferencia de otros valientes, en 2019 no me enfrenté a la izquierda refundacional. Preparaba el examen de grado y estudiaba los requisitos del comodato y la hipoteca mientras veía cómo la ciudad se quemaba. Las calles se llenaban de manifestantes y mis amigos iban a la Plaza Italia a gritar contra los abusos (el más terrible para ellos era el precio del tag). Grupos varios iban hasta los pies de Baquedano para publicar su “conciencia social”. Estaba encerrado, pero encontré una forma para seguir el estallido: las columnas y opiniones en los medios de comunicación. ¡Y qué periodo! Ese fue el tiempo de las recriminaciones cruzadas. Se criticaba a los ministros, al Presidente Piñera, al modelo, al neoliberalismo, a la derecha, a los empresarios.

Gran parte de quienes formularon estos juicios eran, por supuesto, de la clase intelectual. Sus comentarios destacaban por el ejercicio de una sofisticada escritura. Mientras más pura fuera la doxa, y más se citara a pensadores extranjeros, mejor era el veredicto. No habían pisado un ministerio (yo tampoco), pero parecían tener claro lo que se debía hacer. Sus dictámenes eran el medio para la salvación del apocalipsis octubrista. Afirmaban que Piñera debía ampliar los programas sociales sin importar el costo económico; que la derecha debía abandonar su faceta “economicista” y elaborar un nuevo proyecto político; y que era necesario comprender el malestar del pueblo, porque el pueblo es algo exterior a ellos.

Lo más complejo en ese momento era lo corto que se hacían los días. Con tanto acontecimiento, los minutos volaban y los políticos tenían que actuar bajo presión constante y amenazas. El sadismo que siempre ha existido en ciertos sectores de la población, expertos en picar veredas, romper semáforos y golpear carabineros, exigía un sacrificio. Por ese entonces, toda persona creía tener derecho a imponer su voluntad sobre los demás. Cualquiera cortaba una calle, trataba mal a otro, u otorgaba credenciales de pureza moral. Hasta que por los caprichos del destino -esas que, como diría Maquiavelo, evitan la corrupción de los cuerpos sociales-, nos salvamos. La pandemia llegó y el Estado restringió por la fuerza ese contacto social corrosivo. El desconocido Wuhan chino ayudó al socio comercial que había quedado en cenizas.

Hoy, por suerte, corren vientos contrarios. Ya nadie habla de economicismo y se observa mayor cautela al interpretar el malestar que sigue allí desde el Chile colonial. En esa época se llegaron a publicar libros al mes siguiente del estallido que, aprovechando los eventos, comerciaban en las librerías neoliberales un “republicanismo popular”. Por suerte, ahora muchos de los intelectuales que, ante la presión popular, dejaron caer el modelo, lo reivindican. Tras casi 15 años de estancamiento económico, social y político, el discurso giró: de pronto, todos están preocupados por las condiciones económicas, han redescubierto que el gasto público es finito y que la deuda crece. Porque todos somos generales después de la guerra y nos fascina presumir nuestras piochas. No obstante, seamos sinceros: buena parte de los pensadores de derecha se desentendieron del modelo en el momento crucial, con todas las consecuencias que pudo haber tenido su caída.

Pero condenamos la violencia, dirán algunos. Sí, pero condenar la violencia era el mínimo. Esta última era inaceptable desde cualquier perspectiva, salvo, desde luego, para los grupos radicalizados. Lo complejo era refutar las tesis de la izquierda que, poco a poco, socavaron los fundamentos morales del modelo que le permitió salir adelante a varias generaciones de chilenos. Esto, por supuesto, no significaba ignorar sus problemas, como su responsabilidad en la disolución de los grupos familiares. Sin embargo, se confundió el deseo de mostrarse dialogante con aceptar las premisas e incluso los diagnósticos de quienes querían destruir para erigir su utopía plurinacional y socialista. Se decía que nadie contaba con las categorías necesarias para interpretar lo que ocurría, salvo la izquierda, que en la Convención demostró que había instrumentalizado el estallido para impulsar su proyecto institucional.

