El 5 de diciembre de 2025 el gobierno estadounidense publicó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (disponible aquí), la primera de la segunda Administración Trump -para la estrategia de su primer mandato véase la entrada LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL Y LA POSTURA NUCLEAR DE LOS ESTADOS UNIDOS, de febrero de 2018-, y que sustituye al documento anterior de octubre de 2022 del presidente Joseph Biden -que tratamos en la entrada ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 2022, de octubre de 2022-.

Hay algunos aspectos que merecen señalarse. En primer lugar, el lenguaje directo que emplean los autores del documento, que tiene que ver con la intención formulada en el preámbulo firmado por el presidente Donald Trump de llegar a todos sus conciudadanos. Se trata de una propuesta significativa y valiente que se condiciona con el segundo aspecto a destacar, que es la brevedad del documento, y que choca con documentos similares de otros países donde se acumulan páginas y páginas de enunciados que no resultan comprensibles y que finalmente llegan a muy pocos; reconozcamos que solo a algunos incautos que se atreven a leer esos documentos al completo.

Si el gobierno de la potencia más grande del mundo es capaz de plasmar los principales asuntos de su seguridad nacional en un documento de treinta páginas, ¿cómo se puede entender que gobiernos de potencias de segundo orden o países que no tienen peso en las decisiones internacionales martiricen a sus ciudadanos y a los expertos con textos extensos que a la postre no aportan nada de valor?

El tercero es que el documento se publicó el 5 de diciembre, pero lleva en su portada fecha de noviembre de 2025, es decir, en el mundo de la sociedad de la información, de la hipervelocidad y del quantum resulta que el documento de seguridad nacional más importante del mundo se retrasó al menos cinco días; esto da bastante que pensar.

El cuarto es su estructura, de una gran simplicidad, que tiene que ver con ese lenguaje directo, pero también didáctico que emplean los autores. No hay grandes declaraciones o enunciados políticos que no sirven para nada, sino la asunción de unos postulados básicos apoyados en una teoría y a partir de ahí establecen los principios, las prioridades y los medios con los que pretenden llevarlos a cabo. Es en ese punto donde, en mi opinión, el documento es realmente exitoso, en su asunción explícita de los postulados del realismo político que, frente a aquellas declaraciones grandilocuentes y mayormente vacías de contenido, va a los primeros principios, es decir, a la guía de toda política exterior es la búsqueda del interés nacional (puro realismo clásico de Hans Morgenthau). Por tanto, se enuncian cuáles son los intereses nacionales que asume el nuevo gobierno estadounidense, que gustarán o no, esto es indiferente, pero que son los que ellos han determinado y que buscan ni más ni menos que mantener el poder mundial estadounidense en el siglo XXI (de nuevo, hay que leer a George Friedman).

En quinto lugar, a partir de ese enfoque la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 es un texto eminentemente realista que hace un reconocimiento explícito del Estado soberano como actor fundamental de las relaciones internacionales, el propio, cuando se habla de mantenerlo fuerte, libre, rico e independiente, y los ajenos, porque con ellos, a través del reconocimiento de sus intereses, los Estados Unidos podrán mantener relaciones mutuamente beneficiosas. De ese modo, el conflicto bélico tenderá a ser la solución menos beneficiosa a un diferendo o a una crisis internacional porque la paz es el escenario básico en un sistema en el que rigen los postulados del equilibrio de poder (enunciados magistralmente por Henry Kissinger).

De este modo, frente al intervencionismo sin límites de los gobiernos que le precedieron la nueva Administración Trump habla de intereses, de negociación, de comercio y de paz, lo que se ha dado en llamar transaccionalismo, que no es más que la negociación permanente aplicada a los asuntos internacionales.

