El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, propuso masificar el uso de pistolas taser, es decir, que no solo los carabineros tengan la facultad de utilizarlas, sino que también funcionarios municipales y guardias privados.
Y es que a partir de marzo solo los funcionarios policiales utilizarán pistolas taser en casos de violencia intrafamiliar mediante un plan piloto.
Al respecto, Kast defendió que que “urge masificar el uso de taser y armas no letales para la defensa, protección y control activo de la delincuencia no solo para Carabineros, sino también para funcionarios municipales y guardias privados”.
“Hoy, en los Cesfam, en el Metro y en las calles, los delincuentes atacan con cuchillos, realizan turbazos y usan todo tipo de herramientas para atacar e intimidar a las personas, y los guardias apenas se pueden defender. Necesitamos atacar a la delincuencia, no observarla”, agregó.
Por último, el fundador de republicanos señaló que “quien comete un delito, independiente de su contextura, altura o nacionalidad, debe ser reducido, detenido, juzgado y condenado, con todas las herramientas y atribuciones que dispone la ley. Los chilenos vamos a recuperar la paz y la tranquilidad, al costo que sea”. (La Tercera)
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, cuestionó el “espectáculo” realizado por Hamas en la entrega de los cuerpos de los rehenes durante la jornada del jueves, a la vez que condenó el engaño tras uno de estos, que no correspondía a la persona que sería entregada.
Tras la entrega de los cuerpo es que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acusaron a Hamas de una “violación muy grave” de los términos de la entrega de rehenes, y señalaron que el cuerpo de Shiri Bibas no se encontraba entre los cuerpos recibidos.
Según señaló el ministro chileno, “el espectáculo montado por el grupo terrorista Hamas para entregar los restos de los rehenes niños y anciano israelíes, así como el engaño por el cuerpo de la madre, resultan inaceptables y merece todo nuestro repudio”.
El canciller además apuntó que esto corresponde a “una violación más del derecho internacional humanitario”.
El espectáculo montado por el grupo terrorista Hamas para entregar los restos de los rehenes niños y anciano israelíes, así como el engaño por el cuerpo de la madre, resultan inaceptables y merece todo nuestro repudio. Es una violacion más del derecho internacional humanitario.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a través de un video en redes sociales condenó lo ocurrido y señaló que “actuarán con determinación para traer a casa a Shiri junto al resto de los rehenes,tanto vivos como muertos” y para “garantizar que Hamas pague el precio total de esta cruel y atroz violación del acuerdo”.
Hamas, que por ahora no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Israel sobre el hecho de que uno de los cadáveres no corresponda al de Shiri Bibas, reiteró el jueves sus acusaciones y afirmó que tanto los tres miembros de la familia Bibas habían muerto en bombardeos israelíes. (La Tercera)
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) levantó ayer las alarmas al calificar como «preocupante» el resultado del Balance Estructural (BE) en 2024, que llegó a un déficit de 3,2% del PIB; un desvío de 1,3 puntos en relación a la meta de Hacienda, que estaba fijada en 1,9%.
A juicio de la entidad -que entregó su parecer en un informe- el desvío es de una «magnitud extraordinaria» y «acentúa aún más la situación de estrés fiscal».
Es que, según señaló, «supera los promedios históricos de desviaciones del período 2001-2023 en años sin crisis ni eventos extraordinarios».
También, dijo la entidad, el desvío dificulta la convergencia hacia un Balance Estructural de equilibrio, necesario para estabilizar la deuda bruta por debajo de su nivel prudente de 45% del PIB. «Y, más aún -precisó- hacia un BE superavitario que permita reconstruir los ahorros fiscales en el mediano plazo, en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES)».
Por último, el CFA indicó que este incumplimiento «envía una señal desfavorable sobre el compromiso y/o la capacidad del gobierno para cumplir con las metas fiscales y puede erosionar la credibilidad en la regla fiscal».
Tras ese análisis la entidad indicó que el ajuste previsto para este año de 0,2 puntos del PIB; es decir, US$635 millones -y que fue acordado en el Congreso- es insuficiente. Y que se necesita un ajuste que llegue al 0,5% del PIB, equivalente a US$1.554 millones.
En la misma línea, el CFA recomendó medidas de mitigación para el corto plazo, complementarias con una agenda de mediano plazo que el Consejo ha presentado en informes anteriores y que continuará abordando.
Entre estas medidas se encuentran el ajuste del gasto público, la optimización de modelos de proyección de ingresos fiscales, y mejoras en la contabilidad y transparencia fiscal. La respuesta de Marcel Ayer, en la larga conferencia de prensa en la cual el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió los traspasos de Corfo hacia las arcas públicas, fue consultado por el informe que emitió el CFA.
