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Afide: empresa estatal que aporta poco

Cuando la situación económica del hogar está complicada, los gastos superan a los ingresos y se acumula la deuda, una familia intenta ajustar sus gastos a los ingresos que realmente tiene (y no a los que sueña) y, al mismo tiempo, evita asumir más riesgos que expongan a los suyos.

Una situación similar atraviesa la situación fiscal de nuestro país, que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha catalogado como de creciente “estrés fiscal”. Por eso, cuesta entender que el proyecto de ley que crea una nueva empresa estatal, la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide), siga avanzando en su tramitación en el Congreso.

El propósito de la nueva estatal Afide es administrar los programas actuales de garantía y financiamiento de Corfo, la participación en capital de riesgo y, además, participar en créditos sindicados y directos junto con otras instituciones financieras.

Como Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público (la Comisión), si bien no nos pronunciamos sobre un proyecto de ley en particular, fuimos claros en señalar que, antes de seguir creando nuevas instituciones que generen más presión de gasto, en el contexto fiscal actual, se debe primero buscar mejorar lo que existe “objetivando indicadores que orienten o inhiban la creación de nuevas instituciones”. Y, al mismo tiempo, respecto a las necesidades de financiamiento (“bajo la línea”) advertimos que resulta “importante limitarlas y mantenerlas dentro de márgenes prudentes, reforzando el control de la deuda pública”, recomendación que fue ratificada recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Afide choca frontalmente con estas recomendaciones. Su justificación técnica para aumentar la burocracia es débil: solo el 3% de las operaciones —los créditos sindicados— no las realiza hoy Corfo.

Con el informe financiero que acompaña el proyecto de ley, no es posible que los parlamentarios tomen una decisión fiscalmente responsable. No incorpora un modelo financiero, un requisito básico que cualquier directorio privado que cuida los recursos de sus dueños exigiría para evaluar la viabilidad de un proyecto. Pero claro, parece que el estándar es distinto cuando se trata de los recursos de todos los chilenos. No conocemos sus resultados esperados ni sus escenarios alternativos para estimar las necesidades potenciales de capital en el futuro.

La autorización del apalancamiento que se le permite a Afide, que hoy no la tiene Corfo, aumentará la deuda pública y la exposición del Fisco por su “garantía implícita”. Hoy, la deuda del Estado de Chile ya alcanza el 60,6% del PIB, quince puntos por encima del umbral prudente del 45%. Y, como ya ocurrió con BancoEstado, la historia muestra que, tarde o temprano, esas empresas requerirán más capital (US$ 1.500 millones adicionales por Basilea III).

El Banco Central advierte que imponer a Afide los mismos estándares de capital que los bancos podría resultar contraproducente para los fines propuestos, toda vez que la banca tradicional ha enfrentado dificultades al evaluar el riesgo de financiamiento de proyectos de inversión como los que la Agencia pretende financiar. Además, no se especifica si las garantías de Afide serán mitigadoras de provisiones para créditos que otorgue la banca, en las mismas condiciones que Corfo y Fogape. No cabe duda de que, entre una garantía de Corfo y otra de Afide, como empresa estatal recién creada, los intermediarios valorarán más la primera y, eventualmente, el regulador podría considerarla un mitigador de provisiones más débil. De confirmarse, con seguridad tendría un efecto negativo en las colocaciones de créditos para pymes.

Entonces, ¿cuál es la opción a la creación de una nueva empresa estatal? (1) impulsar una profunda modernización de la Corfo, incluyendo su gobierno corporativo; (2) traspasar la administración de los fondos de garantía a la administración de Fogape que tienen supervisión; (3) autorizar nuevamente a Corfo, como se hizo en el pasado en la ley de “Mercado de Capitales 3” poder invertir en cuotas de fondos de capital de riesgo; y (4) pilotear, con la actual facultad que tiene Corfo, la incursión en créditos sindicados en proyectos innovadores, junto a organismos multilaterales.

Cuando el presupuesto del hogar no alcanza, nadie abre una nueva cuenta corriente para endeudarse más ni genera una nueva presión de gasto; por el contrario, los ajusta.

El resultado de Afide será: más deuda, mayor riesgo fiscal, mayor burocracia, escaso valor agregado y, de confirmarse, menor acceso al crédito para las pymes. (La Tercera)

Matías Acevedo

Académico de la Universidad de Los Andes

Director del Instituto Libertad

Exdirector de Presupuestos

19% del IVA en compras al extranjero

Hoy entra en vigor la Ley N° 21.713, que agrega disposiciones destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Esta normativa busca incrementar los ingresos fiscales en un 1,5% del PIB —equivalentes a cerca de USD 4.500 millones— con el fin de financiar reformas sociales, fortalecer la seguridad pública y reducir la informalidad económica.

Uno de los elementos más relevantes de esta ley para los ciudadanos y los pequeños emprendedores es la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% sobre todas las compras internacionales realizadas por medios electrónicos.

Hasta ahora, la mayoría de las compras internacionales de bajo monto no estaban afectas al IVA, salvo en los casos en que los bienes ingresaban formalmente al país como importaciones sujetas a derechos aduaneros. Esta situación generaba un vacío normativo que permitía la entrada de productos al mercado nacional sin una carga tributaria equivalente a la que enfrentan los bienes adquiridos en el comercio interno.

Pequeños y medianos emprendedores: los más afectados

Con la nueva ley, dicha exención desaparece: todas las adquisiciones desde el extranjero deberán pagar el IVA correspondiente. La forma en que se aplique este gravamen dependerá de si el proveedor o intermediario internacional se encuentra registrado ante el Servicio de Impuestos Internos. Si está registrado, el IVA se aplicará automáticamente en la compra, y el producto podrá internarse sin demoras. En cambio, si no se encuentra inscrito, la compra quedará retenida en Aduanas hasta que el consumidor pague el impuesto y aranceles de internación, lo que podría generar retrasos significativos y un aumento en los costos finales.

Por ello, se recomienda a los consumidores verificar la condición tributaria del vendedor o la plataforma internacional, para evitar contratiempos logísticos y pagos inesperados.