En sexto lugar, frente al conflicto permanente de etapas anteriores, el documento apela también expresamente al unilateralismo, a la abstención de los conflictos de otros, sesgado con un nuevo corolario Trump a la Doctrina Monroe, asunto sobre el que la academia ha vuelto a reflexionar recientemente. Este desarrollo teórico aplicado a las relaciones internacionales hace que el documento no hable de enemigos o amenazas potenciales como documentos anteriores. Desde el enfoque trumpista, unos Estados Unidos poderosos solo están llamados a liderar desde el ejemplo, por eso el énfasis en el denominado soft power, que es la primacía a través de la influencia, como ya enunció Tucídides en el siglo V a.C. en su Guerra del Peloponeso. Estados Unidos se ve como un primus inter pares, que necesita coordinarse con China, Rusia o India en un sistema multipolar.

Séptimo, la consecuencia de este enfoque es el reconocimiento de esferas o ámbitos de influencia mutuos e inmediatamente enuncia el denominado Hemisferio Occidental (todo el continente americano de norte a sur) como el suyo propio, donde no permitirá ni tolerará intervenciones externas por aplicación de aquel corolario de la Doctrina Monroe. Si esto es así, entonces cada una de las otras grandes potencias también debe tener de forma inherente su propia zona de interés.

La comprensión de esta realidad es fundamental para primero, entender el sistema internacional actual y, segundo conocer las reglas para evitar el conflicto. Porque Trump parte de una idea fundamental: no se puede producir una guerra entre grandes potencias, porque en caso de llevarse a cabo sería de naturaleza completamente destructiva, y su objetivo es conservar su propio país bajo esa fórmula exitosa de mantener o hacer fuerte de nuevo a los Estados Unidos, la famosa fórmula MAGA.

Octavo, como parte de ese objetivo debe tratar de mantener el régimen de estabilidad estratégica con Rusia, que es la superestructura del sistema de seguridad global junto con el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU (P-5 y derecho de veto). Entonces habla de la necesidad de hacer esfuerzos diplomáticos serios para restaurar la estabilidad estratégica y normalizar las relaciones entre Rusia y los Estados europeos y para lograrlo es necesario poner fin al conflicto de Ucrania (entendido como “la no guerra de Trump”).

Debemos recodar que ese régimen se basa en dos principios fundamentales: bilateralidad, es decir, dos partes, los Estados Unidos y Rusia, y paridad, esto es, poderío estratégico equilibrado, que permita el funcionamiento de la estrategia de la destrucción mutua asegurada, conservando ambos sus enormes arsenales nucleares (87% del total de las armas nucleares del mundo están en sus manos).

Estas declaraciones son extraordinariamente significativas y pertinentes en un escenario en el que el último acuerdo de desarme, el tratado Nuevo START, está a punto de caducar el próximo 5 de febrero de 2026. Sobre este asunto nos hemos ocupado detenidamente en la entrada anterior -«LA VIGENCIA DEL TRATADO NUEVO START EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA EN UCRANIA», noviembre de 2025-, donde además se enuncian las posibles soluciones, compromisos o declaraciones que permitirían mantener esos arsenales nucleares bajo control.

¿Se requieren nuevos acuerdos? Sin duda, pero parece poco aceptable o más bien arriesgado funcionar con un régimen implícito, desestructurado y basado en declaraciones puntuales que un régimen explícito, negociado, acordado y regido por reglas claras y explícitas para todas las partes, tanto las que los acuerdan como el resto, que se ven sometidos al poder omnímodo de las grandes potencias. Estos son los fundamentos de la estrategia de seguridad nacional del presidente Trump en su segundo mandato, veremos si es capaz de aplicarlos y si se cumplen. El mundo se juega nada más y nada menos que la guerra o la paz. (Derecho y Política Internacional-Universidad de La Laguna-Tenerife, España)

Luis Pérez Gil

El título de la reciente columna (4 de diciembre) de Juan Francisco Galli constituye un inesperado halago para la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y sus 80 años de historia. Desde su fundación, encabezada por Clotario Blest, la ANEF ha sido determinante en el avance de derechos sociales y laborales en nuestro país, así como en la construcción de la unidad del sindicalismo chileno. Es cierto, la ANEF ha sido un muro estructural que ha sostenido los avances democráticos de la sociedad chilena.