«Cuando informamos de la ejecución presupuestaria del 2024, señalamos que esto fue un desvío significativo de la trayectoria de consolidación fiscal, que es muy importante y urgente corregir. Para eso ya en la discusión del presupuesto 2024 ya se fijó un procedimiento», comenzó señalando el jefe de la billetera fiscal.
«Se concordó -explicó- que para la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, que se presenta en abril, se actualizaría la proyección de ingresos, se actualizaría la proyección de los balances fiscales y en la medida que hubiera un desvío significativo se identificarían las medidas de corrección».
«Nosotros hemos estado trabajando en eso. Para tener esa evaluación tenemos que tener las cuentas nacionales definitivas, que van a estar el 18 de marzo. Tenemos que tener ya los primeros datos de ingresos y gastos de este año, que vamos a tener por lo menos los dos primeros meses del año. Sobre esa base vamos a cumplir exactamente con lo que se concordó en esa oportunidad», especificó también.
«Vamos a tratar de adelantar algunos días la presentación del Informe de Finanzas Públicas -dijo también- para responder a la preocupación de cuáles son las medidas que se van a adoptar. Vamos a tener también el informe del Fondo Monetario sobre las metodologías de proyección de ingreso, asique ahí vamos a tener un panorama bien completo, comprensivo». (Emol)
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acusaron a Hamas de una “violación muy grave” de los términos de la entrega de rehenes, y señalaron que el cuerpo de Shiri Bibas no se encontraba entre los cuerpos recibidos el jueves.
“Durante el proceso de identificación, se descubrió que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas, y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro secuestrado”, dijo el Ejército en un comunicado.
Los cuerpos de sus hijos, Ariel y Kfir Bibas , que tenían cuatro años y nueve meses respectivamente, habían sido identificados, añadió.
Según el patólogo militar, Ariel y Kfir fueron asesinados un mes después de ser tomados como rehenes junto con su madre. El ejército exigió que el cuerpo de Shiri Bibas sea devuelto a su país junto con el de los demás rehenes, aunque no ha especificado un plazo.
Según la evaluación de funcionarios profesionales, agregó el comunicado, y “con base en la información de inteligencia disponible y los hallazgos forenses del proceso de identificación, Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados por terroristas en cautiverio en noviembre de 2023″.
La entrega de los cuerpos de lo que se dijo era Shiri Bibas, sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir Bibas, y Oded Lifshitz, fueron devueltos a Israel el jueves en virtud del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista. Los cuatro fueron tomados como rehenes en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023 y permanecieron retenidos en Gaza desde entonces.
Combatientes encapuchados y armados de Hamas expusieron en un estrado los ataúdes negros que tenían el nombre en hebreo y una imagen de la persona fallecida. Detrás se podía ver una enorme pancarta con una imagen de Netanyahu, presentado como un vampiro sediento de sangre.
Militantes palestinos llevan un ataúd el día en que Hamas entrega a la Cruz Roja a los rehenes fallecidos Oded Lifschitz, Shiri Bibas y sus dos hijos: Kfir y Ariel Bibas, secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 Foto: Reuters
Según el diario El País, la ceremonia tuvo un carácter propagandístico contra el premier ya que destacó -teniendo presente la audiencia israelí- que habían sido secuestrados con vida en el ataque del 7 de octubre de 2023, pero murieron poco después en uno de los bombardeos israelíes en Gaza.
La ceremonia de entrega se realizó en Khan Younis y los cuerpos de Ariel y Kfir Bibas, que tenían respectivamente 4 años y 8 meses al momento de su secuestro, y el de su madre, Shiri Bibas, de 32 años, y de Oded Lifshitz, de 83 años, fueron recogidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que los llevó a las tropas israelíes para que un rabino militar oficiase una ceremonia fúnebre, aún dentro de la Franja.
Netanyahu afirmó el jueves que su país está “enfurecido con los monstruos de Hamas” después de que el movimiento islamista expusiera los féretros.“ Traeremos de vuelta a todos nuestros rehenes, destruiremos a los asesinos, eliminaremos a Hamas y, juntos, con la ayuda de Dios, garantizaremos nuestro futuro”, añadió.
De todos los cautivos, uno de los casos que impactaron a la comunidad internacional fue el de la familia Bibas, cuyo secuestro quedó registrado en un video en el que se veía a una joven madre aterrorizada que sujetaba a dos niños pelirrojos, rodeada de militantes armados de Hamas. A medida que el video se difundía rápidamente por todo el mundo, el menor de los hijos, Kfir, de nueve meses, y Ariel, de cuatro años, se convirtieron en símbolos del secuestro de niños.
Shiri nació y creció en el kibutz Nir Oz; sus padres, Margit y Yossi Silberman, habían emigrado a Israel desde Argentina. En 2012 conoció a Yarden Bibas a través de un amigo en común, David Cunio, que también fue secuestrado el 7 de octubre y todavía se encuentra detenido en Gaza. La pareja se casó en 2018 y su primer hijo, Ariel, nació el verano siguiente.