Entonces ¿A quién afecta directamente esta modificación? A pequeños y medianos emprendedores, quienes muchas veces dependen de insumos o productos adquiridos en el extranjero para sostener sus actividades comerciales. Estas compras ahora generarán una mayor presión sobre los costos y, en algunos casos, una posible reducción de márgenes de ganancia, o incluso, el traspaso de las alzas directamente al consumidor final.

Desde la perspectiva del principio de equidad tributaria, la medida puede considerarse justificada: toda transacción comercial, nacional o internacional, debe contribuir proporcionalmente al financiamiento del Estado. No obstante, su aplicación práctica revela un impacto regresivo que afecta con mayor intensidad a los sectores más pequeños del comercio.

¿Existe equilibrio entre carga tributaria y beneficios sociales?

A nivel macroeconómico, la reforma busca equiparar las condiciones tributarias entre el comercio local y el internacional, fortaleciendo la fiscalización y evitando la elusión mediante compras transfronterizas. Sin embargo, también puede restringir el acceso de los consumidores a bienes más económicos y disminuir la competitividad de los microemprendimientos digitales.

La implementación del IVA en las compras electrónicas internacionales plantea un debate profundo; ¿existe una percepción ciudadana de equilibrio entre la carga tributaria y los beneficios sociales que el Estado provee a cambio? La respuesta, lamentablemente, no es afirmativa.

Aunque la medida responde a una necesidad de mejorar la recaudación y corregir asimetrías, muchos consumidores la perciben como una extensión de la presión fiscal sobre sectores que ya enfrentan costos elevados.

El riesgo político y social de esta medida no está en su contenido jurídico, sino en la recepción ciudadana: un tributo justo desde la teoría puede volverse impopular si la población no confía en el uso transparente y eficiente de los recursos.

La Ley de Cumplimiento Tributario representa, en lo técnico, un paso hacia la modernización del sistema fiscal chileno y la adecuación de sus normas a las dinámicas del comercio global. No obstante, su éxito dependerá de que el Estado logre conciliar la eficiencia recaudatoria con la legitimidad del sistema tributario.

En definitiva, el desafío no radica en cobrar impuestos con mayor eficacia, sino en demostrar que cada contribución ciudadana se traduce en un beneficio tangible en la comunidad, para lograr una verdadera cultura tributaria confiable, equitativa y con corresponsabilidad social. (Ex Ante)

César Vargas Rojas

Kast y el modelo Milei

Una chaqueta de cuero, melena despeinada, pulgares arriba, boca cerrada en modo beboteo, como si fuera Ben Stiller en Zoolander, mentón abajo —ocultando la papada— y los ojos bien abiertos. Así aparece Javier Milei en la selfie que subió Jose Antonio Kast a sus redes sociales, cual groupie con su rockstar favorito. El economista porteño despierta cosas en la derecha que no ocurre con otros referentes. Es como si fuera el fluir de la conciencia de todo derechista. La rebeldía frente a todo lo “políticamente correcto” que instaló durante décadas la “izquierda globalista”. ¿Qué derechos humanos, diversidad e inclusión, justicia social o cambio climático? ¡Zurdos de mierda!

Ese estilo desquiciadamente confrontacional que al comienzo representó esperanza para una mayoría hastiada de la política, también satisface un deseo de odio. Una especie de venganza contra esa “casta” que los habría llevado a unas precarias condiciones en un país con enorme potencial. Sin embargo, ese mismo estilo también le ha significado costos importantes. Cada día más personas se aglutinan en oposición a su figura, muchas de ellas de derecha.

A todo esto, ¿podrían imaginar qué diría la derecha chilena si un presidente progresista expresara una mínima fracción del populismo y odio que difunde Milei? Pero no nos desviemos, porque esto no se trata solamente de su personalidad y estilo. A los escándalos por su participación —al menos como principal difusor— en la criptoestafa $Libra y de las grabaciones que revelaron sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad involucrando a su hermana, Karina Milei —a quien el presidente llama El Jefe—, se sumó la renuncia del principal candidato al Congreso de La Libertad Avanza, José Luis Espert, tras hacerse público el pago por 200 mil dólares a manos de Fred Machado, un narcotraficante investigado por el FBI. “Si yo hablo, el país se cae mañana”, dijo este último. Por supuesto, como en los casos anteriores, Milei acusó un montaje del kirchnerismo.

“Soy el que destruye el Estado desde dentro”, afirmó a un periodista extranjero en la Casa Rosada. Y bueno, uno podría decir que eso sí lo está logrando. En su administración han disminuido los montos reales de las pensiones, de los subsidios al transporte, a las universidades, a los hospitales y a las personas con discapacidad.

Y respecto a lo que en su sector denominan su mayor logro, la reducción de inflación del 214% al 31% tras casi dos años de gestión, el premio Nobel de Economía Paul Krugman señaló que se logró “sólo manteniendo el peso sobrevaluado frente al dólar”, calificando la estrategia como “probadamente inútil”. Desde la oposición argumentan que el dólar —que hoy se transa sobre los $1.500 pesos argentinos— no está más alto debido a la polémica intervención del FMI y la reciente intervención de Trump por un total de 40.000 millones de dólares. En términos sencillos, se acusa que el gobierno está quemando miles de millones de dólares para sostener el dólar hasta las elecciones.

Hace poco más de un mes, en la provincia de Buenos Aires, el voto oficialista bajó de un 57% en 2023 a un 33%. Y frente a las elecciones legislativas de mañana, donde se juega mucho, Milei lideró el cierre de campaña diciendo que “todos los que la jueguen de tibios son cómplices de los exterminadores de la sociedad”.

“Es una inspiración y un modelo a seguir”. Son palabras de Kast sobre Milei. Y vaya que lo ha sido. Tras liderar el segundo proceso constitucional y convocando a los chilenos “de bien”, llamó explícitamente a “que se jodan” los que no opinan como él. El problema es que de tanto sembrar odio, cosechó división y rechazo entre sus propios seguidores.