Pero también ha sido un muro en el sentido que el propio Galli sugiere: un muro en la defensa de los derechos humanos de chilenas y chilenos perseguidos por la dictadura; un muro frente a los intentos de desmantelar la función pública; un muro frente a la eliminación de derechos laborales y sociales. Así, la ANEF ha cumplido plenamente su rol histórico.

Revisemos las diferencias entre sus afirmaciones y las posiciones de la ANEF.

La primera diferencia es nítida: Galli afirma que la ANEF es una organización “gremial”, algo que simplemente no es cierto. La ANEF se ha construido como una organización sindical, orientada a la emancipación de las y los trabajadores chilenos y a avanzar en los derechos de las y los funcionarios públicos, históricamente sometidos a la más profunda discrecionalidad.

La ANEF es un actor político-sindical, activo en las alianzas sociales, sin inhibiciones para expresar opiniones y posiciones no solo sobre temas específicos de sus afiliados, sino también sobre las necesidades del país, el Estado que Chile requiere y el sentido de la función pública.

Hablamos desde veredas distintas. Mientras la ANEF se asume como organización sindical con proyecto político para la sociedad, la mirada de Galli se inscribe en una tradición conservadora que limita la acción sindical al estrecho ámbito corporativo, funcional al inmovilismo social.

La segunda diferencia dice relación con una confusión deliberada que Galli introduce en su texto. Mezcla la obligación de abstención electoral que rige para las y los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones —norma que, por cierto, la ANEF respeta—, con el ejercicio de la libertad sindical que ampara a las organizaciones para fijar posición en todas las materias que sus órganos democráticos determinen.

Eso es precisamente lo que ha definido nuestra reciente Asamblea Nacional, y no es la primera vez que sucede. En distintas coyunturas, cuando la ANEF ha evaluado que las alternativas en disputa en la política nacional amenazan con retrocesos para las mayorías populares y para los derechos de las y los funcionarios públicos, ha tomado opciones en el debate presidencial y respaldado a los/as candidatos/as cuyos programas se acercan más a su visión de país: uno con más y mejor Estado, más y mejor función pública y un empleo público digno, estable y protegido frente a la arbitrariedad. Hoy, es también nuestra respuesta frente a los “mantras” de la ultraderecha: la falsificación de que Chile tendría un Estado “excesivo” y “parasitario”.

Una tercera diferencia se relaciona con las prioridades definidas por la Asamblea en los procesos de negociación en curso. Es falso que la ANEF haya dejado de lado las propuestas de modernización y fortalecimiento del Estado. Por el contrario, cada avance en materia de modernización del Estado en los últimos 30 años ha contado con propuestas y respaldo de la ANEF.

Sorprende que, tras describir la ficción jurídica en que opera la contrata en el Estado, Galli califique la demanda de estabilidad laboral como un “mantra”, cuando es una necesidad para su buen funcionamiento. Por décadas, la ANEF ha insistido en modernizar el empleo público para superar la precariedad laboral que incuba tanto la arbitrariedad en contratación, despidos y evaluaciones, como la corrupción, la que se despliega desde espacios en que predominan los nombramientos de carácter político y la discrecionalidad.

En ese marco, las definiciones que la ANEF ha tomado en su Asamblea Nacional son absolutamente legítimas y necesarias. No se agotan en la coyuntura electoral: forman parte de las proyecciones estratégicas del país y de la organización, amparadas plenamente en la libertad sindical y en la voluntad de construir un proyecto de país para las mayorías.

Sí, la ANEF es un muro. Un muro para construir a Chile como la casa de todas y todos, para defender la función pública y al Estado frente a quienes quieren subordinarlos a los intereses de minorías que han concentrado riqueza, controlado el poder y condicionado el debate político para seguir acumulando privilegios en una sociedad profundamente desigual. (Emol)

Carlos Insunza Rojas
Secretario general ANEF

Netflix se impuso en la competencia por la adquisición de Warner Bros y HBO, en una de las mayores operaciones de la industria del entretenimiento. Los estudios históricos de Burbank, donde se filmaron clásicos y nació el cine sonoro, reciben miles de turistas cada año. Netflix, en cambio, tiene servidores en centros de datos en Virginia y Ohio que nadie visita ni conoce.