Según indicó el periódico, cuando las sirenas empezaron a sonar en las primeras horas de la mañana del 7 de octubre, Shiri y Yarden llevaron a los niños a su habitación segura. Yarden envió una foto de los niños a su hermana, Ofri, con el texto: “Aquí vamos de nuevo”. Los dos siguieron comunicándose durante las siguientes horas. Alrededor de las 9:45 a.m. Yarden envió dos mensajes de texto a sus padres y hermana: uno diciendo que los amaba y otro con su mensaje final: “Los terroristas están aquí”. Sin que ellos lo supieran en ese momento, los padres de Shiri fueron asesinados por terroristas de Hamas ese día.
“Toda la familia fue tomada como rehén, aunque Yarden fue separado de su esposa e hijos y llevado a Gaza en la parte trasera de una motocicleta. Horas después de su secuestro, Hamas publicó el ahora famoso video de Shiri llevando a los dos niños en sus brazos mientras está rodeada de terroristas. En febrero, las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron otros dos videos cortos de unos días después de su secuestro, en los que se puede ver a hombres armados obligando a Shiri y a los niños a subir a un vehículo. Según el Ejército israelí, los tres fueron tomados como rehenes por el grupo militante Kataib al-Mujahideen, mientras que Hamas se llevó a Yarden”, añadió el diario.
En otro video publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel se muestra el momento en que Yarden Bibas se encuentra con su padre y su hermana en una instalación del Ejército cerca de Re’im, tras 69 semanas cautivo. En las imágenes se ve a Yarden abrazando a su padre, Eli, y su hermana Ofri. “Eres dulce, tu humor se mantuvo”, se escucha a Eli decirle a Yarden, citó el portal Infobae.
Yarden Bibas, un rehén retenido en Gaza desde el mortal ataque del 7 de octubre de 2023, es liberado por militantes palestinos de Hamas como parte de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes por prisioneros entre Hamas e Israel, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 1 de febrero de 2025. Foto: Reuters
Haaretz dice que los rumores sobre el destino de Shiri, Ariel y Kfir han circulado durante meses, especialmente después de que no fueran devueltos durante el primer acuerdo de alto el fuego de rehenes en noviembre de 2023, cuando todos los demás niños fueron liberados del cautiverio de Hamas.
Israel nunca proporcionó una declaración definitiva sobre su destino, pese a la afirmación de Hamas de que Shiri y sus hijos murieron en un ataque aéreo israelí en Gaza y de que el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, expresó » graves preocupaciones por su seguridad” durante una conferencia de prensa en febrero.
Incluso cuando Hamas anunció que sus cuerpos serían devueltos como parte de la primera etapa del actual acuerdo de liberación de rehenes, no se realizó ninguna verificación independiente.
484 días después de que lo tomaran como rehén, Yarden fue liberado como parte del actual acuerdo de alto el fuego.
Oded Lifshitz tenía 83 años cuando fue capturado junto a su esposa, Yocheved, por terroristas de Hamas en su casa, que fue quemada, en el kibutz Nir Oz,
Yocheved fue una de las dos rehenes ancianas liberadas después de 17 días, incluso antes de que se firmara el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2023. Oded cumplió 84 años en cautiverio, lo que lo convirtió en uno de los rehenes de mayor edad que permanecían en cautiverio después de que se liberara a la primera ronda de rehenes, principalmente mujeres y niños.
La familia solo recibió una señal de vida de su querido padre y abuelo durante su prolongado cautiverio. El día 53, la rehén liberada Ada Sagi regresó a Israel y dijo haber visto a Oded en cautiverio. Desde entonces no tenían noticias. (La Tercera)
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió este jueves a defender la operación financiera de 2023 cuando su cartera ordenó a Corfo traspasar al Tesoro Público US$3.500 millones con el fin de utilizar en gastos corrientes, políticas públicas y lograr cumplir las metas fiscales de ese año.
Cerca de US$2.000 millones fueron solicitados en febrero de 2023 y provenían de ingresos de los excedentes del litio. Otros US$1.500 millones fueron solicitados en noviembre de ese año de recursos que Corfo ya tenía invertidos en activos financieros.
Contraloría abrió una investigación especial para determinar si se afectó el patrimonio de Corfo.
Marcel respondió que cuenta con las atribuciones legales para pedir esos fondos extraordinarios y que no se afectó el capital de Corfo. Además dijo que se evitó el endeudamiento del Estado ya que no fue necesario recurrir a préstamos internacionales.
“Junto con permitir el pleno cumplimiento de las metas fiscales del 2023, estas operaciones fueron ampliamente convenientes para el sector público, porque permitieron evitar elevar el endeudamiento, evitar aumentar el pago de intereses y evitar un deterioro en el patrimonio fiscal”, afirmó.