Claramente, durante la campaña lo esconderá, se tratará de despegar. También de Viktor Orban y Donald Trump, tal como lo ha hecho respecto de su amigo Jair Bolsonaro, condenado por la justicia brasileña debido al intento de golpe de Estado que lideró en 2022. Pero caminar por esa cuerda floja no es nada sencillo, ni tampoco sostenible en el tiempo. ¿Será el resultado de mañana en Argentina un augurio de lo que sería un potencial gobierno de Kast? Ojalá no lleguemos a averiguarlo. (La Tercera)

Giorgio Jackson

EE.UU. redefine al crimen organizado como amenaza terrorista

Desde principios de 2025, la Administración Trump ha impulsado medidas contra el crimen organizado que han culminado (hasta ahora) con cinco ataques a embarcaciones venezolanas en septiembre y octubre, acciones que constituyen una grave vulneración del derecho internacional.

En febrero, varias organizaciones criminales transnacionales fueron designadas como organizaciones terroristas extranjeras, ampliando su alcance regulatorio más allá del narcotráfico y generando repercusiones legales y económicas adversas para empresas y migrantes vinculados indirectamente a estas organizaciones.

Aunque las organizaciones criminales y los grupos terroristas pueden compartir tácticas como la violencia y el uso de redes ilícitas, sus objetivos son distintos: las organizaciones terroristas buscan cambios políticos, ideológicos o religiosos, mientras que las organizaciones criminales carecen de ideología y persiguen principalmente beneficios económicos. Por ello, atacarlas militarmente o clasificarlas como organizaciones terroristas extranjeras no soluciona la raíz del problema ni la demanda interna de drogas.

Combatir eficazmente el crimen organizado requiere fortalecer instituciones locales, respaldar la justicia y la sociedad civil, abordar la desigualdad y la pobreza y frenar el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos a México.

ANÁLISIS [1]

El pasado martes 2 de septiembre, Estados Unidos (EEUU) llevó a cabo un ataque contra un barco que transportaba drogas y había zarpado de Venezuela. La operación, dirigida contra miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, resultó en 11 muertos. Según el presidente estadounidense Donald Trump, la embarcación se encontraba en aguas internacionales en el momento del ataque y transportaba narcóticos ilegales con destino a EEUU. Dos semanas después, el lunes 15 y el viernes 19 de septiembre, Trump anunció que se habían llevado a cabo dos nuevos ataques contra embarcaciones venezolanas en circunstancias similares, que dejaron un saldo de seis muertos más. Posteriormente, el viernes 3 y el martes 14 de octubre tuvieron lugar los dos últimos ataques hasta la fecha, elevando el balance total a cinco operaciones y 27 fallecidos. En estos últimos cuatro casos, sin embargo, no se ha precisado ni la ubicación exacta de los barcos ni la presunta vinculación criminal de quienes iban a bordo.

Esta acción se enmarca en una serie de medidas que Trump ha impulsado desde principios de año contra el crimen organizado. El pasado 8 de agosto, Trump firmó una orden, aún secreta, en la que ordenaba al Pentágono que preparase opciones para un eventual uso de la fuerza militar estadounidense contra los cárteles de la droga previamente designados como organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO). Aunque aún no está claro qué tipo de operaciones serían viables, ni el alcance de esta autorización, los recientes ataques contra barcos venezolanos podría ser un ejemplo de este enfoque.

A raíz de esta orden, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó de inmediato descartando cualquier posibilidad de intervención directa: “Estados Unidos no va a venir a México con el ejército. Cooperamos, coordinamos, pero no habrá una invasión… eso está descartado”. Esta declaración surgió en un contexto ya delicado para la relación bilateral, marcada por negociaciones arancelarias y de seguridad entre Washington y Ciudad de México. Además, Trump había amenazado previamente con tomar medidas militares unilaterales si México no desmantelaba los cárteles, mientras que Sheinbaum advirtió que cualquier acción de este tipo constituiría una violación de la soberanía mexicana. No era la primera vez que el presidente planteaba un despliegue militar en territorio mexicano; ya había ofrecido enviar tropas para apoyar en la lucha contra el narcotráfico en mayo, oferta que fue rechazada.

A pesar de los episodios de tensión, ambos países cuentan con antecedentes de cooperación en seguridad para combatir el crimen organizado, como la Iniciativa Mérida lanzada durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, incluso en ese marco, la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano fue considerada siempre una línea roja.

Es precisamente en esta comparación donde se observa el contraste con Venezuela. A diferencia de México, donde las tensiones no han impedido preservar canales de cooperación en seguridad y migración, en el caso venezolano la ausencia total de diálogo político ha derivado en un enfoque mucho más agresivo. La ofensiva contra embarcaciones supuestamente vinculadas al Tren de Aragua se enmarca, además, en un despliegue naval de ocho buques de guerra y cazas F-35 en el Caribe que, aunque presentado como una misión antinarcóticos, refleja un uso desproporcionado de recursos militares. Más que una estrategia eficaz contra el narcotráfico, este despliegue parece responder a objetivos de política exterior orientados a incrementar la presión sobre Maduro.

La decisión de involucrar directamente a las Fuerzas Armadas constituye, en este sentido, la medida más agresiva adoptada hasta ahora por la Administración Trump en su ofensiva contra los cárteles. Históricamente, la participación militar estadounidense en operaciones antidroga en América Latina se había limitado a funciones de apoyo: intercambio de inteligencia, entrenamientos conjuntos y la participación de la Marina en la interceptación de embarcaciones sospechosas en aguas internacionales. La nueva estrategia, sin embargo, sugiere un cambio de enfoque: facultar a las fuerzas estadounidenses para capturar o eliminar a individuos vinculados con el narcotráfico. Además, la orden abre la puerta a operaciones militares directas tanto en el mar, como en territorio extranjero contra los cárteles.

Los recientes ataques contra embarcaciones venezolanas muestran que EEUU ya ha comenzado a aplicar esta nueva estrategia. Sin embargo, llevar a cabo operaciones letales contra presuntos miembros de un cártel fuera de un conflicto armado y emplear la fuerza militar en otro país sin el consentimiento de su gobierno, constituye una grave vulneración del derecho internacional. Como señalan expertos en la materia, calificar a los fallecidos de “narco-terroristas” no los convierte en objetivos militares legítimos: el Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado contra Venezuela, ni contra el Tren de Aragua y no existe precedente que permita invocar la legítima defensa para justificar ataques letales contra sospechosos de narcotráfico. La designación de ciertos grupos criminales como FTO sólo habilita la imposición de sanciones, pero no autoriza el uso de la fuerza armada. Asimismo, la autorización de 2001 para actuar contra al-Qaeda y sus aliados tampoco resulta aplicable, ya que no puede extenderse a organizaciones criminales sin vínculos con el terrorismo islamista. Pese a ello, el 2 de octubre, Donald Trump declaró que EEUU se encuentra en un “conflicto armado” formal con los cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas, calificando a sus miembros de “combatientes ilegales”, una interpretación unilateral que el Congreso no ha refrendado. En este sentido, los ataques no sólo vulneran la prohibición del uso de la fuerza recogida en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sino que también constituyen una violación grave de los derechos humanos. Es importante señalar, además, que EEUU contaba con alternativas legales: podía haber interceptado las embarcaciones y detenido a sus ocupantes para su enjuiciamiento, como ha hecho en el Caribe en numerosas ocasiones.