Durante el siglo XX, producir películas exigía una infraestructura que solo los grandes estudios podían financiar. Cámaras profesionales, sets permanentes, laboratorios de revelado, equipos técnicos especializados. Warner levantó su imperio sobre esos activos y los mantuvo durante décadas. Ese mundo físico funcionaba como una barrera de entrada casi infranqueable. Un competidor necesitaba cientos de millones de dólares solo para empezar a producir una película.

Netflix destruyó esa ventaja porque entendió que el poder no estaba en los estudios donde se crea el contenido, sino en la pantalla donde se decide qué ver. Warner produce y luego negocia con cines, cable u otros intermediarios. Netflix está instalada directamente en los televisores y teléfonos. Esa cercanía con el espectador vale más que toda la infraestructura histórica de Hollywood.

El patrón se repite en otras industrias. Amazon desplazó librerías sin abrir locales, Spotify domina la música prescindiendo de estudios de grabación, Airbnb compite con hoteles operando inmuebles ajenos, Uber desplazó taxis sin flota propia y Mercado Libre desafía al retail sin tiendas. Gana quien elimina intermediarios. Netflix aplicó esa lógica mientras Warner confiaba en que la calidad de su contenido bastaba para sostener su posición.

Netflix busca a Warner por su catálogo y para eliminar a un rival. HBO le restaba suscriptores porque ofrecía series que no estaban en ningún otro lado. Esa amenaza desaparece. El archivo completo, desde Casablanca hasta Los Soprano, queda ahora en una sola plataforma. Los estudios de Warner serán ruinas turísticas; los servidores invisibles son el futuro.

La ofensiva hostil de último minuto de Paramount para impedir la operación no altera este cuadro. Es el último manotazo del viejo sistema, un intento por defender una estructura ya obsoleta. Lo que presenciamos no es una batalla más, sino quizá la última entre el viejo orden de Hollywood contra el sistema que ya lo desplazó. (El Mercurio)

Pablo Halpern

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump anunció la Semana del Anticomunismo y promulgó la Ley de Implementación de las Garantías para Taiwán. Aunque estos desarrollos pueden parecer lejanos para América Latina, ambos forman parte de un reajuste estratégico que está modificando la relación entre Washington, Pekín y el resto del mundo.

Un giro normativo y discursivo

El 7 de noviembre, la Casa Blanca declaró la Semana del Anticomunismo, destacando los costos humanos asociados a los regímenes comunistas. Según The Guardian, esta iniciativa refleja la intención de Washington de reinstalar una dimensión ideológica en su política exterior. El 2 de diciembre, el gobierno estadounidense dio un paso adicional al exigir que el Departamento de Estado revise cada cinco años sus lineamientos de interacción con Taiwán. Tal como señaló Reuters, esta medida institucionaliza un vínculo político que antes operaba en un terreno más flexible.

El trasfondo estratégico

De acuerdo con Financial Times, la competencia entre Estados Unidos y China se ha desplazado desde lo comercial hacia un ámbito de legitimidad institucional. Ante la creciente influencia china en sectores tecnológicos y financieros, Washington combina una narrativa doctrinaria representada en la Semana del Anticomunismo con un instrumento jurídico que refuerza la presencia estadounidense en el Indo Pacífico. El objetivo es ofrecer a los aliados un marco más definido y reducir los espacios de ambigüedad.

La reacción de Pekín

China rechazó la nueva ley por considerarla una interferencia en sus asuntos internos y un estímulo para el independentismo taiwanés. Aunque la Semana del Anticomunismo es una decisión simbólica, el cuestionamiento explícito al modelo político comunista introduce una dimensión adicional a la disputa bilateral y profundiza la rivalidad entre sistemas políticos.

Las motivaciones de Washington

La secuencia de ambas decisiones revela una estrategia que articula relato e institucionalidad. Estados Unidos busca reconstruir un frente democrático más cohesionado y, al mismo tiempo, establecer parámetros que obliguen a terceros países a definir su posición frente a la creciente influencia de Pekín.