“Si en lugar de este traspaso de excedentes desde Corfo por US$ 3.400 millones, el fisco se hubiera endeudado por la misma cantidad, en bonos a 10 años plazo, lo que habría ocurrido es que la deuda pública habría aumentado, esa deuda adicional habría dado lugar a un flujo de pago de intereses del orden de US$215 millones anuales, y el Estado, como un todo, habría experimentado una pérdida patrimonial”, dijo.
A su turno, la directora de Dipres, Javiera Martínez, afirmó que es una confusión decir que los recursos de Corfo fueron a las arcas fiscales “porque la Corfo es parte de las arcas fiscales, el patrimonio de Corfo es parte del gobierno central”.
Créditos de Corfo. En las mismas fechas que Corfo traspasaba fondos al erario público, la institución debió solicitar créditos internacionales para obtener financiamiento para uno de los proyectos principales del gobierno: el impulso de la industria del hidrógeno verde en Chile.
En el sitio web de la institución se informa de un crédito de US$400 millones aprobado en junio de 2023 por el Banco Interamaricano de Desarrollo BID. Organismo internacional donde el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente trabajó hasta 2022.
“El apoyo del BID en este desafío es fundamental. Hemos acordado un mecanismo de financiamiento que apoyará la estrategia de descarbonización y el modelo de desarrollo productivo sostenible que nos hemos impuesto como país. Serán recursos que destinaremos para financiar proyectos de H2V”, afirmó Benavente en enero de 2023.
Según se informa en el sitio del BID, “el préstamo aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, de US$400 millones es la segunda operación de crédito en el marco de la línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), por US$1000 millones, para la productividad y el desarrollo sostenible en Chile”.
“Tiene un plazo de amortización de 24 años, un período de gracia de seis años y medio, y una tasa de interés basada en Secured Overnight Financing Rate (SOFR)”.
El financiamiento se suma a otros préstamos internacionales conseguidos por Corfo como uno del Banco Mundial. En junio del 2023 el directorio del organismo aprobó un préstamo de US$ 150 millones para incentivar la inversión en proyectos de hidrógeno verde en Chile.
En la misma línea el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, organismo al que Chile acaba de integrase como accionista clase A, también autorizó un préstamo por US$ 80 millones a Corfo para el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde.
Anuncio de Marcel. En una actividad realizada el 19 de junio de 2023, Marcel junto a los ministros de Economía Nicolás Grau, y de Energía Diego Pardow, presentaron junto a Corfo la creación del fondo “facility” financiero para catalizar la inversión privada en proyectos H2V.
Corfo informó que se dispondrá inicialmente de US$ 1.000 millones y se financiaría con préstamos y aportes de organismos internacionales y la Unión Europea (UE), más recursos adicionales de la corporación.
A los préstamos del BID y el Banco Mundial se sumarán créditos por US$ 100 millones del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) y otros por US$ 109,67 millones desde el Banco Europeo de Inversiones (BEI). A ello se añaden los USD$ 16,45 millones del fondo de inversión para América Latina de la Unión Europea y US$ 830 mil de asistencia técnica de la UE para apoyar la implementación.
“No hay contradicción”. En sectores de oposición llamó la atención que si Corfo tenía excedentes y patrimonio, tanto en recursos del litio como en inversiones, haya solicitado créditos para los proyectos de hidrógeno verde.
Afirman que Hacienda logró evitar mostrar un desbalance fiscal ese año, pero al mismo tiempo la corporación estatal sí debió endeudarse.
Consultados en Hacienda, respondieron que “la Corfo al igual que múltiples servicios públicos tienen autorización para suscribir créditos con organismos multilaterales, cuyo objeto es acceder a financiamiento, pero acompañado de asistencias técnicas y procesos colaborativos de políticas públicas”.
“A pesar de que Corfo tiene los recursos para desarrollar esta iniciativa por sí mismo, se optó por esta figura de manera de hacer más atractiva la oferta a inversionistas extranjeros. El monto de esta operación aún no está consolidado, pero se estima que el total ascienda a cerca de US$1.000 millones en los próximos años”.
“En consecuencia, lo planteado por el ministro Marcel no es contradictorio con el préstamo suscrito por Corfo, ya que el objetivo de política de ambas alternativas son diferentes”.
Oficio de la UDI. La bancada de la UDI, representada por los diputados Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso, ingresó un oficio en el Ministerio de Economía para que aclaren sobre los préstamos y financiamiento externo solicitados por Corfo.
Piden la justificación económica de los mismos y “la documentación que respalde la necesidad financiera de Corfo para adquirir los préstamos” y “si se evaluó o no dicha necesidad a la luz de los ingresos provenientes de la renta del litio y del patrimonio de la institución, ya que, según los antecedentes analizados, Corfo no presentaría problemas de liquidez o financiamiento que justifiquen tales operaciones de crédito”.