Las piochas de nuestros generales que hoy muestran gloriosos en nuestros medios se obtuvieron criticando justamente el lugar del que surgieron. A la prensa y a la opinión pública de entonces les fascinaba el espectáculo. Se criticó al Presidente Piñera y a Boric; a la Convención y al Consejo Constitucional, y probablemente se critique también al próximo Presidente, sea José Antonio Kast o Evelyn Matthei. El estallido nos mostró que siempre ha sido más fácil destruir que construir, desatornillar que atornillar. El hipnótico fuego que consume la naturaleza siempre ha sido más atractivo que las obras discretas pero funcionales que sostienen las Repúblicas. (El Líbero)

Álvaro Vergara

Alumnos que integran la CNA reciben pagos de $6 mills. mensuales

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el organismo clave en la verificación de la calidad de la educación superior en Chile, se prepara para renovar a sus dos miembros estudiantiles. Estos dos cupos, que forman parte de los doce integrantes de la Comisión, están reservados para alumnos de instituciones acreditadas y serán elegidos en noviembre, ya que el actual periodo de sus representantes está próximo a finalizar.

El rol de estos dos estudiantes es de alta relevancia, ya que actúan como voceros de los subsistemas que componen la enseñanza terciaria en el país: uno representa al sector universitario y el otro a la educación técnico-profesional. Además, la ley exige que al menos uno de ellos provenga de una institución ubicada fuera de la Región Metropolitana, garantizando así una mirada descentralizada.

Para optar al cargo, los candidatos deben ser propuestos por las federaciones de estudiantes y cumplir con estrictos requisitos académicos. Deben tener aprobada al menos la mitad del plan de estudios de su carrera y figurar entre el 10% de mejor rendimiento de su generación. Una vez elegidos, los representantes permanecen en el puesto por un periodo de dos años.

El puesto de comisionado estudiantil cuenta con una remuneración atractiva. Su pago asciende a un máximo de 90 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a cerca de 6,2 millones de pesos chilenos, un monto que puede variar en función de las sesiones a las que asistan. Este proceso de elección de noviembre busca asegurar la continuidad de la representación estudiantil en el organismo encargado de promover y verificar la calidad en la educación superior del país. (NP-Gemini-Emol)

FES: Corregir el rumbo antes de aprobar

El proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) deja hasta hoy tres preguntas de fondo sin respuesta. Antes de votarlo en el Senado, conviene despejarlas.

1) ¿Por qué un “impuesto al graduado” y no un crédito contingente al ingreso? El FES propone un esquema inédito a nivel internacional: un impuesto al graduado que combina rasgos de ayuda estudiantil con características propias de un tributo sobre la renta. Es una propuesta académica de Milton Friedman (1955). La experiencia comparada ha seguido otro camino: ha optado por créditos contingentes al ingreso (Chapman y Dearden, 2022). Mientras países como Australia, Reino Unido y Nueva Zelandia han consolidado sistemas de créditos contingentes al ingreso, el FES introduce un mecanismo experimental, sin precedentes de aplicación a gran escala.

Si bien el diseño incorpora progresividad —exención para ingresos bajos y tasas crecientes según renta—, también contempla que ciertos egresados terminen pagando hasta 3,5 veces el costo base de su carrera. Esto crea un incentivo a la selección adversa: quienes proyectan altos ingresos preferirán financiarse por vías alternativas, dejando que el sistema recaiga principalmente en egresados de ingresos medios y bajos. En consecuencia, se debilita la promesa de autofinanciamiento y aumenta la dependencia del erario público.

En contraste, un crédito contingente al ingreso genuino asegura neutralidad: cada estudiante devuelve lo efectivamente recibido, ajustado a su capacidad de ingreso, y el cobro se realiza de manera eficiente a través del sistema tributario. Estos sistemas también pueden incorporar criterios de progresividad, pero de un modo más acotado y abordable, que evita una sobrecarga excesiva sobre determinados grupos. Al mezclar elementos de subsidio y de impuesto, el FES arriesga convertirse en un esquema a la vez inequitativo e insostenible.

