Esta semana, la diputada Catalina Pérez volvió a verse complicada por el caso Convenios, pese a que hace cuatro meses el Frente Amplio había terminado con el congelamiento de su militancia.
Nuevos chats revelados de un informe de la PDI, dieron cuenta de que Pérez habría estado al tanto de las millonarias transferencias y comunicaciones que ocurrieron entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
La diputada era pareja de Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, quien hoy se encuentra con arresto domiciliario por el caso y acusado de fraude al fisco. Y pese a que hasta el día de hoy la parlamentaria niega haber estado al tanto de los convenios, las transferencias y todo lo que ocurría, desde el propio Frente Amplio surgieron cuestionamientos por los nuevos antecedentes, y se derivaron al tribunal supremo del partido, con la finalidad de analizar si corresponde iniciar una investigación o cuál será la forma de proceder.
La diputada ya estuvo suspendida por un año mientras militaba en Revolución Democrática, y fue descongelada a comienzos de julio de este año.
Su causa está cerrada en el partido, pero podría abrirse (y enfrentar una nueva sanción o suspensión en el partido) si es que el tribunal considera que hay antecedentes nuevos o diferentes que lo ameriten, lo que fue consultado a raíz de estos chats. Lea más en El Mercurio. (Emol)
La “motosierra” que derriba regulaciones en la economía y que el presidente de Argentina, Javier Milei, tiene como plan estrella, ha logrado posicionarse en el debate económico mundial. Mientras la estrategia del libertario ha comenzado a tomar forma en Argentina, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de nominar al multimillonario Elon Musk a la cabeza del Departamento de Eficiencia, el que también apunta a desburocratizar el aparato estatal.
“Musk es un personaje extraordinario, soy fanático, su biografía es extraordinaria por las cosas que ha hecho. Y es que se encontró con la valla del Estado en Estados Unidos, con la burocracia”, afirmó a medios argentinos esta semana el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien se ha transformado en la piedra angular de Milei para disminuir el tamaño del Estado, bajar los costos y despejar la economía para la iniciativa privada.
Sturzenegger, doctorado en el MIT y cercano a varios economistas chilenos como los expresidentes del Banco Central José De Gregorio y Vittorio Corbo, dijo que Musk se “inspiró” en la agenda de desregulación de Milei. “Cuanto peor es una sociedad, más leyes tiene. En el infierno, solo hay leyes”, sostuvo hace dos semanas en entrevista con el Financial Times, donde citó al jurista estadounidense Grant Gilmore.
Además de haber sido el cerebro detrás de diversos decretos que buscan liberalizar la economía, Sturzenegger ha estado en el centro del debate económico transandino en los últimos días, por su intento de privatizar y desregular el servicio de correos en Argentina, con el fin de ampliar la oferta de couriers. La medida busca eliminar el monopolio estatal referido al envío de cartas, telegramas y encomiendas, y abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores.
El presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger.
Pero la batalla que hoy tiene más ocupada la agenda de Sturzenegger es la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas, que arrastra pérdidas millonarias, lo que enfrenta la férrea oposición sindical.
Frente a ello, el exministro de Economía del primer y segundo gobierno de Sebastián Piñera,Juan Andrés Fontaine, quien buscó implementar un conjunto de reformas microeconómicas que mejoraran la competencia, las regulaciones, y disminuyeran los costos de algunos servicios públicos, pone un matiz en torno a la labor de Musk y de Sturzenegger.
“La lucha contra la burocracia es pieza fundamental del programa de Trump para acelerar el crecimiento potencial de EE.UU. vía desgravación tributaria y regulatoria, considerando que su déficit fiscal es ya 7% del PIB y su deuda pública neta supera el 100% del PIB. Trump ha reclutado a Elon Musk -exitosísimo empresario, audaz e innovador- para combatir la burocracia. Su trayectoria en emprendimientos tecnológicos hace pensar que puede revolucionar -con agresiva incorporación de las TI- la operación no sólo del Estado en EE.UU., sino en el resto del mundo. Pero su rol es meramente asesor y ya veremos si sus ideas logran superar la resistencia de los intereses creados, políticos y económicos”, afirma Fontaine.
“Sturzenegger en Argentina no es asesor, sino el ministro a cargo de la ‘motosierra’ para reducir el tamaño del Estado y liberar las múltiples trabas que allá inhiben la libre competencia y han arruinado la productividad de una de las economías más ricas del continente”, complementa Fontaine, quien dice que el foco del ministro argentino no es sólo la burocracia estatal, sino también desplegar las capacidades de la iniciativa privada y los emprendedores.
“Armado de los poderes que le da la ley de emergencia, es impresionante la velocidad y amplitud de lo que está haciendo: cerrando o racionalizando servicios públicos redundantes o hipertrofiados, barriendo regulaciones anticompetitivas en servicios como la navegación aerocomercial, ferrocarriles, correos, etcétera”, añade.
Elon Musk será el jefe del Departamento de Eficiencia de Estados Unidos.
En la misma línea, el decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, dice que los escenarios desde los que Musk y Sturzenegger parten son distintos, aunque con fines similares. Precisa que mientras en EE.UU. la macroeconomía sigue sólida, Argentina antes de la llegada de Milei estaba en el “caos y la desintegración”.