La polémica sobre los confusos traspasos de US$3.500 millones de dólares que realizó en 2023 el gobierno del Presidente Boric desde Corfo hacia el erario público para cubrir la baja en ingresos fiscales buscaba evitar que el país tuviera que endeudarse más. Si bien todavía no están claros los detalles de esa decisión, es inevitable que la opacidad con la que actuó el gobierno alimente dudas sobre cómo van a actuar futuros gobiernos con las cotizaciones de los trabajadores que vayan a manos del Estado cuando se comience a implementar la reforma de pensiones.
Si el Ministro de Hacienda no trepidó en echar mano al dinero que estaba en las cuentas de Corfo para tapar el hoyo del gasto fiscal que aumenta más rápido que los ingresos, hay buenas razones para anticipar que futuros gobiernos actuarán con igual pragmático descaro para tapar nuevos hoyos fiscales, pero echando mano a las cotizaciones que presumiblemente «prestan» los trabajadores para que el Estado las utilice para mejorar las pensiones de los actuales jubilados.
Es imposible no tener dudas sobre por qué el gobierno no manejó con mayor transparencia y de mejor formal la polémica que se ha producido por el traspaso al erario público de una enorme cantidad de dinero que estaba en las cuentas de Corfo en 2023. El monto del traspaso equivale a más del 1% del PIB nacional. Esos 3.500 millones de dólares equivalen a un 7,0% del gasto público en 2023. No es una trivialidad.
Tanto las acusaciones de algunos líderes de la oposición como las explicaciones que hasta ahora ha dado el gobierno generan más dudas que clarificaciones. ¿Por qué la oposición no se dio cuenta de esto antes si los datos eran públicos? ¿Cómo pudo fallar tanto la capacidad fiscalizadora de la oposición en el Congreso y de los think-tanks asociados con los partidos de oposición?
A su vez, si todo esto es solamente un procedimiento normal que hizo el gobierno del Presidente Boric, emulando lo que habían hecho gobiernos anteriores, ¿por qué el Ministro de Hacienda Mario Marcel tuvo que apurar el regreso de sus vacaciones? Si esto era normal, ¿por qué el gobierno no transparentó y explicó de mejor forma este supuesto traspaso que sólo buscaba proteger los intereses del fisco y evitar que el país se endeudara más? Para empeorar las cosas, es imposible no recordar que hace un tiempo, Marcel, en una declaración de la que ahora seguramente se arrepiente, dijo que Javiera Martínez era la mejor directora de presupuesto que había tenido el país.
Las ponderadas declaraciones que han ofrecido ex directivos de la Corfo sobre las inusuales particularidades de esta transferencia de recursos que ocurrió en 2023 alimentan también las dudas que los líderes de oposición hábilmente han estado sembrando en estos días. Es de esperar que la investigación que está iniciando la Contraloría aclare lo que ocurrió y establezca si existen responsabilidades legales y penales por las decisiones que se tomaron.
Pero las implicaciones políticas de este escándalo van por un carril distinto. Hasta ahora, la confusa información que existe no permite exculpar ni inculpar a nadie. Pero es evidente que el gobierno, una vez más, demostró incapacidad para manejar la crisis y controlar la agenda política. Al igual como ha pasado con varias crisis anteriores, el gobierno se ha visto confundido y sobrepasado por las noticias, filtraciones y revelaciones sobre lo que presumiblemente ocurrió cuando se produjo esta transferencia de recursos.
Para muchos en el gobierno, se acabaron las vacaciones de verano. Para la oposición, se abre una nueva ventana de oportunidades para dispararle al gobierno por sus errores, omisiones y mal manejo de la billetera fiscal. Pero para el resto del país, esta polémica invita a pensar sobre el riesgo que implica confiarle al gobierno el manejo de un fondo de pensiones financiado con el préstamo obligado que deberemos hacer todos los trabajadores formales por las próximas décadas al gobierno para financiar el componente solidario para los jubilados actuales.
La facilidad que tuvo el gobierno de Boric para echar mano, en 2023, a los ingresos adicionales que recibió Corfo producto de los altos precios del litio en ese tiempo son una valiosa advertencia respecto a cómo se comportarán futuros gobiernos ante la tentación de echar mano al dinero acumulado en ese fondo de «préstamo» de las cotizaciones mensuales de los trabajadores chilenos.
Como bien dijo Marcel, cuando se trata de cuidar el patrimonio fiscal -queriendo decir que cuando se trata de tapar los hoyos del déficit fiscal efectivo- no hay ningún dinero que pueda estar seguro del voraz apetito de cualquier gobierno para financiar más gasto público. En vez de aceptar la realidad y disminuir el gasto cuando disminuyen los ingresos, el gobierno de Boric decidió gastarse el dinero que estaba destinado para otros objetivos. Esto sienta un mal precedente sobre cómo se manejarán los dineros del «préstamo» de los trabajadores al fondo de pensiones que estará en manos del Estado cuando se empiece a implementar la reforma previsional. (El Líbero)
No es fácil vivir coherentemente mi mantra “el optimismo es un deber cívico irrenunciable”. Algo que puede ayudar es diferenciar entre el bosque y el árbol y saber que si el árbol no nos deja ver el bosque, este, a veces no nos permite ver el árbol.