Implicancias para América Latina

Este reordenamiento ya tiene manifestaciones concretas en la región. En Honduras, la reciente elección presidencial, junto con el indulto otorgado por Trump al exmandatario Juan Orlando Hernández, situó a Washington en el centro del debate político en un país que había reorientado su política exterior hacia China en 2023. En Venezuela, la presión militar y económica ejercida por Estados Unidos contrasta con el respaldo diplomático que China otorga al gobierno de Nicolás Maduro, lo que configura uno de los puntos más visibles de la competencia entre ambas potencias en el hemisferio. En Colombia, las tensiones entre la administración Trump y el gobierno de Gustavo Petro en materias migratorias y de seguridad han llevado a ciertos sectores políticos a intensificar vínculos con Beijing, fenómeno informado por The Washington Post.

Estos casos muestran que América Latina ya no se sitúa en la periferia del orden internacional en transformación. La región enfrenta un entorno en el que las decisiones de política exterior requieren evaluar no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también las consecuencias institucionales y estratégicas que implica definirse frente a las dos principales potencias del sistema global. (Red NP)

Andrés Liang

Analista en política internacional y relaciones Asia-Latinoamérica

Todo indica que José Antonio Kast gana el próximo domingo y que será por una diferencia apreciable, algo que es normal en un balotaje, cosa de mirar el 2021 en donde Boric obtuvo algo cercano a un 56%, o en la anterior del 2017 en que Piñera sacó un 55%.

Importa el porcentaje y el número de votos en un balotaje, la verdad es que no. Evidentemente si gana Kast será el Presidente más votado en Chile, pero eso será efecto del voto obligatorio y del balotaje, la verdad es que sus niveles de apoyo serán para todos los efectos los 3,1 millones de votos que sacó en la primera vuelta más buena parte de los 1,8 millones de Johannes Kaiser. A esos casi 4,9 millones se suman los 1,6 millones de Evelyn, los que estarán disponibles para derrotar a la candidata comunista, buscar la recuperación económica de Chile, y desarrollar una agenda de seguridad profunda mientras no sea una copia de lo que Bukele ha hecho en El Salvador.

Como demuestra la evidencia histórica, el apoyo que un candidato saca en primera vuelta es su única base 100% fiel. Puede discutirse hasta qué punto el voto de Kaiser va a estar con Kast, pero claramente el voto de Chile Vamos más asociados, es un voto que busca que no llegue Jeannette Jara a la Moneda, un voto que va a estar de acuerdo con un gobierno de emergencias en lo económico y la seguridad, pero no mucho más que eso.

Claramente se puede establecer una alianza con la centroderecha y otros partidos, pero nunca será lo mismo que la base que originalmente sustenta al candidato tanto en el voto popular como en el Congreso, donde claramente los republicanos tienen más que antes, pero no son mayoría y dependen del resto de la derecha para gobernar, aprobar leyes y arreglar Chile en una forma que sea aceptable para todos y no sólo los republicanos.

Hasta ahora todo indica que José Antonio Kast llega a la presidencia porque el gobierno de Boric fue uno muy malo, porque la economía no genera tracción, y la inseguridad llegó a niveles en que la percepción de seguridad está en los mínimos. Es decir, entendiendo que puede haber habido cosas distintas que eran importantes cuando Sebastián Piñera salió electo, llega en condiciones similares, llega porque malos gobiernos de izquierda permiten alternancia en el poder a la derecha, la que después de no hacer gobiernos que no eran malos como los de Bachelet o Boric, no estuvieron a la altura de las expectativas, permitiendo que la izquierda saliera nuevamente electa.

Todos tenemos claro que la mala situación económica y la inseguridad serán los que elijan a Kast, y lo eligen a él, no a Kaiser y no a Matthei porque de todos los candidatos es el que generó más percepción de competencia en esas materias sumadas, aunque individualmente los otros podían ser mejores en los ámbitos respectivos por separado.