“La pregunta es por qué algo que empíricamente sabemos que funciona fue abandonado y hoy retomado con tanta fuerza por estos países como un eje central de sus programas de gobierno. Lo que tienen en común ambos países es una tendencia que se comienza a consolidar en el mundo pospandemia y que no sólo tiene que ver con un cambio de ciclo político, sino que cultural y económico: transitar desde la cultura ‘woke’ y los Estados de bienestar, hacia sociedades y formas de administración del Estado liberales,donde se privilegia la economía social de mercado, la libertad de emprender, la seguridad, la responsabilidad y el respeto por la autoridad, por sobre la primacía estatal, el buenismo y las agendas de causas minoritarias”, analiza Weber. Destaca las medidas tomadas por Sturzenegger como el cierre del Instituto Contra la Discriminación, el Instituto Nacional de Juventudes, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y el despido de más del 15% de los funcionarios públicos, entre otros.
Para Chile, plantea, los desafíos en esta materia tienen bases diferentes. “Chile también requiere cambios urgentes y rápidos, pero, en nuestro caso, las tres grandes reformas que necesita nuestro Estado son al sistema político, al empleo público y al sistema de evaluación ambiental”, señala.
Fontaine, a su vez, cree que la voluntad para enfrentar “con coraje”, los excesos de burocracia y regulación deberían ser imitados en Chile. “Para el próximo gobierno será prioritario atacar con resolución y creatividad este síndrome de incertidumbre regulatoria aguda que nos aqueja. Y para hacerlo nos vendría muy bien contar con algo de la capacidad y la energía de un Musk o de un Sturzenegger”, concluye. (Pulso)
El triunfo de Donald Trump en EE.UU. refutó todas las encuestas que pronosticaban una elección presidencial sumamente estrecha. La victoria de Trump fue categórica.
El republicano consiguió no solo el voto electoral, sino que también el voto popular, a diferencia de sus dos candidaturas anteriores. Trump superó a Kamala Harris por 4 millones de votos y, además, ganó los siete estados bisagra.
Estamos ante una nueva etapa de la historia política de EE.UU. Trump puede rehacer la política estadounidense, e influir en la política global, como lo hicieron, en su momento, Ronald Reagan o Franklin D. Roosevelt.
Trump será un presidente sin barreras. No solo ganó la presidencia, sino que consiguió control del Senado y aseguró mayoría republicana en la Cámara de Representante. Y ya tiene una Corte Suprema incondicional.
¿Por qué ganó Trump?
Primero, más allá del votante MAGA que estuvo con Trump desde las primarias, la percepción pesimista de la economía fue un factor clave. Pese al buen desempeño de la economía norteamericana, los positivos datos macroeconómicos no se plasmaron en la vida cotidiana de la gente. Muchos estimaron que, pese a lo polémico del personaje, Trump lo haría mejor en el manejo económico.
Segundo, una campaña presidencial no puede ganarse privilegiando solo temas políticos y culturales, aunque importantes, como el derecho al aborto o la protección de la democracia. Trump sintonizó con muchos votantes al denunciar a las elites, subrayar la inflación y explotar una inquietud real sobre la inmigración irregular descontrolada de años recientes.
Tercero, hubo un desplome de la participación electoral demócrata respecto a 2020. Trump mejoró entre los votantes afroamericanos y latinos, especialmente hombres, y ganó en las comunidades aquejadas de alta desigualdad, elevados costos de la vivienda, y población nacida en el exterior.
Cuarto, la gente quería cambio, y la candidata demócrata nunca pudo despegarse del legado impopular del Presidente. Muchos culpan a Joe Biden por su porfía de insistir en su reelección, impidiendo el surgimiento oportuno de una candidatura alternativa.
¿Qué hará Trump?
Terminará el internacionalismo liberal que predominó en Washington durante décadas, y EE.UU. rehuirá liderar en retos globales. Entre las decisiones fáciles, EE.UU. se retirará, nuevamente, del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y abandonará o disminuirá su presencia en varios organismos multilaterales. En política exterior y seguridad, Trump ya ha designado a varios directivos considerados “halcones”.
Cuando asuma el 20 de enero, Trump ha prometido cerrar la frontera sur, deportar a más de 11 millones de migrantes indocumentados, e impulsar más exploración petrolera. La deportación masiva no será fácil por su enorme costo, y porque EE.UU. dejaría de percibir miles de millones de dólares en impuestos federales, estaduales y locales de los indocumentados. Habrá que ver si los países de origen aceptarán a los migrantes deportados, y evaluar su impacto sobre las remesas.
El eventual incremento de un 60% de los aranceles a las importaciones de China, en el marco de la fragmentación geopolítica y económica global, no solo puede generar una guerra comercial e inestabilidad, sino que afectaría el precio de los commodities.
Es concebible que se cancele la permanencia de Chile en el Visa Waiver, considerando las quejas de parlamentarios republicanos respecto al denominado “turismo delictual”. Esta sería una medida más política que técnica, pues Chile cumple con los intercambios de informaciones del programa.
Trump apoyará a su admirador Javier Milei y a Argentina, lo cual no sería indiferente para Chile. Tendremos que realizar un equilibrio inteligente entre Washington y Beijing, ante eventuales presiones por nuestra cercanía económica con China. Y no nos será favorable el desprecio de Trump hacia los organismos internacionales y las normas del derecho internacional, siempre claves para un país abierto al mundo como el nuestro.
Chile tendrá a su favor el tratado bilateral de libre comercio, que ha sido un éxito. Los recursos y exportaciones verdes serían menos importantes con un Presidente Trump comprometido con la economía de hidrocarburos.