Cabe recordar que estas designaciones como FTO se iniciaron en febrero, cuando el Departamento de Estado incluyó ocho organizaciones criminales transnacionales con base en México, Venezuela y Centroamérica en la lista de FTO: el Tren de Aragua (TdA), la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cártel del Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU). Posteriormente, en julio, Donald Trump añadió el Cártel de los Soles, acusando a Nicolás Maduro de liderar la organización, y un mes después, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anunciaron que se duplicaba, a 50 millones de dólares, la recompensa por información que condujera a su arresto.

La justificación oficial de estas designaciones se apoyó en la idea de que la clasificación como FTO expone y aísla a estas organizaciones al negarles acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos necesarios para operar. Según Trump, los cárteles ejercen una campaña de violencia y terror en el hemisferio occidental que desestabiliza países clave para los intereses estadounidenses y contribuye a inundar EEUU con drogas mortales, delincuentes y bandas violentas.

De acuerdo con la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), para que el secretario de Estado designe una organización como FTO deben cumplirse tres criterios: (1) que sea una organización extranjera; (2) que participe en actividades terroristas, en actos de terrorismo o mantenga la capacidad e intención de hacerlo; y (3) que represente una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o para la defensa nacional, las relaciones exteriores o los intereses económicos del país. Si bien las organizaciones criminales pueden encajar en el primer criterio –al tratarse de actores extranjeros–, el cumplimiento del segundo resulta más controvertido, ya que implica determinar si sus actos de violencia constituyen terrorismo en sentido estricto o responden a dinámicas propias del crimen organizado. En cuanto al tercer criterio, el vínculo entre estas organizaciones y la seguridad nacional de EEUU es objeto de debate: aunque el narcotráfico se percibe como una amenaza grave, nunca se ha equiparado jurídicamente al tipo de “ataque armado” que habilitaría el uso de la fuerza letal en defensa propia, ni el Congreso ha autorizado el inicio de un conflicto armado contra los cárteles de la droga.

Más allá de las FTO, la Administración Trump también ha mostrado intención de extender la etiqueta de terrorismo hacia actores internos o movimientos ideológicos. En septiembre, Trump anunció que consideraría a Antifa como organización terrorista, a pesar de tratarse de un movimiento descentralizado, sin líderes ni estructura jerárquica clara y más cercano a una ideología que a una organización formal. Además, delimitar qué constituye un movimiento político o ideológico conlleva un alto grado de subjetividad, aumentando los riesgos de interpretaciones arbitrarias y posibles conflictos con derechos constitucionales como la libertad de expresión y de asociación.

1. QUÉ IMPLICA UNA DESIGNACIÓN COMO FTO

Hasta ahora, la lógica de las designaciones en EEUU distinguía claramente entre FTO y organizaciones criminales transnacionales (TCO), tratándose como categorías excluyentes. Pero por primera vez, la Administración Trump plantea la posibilidad de una doble designación: calificar los grupos delictivos organizados también como organizaciones terroristas.

Esta clasificación tiene implicaciones legales significativas. Entre ellas, la prohibición de ingreso en territorio estadounidense y la posibilidad de deportación de sus miembros, así como la capacidad del secretario del Tesoro para ordenar a las instituciones financieras el bloqueo de los activos de estas entidades. Asimismo, esta designación convierte en delito que cualquier persona, consciente de ello, proporcione “apoyo material” a la organización. Ese apoyo no se limita a armas o dinero: puede incluir tiempo, trabajo o servicios. Gracias a esta cláusula, EEUU ha procesado a individuos que, por ejemplo, planeaban viajar a Siria para entrenarse con Estado Islámico o recaudaban fondos para Hizbulah, conductas que de otro modo no podrían ser procesadas. La designación de TCO, en cambio, no incluye esta cláusula de forma explícita, aunque gran parte de la actividad de los cárteles ya es ilegal por su relación con el narcotráfico y otras actividades delictivas.

Por otro lado, las repercusiones de la designación de los cárteles como FTO no se limitan al ámbito normativo. También generan riesgos para las empresas estadounidenses que operan en América Latina y para los migrantes que llegan a EEUU, quienes podrían enfrentarse a procesos penales bajo cargos relacionados con terrorismo. El efecto económico es considerable, dada la magnitud del comercio entre EEUU, México, Centroamérica y Sudamérica.

Por ejemplo, antes del ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, bancos y plataformas de pago como PayPal ya habían restringido operaciones en Cisjordania para evitar que sus servicios fueran utilizados por organizaciones terroristas y ser considerados responsables de eventuales actos de violencia. Con la nueva orden ejecutiva de Trump, empresas estadounidenses que operen en México podrían enfrentarse a un riesgo similar si se las vincula indirectamente con los cárteles, que forman parte de la economía mexicana en distintos sectores. Incluso instituciones financieras que transfieren remesas a México podrían ser objeto de procesos judiciales. Como resultado, es previsible que muchas compañías adopten una postura más cautelosa, limitando sus inversiones y nuevas iniciativas en la región.

El caso de la industria agroalimentaria ilustra bien la magnitud del problema. México exporta cada año aguacates por valor de 3.200 millones de dólares y limas por 500 millones, sectores en los que los cárteles han comenzado a participar directamente, no sólo extorsionando a productores, sino gestionando huertos y plantas de envasado para diversificar ingresos y financiar sus operaciones. En 2022, un inspector estadounidense fue amenazado por rechazar un lote de aguacates de procedencia vinculada a un cártel, lo que provocó una suspensión temporal de las exportaciones mexicanas. En junio de 2024, dos inspectores fueron agredidos en Michoacán y Washington volvió a suspender las importaciones, ocasionando pérdidas millonarias y un incremento del 40% en el precio de las cajas de aguacate en EEUU. Con el marco legal ampliado, se podría argumentar que comprar droga (o aguacates) a un cártel designado constituye apoyo material a una organización terrorista.