Si solo miramos el bosque, la visión ciertamente no es buena. En efecto, varios fenómenos nos han replegado a un lugar muy distante del que habíamos soñado: llegar a ser un país desarrollado, eliminar la pobreza y consolidar una creciente clase media, aún muy frágil.
El gobierno de la Nueva Mayoría —con su abandono del crecimiento como objetivo, de la superación de la pobreza como meta y su reemplazo por el intento de establecer un régimen igualitarista de carácter socialista radical— interpuso en el camino obstáculos difíciles de superar. Su reforma tributaria afectó gravemente la inversión y el crecimiento de la economía; la reforma educacional, en aras de mayor igualdad, dañó severamente los liceos emblemáticos, que eran la única vía de movilidad social en las élites; los cambios al sistema político nos tienen con los actuales problemas de gobernabilidad debido al multipartidismo que engendraron.
Más tarde, la violencia de octubre de 2019 y la complicidad frente a ella de quienes hoy gobiernan y el apoyo institucional que se le otorgó, con homenajes a la primera línea en el Congreso Nacional, indultos y pensiones de gracia para quienes la instigaron o perpetraron, más los intentos de imponer una Constitución —que dañaba en el corazón los principios de la democracia representativa y la existencia de una nación— terminaron por crear la incertidumbre que nos afecta.
Sin embargo, en medio de este cuadro, a veces tan negro, hay árboles frondosos creciendo por todos lados que no siempre valoramos.
Hace unos años escribí una columna sobre las deficiencias de los sistemas de salud primaria en un pueblo rural chilote. Hoy volví a esa misma posta cuya precariedad me había angustiado. De un año para otro ya no estaba la paupérrima instalación de entonces, sin profesionales propiamente calificados para atender. En vez, un nuevo y espléndido edificio de arquitectura moderna, pero aires chilotes, y ahí, diferentes secciones para atención general, ginecológica, dental, salud mental y otras.
A cargo del establecimiento, una joven graduada de Tens, educada, bien tenida, amable y eficiente, que reconocí como la hija de una pareja del pueblo muy pobre y con bajos niveles educacionales, y una de tres hermanas profesionales. Como no era uno de los dos días de la semana en que asiste un médico, y tras un riguroso examen a la paciente, organizó una conexión virtual con una doctora en Santiago del Ministerio de Salud, quien constató la información de la técnica en enfermería, diagnosticó y medicó.
Pues bien, sería una deshonestidad intelectual imperdonable no concluir que en el tema de la salud hay muchos más ángulos que el problema de las listas de espera y que hemos vivido un enorme progreso en la atención primaria a nivel nacional, un aumento del capital educacional, movilidad intergeneracional sin precedentes y una disminución de la pobreza que explican el aumento significativo de las esperanzas de vida de los chilenos.
Es así que en 1970 podíamos esperar vivir 60 años en promedio (teníamos la mortalidad infantil más alta de Latinoamérica después de Paraguay) y en la actualidad las expectativas son 83 (y 6 años más en promedio para las mujeres). Lo bueno de estas cifras es que significan que las mejorías benefician por sobre todo a los más pobres, que son quienes carecían de atención primaria de salud.
Ahora, esto no debe llevar a olvidar que el vaso también está semivacío: no hay en Chiloé hospitales de especialidades, hay mayores niveles de precariedad económica, más trabajos informales y acceso a la educación difícil y limitado. (El Mercurio)
En cualquier sociedad que aspire a la estabilidad y al progreso el respeto al Estado de derecho y la disciplina fiscal son pilares fundamentales. No hay desarrollo posible sin un orden jurídico claro ni prosperidad si el gasto público se maneja con opacidad y descontrol. Sin embargo, el gobierno de Gabriel Boric ha demostrado en dos escándalos recientes -la toma de San Antonio y los traspasos de Corfo- que su compromiso con estos principios es prácticamente inexistente. Estas situaciones, aunque distintas en su origen, exponen la misma falencia: el debilitamiento de las normas que garantizan la convivencia y la estabilidad del país.