Resulta imperativa una actitud pragmática frente a la nueva realidad. En la primera administración de Trump, cuando me desempeñé como canciller del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, pese a las grandes diferencias políticas bilaterales, logramos construir una relación de respeto mutuo. De hecho, el primer secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, tempranamente me invitó a visitar Washington, tuvimos conversaciones constructivas, y la relación bilateral durante más de un año se desenvolvió sin sobresaltos. Ahora Trump tendrá mucho más poder, mayor razón para ser prudentes, velando por los intereses nacionales. (El Mercurio)
¡Qué envidia Estados Unidos! Tendrá dos genios del mundo empresarial, a Elon Musk y Vivek Ramaswamy, viendo cómo recortar grasa en el Estado en ese país. Experiencia tienen, porque son grandes innovadores tecnológicos, que han sufrido el golpe que genera al emprendimiento una burocracia que busca justificar su expansionismo permanente con regulaciones y costos innecesarios.
Acá, mientras, tanto, tenemos un gobierno al que le va a contrapelo que no sea el Estado el que cree el acceso masivo a internet satelital o los cohetes para ir al espacio, como lo hace Musk con Starlink y SpaceX. Y así se le pasan por el lado, a toda velocidad, oportunidades como la que tuvo para concesionar el litio cuando el precio estaba disparado con la monserga de crear la Empresa Nacional del Litio.
En lo único que ha mostrado creatividad esta administración socialista es en generar empleos en el sector público. Han sido unos linces en meterle más burocracia al aparato que regula, autoriza y fiscaliza el funcionamiento del mercado, convirtiéndolo en una carrera de obstáculos que hay que saltar pacientemente para lograr tener éxito.
En lo que va de esta administración, los ingresos fiscales han caído casi en un 11%, pero el gasto en personal acumula una expansión del 7,3% a agosto (economista Cecilia Cifuentes). Y como este fisco no tiene plata para financiar el aumento de la planilla del gobierno central, que creció nada menos que un 61% la última década, endeuda al país al límite autorizado por el Congreso. Pero como eso tampoco alcanza para la voracidad socialista, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tuvo que echar mano a los ahorros alojados en el Fondos de Estabilización Económico Social, que se suponía eran para emergencias. Estos volvieron al nivel más bajo desde 2021, cuando producto de la crisis que generó la pandemia cayeron a 2.457 millones de dólares. Pero el exPresidente Piñera los repuso con deuda y le entregó el fondo a Gabriel Boric con 7.514 millones.
La única emergencia que tenemos ahora es que los jovencitos del Frente Amplio y los mayorcitos del Socialismo Democrático son unos campeones para gastar y unos porros para generar confianza a los inversionistas, impulsar el empleo privado y formal (sigue inferior a la pre pandemia) y hacer crecer la economía. Tienen amenazada la pesca, los salmones, la salud privada y la previsión, mientras que todo lo que podían arreglar, como la salud y la educación públicas, lo han empeorado sin luces de esperanza. Sin considerar, además, los costos para producir en Chile que representa una delincuencia desatada como nunca antes en la historia, la mano de obra con baja productividad, la falta de infraestructura, los altos impuestos y la reina del país, la permisología, que hace purgar 10 años de permisos a una planta de celulosa, que en Brasil puede iniciar obras en 14 meses.
Uno creería que esta administración gasta tanto porque está innovando, generando una inversión pública sin precedentes. Nada de eso. Desembolsan más para producir menos y de peor calidad, con las listas de espera explotando en salud y los colegios públicos con miles de vacantes despreciadas por los padres que hasta prefieren que sus hijos den exámenes válidos, con todo el costo que ello significa.
Con el crecimiento de la economía hacen malabarismos con las cifras. El Presidente consideró que la expansión de 2 décimas en 2023 fue un “despegue” e impulsó una campaña en redes sociales con el slogan “la economía chilena crece”. Frente a las malas cifras, Marcel acusa en su tono aburrido, “esta fijación de sobre interpretar un dato”, mientras el coro de ministros Vallejo, Jara y Grau, justifica el mal desempeño con que se da “en un contexto en el que hemos estado recuperando y normalizando el país”. ¿Recuperar, normalizar, lo que continúan hundiendo?
Después de denunciar a los “agoreros” junto a Boric, Marcel sólo perdió parte de su fingido optimismo cuando la alta inflación de octubre (1%) se sumó el 0% de expansión del PIB en septiembre. La peor combinación de inflación con estancamiento lo llevó a reconocer que no llegaremos a la meta del 2,6% de crecimiento que prometió para este año. Y le cedió al Congreso reducir en 0,7% el alza del Presupuesto para este otro año, porque el 2,7% propuesto se hacía incompatible con la meta de llevar el déficit fiscal estructural al 1,9% del PIB. Pero lo más probable es que el titular de Hacienda llegará al término de este gobierno siempre sobrevalorando los ingresos para poder despilfarrar más.
Con el desplome del potencial de nuestra capacidad de crecimiento a menos del 2% hasta 2034, según estima el Banco Central, y el alza de la deuda pública que llegará a su máximo este otro año, no parecieran estar los tiempos para seguir jugando con la interpretación de las cifras, como le gusta hacer a las actuales autoridades.
Pero a pesar de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre la necesidad de ajustar el gasto fiscal, el gobierno aún cree que puede seguir ofreciendo condonaciones, aunque parciales, del CAE o bonos de 4,5 millones de pesos a 60 mil profesores a cuenta de una supuesta deuda (¡y del próximo gobierno!). O intentar regalonear a su nicho de apoyo proponiendo que los presupuestos 2025 que más crezcan sean los de Cultura (46%) y Medio Ambiente (16%).