2) ¿Por qué desmontar el copago de deciles 7 a 9 en plena estrechez fiscal? La ley de 2018 consagró un modelo mixto: gratuidad para los más vulnerables y financiamiento compartido (copago regulado) para quienes pueden contribuir. El FES pretende prohibir ese copago para deciles medioaltos. En el contexto actual —aranceles regulados, costos al alza y balances al límite—, suprimir esa fuente de ingresos desestabiliza a corto plazo a muchas universidades. O el fisco cubre íntegramente la diferencia (presionando un presupuesto que todos acuerdan contener) o las instituciones recortan calidad y oferta.

Un sistema serio combina equidad con responsabilidad fiscal: gratuidad donde corresponde, pero con un copago razonable y regulado para no asfixiar el sistema.

3) ¿Por qué forzar la dependencia casi total del erario nacional? Con gratuidad expandida y tributo posgraduación administrado por el Estado, el FES empuja a las universidades a una dependencia fiscal casi completa.

La experiencia regional sugiere tres riesgos: (a) Ciclos de bonanza y ajuste según el ánimo del presupuesto público. (b) Intromisión variable del poder político en gobernanza institucional, prioridades y cupos, al atar cada peso a condiciones cambiantes. (c) Erosión de la autonomía por sobrerregulación, “permisología” y estandarización que terminan moldeando desde fuera la misión y el proyecto académico.

La autonomía universitaria es un bien público: protege las libertades de enseñar, investigar y aprender. Si el financiamiento se concentra en un único pagador, ese bien se vuelve frágil. En el origen fue por eso que se estableció la autonomía de las universidades.

En suma, hay que corregir a fondo el FES, no aprobarlo a ciegas ni a medias. No se trata del acostumbrado inmovilismo. Chile debe cerrar el ciclo del CAE, hacer la mínima condonación necesaria, ordenar la gratuidad y dar certidumbre a estudiantes y planteles. Pero el FES, tal como está, no resuelve los asuntos pendientes y crea nuevos problemas de fondo.

El rumbo sensato es reformularlo seriamente: (i) migrar a un crédito contingente al ingreso genuino, con umbral claro, tasas acotadas y cobro por tesorería; (ii) preservar un copago regulado para deciles 7-9, evitando el colapso del sistema, y (iii) diversificar fuentes para proteger autonomía y promover calidad.

José Joaquín Brunner
UDP y UTA

Mario Alarcón
UDP

Ola de violencia: Perú declara Estado de Emergencia en Lima y Callao

El gobierno interino de Perú decretó este martes el estado de emergencia en la capital, Lima Metropolitana, y en el vecino puerto de Callao, en una medida que busca frenar la desbordante ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado. La medida, que rige por 30 días, entra en vigencia a la medianoche del miércoles y es la primera acción de envergadura adoptada por el gobierno del presidente José Jerí, quien lleva casi dos semanas en el poder.

El anuncio fue realizado por el presidente Jerí en un breve mensaje a la nación, donde justificó la decisión: «La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país». El mandatario afirmó que «esto se acabó» y que el gobierno pasa «de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen» para recuperar la tranquilidad de los más de diez millones de habitantes que viven en Lima y Callao.

Bajo el estado de emergencia, el Ejecutivo obtiene facultades extraordinarias que permiten la salida de las Fuerzas Armadas a las calles para patrullar y colaborar con la Policía en el mantenimiento del orden. Asimismo, la medida posibilita la restricción o suspensión de ciertas libertades públicas, como el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio. Cabe recordar que la capital peruana ya estuvo parcialmente bajo esta medida entre marzo y julio de este año, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia por sicarios.

La alta preocupación por la inseguridad se ha posicionado como un tema central en el país, impulsando incluso recientes cambios políticos. La preocupación ciudadana motivó la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre, y posteriormente generó protestas masivas, encabezadas por jóvenes, que derivaron en fuertes enfrentamientos cerca del Congreso el 15 de octubre. Estas manifestaciones, que protestaban contra la inseguridad, el Congreso y el recién instalado gobierno del derechista Jerí, dejaron un saldo de un fallecido y un centenar de heridos.

Perú ha experimentado un alarmante incremento de la violencia urbana desde 2024. La ola de extorsiones ha disparado las cifras oficiales: las denuncias por este delito pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%, con Lima liderando el registro nacional. Las autoridades ya habían adelantado el 16 de octubre la implementación de la medida, en respuesta a esta crisis de violencia del crimen organizado. (NP-Gemini-Emol-AFP)

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