La toma de San Antonio es un reflejo del abandono del Estado de derecho en Chile. Desde 2019, más de 10.000 personas han ocupado ilegalmente terrenos privados en el cerro Centinela, lo que representa a todas luces una usurpación, frente a la cual el gobierno se ha mostrado indiferente. A pesar de que la Corte de Apelaciones ha ordenado el desalojo, el Ejecutivo sigue sin aplicar la ley con claridad y determinación. El problema no es la dificultad del desalojo, sino la inacción del Estado durante años, que permitió que la ocupación creciera sin control. Si la ley se hubiera aplicado desde un inicio, hoy no existiría este dilema. La falta de acción generó una situación en la que los derechos de los propietarios han quedado subordinados a la presión de los ocupantes, socavando la base misma de la convivencia: el respeto a las reglas.
No se trata sólo de la propiedad privada, sino también de la confianza en las instituciones. Cuando el Estado permite que una ocupación ilegal se mantenga sin consecuencias, transmite la idea de que el cumplimiento de la ley es relativo, sujeto a la conveniencia del momento. Esto no sólo incentiva nuevas tomas, también introduce un elemento de arbitrariedad que mina la credibilidad del sistema en su conjunto. ¿Qué sentido tiene respetar la ley si el propio Estado la ignora cuando le resulta incómoda? Si la política habitacional se diseña en función de quienes ejercen mayor presión y no desde un criterio de justicia, el resultado será más conflictos, más incertidumbre y una sociedad donde los derechos ya no dependen de la norma, sino de la fuerza con que se exijan.
El mismo patrón de falta de responsabilidad se repite en el escándalo financiero de Corfo. En 2023, el Ministerio de Hacienda solicitó a Corfo la transferencia de 3,4 billones de pesos, de los cuales 1,5 billones provinieron de la liquidación de activos de la corporación. Esta maniobra permitió alterar artificialmente las cifras del déficit fiscal, ocultando el verdadero estado de las cuentas públicas. En lugar de reconocer su desorden financiero y ajustar el gasto, el gobierno optó por una estrategia que no sólo es cuestionable desde el punto de vista de la transparencia, sino que puede constituir una infracción a la Constitución y a la ley.
El problema se muestra aún más grave cuando se considera el contexto en el que ocurre. Chile no está atravesando una crisis extrema que justifique medidas de emergencia en las finanzas públicas. Sin embargo, el gobierno ha gastado con una ligereza alarmante, como si los recursos del Estado fueran inagotables. La venta de activos de Corfo para tapar el déficit compromete la estabilidad fiscal y refleja una mentalidad cortoplacista que ignora las consecuencias futuras. Un Estado que gasta irresponsablemente en tiempos de normalidad no tendrá herramientas cuando enfrente una verdadera crisis.
Ambos casos, la toma de San Antonio y los traspasos de Corfo, revelan un mismo problema de fondo: un gobierno que no tiene un compromiso real con los principios que hacen prósperas a las naciones. En un caso, no se hace cumplir la ley cuando se trata de la propiedad privada; en el otro, se manipulan los números para encubrir una crisis fiscal. Lo que debería ser innegociable -el respeto de la legalidad y la prudencia en la administración de los recursos- se ha convertido en meros detalles secundarios dentro de una gestión que prioriza la conveniencia política por sobre la institucionalidad.
El deterioro del Estado de derecho y la disciplina fiscal no sólo un problema de gestión, sino, por sobre todo, una amenaza para el futuro de Chile. Un país donde la ley se aplica de manera selectiva y donde las finanzas públicas se manejan con opacidad es un país condenado a la decadencia y la ruina. Las reglas son lo que permite que una sociedad funcione con estabilidad y previsibilidad; cuando se destruyen, el resultado es el caos y la incertidumbre. Mientras Gabriel Boric siga gobernando con esa lógica, Chile seguirá debilitándose.
El país necesita un giro urgente hacia la responsabilidad y el respeto a sus propias normas, porque lo que está en juego no es un simple conflicto local o una cifra en el presupuesto: es la viabilidad misma del país como una nación ordenada y próspera. (El Líbero)
El gobierno manifiesta su adhesión ideológica al antiguo allendismo no solo en su invocación, sino en la imitación de las conductas más radicales y dañinas que caracterizaron a ese régimen. Partieron por el intento de destruir las instituciones de la República en la Convención Constitucional, de la que el país se libró con un apabullante rechazo. La gestión política del boricismo siguió adelante y ya que no pudieron reformar la Constitución, la incumplen. Solo tres ejemplos lo demuestran. En primer lugar, el vínculo y sumisión al Partido Comunista, cuya vocación revolucionaria e inconstitucional se reveló en la violencia octubrista de 2019. Luego, en la obstrucción sistemática de las inversiones por los servicios encargados de revisar y otorgar los permisos para la puesta en marcha y funcionamiento de industrias y emprendimientos, liderados por grupos ultramedioambientalistas, que vulneran el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas. Y, finalmente, el rasgo de mayor gravedad está constituido por el incumplimiento de las sentencias de desalojo dictadas por nuestros tribunales de justicia. En el gobierno de Allende, los fallos quedaban sin cumplir. En el actual ocurre lo mismo. Aquí nos detendremos.