La incapacidad de hacer crecer la torta y de ajustar el gasto es lo que ha llevado al Ministro Marcel a explorar otros caminos insólitos que son también los que ejecutó Bachelet para obtener más ingresos sin crecimiento económico. El blanqueo de capitales se ha convertido en una vía socialista para recaudar más. Lo hizo Bachelet, que permitió blanquear 19 mil millones de dólares que estaban en el exterior pagando por una vez el 8% de impuesto y lo repite esta administración con una tasa del 12%. Pero no es la única vía socialista para aumentar ingresos sin necesidad de expandir la base o que se produzca más riqueza. También como Bachelet, Boric está ofreciendo retirar las platas de las empresas tributadas con el impuesto de primera categoría, con una tasa única del 12% (el ISIF). En otras palabras, mientras quieren subir los impuestos a las personas a tasas más altas que las actuales que se empinan al 45%, si le anticipan a este gobierno las platas aceptan que sólo tributen un 12%.
¡Vaya consecuencia! Y así y todo hay algunos que todavía le tienen fe al Ministro de Hacienda. Debe ser porque piensan que sin él… podría ser aún peor. (El Líbero)
Los constantes cambios de opinión que acostumbra el actual gobierno han facilitado que una serie de errores, ineficiencias, desidias e incoherencias con los relatos propios hayan dado paso a que la falta de responsabilidad política se haya vuelto un criterio. La frase del presidente de la República “nadie está por encima de la ley” –publicada en X a raíz de la detención de Manuel Monsalve– es el último ejemplo que lo constata.
En efecto, cuando se supo que el entonces subsecretario de Interior, que se encontraba en pleno uso de sus funciones, había sido denunciado por violación, también se conoció que el Mandatario no lo había apartado inmediatamente de sus funciones sino que le había permitido viajar con recursos fiscales al sur y que tampoco le pareció mal que pudiera revisar las cámaras de seguridad para observar aquello por lo que estaba siendo investigado.
Días después profundizó sus graves errores en un largo y poco feliz punto de prensa. El problemas es que ya no era el Boric diputado sino el jefe de Estado emitiendo opiniones contradictorias sobre un tema gravísimo y, aparentemente, sin importarle que la ciudadanía se diera por enterada de detalles confusos que generaron una áspera reprobación.
La ministra Tohá no ha exhibido un mejor desempeño. Por el contrario, ella no tomó la decisión de apartar al acusado de sus funciones, no le pareció necesario auxiliar o mostrar alguna preocupación por la denunciante y tampoco consideró delicado avisar a Monsalve que la PDI allanaría su habitación de hotel.
Por su parte, la ministra de la Mujer, con su silencio y alegoría del portero, contradijo todo el discurso sobre el cual había configurado su propia identidad política. Ni sororidad, ni acompañamiento, ni acción política. Falta de diseño y norte claro frente a un hecho gravísimo, sin tener la capacidad de reaccionar ante lo que se convertiría en la crisis peor manejada y que toca el centro de gravedad del nuevo arcoíris que gobierna y donde nadie asume responsabilidad alguna.
Esta actitud -por incomprensible o descabellado que parezca- ha sido una constante. El caso Convenios, con toda la vulgaridad por medio de la cual se edificó un mecanismo que operó a nivel nacional y que compite para ser el caso de corrupción más grande desde el retorno a la democracia, tiene el mismo factor común, a saber, la indiferencia ante la responsabilidad que corresponde asumir. El ministro Montes -quien aún evita referirse a un desfalco en que se esfumaron más de noventa mil millones de pesos- con su actitud reconfirma tristemente que no es parte del ADN de esta coalición ponerse roja cuando le toca explicar que bajo sus narices se robaban plata a montones. La actitud es, más bien, no darse por aludidos.
¿De qué otro modo se entiende que se opte por mantener al embajador ante EE.UU. Juan Gabriel Valdés, después que se ha permitido tratar como se le ha ocurrido al ahora Presidente electo de ese país? ¿Acaso sus impulsos no lo llevaron a pensar siquiera un poco en las implicancias de lo que puede significar para nuestras relaciones con Estados Unidos, que no es cualquier país?
Finalmente, la crisis de seguridad que Chile atraviesa, en medio de un avance descontrolado del crimen organizado, tampoco ha tenido ningún responsable ante la ciudadanía. Luego de prometer convertirse en perros guardianes contra la delincuencia, en un ejemplo de estulticia, se ha dicho que ahora los crímenes son más igualitarios simplemente porque suceden en todos lados o que las elevadas cifras de homicidios durante los fines de semana son algo “habitual”. No hay nadie a quién tocarle la puerta para que se haga cargo del padecimiento que se vive en las calles de nuestro país. Y esta percepción se extiende día a día.
“No hay cambio de gabinete” es lo único que Boric consideró que debía escuchar el país. Con crecimiento cero, un gabinete inane y enfrentado entre carteras, calles sin control y bajando persistentemente en el posicionamiento regional de cualquier tipo, no hay nada que esperar ni menos aún, nada que pedir, porque en el gobierno no hay quién sienta que tiene que asumir su responsabilidad.
El último tiempo hemos visto ministros y hasta al propio Presidente declarando en tribunales, miles de millones perdidos, un trabajador muerto en La Moneda y otro acusado de violación, mientras el gobierno permanece inmutable e intacto en su composición e inacción.
Su renuncia a gobernar parece que también es una resignación a no ser competitivos en las próximas elecciones. En cualquier caso, la indiferencia principal es hacia la ciudadanía, que deberá completar cuatro años de un mal gobierno que no le mejoró su vida porque no cedió en sus afanes ideológicos y no le importó mucho hacer una gestión mediocre. Lo peor es que la generación que hoy gobierna no siente urgencia ante su inacción ni vergüenza de su incuria. Después de todo, son jóvenes y tienen décadas para volver a gobernar. Para La Moneda, procurar crecimiento, seguridad, justicia o probidad, parecen ser meras opciones y no su deber principal. Esta es su principal deuda. (El Líbero)
En las últimas semanas se ha generado un debate sobre temas de Defensa que se confunde con la contingencia política de corto plazo, cuando lo que se requiere es mantener una visión de Estado. En ese sentido, es necesario transitar desde el debate a la acción efectiva, partiendo con la base de políticas de Estado y marcos legales ya definidos.