Todos esperamos que Kast pueda entregar el gobierno a uno de derecha, pero para ello junto con elegir buenos ministros, subsecretarios, y asesores, debe dedicar mucho tiempo a solidificar la alianza de gobierno que lo sostendrá en el poder. Kast debe ser jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de alianza. Debe tratar de parecerse a lo que fue Ricardo Lagos o Eduardo Frei RT, presidentes que tenían claro esos tres roles, siendo el último el más complejo de realizar, uno que implica ceder, negociar y aceptar posiciones distintas.

José Antonio Kast Rist como Presidente de Chile ya no es sólo es el líder de los republicanos, es el Presidente de Chile, jefe de su rama ejecutiva y líder de la alianza de las derechas, una alianza que, a pesar de las votaciones recibidas, no tiene mayoría en el Congreso y que sólo tendrá el favor de los chilenos conforme arregle la economía y la seguridad, la que es mucho más que un tema inmigración ilegal, de crimen organizado transnacional y de insurgencia Mapuche en la Macrozona Sur. Es un tema de seguridad en las ciudades y barrios de Chile, de poder salir sin que le roben el celular, de salir sin que le hagan una encerrona, de que le hagan un portonazo o un turbazo. Estamos hablando de recuperar la libertad perdida, de ser soberanos en nuestra propia tierra.

Ojalá fuera tan simple como cerrar la frontera con un escudo o de acciones de ese tipo. Estamos hablando de tener una estrategia de seguridad nacional que busque tener un Chile seguro en lo interno y lo externo, de una estrategia de seguridad pública que logre mejorar las percepciones de inseguridad y no solo meta a los narco e integrantes del crimen organizado a la cárcel, de tener un sistema de inteligencia robusto que nos evite experimentar nuevamente estallidos delictuales como el del 2019, o situaciones como las que vivimos en las fronteras del norte y noreste durante los últimos 10 años.

Kast debe sentar a la mesa a los partidos de la derecha y centroderecha el 15 de diciembre. Los debe hacer firmar un pacto de gobierno en que las prioridades queden claras y en donde todos acepten que va a designar a quien el quiera en las principales posiciones de gobierno, en que el mérito y las ganas de servir a Chile sean las únicas exigencias. Nada de cuotas, nada de compadrazgos, y nada de amiguismos. Sólo los mejores profesionales, sólo los que saben, sólo los capaces. Las emergencias así lo exigen.

El objetivo del gobierno de JAK debe ser primero arreglar a Chile, el equivalente de meter a un herido a la sala de emergencia, para después arreglar los temas más profundos, los que están por ahora subordinados a la inseguridad y la falta de dinamismo económico. Lo segundo, entregarle el gobierno a un candidato de las derechas, de lo contrario, será otra derrota como las dos anteriores sufridas en tiempos recientes.

José Antonio suerte y éxito el 14 de diciembre. Cuentas con el apoyo de muchos chilenos, el mío incluido. Todos trabajando contigo desde el 15 de diciembre por el bien de la patria.

¡Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a Ti! (El Líbero)

Richard Kouyoumdjian

Si José Antonio Kast es electo Presidente de Chile, asumirá en el momento global más complejo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 2024, según un estudio de la Universidad de Uppsala, hubo 61 conflictos armados. Gracias a la inteligencia artificial estamos viviendo un cambio fundamental en la forma en que trabajaremos y estudiaremos, y el sistema internacional se está reorganizando, en torno no solamente a la competencia entre Estados Unidos y China, sino también, por parte de países como Rusia o Irán, desafiando y rompiendo las normas y relaciones sobre las cuales funciona dicho sistema.

Para las grandes potencias, se trata de una disputa por la primacía tecnológica, militar y geopolítica. Para países como Chile la pregunta es cómo mantener el respeto por las reglas en un sistema que las tira por la basura, la apertura en un mundo cada vez más cerrado y la soberanía en un mundo que premia la lealtad y castiga la autonomía. Una interdependencia, parafraseando a Joseph Nye, cada vez más compleja.

La semana pasada el Gobierno de Donald Trump publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, en que declara que “queremos un hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos importantes, y que apoye las cadenas de suministro críticas, y queremos garantizar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe”.