2. ¿REALMENTE ES ÚTIL ESTA MEDIDA?

En ciertos aspectos, las organizaciones criminales guardan similitudes con los grupos terroristas: generan miedo en la población civil, se apoyan en redes ilícitas y recurren al narcotráfico como fuente de financiación. Sin embargo, sus objetivos son radicalmente distintos. Mientras que las organizaciones terroristas buscan cambios políticos, ideológicos o religiosos, los grupos criminales carecen de ideología y persiguen principalmente beneficios económicos: maximizar sus ganancias y mantener al Estado y a las fuerzas de seguridad alejadas de sus actividades ilícitas. Esta diferencia es fundamental, ya que eliminar a un líder terrorista puede debilitar la cohesión ideológica de su grupo, pero eliminar a un líder criminal no reduce la demanda de bienes y servicios ilícitos. Mientras exista esa demanda, nuevos líderes o grupos rivales ocuparán ese espacio.

Cuando las organizaciones criminales utilizan la violencia, tiene un carácter instrumental: sirve para intimidar a las autoridades, asegurar el control territorial o disuadir la interferencia gubernamental, pero no pretende provocar un colapso del Estado, lo cual sería perjudicial para el negocio. Con todo, la brutalidad de algunos de sus ataques ha contribuido a difuminar la línea que tradicionalmente separaba terrorismo y crimen organizado.

Igualmente, ya se ha resaltado la dificultad de aplicar muchas de las herramientas desarrolladas para enfrentar a las FTO, las cuales se justifican por el tipo de amenaza que representan, pero resultan problemáticas cuando se trasladan a grupos criminales. Por ejemplo, no se podría invocar la autorización de 2001 para actuar contra al-Qaeda y sus aliados, dado que las organizaciones criminales transnacionales carecen de vínculos con el terrorismo islamista. De manera similar, el bloqueo financiero podría generar efectos adversos para empresas estadounidenses, mientras que la persecución por “apoyo material” podría afectar a personas que no forman parte de los grupos criminales, exponiéndolas a procesos penales bajo cargos relacionados con terrorismo. Todo ello evidencia cómo aplicar herramientas diseñadas para combatir el terrorismo en la lucha contra el crimen organizado implica complejidades jurídicas, estratégicas y económicas considerables.

Más allá de todos los efectos económicos y legales que conlleva la designación de una organización criminal como FTO, esta medida difícilmente resolverá el problema de fondo: convertir la crisis de drogas en EEUU en una cuestión de terrorismo no ataja las raíces de la demanda interna. Lo que sí provoca es un aumento drástico del número de procesamientos y un endurecimiento de las condenas.

El uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra los cárteles plantea también dudas estratégicas. Si el objetivo es eliminar a un líder, un laboratorio o un grupo concreto, la superioridad militar de EEUU podría lograrlo. Pero el crimen organizado como fenómeno es resiliente: sus líderes son reemplazables y sus estructuras se regeneran allí donde persiste la demanda. Además, como sus redes están profundamente entrelazadas con las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, distintos niveles de gobierno y la economía legal, el clásico dilema de “plata o plomo” ilustra cómo pueden recurrir tanto a la corrupción como a la violencia para influir en las autoridades. Pretender erradicarlo únicamente a base de operaciones militares es una estrategia con pocas probabilidades de éxito. En este sentido, los ataques contra embarcaciones venezolanas tampoco modificarán la situación, ya que la mayor parte de la cocaína se produce y se trafica desde otras zonas de América Latina y Venezuela no suministra fentanilo en absoluto. Todo esto refuerza la percepción de que más que una táctica contra el narcotráfico, estas operaciones pretenden aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Finalmente, la ruptura de la cooperación con México u otros países de América Latina, sería un efecto colateral grave. La desconfianza bilateral podría bloquear avances en materia de seguridad, comercio y, especialmente, migración, un ámbito en el que la colaboración mexicana ha sido crucial para los objetivos de la Administración Trump.

3. QUÉ HACER

Para frenar el avance del crimen organizado no basta con operaciones militares o policiales: es clave reforzar las instituciones que lo combaten. Esto implica proteger y capacitar a jueces, fiscales e investigadores, invertir en el análisis de flujos financieros, garantizar programas eficaces de protección de testigos y respaldar tanto la sociedad civil como una prensa independiente. Cuando estas estructuras funcionan, participar en actividades criminales implica un riesgo real de ser detenido y procesado judicialmente.

Las estrategias basadas únicamente en el despliegue de soldados en territorios que no conocen fracasan si dejan fuera el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, las autoridades políticas, los líderes comunitarios, la sociedad civil y la prensa. Además, abordar la desigualdad estructural y la pobreza ayudaría a reducir los incentivos para unirse a grupos criminales.

En el caso concreto de México, una estrategia más efectiva debería incluir un compromiso estadounidense serio para frenar el flujo de armas, ya que se estima que alrededor del 80% de las armas encontradas en México proceden de EEUU. Esto incrementa la violencia ejercida por los cárteles, especialmente teniendo en cuenta que en México existen controles muy estrictos sobre la compra de armas y los civiles no pueden adquirir los tipos de armas rápidas y potentes que suelen preferir los cárteles. Estas armas no forman parte de exportaciones legales, sino que se compran en EEUU, se trafican ilegalmente y acaban en escenas del crimen en México. En 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda civil contra 11 fabricantes y distribuidores de armas en EEUU, acusándolos de prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitaban el tráfico ilegal. Aunque la demanda inicial no prosperó, en enero de 2024 una corte de apelaciones reconoció que sí se puede demandar a los fabricantes.

El informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosive, ATF) rastreó armas de fuego en México entre 2017 y 2022, concluyendo que 83.560 (67,5%) habían sido fabricadas o importadas legalmente a EEUU por empresas con licencia federal. Además, alrededor de la mitad de las armas restantes no tienen un origen identificado, lo que sugiere que el porcentaje real procedente de EEUU podría ser aún mayor. Otro informe de Stop US Arms to Mexico, identificó que cuatro fabricantes demandados por México –Smith & Wesson, Colt, Glock y Beretta– concentran el 30% de las armas recuperadas en el país.