Un ejemplo de ello es el debate sobre aportes pendientes al Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y al fondo de contingencia, donde se requiere dar certezas respecto del financiamiento en el mediano plazo. La ley establece que el Plan de Desarrollo actualizado y el aporte anual necesario, que incluye un aporte basal, debe ser presentado por Defensa al Congreso durante el primer semestre. Con ello se evita mezclar este análisis con la discusión de presupuesto anual, impidiendo forzar el dilema conocido como “cañones versus mantequilla”.
Otro aspecto relevante es la disminuida cantidad de conscriptos y tropa profesional, y su impacto en la capacidad operacional de la fuerza terrestre. El “téngase presente” del comandante en jefe del Ejército (CJE) el 28 de octubre es un aviso oportuno de que no hemos logrado como Estado resolver un problema que se arrastra por muchos años.
Lo que bien releva el CJE es que este déficit de personal militar entrenado no solo afecta a las tareas prioritarias y permanentes de la Defensa, sino también afecta a la capacidad de despliegue territorial y al cumplimiento de tareas excepcionales que se han transformado en cuasi permanentes, como son los estados de excepción constitucional en la macrozona sur, control de fronteras, y el apoyo en emergencias y catástrofes.
La Política de Defensa 2020 destaca la relevancia del factor humano y la necesidad de un robusto sistema de captación, educación, capacitación, entrenamiento y retención del personal de las Fuerzas Armadas. En el caso particular del Ejército establece la necesidad de “avanzar hacia una reducción del impacto sobre la disponibilidad permanente de las capacidades que genera la actual dependencia del Servicio Militar Obligatorio, mejorando el balance con el sistema de Tropa Profesional y Planta”.
Estas definiciones y orientaciones son políticas de Estado que trascienden los gobiernos, siendo necesario apurar las acciones para reducir rápidamente este déficit, con incentivos económicos, de desarrollo personal y proyección en el tiempo.
La responsabilidad no puede asignarse solo al Ejército o al Ministerio de Hacienda. Esto es parte de un trabajo conjunto e interagencial, coordinado por el Ministerio de Defensa, para avanzar en temas de presupuesto, infraestructura, rediseño de la estructura de fuerza y despliegue operacional, incluyendo los cambios legislativos y reglamentarios necesarios.
Chile necesita de FF.AA. modernas y con una adecuada cantidad de personal disponible y entrenado para cubrir sus misiones en todo tiempo en apoyo a la defensa, seguridad y desarrollo de nuestro país, condiciones básicas para lograr el bien común de la sociedad. Es un deber para los chilenos cooperar, con mirada de Estado de largo plazo, para avanzar hacia este objetivo. (El Mercurio)
Cristián de la Maza Riquelme Exsubsecretario de Defensa
Diversos son los casos de connotación pública conocidos recientemente que involucran a autoridades políticas, como la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, o el juicio por cohecho, administración desleal, fraude al Fisco, delito concursal y estafa contra el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue. Pero también por aquellos nombres que vienen del ámbito empresarial, como Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Daniel y Ariel Sauer en Factop e imputado por presuntos delitos de estafa y tributarios una vez estallado el caso Audio, protagonizado por el abogado Luis Hermosilla. Los hechos de los que son parte han provocado que la ciudadanía ponga encima un ojo crítico por sus presuntas implicancias, pero al mismo tiempo han dado paso a una interrogante que Criteria, consultora dedicada a estudios de opinión y análisis de datos, ha querido resolver: la aceptación que los individuos tienen con diversos tipos de conductas sociales hechas por políticos, empresarios o personas comunes y corrientes. Y los resultados son decidores.
Y es que, en general, los encuestados son “bastante críticos moralmente”, según explica Cristián Valdivieso, director de Asuntos Públicos de Criteria, respecto a los límites del accionar de las personas. No obstante, agrega, “se observa un patrón claro de imponerles un estándar moral más alto a los políticos que a los empresarios o a sí mismos”. Y, en tal sentido, a los políticos es a quienes menos licencias se les permiten. Menos incluso que las propias.
Por ejemplo, el estudio realizado a nivel nacional entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre en un universo de 1.005 personas mayores de 18 años determinó que lo que más se critica a los políticos es conducir habiendo tomado un par de cervezas, misma acción que más se recrimina a los empresarios, mientras que a las personas comunes es el hecho de fumar cigarrillos en exceso. Otro caso: si 73% considera “algo criticable” o “muy criticable” el consumo de marihuana recreativa en los políticos, 67% lo califica así en los empresarios, pero solo 46% piensa así de radical en el caso de una persona común.
“No es tan sorpresivo que exista esa diferencia de tolerancia respecto de políticos, empresarios, y uno mismo”, se apresura en señalar Christopher Martínez, académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la U. de Concepción, quien recuerda que incluso la literatura así lo reporta. “La expectativa ética de los políticos respecto de empresarios y ciudadanía está dada porque son representantes del resto de la sociedad y se espera que moralmente cumplan ciertos estándares, que la mayoría de las veces no ocurre. Segundo, porque son electos y la gente tiene esa capacidad de castigar a quienes no cumplen esos estándares éticos, y tercero por los recursos que manejan, y uno preferiría dárselos a alguien cuyas consideraciones morales sean superiores”, se extiende.