Llama la atención que Estados Unidos haya optado abiertamente por recurrir a esta doctrina, una política que se remonta a 1823 y que ha sido utilizada para justificar numerosas y sangrientas intervenciones en la región. Al mismo tiempo, muchas economías latinoamericanas dependen de China como mercado de exportación o fuente importante de inversión. Como consecuencia, la tentación es interpretar este momento como una nueva Guerra Fría.

No lo es, y el “Corolario Trump” explica por qué: la Guerra Fría fue una confrontación de ideas (comunismo vs. capitalismo, democracia liberal vs. totalitarismo), pero China desea acceso a mercados, no quiere –aún– exportar su modelo. Y como demuestra el documento citado, EE.UU. tampoco: “Buscamos buenas relaciones y relaciones comerciales pacíficas con las naciones del mundo sin imponerles cambios democráticos u otros cambios sociales que difieran ampliamente de sus tradiciones e historias”.

Por lo tanto, según el texto, “mientras Estados Unidos rechaza el desafortunado concepto de dominación global para sí mismo, debemos evitar la dominación global, y en algunos casos incluso regional, de otros. Esto no significa malgastar sangre y tesoro para limitar la influencia de todas las grandes y medias potencias del mundo”.

Estas palabras tienen una clara implicancia para Europa, una que se explicita más adelante, donde el documento declara que EE.UU. debe “cultivar una resistencia” a la trayectoria europea actual, es decir, oponerse y activamente implementar políticas que debiliten el proyecto europeo. A la vez, EE.UU. explícitamente indica que no tiene un interés en ofrecerle a Ucrania membresía en la OTAN. Trump no solamente pierde el interés que ha mantenido EE.UU. durante los últimos 80 años en defender a Europa, sino que señala abiertamente que comparte la visión de Rusia respecto a la amenaza cultural que representa el Viejo Continente.

Dadas estas actitudes estadounidenses, considerando la invocación de una nueva Doctrina Monroe, ¿cómo deben reaccionar los Estados latinoamericanos?

Queda claro que no tenemos el lujo de declararnos no-alineados ni podemos permitirnos alineamientos incondicionales. El desafío radica en preservar espacios de maniobra. Para Chile, eso significa abandonar las categorías rígidas del pasado y adoptar una estrategia exterior más flexible y basada en nuestros intereses.

La asunción de un nuevo Gobierno presenta una gran oportunidad, dado que coincide con un profundo cambio de época en el ámbito internacional. Tomando en cuenta las transformaciones globales, corresponde pensar en otros términos, y sería útil tomar en cuenta por lo menos cinco dimensiones.

Primero, hay que reducir la exposición al riesgo de un mundo cada vez más inestable. Por un lado, China compra más de un tercio de las exportaciones chilenas, mientras que, por el otro, en 2024 Estados Unidos fue la principal fuente de inversión extranjera directa (además de la cooperación en materias de defensa y narcotráfico).

Optar entre los dos países es imposible. Reducir nuestra vulnerabilidad, bajar la exposición al riesgo, pasa por la diversificación, la ampliación de vínculos comerciales y de inversión con India, el Sudeste Asiático, Corea, Canadá, Australia y la Unión Europea.

Es imprescindible, además, revisar los acuerdos de venta de minerales críticos y regular las inversiones en infraestructura sensible según criterios de riesgo. Exponer nuestra infraestructura a la voluntad de empresas extranjeras cuyas motivaciones van más allá del negocio mismo, y que puedan estar vinculadas a objetivos estratégicos de otras naciones, es pan para hoy, subordinación para mañana.

Segundo, debemos reconsiderar nuestra relación con el multilateralismo. El nuevo sistema internacional está dominado por grandes potencias y donde el poder militar y económico fija los procesos de toma decisión. La principal arena para el multilateralismo, la ONU, se ha transformado en un espacio performativo para violadores de derechos humanos, en el cual distintas dictaduras acusan a las democracias de violar el derecho internacional.