Por último, para contribuir a la estabilidad de las instituciones en América Latina y abordar de manera más efectiva el crimen organizado, EEUU debería respaldar las iniciativas locales en cada país, sin dar la impresión de interferir o socavar su autoridad. En el caso mexicano, calificar los cárteles como organizaciones terroristas podría debilitar la legitimidad del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la Guardia Nacional, tensando las relaciones bilaterales y aumentando el riesgo de conflictos y fragilidad en ambos lados de la frontera.

CONCLUSIONES

La estrategia de la Administración Trump de clasificar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras y autorizar ataques militares directos, como los recientes contra embarcaciones venezolanas, representa un cambio radical respecto a la política tradicional de EEUU frente al narcotráfico. Sin embargo, estas acciones vulneran el derecho internacional, al carecer del consentimiento del gobierno venezolano, de la autorización del Congreso estadounidense para iniciar un conflicto armado y de precedentes legales que justifiquen el uso de fuerza letal contra sospechosos de narcotráfico.

Si bien, según Donald Trump, la designación de organizaciones criminales como FTO busca bloquear el acceso de estos grupos al sistema financiero estadounidense, la medida genera importantes consecuencias legales y económicas para empresas y migrantes vinculados de manera indirecta a estas organizaciones. Compañías estadounidenses con operaciones en América Latina podrían enfrentarse a procesos judiciales si se las vincula con actividades de los cárteles, incluso de forma indirecta, lo que puede llevarlas a adoptar posturas más cautelosas, limitar inversiones o frenar nuevas iniciativas. Sectores estratégicos como el agroalimentario se ven particularmente afectados, dado que los cárteles participan cada vez más directamente en la producción y exportación de productos como aguacates y limas, generando riesgos comerciales significativos. Al mismo tiempo, esta política no aborda la raíz del problema: la demanda interna de drogas en EEUU y la resiliencia estructural de los cárteles. A diferencia de los grupos terroristas, los líderes criminales son más fácilmente reemplazables y sus redes se regeneran mientras exista un mercado para sus actividades ilícitas, por lo que la presión militar o legal aislada tiene un efecto limitado.

Combatir eficazmente el crimen organizado requiere un enfoque integral que vaya más allá de la fuerza militar. Es imprescindible fortalecer las instituciones locales, respaldar al Poder Judicial y a la sociedad civil, abordar factores estructurales como la pobreza y la desigualdad y frenar el flujo ilegal de armas desde EEUU hacia México, que constituye un motor clave de la violencia de los cárteles. Se estima que alrededor del 80% de las armas recuperadas en México provienen de EEUU, muchas de ellas compradas legalmente y luego traficadas de manera ilícita.

En definitiva, la política estadounidense hacia el crimen organizado debe combinar medidas de presión con fortalecimiento institucional y cooperación bilateral. Limitarse a designar a estas organizaciones criminales como FTO y llevar a cabo operaciones militares puede generar efectos adversos estratégicos, económicos y sociales, debilitar la legitimidad de las instituciones locales y tensar las relaciones con socios clave como México, comprometiendo tanto la estabilidad regional como la eficacia de la lucha contra el crimen organizado. (Real Instituto Elcano)

Lucía Fernández Rodríguez

[1] La autora agradece muy especialmente a Carlota García Encina por sus comentarios y su orientación en la elaboración de este análisis. Asimismo, agradece a Carola García-Calvo y a Carlos Malamud sus comentarios, que han contribuido a enriquecer y mejorar el texto.

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CASOS DENUNCIADOS ANTE CONTRALORÍA

Comuna Alcalde / Involucrados Denunciante / Tipo de Acción Acusaciones Principales
Antofagasta Sacha Razmilic (Evópoli), Yantiel Calderón (Dir. Dideco y candidata a diputada) y 7 funcionarios. Diputada Daniela Castro / Denuncia ante Contraloría. La candidata Calderón, pese a tener permiso sin goce de sueldo, habría mantenido instrucciones administrativas a personal municipal. Se incluyen capturas de grupos de WhatsApp («Yantiel 2025») como prueba.
Villa Alemana Nelson Estay (Ind.-Chile Vamos). Cuatro concejales / Oficio a Contraloría para solicitar sumario. Apoyo explícito en entrevista en oficina alcaldía (con logo institucional) a candidata Evelyn Matthei y candidatos Andrés Longton y Luis Pardo. Acompañamiento al candidato José Antonio Kast en horas hábiles y en dependencias municipales (polideportivo Nicolás Massú).
Molina Felipe Méndez (Ind.) Alcaldía / Sumario administrativo. El alcalde anunció la destitución de tres funcionarios (Directores de Turismo, Desarrollo Económico Local y Salud) tras comprobarse el hallazgo de propaganda política y el uso de instalaciones públicas con fines electorales.
Puente Alto Matías Toledo (Ind.) Alcaldía / Sumario administrativo (iniciado hace seis meses). Detección de material gráfico editable (Illustrator) ligado a figuras de Chile Vamos (candidatos RN y Evelyn Matthei) en computadores de un empleado de la corporación municipal, con evidencia de trabajo «en horario laboral».

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, señaló a Ciper que, tras la detección del material, se abrieron sumarios para investigar la situación. Las denuncias reflejan una creciente preocupación en la oposición sobre la «falta de prescindencia» en el periodo electoral. (NP-Gemini-Emol)

Más de 25 mil funcionarios públicos investigados por falsas licencias médicas

El último balance de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre los sumarios por mal uso de licencias médicas, al 15 de septiembre, reveló que hay 25.764 funcionarios involucrados en el gobierno central, un aumento significativo respecto al informe anterior debido a la inclusión de nuevas fiscalizaciones de Contraloría.

La investigación surge tras la revelación de la Contraloría General de la República (CGR) sobre viajes al extranjero de más de 25 mil funcionarios públicos entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica.