Rodrigo Topelberg. Foto: Mega
Dante Castillo, sociólogo de la Usach y director del Centro de Estudios e Investigación Enzo Faletto, coincide y cree que en general “la exigencia que tiene la ciudadanía respecto de políticos y gerentes de empresas es porque lo que uno le confiere a ese tipo de autoridad es la representación de mis derechos. Por tanto, uno es menos exigente consigo mismo respecto de lo que les pide a quienes ha elegido o quienes se han erigido como los representantes de una idea más general, como líderes de opinión”.
Por lo mismo, añade el experto, el juicio moral es distinto. “En general lo que se exige es que sean mucho más consecuentes respecto de sus declaraciones que la práctica cotidiana de un individuo a quien la sociedad no lo ha hecho representante de una idea”.
Hay otro ejemplo de pregunta que bien grafica la vara distinta con que los encuestados analizan situaciones similares, pero para distintos tipos de personas, el de la puntualidad laboral. Al ser preguntadas las personas por cuán criticable consideran llegar tarde al trabajo de vez en cuando, 90% dijo que era “algo” o “muy” en el caso de los políticos, 79% en la situación de un empresario y 71% para un individuo corriente.
Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la U. Central, dice al respecto que “las personas les exigen más a las figuras de autoridad, aunque sea simbólica, como un deportista o periodistas con bastante aparición en los medios, y sobre todo, en general, a los políticos o autoridades de cualquier clase”. Y agrega que como en la actualidad se vive en una época en que la gente no cumple las normas con personas que sienten que pueden reinventar las reglas, la sociedad necesita que alguien tome decisiones, “pero que también sean intachables, que sean ejemplo de impecabilidad moral, sin ninguna clase de defecto. Por eso cuestiones que antes se toleraban hoy son tan inaceptables”.
Desde Criteria, Valdivieso detalla que el presente estudio pesquisó además que las mujeres, en general, son más críticas moralmente que los hombres en los ítems evaluados, donde también se incluyó el mantener relaciones fuera del matrimonio, apostar o jugar en casinos con frecuencia, o tener propiedades muy lujosas.
A las personas, a su vez, se les preguntó por su orientación política, y el director de la consultora señala que “al evaluar el comportamiento moral de las personas comunes y corrientes, vemos que las personas de izquierda tienden a ser más liberales que el resto y son más permisivas, por ejemplo, en el consumo de marihuana o en la relaciones extramaritales que las otras identidades políticas”, detalla. Por el contrario, dice que las personas de derecha son más permisivas con la ostentación y posesión de bienes lujosos que el resto. Por ejemplo, 53% y 72% de los de izquierda critican, respectivamente, el tener autos y propiedades muy lujosas, mientras que los de derecha llegan a 37% y 66%.
Valdivieso agrega, además, que las identidades de izquierda no son más críticas que las otras respecto de las conductas de los empresarios, “lo que pudiera ser contraintuitivo, pero está en línea con la revalorización del mercado y el empresariado”. Y suma que a diferencia de lo que pasaba durante el período del estallido social, “a los empresarios no se les exigen estándares morales mayores que al común de la población”.
En general, los expertos consultados coinciden que si las personas comunes son menos exigentes consigo que con los empresarios, esto a su vez se replica entre empresarios y políticos, con esos últimos en el escalón más alto de lo que se espera moralmente.
Desde la UdeC, Martínez dice que esto se puede explicar porque de los políticos electos por la ciudadanía, y que además tienen a su cargo los recursos del Estado, que son los más importantes, lo que se espera es que tengan “un estándar mucho más alto que los empresarios, que no son electos, y que están utilizando recursos propios”.
El estudio, a su vez, detectó que el nivel de crítica moral de las conductas aumenta en la medida en que aumenta la edad de los encuestados. Este patrón se vio de forma constante para la evaluación tanto de las personas comunes, los empresarios y los políticos.
Criteria, finalmente, también propone un ‘indicador moral’, calculado de 0 a 100 -estándar moral nulo a estándar moral absoluto- para distintos segmentos.
Y ahí la media del indicador se situó en 66 para las mujeres y 71 para los hombres; en 66 para menores de 40 años y 71 para mayores de esa edad; en 66 para grupos socioeconómicos medios altos y en 70 para medios bajos; así como en 66, 69 y 69 para personas políticamente identificadas de izquierda, centro y derecha, respectivamente.
“En general las diferentes identidades tienden a coincidir, si bien se mantiene una leve tendencia a que la derecha y los no identificados sean moralmente más restrictivos”, cierra Valdivieso. (La Tercera)
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric oficializó la salida de siete delegados regionales y dos delegadas provinciales, previo al plazo de cesación de autoridades que buscan postularse en las elecciones parlamentarias.
En un comunicado, el Ministerio del Interior dio a conocer las renuncias de Ricardo Sanzana en Arica y Parinacota, Daniel Quintero Rojas en Tarapacá, Sofía González en Valparaíso, Daniela Dresdner en el Biobío, José Montalva en La Araucanía, Giovanna Moreira en Los Lagos y Rodrigo Araya Morales en Aysén.
Además, las delegadas presidenciales provinciales Paulina Purrán (Biobío, Biobío) y Andrea Parra (Malleco, La Araucanía).
En Arica y Parinacota asumirá Camila Rivera Tapia, quien previamente se desempeñaba como seremi de Justicia. «Es abogada de la Universidad de Tarapacá, magíster en Derecho de la PUCV, magíster en Género, Sociedad y Políticas Públicas de la FLACSO», destacó Interior.
