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AFP’S: «El CAC gastará el 10% del total de gastos de las AFP»

Todos los ojos están puestos en la reforma al sistema de pensiones, que comenzó su trámite legislativo la semana pasada, sin embargo, hay algunos más atentos que otros. Entre ellos los actores de la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En un encuentro organizado por Diario Financiero, el gerente general de PlanVital, Alex Poblete, el presidente del directorio de Capital, Juan Carlos Jobet, y el gerente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, discutieron acerca de la iniciativa del gobierno, donde coinciden en que se necesitará calma para legislar, ya que “los tiempos que hoy están puestos pueden ser demasiado cortos” para aprobar una reforma tan compleja como la previsional.

URGENCIA DE LA REFORMA

De todos modos, Juan Carlos Jobet explica que una cosa es tomarse los tiempos necesarios y otra la urgencia de que se avance en una reforma de pensiones. “Tenemos que ser capaces, todos los actores, especialmente los políticos, de poner el foco más allá de la elección presidencial, proyectar esto más allá de diciembre. Ser capaces de llegar a un acuerdo porque esta es una reforma que hay que abordar de manera urgente”.

Por su parte, Fernando Larraín señala que “nos preocupa el grado de velocidad de la discusión porque este es un proyecto complejo, tiene hartas páginas, harto articulado, harta letra chica y acá se requiere estudiarlo. Con la reforma pasada (2008) nos demoramos dos años en el Congreso. Creer que podemos discutir una reforma de esta magnitud en 10 o 15 días no es trivial”.

“El momento es complicado, poder sacar la discusión de la coyuntura política es complejo y eso puede dañar justamente el buen desarrollo de este proyecto”, dice Alex Poblete.

“Un proyecto de esta magnitud es muy difícil que pueda ser aprobado en un periodo tan corto, sobre todo considerando que en un largo tiempo no ha existido consenso sobre muchas cosas”, agrega el ejecutivo.

COMPONENTE DE REPARTO

Por su parte, el destino del 2% de cotización al pago de pensiones actuales sigue generando las principales críticas de la industria. Para Larraín, “aquí hay un tema de expectativas, porque los trabajadores van a sentir que están entregando el 5% y la verdad es que a su cuenta personal no va a ir el 5%”.

Agrega además que el aumento de 20% de las pensiones hoy también genera un problema de expectativas, “porque ese aumento es para un grupo, no es para los 600 mil que reciben la Pensión Básica, ni para los que cotizaron en el sistema antiguo. El beneficio es para menos de la mitad de los pensionados”.

Para Poblete además este es un tema donde aún hay muchas diferencias, e insiste en que “para nosotros ese 2% le pertenece al trabajador. Se está generando por su esfuerzo y por su trabajo, por lo tanto, no es factible que a una persona se le quite su ahorro… La clase media va a ser la más afectada por contribuir y no recibir”.

En eso coincide Jobet, para quien la decisión de recurrir a las cotizaciones para aumentar las pensiones actuales está en la situación fiscal. “No es una razón técnica, es que no hay plata en las arcas fiscales, esa es la razón de verdad”.

BENCHMARK

Lo que sí celebran desde las AFP es que el gobierno finalmente no incluyera la idea del Benchmark en el proyecto. “Si uno mira la historia se puede ver que si hubiese habido diferentes benchmark los resultados hubiesen sido mucho peores de lo bueno que han sido”, dice Poblete.

“Siempre dijimos que el benchmark era una mala idea. El gobierno se dio cuenta que hacer un diseño de portafolio de referencia que funcionara técnicamente y que no tuviera efectos adversos en el retorno de los fondos era imposible”, agrega Jobet.

Y en eso coincide Larraín, para quien “no hay ninguna combinación de benchmark que lo hubiera hecho mejor que las AFP. Esto parte en un supuesto que es que las rentabilidades que han obtenido los fondos de pensión no han sido buenas, cuando bajo todos los estándares sí lo han sido”.

EFECTOS EN EMPLEO: RIESGOS DE INFORMALIDAD

El empleo fue el gran tema de la semana pasada en torno a la reforma. Y en este punto las AFP apuntan que uno de los principales riesgos es la informalidad que tiene el componente de reparto del proyecto.

Juan Carlos Jobet dice que «cualquier medida que aumente el costo de contratación tiene efectos en el empleo. Ahora, si es que el destino de esa cotización es el reparto versus la cuenta individual, hay un riesgo de informalidad».

«En una reforma de pensiones el efecto en el empleo es una variable de primer orden. Esto es un síntoma de que hay que hacer esto con calma, estudiando los detalles», agrega.

Larraín agrega que «el mercado laboral es espejo del sistema de pensiones, por lo tanto, creer que uno va a hacer una reforma y que ésta no va a tener impacto no es realista. Habrá impacto, el tema es la magnitud y la profundidad de los efectos».

LIBERTAD DE ELECCIÓN DE FONDOS SE HA USADO MAL ALGUNAS VECES

Uno de los puntos más polémicos de la reforma de pensiones corresponde a las limitaciones para cambiarse de fondo, donde la propuesta aumenta de cuatro a diez días el desfase una vez tomada la decisión del afiliado y solo podrá ser al adyacente.