CASOS Y DISTRIBUCIÓN

El universo de 25.764 casos reportados corresponde exclusivamente a instituciones del gobierno central (excluyendo municipios, empresas públicas, etc.). El aumento respecto al informe de agosto (16.435 casos) se debe principalmente a la inclusión de 6.993 funcionarios de servicios públicos con presencia regional que viajaron al extranjero con licencia.

Los tipos de mal uso de licencias médicas se distribuyen de la siguiente manera:

  • Salidas del país estando con licencia (CIC N°9): 36% del total.
  • Funcionarios regionales que viajaron con licencia (CIC N°16): 29% del total (6.993 casos).
  • Personas que asistieron a casinos de juegos con licencia (CIC N°15): 23% del total.
  • Licencias emitidas por emisores investigados por el Ministerio Público (CIC N°13): 6% del total.
  • Salidas del país con licencia en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad (CIC N°14): 6% del total.
  • Funcionarios que atendieron partos estando con licencia (CIC N°10): 1% del total.
  • La duración promedio de las licencias involucradas es de 21,9 días. Se estima que las remuneraciones pagadas a los funcionarios con sumario durante estos períodos de ausencia ascienden a $33.684 millones.

ESTADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

De los funcionarios involucrados, 21.114 continúan en servicio, mientras que 4.650 ya no trabajan en la misma institución. No obstante, 2.251 de estos últimos aún están siendo objeto de sumario administrativo.

Estado del Proceso Cifra
Procesos administrativos en curso 18.986
Casos con alguna resolución 1.042
Casos cerrados con resolución 280

Los sumarios administrativos siguen plazos legales definidos, que incluyen etapas esenciales como la investigación, presentación de descargos, y rendición de prueba. El proceso sin prórrogas suma 50 días hábiles, pero puede extenderse hasta 95 días hábiles si el funcionario utiliza todas las extensiones permitidas por el debido proceso. El avance está también determinado por la disponibilidad de funcionarios de igual o mayor grado para ser designados como fiscales, tal como lo exige el Estatuto Administrativo. (NP-Gemini-La Tercera)

EE.UU. envía portaaviones al Caribe en medio de tensión con Venezuela

El Pentágono anunció este viernes el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford—el mayor de la flota estadounidense— y su grupo de ataque en el mar Caribe. Esta acción ocurre en medio de una escalada de tensión con Venezuela y Colombia por los ataques militares de EE. UU. contra presuntas lanchas cargadas con drogas.

El secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth, ordenó el envío del portaaviones al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos «en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales», según un comunicado del portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

DESMANTELAR ORGANIZACIONES ILÍCITAS

Según Parnell, el despliegue del USS Gerald Ford tiene como objetivo:

«Reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas» que comprometen la seguridad estadounidense.

«Fortalecer y ampliar las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico» y reducir las organizaciones transnacionales.

El Gerald Ford se une a un contingente ya desplegado desde el verano para combatir el narcotráfico, que incluye buques de asalto, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

AUMENTO DE TENSIONES EN LA REGIÓN

Durante las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, lo que ha provocado la muerte de varias personas cerca de las costas de Venezuela y Colombia. Estos países han denunciado los ataques como «ejecuciones extrajudiciales».

Este mismo viernes, Pete Hegseth había anunciado el hundimiento de otra lancha en el Caribe que supuestamente operaba para el Tren de Aragua, con un saldo de seis personas muertas, a quienes calificó de «narcoterroristas».

La tensión es particularmente alta con Venezuela, ya que el Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que Estados Unidos planea ataques en territorio venezolano, mientras que la Administración Trump ha ordenado a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro del país. (NP-Gemini-Emol-EFE)

Cardenal Chomali ofrece al Papa León XIV mediar en conflicto palestino-israelí

El cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, propuso este lunes al Papa León XIV mediar en el conflicto palestino-israelí, en un momento de frágil alto al fuego en la guerra en Gaza.

Chomali se reunió con el jefe de la Iglesia Católica en el Vaticano como parte de un viaje que incluyó tomar posesión cardenalicia de la parroquia San Mauro Abad. El planteamiento ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediara para lograr la tregua, la cual ha sido interrumpida por ocasionales hechos de violencia.

El conflicto, que se inició tras el ataque de Hamás a kibutzim israelíes el 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 41 mil personas muertas, en su gran mayoría civiles palestinos. El alto al fuego ha permitido la liberación de 20 israelíes secuestrados y los cuerpos de 15 capturados ya muertos por parte de Hamás, mientras que Israel ha liberado a cerca de dos mil palestinos presos.

El frágil cese al fuego se ha visto amenazado por un proyecto del parlamento israelí para anexar Cisjordania, territorio gobernado por la Autoridad Palestina y cuya eventual anexión es rechazada por Estados Unidos.

PROPUESTA DEL CARDENAL

En un audio enviado a medios, Chomali detalló su ofrecimiento al Pontífice:

“Le propuse al Papa que me tenga muy presente como cardenal para participar en todas aquellas instancias que permitan una paz duradera”.

El cardenal argumentó que “La inmensa mayoría de los palestinos y los israelíes quiere la paz. La inmensa mayoría de los musulmanes, los judíos y los católicos; los agnósticos, los ateos, quieren la paz. La guerra sólo genera muerte, violencia, odio”.

Para reforzar su posición como mediador, el arzobispo de Santiago mencionó sus vínculos familiares y comunitarios:

“Yo me ofrecí. Le dije: mire, santo padre, yo provengo de una familia palestina, mis abuelos son palestinos, la comunidad palestina más grande en América Latina está en Chile”.

Finalmente, Chomali reiteró su convicción en la solución de dos estados y su disposición a trabajar para aliviar el dolor: “Le dije: yo me ofrezco para lo que usted quiera, de tal manera de aliviar ese dolor, esa crisis y por supuesto trabajar siempre para que haya dos estados independientes, libres, soberanos, que puedan convivir en paz. Creo que es el anhelo de mucha gente”. (NP-Gemini-Ex Ante)

Por qué son importantes las legislativas en Argentina: cinco claves

Argentina celebrará este domingo 26 de octubre unas cruciales elecciones legislativas de medio término para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Estos comicios han adquirido una importancia inusitada, funcionando como un referéndum sobre la gestión del presidente Javier Milei, con una campaña marcada por la intervención de Estados Unidos y la revitalización del peronismo.