En Tarapacá, asumirá la administradora pública Ivonne Donoso, ex seremi de la Mujer y Equidad de Género. «Ha trabajado en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Fosis, Sercotec, Conadi y en el Gobierno Regional de Tarapacá», consignó el Ejecutivo.
En Valparaíso, llega a la Delegación Presidencial Regional Yanino Riquelme González, hasta hoy seremi de Obras Públicas. «Es ingeniero civil eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue profesor en la Universidad Santo Tomás de La Serena y supervisor y administrador de proyectos en el área de la energía eléctrica», comunicaron.
En el Biobío, el Gobierno nombró a Eduardo Pacheco, seremi de Bienes Nacionales. Periodista de profesión, trabajó en medios de comunicación social antes de recalar al Ejecutivo, donde fue jefe de comunicaciones en el Serviu Biobío y la Gobernación Regional del Biobío.
En La Araucanía, llega al cargo Domingo Abdala, hasta la fecha director de Aguas en la región. «Arquitecto de la Universidad de Chile, fue administrador municipal de la comuna de Perquenco, concejal de Temuco, seremi de Educación y de Planificación en la región y coordinador nacional de programas en Conadi», consignó el Ejecutivo.
En Los Lagos, asumirá Paulina Muñoz, administradora pública que se desempeña como coordinadora regional de Seguridad Pública. «Fue asesora de la dirección regional del Servicio Nacional de Migraciones, coordinadora del comité técnico asesor de la Gobernación de Llanquihue y coordinadora del departamento de Asuntos Estudiantiles de la Municipalidad de Santiago», destacó La Moneda.
Por último, en Aysén fue designado Jorge Díaz, quien hasta hoy era Delegado Provincial de Aysén. «Comunicador social, ha trabajado en medios de comunicación social, formó parte de Comités de Integración chileno–argentino, fue jefe de gabinete de intendentes de la región, consejero regional y seremi de Gobierno», dijo el Gobierno. Respecto de las delegaciones provinciales, éstas «quedan a cargo de las subrogancias decretadas», subrayó Interior. (Emol)
Cada año, Atlas Network realiza un evento global, titulado Foro de la Libertad. Esta vez, tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre en Nueva York, y alguien podría imaginar que derivará en una gran celebración de la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Pero no todos lo festejarán. También hay detractores suyos en esta red liberal, presente en más de 100 países del mundo. Sus socios superan los 500, entre ellos, más de un centenar en América Latina.
«Yo me imagino que sí habrá gente, por diversas razones, que son simpatizantes de Trump, pero hay muchos otros, incluyendo a nuestro vicepresidente ejecutivo, que ha sido un crítico abierto y feroz del trumpismo», señala a DW Roberto Salinas León, miembro sénior para América Latina y antes director del Centro Latinoamericano de Atlas Network.
En el Instituto CATO también se escuchan voces críticas. «La victoria de Trump no representa una victoria del liberalismo. Representa una victoria del nacionalismo en general, a lo cual los liberales nos oponemos», dice a DW Ian Vásquez, vicepresidente de estudios internacionales de esa organización. Sus simpatías están más bien con el presidente argentino, Javier Milei, que a su juicio representa todo lo contrario: «Milei cree en el libre mercado. Trump desconfía del libre mercado. Milei cree en el libre comercio. Trump es un proteccionista fuerte».
CORRIENTES HETEROGÉNEAS
Fundada en 1981 por Sir Antony Fisher en Reino Unido, Atlas Network tiene su sede en Estados Unidos y manejó en 2023 un presupuesto algo superior a los 28 millones de dólares. Poco más de 2 millones fueron destinados a becas en América Latina, según se indica en su portal.
En la prensa se leen títulos como «Red Atlas: La sombra de la derecha internacional en América Latina», del medio uruguayo Crónicas del Este. A su vez, el argentino Página 12 se refirió a la organización como «el tejido ultraderechista que se expande por todo el mundo». Ambos artículos, de enero de 2024, hacen referencia a una columna de George Monbiot, publicada en el diario británico The Guardian.
¿Cuál es la corriente predominante hoy en esta red? ¿Se trata de promocionar las ideas neoliberales? «No neoliberales, liberales», subraya Ian Vásquez, afirmando que se busca «promover los límites al poder, crear sociedades libres, basados en la democracia y el mercado y el tratamiento igualitario bajo la ley».
También Salinas recalca que Atlas Network promueve mercados abiertos, competencia, democracia liberal, sociedad abierta, tolerancia a la disidencia. «Son los valores que corresponden al liberalismo clásico», dice.
Alejando Chafuen, quien fue presidente de la red desde 1991 hasta 2018 y actualmente preside la Fundación Chase, considera que «Atlas se movió al libertarianismo woke (salvo en temas económicos)».
LA INFLUENCIA DE ATLAS
Chafuen indica que el impacto de Atlas «varía por países y la influencia que cada think tank tiene en el mismo. Think tanks con los que yo trabajé tuvieron influencia en muchos. Pero en políticas públicas, no en política».
Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, considera que «es una red muy influyente y sobre todo muy completa». Entrega becas y «no solo está formando personas para el futuro, sino que ofrece también oportunidades laborales, por ejemplo, en cuanto a presencia en medios, presencia pública».
El politólogo piensa que cumple un papel importante en la «generación de un discurso neoliberal o libertario, justo cuando más por superado se lo daba». En este contexto, recuerda que, durante la pandemia de COVID, se pensaba que en el mundo cobraría más importancia el Estado, como protector del individuo. Se vaticinaba «el fin de la globalización, del neoliberalismo, y la llegada de la época de los Estados y las fronteras. Pero ocurrió lo contrario», dice a DW.
