La forma en que todos los partidos han reaccionado ante las nuevas revelaciones del caso Penta amenaza con extender el daño de este escándalo a toda la clase política. Porque de haber existido ilícitos las responsabilidades deben asumirlas los que los cometieron y no sus partidos, la defensa corporativa asumida por los partidos de militantes involucrados muestra una mala forma de solidaridad. La lealtad de los partidos políticos hacia la sociedad debiera estar por sobre la comprensible simpatía que puedan sentir hacia sus militantes involucrados en el escándalo.

Es cierto que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. De ahí que cualquier condena pública como transgresores de la ley a los involucrados sea indebida. Mientras la fiscalía no los impute por delitos específicos, las personas nombradas en la investigación son sólo sospechosos. Incluso después de ser imputados, nadie debe ser considerado culpable hasta que un tribunal así lo determine.

A partir de lo reconocido por varios de los implicados, parte del problema resulta de una falla en el diseño institucional de nuestra democracia. Legalmente, las campañas en Chile se inician 90 días antes de una elección (aunque sólo se puede llamar a votar 30 días antes). Pero antes de que se puedan convertir en candidatos viables, los aspirantes a candidatos deben darse a conocer. En 2013, porque hubo primarias presidenciales el 30 de junio, las campañas se iniciaron mucho antes (en el PDC, que realizó primarias internas para definir a su pre-candidato, la campaña se inició en enero). Porque la ley prohíbe hacer campaña antes, los aspirantes buscan formas creativas de hacerse conocidos y ganar adeptos. El escándalo Penta debiera inducir a legislar para regular cómo se hace campaña para posicionarse antes de que se inscriban las candidaturas.

Otra parte del problema resulta de la complicada legislación que distingue entre financiamiento anónimo, reservado y público. El financiamiento anónimo contabiliza pequeñas contribuciones entregadas directamente a un candidato. El reservado busca proteger a los candidatos de la posible presión de sus financistas. El financiamiento público está pensando para grandes donaciones. El escándalo Penta ha dejado en claro que hay que mejorar la legislación, transparentando y simplificando los procesos. Después de todo, el cortafuego que se buscaba crear con el financiamiento reservado no está funcionando. El Gobierno y la oposición deben diseñar soluciones que se hagan cargo de los poderosos incentivos que tienen los candidatos para buscar financiamiento y los potenciales financistas para apoyar a esos candidatos que promuevan prioridades afines. La reforma de 2003, que reguló por primera vez el financiamiento de campañas, precisa un ajuste mayor, pero no impulsivo ni voluntarista.

Aparte de los efectos judiciales de este escándalo, hay efectos políticos inmediatos independientes de lo que haga la fiscalía. Algunos políticos declararon ante la prensa cosas muy distintas de lo que ahora sabemos. La senadora Ena von Baer declaró ante la prensa no haber pedido dinero a los controladores de Penta. Los correos publicados por la prensa el fin de semana desmienten esa declaración. Puede que lo que haya hecho Von Baer no sea ilegal, pero la senadora mintió. En otros casos, las declaraciones públicas de los políticos se contradicen, con algunos matices, con la evidencia que maneja el Ministerio Público.

En estos casos, los partidos políticos no debieran asumir una defensa corporativa de sus militantes involucrados. No es tarea de los partidos poner las manos al fuego por nadie. Es más, precisamente porque los líderes políticos deben estar sometidos en materias de probidad a estándares más exigentes que el resto de los ciudadanos, los partidos debieran ofrecer a sus militantes la oportunidad de aclarar su situación antes de ofrecer toda su confianza y pretender convertirse en testigos que avalen la buena conducta de los involucrados.

De probarse delitos en el caso Penta, las carreras de algunos políticos se arruinarán. Pero precisamente porque la situación es grave, los partidos no debieran poner en juego su ya dañada reputación. En vez de poner las manos al fuego, los partidos debieran declarar que, precisamente porque valoran su compromiso con la sociedad, darán el espacio a las personas involucradas para que puedan aclarar las dudas.

Si hay imputaciones, los involucrados deberán renunciar a sus cargos, igual como ocurre en el sector privado cuando un alto gerente es imputado por faltar a sus deberes. Lo peor que pueden hacer hoy los partidos es alimentar la generalizada percepción ciudadana de que actúan con la lógica del uno para todos y todos para uno. Si continúan en esa defensa corporativa, la gente confirmará su sospecha de que los partidos están más preocupados de proteger a sus líderes que de velar por el bien de la sociedad. (El Líbero)