A continuación, las claves para entender la trascendencia de esta votación:

1. PLEBISCITO A LA GESTIÓN DE MILEI

Las urnas evaluarán el apoyo popular al presidente Milei a casi dos años de su mandato. Su principal logro es la reducción de la inflación a través de un severo plan de ajuste que, sin embargo, ha tenido altos costos sociales y económicos:

Cierre de 18.000 empresas y pérdida de 253.000 puestos de trabajo en el sector privado.

Aumento de la deuda externa a un récord de 305.043 millones de dólares. El presidente, que llegó con la promesa de «acabar con la casta», se ha visto envuelto en denuncias y escándalos de corrupción que incluyen el caso de la criptomoneda $LIBRA, sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y vínculos de un candidato con un empresario acusado de narcotráfico.

2. INTERVENCIÓN DE EE. UU.: TRUMP Y BESSENT 

La campaña se ha visto afectada por una inédita intervención de Estados Unidos. El apoyo explícito del expresidente Donald Trump a Milei se sumó a las declaraciones de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien condicionó la ayuda financiera a un triunfo del partido de Milei, La Libertad Avanza. Bessent incluso señaló que EE. UU. busca evitar la reaparición del peronismo y el regreso de «naciones fallidas».

Desde la asunción de Milei, Argentina ha recibido:

Un crédito de 20.000 millones de dólares con el FMI.

Un ‘swap’ de 20.000 millones de dólares con EE. UU.

Argentina es hoy uno de los países más endeudados del mundo, debiendo más de 56.820 millones de dólares al FMI. Los intereses de EE. UU. se centran en evitar la expansión de China en Latinoamérica y en los recursos del país.

3. ¿RESURRECCIÓN DEL PERONISMO?

Tras un gobierno peronista (Alberto Fernández) catalogado como desastroso, el peronismo —con 80 años de historia— ha experimentado una revitalización gracias a la precariedad social generada por el plan de ajuste de Milei y el recorte de políticas sociales. El peronismo ha levantado las banderas de la independencia, la soberanía y la justicia social.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (el mayor bolsón electoral del país), se ha consolidado como un exponente relevante del peronismo tras arrasar en las elecciones legislativas de septiembre en su distrito.

4. UN CAMBIO DE RUMBO POLÍTICO

El resultado del domingo es crucial, ya que determinará si Milei puede concluir su mandato con tranquilidad. Si el presidente no logra obtener una mayoría en el Congreso, le será muy difícil sacar adelante su plan de ajuste económico, conocido popularmente como la «motosierra».

El movimiento peronista se ha unido con el objetivo de «frenar a Milei». De ganar, se consolidarán como la mayor fuerza de oposición y deberán definir a su liderazgo para las presidenciales de 2027.

5. LOS MERCADOS ESPERAN EL DESENLACE

Los mercados financieros están expectantes. El resultado definirá la confianza de los inversores.

Si el peronismo gana, se da por descontado que el peso argentino se depreciará frente al dólar, y algunos analistas prevén una devaluación severa.

Si Milei gana, los inversores siguen con cautela, pues persisten dudas sobre la solidez del plan económico del Gobierno.

Expertos advierten que una devaluación es probable en cualquier escenario, ya que las condiciones actuales de sostener un peso sobrevalorado a costa de las reservas del país son insostenibles. (NP-Gemini-Bio Bio-EFE)

Perú anuncia alta inversión en capacidades de sus Fuerzas Armadas

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez Miranda, se presentó ante el Congreso para una moción de confianza, donde reafirmó el compromiso del gobierno con la defensa y seguridad nacional. El Premier informó sobre un ambicioso plan para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y mejorar la gestión del riesgo de desastres.

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD

Álvarez Miranda detalló las principales medidas para optimizar el control del espacio aéreo y reforzar la soberanía nacional:

  • Adquisición de Cazas Multirol: Compra de una flota de aviones de combate de última generación, aeronaves subsónicas y aviones de transporte estratégico.
  • Sistemas de Alerta: Compra de radares 3D de alerta temprana.
  • Impulso Tecnológico: Fomento a la producción de drones en el Servicio de Mantenimiento (SEMAN).
  • Operaciones Estratégicas: Multiplicación de operaciones en zonas críticas como el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), Putumayo y Santa Rosa de Loreto, para combatir el crimen organizado y garantizar la soberanía.

ADQUISICIONES MILITARES EN CURSO

La inversión más significativa anunciada es la renovación de la aviación de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), cuya espina dorsal está conformada por cazas con hasta 40 años de servicio (Mirage 2000P/DP, MiG-29S/SMP y Sukhoi Su-25).

Programa de Adquisición Detalles Inversión Estimada Finalistas (Cazas Multirol)
Aviones de Combate 24 unidades (20 monoplazas, 4 biplazas). El Presupuesto 2025 contempla 7.580 millones de soles (US$ 2.000 millones) y el resto en 2026. US$ 3.500 millones Lockheed-Martin F-16V Block 70 (EE. UU.), SAAB JAS 39 Gripen (Suecia), Dassault Rafale F4 (Francia).
Aeronaves Subsónicas 12 aviones de instrucción avanzada y ataque ligero. Destinados a interdicción antidrogas y formación de pilotos. Aún en evaluación. N/A
Aviones de Transporte 2 aviones Boeing 737NG para el Grupo Aéreo N° 8. Adquisición gestionada por la OACI. US$ 77,8 millones N/A
Radares 3D Radares de Vigilancia y Alerta Temprana para cobertura radárica a nivel nacional. Monto no revelado. N/A
Producción de Drones Diseño y fabricación de drones de rango corto y medio para gestión de desastres, vigilancia de fronteras y lucha contra ilícitos. Derivaría de Programas Offset (Compensaciones Industriales) de la compra de cazas. N/A

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

En materia de gestión del riesgo de desastres, el Premier señaló que las medidas —que incluyen labores de descolmatación de ríos, construcción de diques de contención y la identificación de poblaciones en zonas vulnerables— buscan proteger mejor a un promedio de 400 mil personas frente a desbordes, huaycos (deslizamientos de lodo y piedras) y otros fenómenos naturales, en coordinación con los gobiernos regionales y locales. (NP-Geminis-Defensa.com/Copyright © Grupo Edefa S.A.)

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