«Creo que supieron aprovechar el cansancio que hubo con las restricciones, después de la época del confinamiento. Fue una excelente palanca para crear un clima de que el Estado es una entidad que perjudica la vida de los ciudadanos, el disfrute, pero también la vida económica», analiza.
VÍNCULACIÓN CON LA POLÍTICA
El académico español estima que las vinculaciones con la política son fuertes. «He visto presencia de partidos políticos, de lo que llamamos la nueva derecha, partidos como el de Le Pen, el de Meloni, como Vox, en este tipo de foros», dice.
Pero Roberto Salinas descarta de plano un apoyo a democracias iliberales, como la húngara: «Hungría, definitivamente no entra en nuestra escala de valores», dice, puntualizando: «Para nosotros, no es un tema de derecha o izquierda, es un tema de principios».
Hace notar, eso sí, que hay un debate muy fuerte. «Incluso ha habido confrontaciones intelectuales, por ejemplo, sobre qué pensamos de un partido como Vox», dice. «La idea de que Atlas Network impone una agenda homogénea es completamente falsa. Estos eventos son precisamente para generar discusión, disidencia, diálogo y debate».
Javier Milei, en un evento de Vox, en Madrid (mayo de 2024).Imagen: Manu Fernandez/AP/picture alliance
El encargado de América Latina en esta red se queja de que existen campañas de desinformación. Se dice «que estamos promoviendo financiamiento a partidos políticos, y eso está prohibidísimo en Atlas», asegura. Para ilustrarlo, pone un ejemplo: «Vente Venezuela jamás recibirá un centavo de Atlas Network». Aclara que eso «no quiere decir que no seamos simpatizantes. Hemos sido grandes apoyadores deMaría Corina Machado. Ella va a ser la oradora inaugural (a través de un video) de nuestro foro en Nueva York, la próxima semana», adelanta.
Y reitera: «No hay apoyo financiero a Vente Venezuela. Se le ha dado dinero a instituciones dentro de Venezuela como CEDICE Libertad, que tienen un programa de apoyo a la promoción de los valores consistentes con Atlas Network. ¿Coinciden esos valores con los que promueve María Corina Machado? Sí, definitivamente». (DW)
Los grupos criminales que hoy día operan en Chile lo hacen en esferas complejas. Saben diversificar sus actividades: secuestros, extorsión, tráfico de migrantes y droga, prostitución, sicariato, lavado de dinero mediante criptomonedas, entro otros.
Por ello, en el mundo actual, el crimen organizado se ha convertido en una de las mayores amenazas a la seguridad de las naciones y, sin duda, a la estabilidad de las sociedades. Lo estamos viviendo en carne propia.
Frente a esta situación se hacen indispensables varias acciones, esas que nos corresponden como ciudadanos y apuntan a la autogestión de la seguridad para poder disminuir la efectividad de las operaciones de estos criminales; y aquellas que le corresponden a la administración pública.
Entre estas últimas labores, se hace indispensable la creación de un grupo multidisciplinario que reúna Fuerzas de Tareas. Este equipo emergería como una respuesta indispensable para combatir organizaciones criminales sofisticadas, bien financiadas y transnacionales. Estas unidades, formadas por agentes de diversos cuerpos de seguridad y sectores especializados, son la mejor estrategia para hacer frente a esta criminalidad que evoluciona constantemente.
Hemos visto esfuerzos para lograr esto. Por ejemplo, las medidas adoptadas por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien dio la instrucción a los fiscales de solicitar la prisión preventiva para aquellos extranjeros indocumentados que fueran detenidos por la comisión de un delito. Esto se conoció como el “criterio Valencia”. Dicha instrucción fue respaldada, primero, por el Poder Legislativo, que dispuso acelerar la tramitación del proyecto de ley que “Modifica el Código Procesal Penal en materia de plazos de detención y permite realizar diligencias de investigación por el Ministerio Público en el extranjero”.
Además del denominado “criterio Valencia”, el Fiscal Nacional se ha mostrado dispuesto a crear equipos de tarea al interior de las Fuerzas de Orden y Seguridad, en conjunto con el Ministerio Público, para combatir al Crimen Organizado. De allí, la creación de los Equipos de Crimen Organizados y Homicidios (ECOH). ¡Gran iniciativa!
Sin embargo, hay que ir un poco más allá. La clave de las fuerzas de tarea radica en su carácter interdisciplinario y cooperativo. Ninguna agencia, por sí sola, podría abarcar todas las áreas involucradas en el desmantelamiento de estas organizaciones. Esta combinación multidisciplinaria hace que las Fuerzas de Tarea sean mucho más efectivas que cualquier organismo actuando solo, y permite una visión más completa de la amenaza. Un equipo con experiencia en áreas diversas —finanzas, tecnología, inteligencia y derecho— es fundamental para abordar la complejidad del crimen organizado.
Además, estas fuerzas reforzadas con tecnología avanzada, herramientas de análisis de datos y un monitoreo constante de patrones delictivos, logran anticiparse a los movimientos de estas redes. A través de análisis de información y monitoreo financiero, se puede seguir el rastro del dinero y predecir operaciones, atacando así las estructuras antes de que generen más daño social. Esto representa un cambio significativo en la manera de abordar el problema: no se espera a que los efectos de los delitos sean visibles, sino que se trabaja en prevenir el crimen desde la raíz.
En conclusión, las fuerzas de tarea para combatir el crimen organizado son una herramienta imprescindible en el panorama de seguridad actual. (Red NP)