Chile, bajo la lógica del antiguo mundo, sigue pensando que la única manera de influir en el mundo es a través del multilateralismo, pues no tiene el peso para hacer figura en las grandes ligas. Pero hay otro camino.

El antiguo multilateralismo debe tomar un giro hacia alianzas más limitadas. Hace más de treinta años que Miles Kahler introdujo el concepto de minilateralismo, donde un número reducido de Estados colabora según uno o un conjunto de intereses específicos compartidos. Siendo grupos más pequeños, enfocados en temas concretos, dichas agrupaciones tienden a ser más flexibles y eficientes. De esta manera, Chile podría coordinar con países como Australia, Brasil y Canadá, además de la Unión Europea, acerca del tema de minerales críticos, negociando nuevos estándares globales de sostenibilidad. Algo parecido puede ocurrir para un sinnúmero de temas, desde la gobernanza de los océanos hasta el cambio climático y el combate contra el narcotráfico.

Tercero, si algo nos han enseñado los últimos cinco o seis años es que Chile requiere instituciones más sólidas para el análisis de riesgo geopolítico, la seguridad económica y la gobernanza tecnológica. Cada vez más, las decisiones que parecen de orden doméstico –desde la dotación de Carabineros y la educación tecnológica hasta la política anticorrupción y la regulación ambiental– deben tomar en cuenta factores de riesgo o influencia internacional.

El mundo avanza, por ejemplo, hacia sistemas de escrutinio de inversiones, regulación de datos como recurso estratégico, y gestión de vulnerabilidad en las cadenas de suministro, todos tomando en cuenta escenarios globales. Tenemos que desarrollar capacidades domésticas propias desde la gobernanza de IA, hasta el fortalecimiento de unidades de prospectiva estratégica que anticipen shocks inesperados del clima, mercados globales, o de precios de commodities. Tal vez incluso ahí sabremos quién quemó el Metro.

Cuarto, hay que reconocer que nuestros procesos productivos están íntimamente ligados al medioambiente. Preocuparse del cambio climático no es “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo”, como sostuvo Donald Trump en la ONU, sino una gran oportunidad económica y geopolítica, y pocos países están tan bien posicionados como Chile para beneficiarse de la transición energética global. El cobre, el litio, la electricidad renovable y el hidrógeno verde ubican al país en el centro de la carrera por la descarbonización.

Si Chile se posiciona como proveedor confiable de minerales críticos y líder regulatorio en hidrógeno verde, tendremos la autoridad y el peso político para una diplomacia climática que va más allá de las declaraciones soñadoras y las buenas intenciones.

Lo anterior apunta al quinto pilar. Tal vez el principal sacrificio que habrá que hacer es abandonar la idea de que Chile es el gran defensor de principios universales en la esfera internacional, estrategia que fue adoptada con tanto entusiasmo por el Presidente saliente. Es evidente que Chile no puede ni debe abandonar su compromiso con las ideas de democracia, el derecho internacional, la defensa de derechos humanos, y un sistema de comercio abierto basado en reglas claras.

Cada uno de estos principios es esencial para nuestra vida republicana y el éxito de nuestra economía. O sea, son principios que nos importan a nosotros. Pero el mundo parece estar alejándose de ellos. Tenemos, entonces, dos opciones: podemos transformarnos en los niños símbolo de un mundo que ya pasó, o aprender a navegar entre nuestros principios y las presiones que vienen de afuera.

Cuando cayó el muro de Berlín todos pensamos que se derrumbarían todos los muros. Nos equivocamos. Necesitamos muros de protección, control, y definición de límites. Pero también puertas amplias, a través de las cuales pasan productos, personas e ideas. De esta manera, Chile no tendría que elegir entre potencias, sino que necesita elegirse a sí mismo. Esto implica adoptar un frío realismo en la defensa de su autonomía y su posición estratégica de largo plazo.

En un mundo definido por la tensión entre gigantes, las potencias medias que prosperan serán las que diversifiquen, colaboren cuando sea necesario, actúen con coherencia e inviertan en su propia fortaleza institucional. (El Mostrador)

Robert Funk