En las tomas de terrenos privados, el desapego a la Constitución y a las garantías que esta establece es alarmante. Queda despreciado el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, el derecho a un debido proceso y la obligatoriedad de cumplir lo ordenado por la justicia, la no discriminación arbitraria en materia económica que debe dar el Estado y sus organismos, y el derecho a usar, gozar y disponer de sus bienes. Todas son letra muerta cuando se trata de avalar las usurpaciones y desacatar lo resuelto en repetidas sentencias. El Minvu, en un catastro de 2024, reveló un aumento de más de 30% de terrenos tomados desde que se inició el gobierno de Boric, tanto en La Región Metropolitana como en Valparaíso, Biobío y Antofagasta. En la mayoría de ellas se alojan inmigrantes irregulares y crimen organizado. La información oficial indica que actualmente existen 130 mil personas que habitan 1.432 campamentos. Al interior de estos lugares se han cometido crímenes abominables como la tortura y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. En la toma de San Antonio, está acreditado que se trata de una verdadera urbanización, con calles y topografía, organización logística y comodidades, lo que muestra que existen inversionistas desconocidos que pusieron capital, desarrolladores de proyectos urbanísticos, maquinaria, empleados y obreros, sitios perfectamente demarcados y negocios inmobiliarios con escrituras y falsas inscripciones de dominio. Así actúa el crimen organizado. Pero, el ministro Montes ha calificado el problema de los desalojos, “ante nada, como humanitario”. De este modo, el fallo ordenando el desalojo no se cumple y el señor ministro, aunque el olor a pólvora de esos campamentos llegue hasta sus oficinas, vulnera la Constitución en perjuicio de la sociedad. (La Tercera)
Las bajas tasas de fertilidad son un problema en casi todo el mundo. Hay, sin embargo, reveladoras diferencias en las trayectorias de los países, como plantea Claudia Goldin, premio Nobel de Economía de 2023, en su último trabajo. Por un lado, hay un conjunto de países desarrollados que ya en los 70 estaba por debajo de la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer), como EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Dinamarca. En un segundo grupo, la fertilidad se mantuvo bastante alta hasta entrados los 90, para caer fuerte después: Grecia, España, Portugal, Italia, Corea y Japón. Lo interesante es que la caída en la fertilidad fue mucho más abrupta en el segundo grupo: en promedio están hoy bajo los 1,3 hijos por mujer, bastante menos que los 1,6 en el primer grupo.
¿Por qué allí donde la fertilidad comenzó a caer más tarde terminaron con menos hijos? La razón, según Goldin, estaría en la velocidad con que los países accedieron al desarrollo económico. En el primer grupo el crecimiento económico fue más o menos sostenido durante todo el siglo XX, mientras que en el segundo hubo estancamiento hasta 1950, seguido de un muy rápido crecimiento. En ambos grupos el desarrollo volvió atractivo el mercado del trabajo para las mujeres. Pero ahí donde este fue gradual y continuo, las normas sociales se fueron ajustando con las generaciones, resultando en una mejor distribución del cuidado de los hijos entre hombres y mujeres. En cambio, en los países que se desarrollaron abruptamente, hubo poco tiempo de ajuste a las normas de género tradicionales.
Como ejemplo, según WVS, en estos países en promedio el 40% de la población cree que los hijos sufren si la madre trabaja, comparado con 20% en el primer grupo. En palabras de Goldin, los países del segundo grupo fueron “catapultados a la modernidad, pero las creencias, valores y tradiciones de sus ciudadanos cambiaron más lentamente”. Es comprensible, entonces, que esas mujeres, con poco apoyo masculino, opten tanto por trabajar menos como por tener menos hijos.
Aunque Chile no está en el estudio de Goldin, sin duda estaría en el segundo grupo. Según los datos de la ONU, a mediados de los 70, cuando los países del primer grupo ya estaban bajo el umbral de 2,1, las mujeres en Chile aún tenían más de tres hijos; pero mientras desde entonces la fertilidad apenas ha bajado en los países con caídas más precoces, nosotros hoy vamos en el crítico nivel de 1,2. La tesis de Goldin cuadra bien con nuestra historia: el rápido crecimiento económico de las décadas recientes nos catapultó a la modernidad sin darnos tiempo para ajustar nuestras normas. Según WVS, de hecho, en Chile el 53% cree que los hijos sufren si la madre trabaja.
Es posible que este sea solo uno de muchos desajustes producidos por nuestra abrupta modernización. Tal vez el recambio generacional vaya reformando las creencias hacia una distribución más igualitaria del trabajo doméstico; tal vez el peso de la realidad haga lo suyo y no sea necesario esperar tanto. Como sea, ¿podremos revertir la caída en la fertilidad o estaremos condenados a envejecer igual de abrupto? (El Mercurio)