Jobet señala que si bien cree que «como principio general, hay que dejar que los afiliados elijan, la evidencia de los últimos años muestra que la capacidad de elegir fondos se ha usado en muchos casos mal. A mí me parece que si la inspiración de los multifondos es que la gente esté en el ciclo de vida en el fondo que corresponde cambiarse de manera más gradual al fondo adyacente menos veces en el tiempo tiene sentido». Punto que no comparte el gerente de Planvital, quien es partidario de que «las personas tengan la capacidad de decidir en qué fondo estar. Están evitando mi posibilidad de cambiarme a un fondo más riesgoso.

Para Poblete, este no es el camino, «hay que atacar el problema por el lado de la educación a las personas para que tomen las decisiones correctas». Pero en lo que sí coinciden los representantes de la industria es en que la idea de que se aumente a 20 años el periodo que las personas no pueden estar en el Fondo A resulta exagerada. «Nos parece algo conservador que veinte años antes de la edad de jubilación tengas que estar en el fondo A, teniendo en cuenta que cada vez más las personas van a ir postergando jubilación», dice Larraín.

CONSEJO DE AHORRO COLECTIVO

Desde que el gobierno señalara la popular frase «ningún peso más irá a las AFP», en la industria criticaron la creación de una nueva entidad que administre los cinco puntos de cotización adicional que plantea la reforma, hoy bautizado como Consejo de Ahorro Colectivo. Ellas, aseguran, lo harían gratis y sin costos agregados.

De acuerdo a lo informado por el gobierno, el aporte fiscal para poner en marcha el nuevo administrador será de US$ 150 millones en tres años, presupuesto que ya es visto como «excesivo» por parte de la industria.

Para Alex Poblete, «desde el punto de vista técnico, no se ve ninguna razón para que las AFP no puedan administrar este 5%. Una de las especialidades, y algo que han hecho muy bien las AFP en 36 años, es justamente administrar los recursos de los afiliados. En cambio, la creación de un ente distinto, sin experiencia, donde van a existir costos no es compatible con buscar la eficiencia del sistema.

«Además para qué», dice Jobet, quien agrega que «Entiendo que la gente que está en posiciones políticas diga que si las AFP administraran el ahorro adicional es impopular, soy capaz de entender eso, pero honestamente uno esperaría que quienes están tomando esas decisiones no se deje llevar por eso, sino que tome una definición racional. Yo hasta el momento no he oído ninguna razón técnica ni racional por la cual hay que crear este ente estatal».

COSTOS DEL CONSEJO

Mientras que sobre el costo específico del Consejo, el gerente general de Planvital -hoy la AFP más barata del mercado-, dice que llama la atención. «Sobre todo porque en un principio se dijo que no iba a tener costo».

Agrega que «si uno ve los resultados de la industria en términos de gasto en 2016, se aprecia que los gastos conjuntos de las dos AFP que han ganado la licitación (Planvital y Modelo), gastaron menos de lo que se está proponiendo que gaste este consejo al año. Además estaría gastando 1,3 veces más de lo que gasta la AFC. El gasto total representa el 10% de todos los gastos de las AFP. Es una cifra descomunal».

Por eso es que Jobet confía en que «hay cosas que se pueden perfeccionar. El administrador estatal va a generar costos adicionales, no veo ninguna razón por la cual lo vaya a hacer mejor que las AFP. Puede haber razones políticas, de percepción, pero duras no veo ninguna». (DF)

Desafío para el Frente Amplio

El Frente Amplio (FA) es una coalición de pequeños grupos políticos, un movimiento abigarrado cuyas disputas y ambiciones personales parecen ser más intensas cuanto más difuso es el proyecto colectivo. Si logran articular una estrategia común harían una contribución, de lo contrario  proyectarán las mismas insuficiencias que imputan a los demás.

El aire refundacional y descalificador no dio los frutos que esperaban; no dura mucho erigirse en jueces políticos y morales de los demás. En sociedades complejas es difícil convenir acuerdos parlamentarios, articular una visión coherente  de la sociedad futura, presentar propuestas viables, vincularse a las organizaciones ciudadanas, estructurarse a lo largo del país. Nada de eso es fácil ni hay atajos. Los resultados se muestran con años de trabajo sistemático y actitud coherente. Fue incoherente participar en el proyecto educativo del gobierno  y luego  abandonar a mitad del camino. Y que parlamentarios del FA votaran igual que la derecha en contra del proyecto de educación superior.

Las recientes disputas públicas por candidaturas podrían transformarse, sin embargo, en una oportunidad para que el Frente Amplio repiense los problemas de Chile desde una perspectiva más madura. Varios de sus miembros son  personas de alta calidad y constituyen un capital valioso para Chile. Ellos pueden alentar  una mayor  participación  de los jóvenes en la vida política y en la sociedad civil. Pueden ser una fuerza crítica que obligue a la centroizquierda a innovar y renovarse.

El test principal a que se verá sometido el FA será la forma como resuelve la disyuntiva entre la convergencia de los progresistas o el ataque a la Nueva Mayoría. Algunos de ellos consideran que el camino es debilitar a la centroizquierda, incluso destruirla para reemplazarla. Ese camino, además de inviable, ayudaría a la derecha, con riesgo de instaurar un periodo largo de regresión democrática y social.  La opción constructiva es poner en el centro los valores y objetivos comunes y debatir cuál es la mejor forma de alcanzar la  inclusión social, la participación ciudadana, el resguardo de los derechos de todos. La actitud positiva es confrontar ideas para alcanzar un crecimiento más rápido,  ambiental y socialmente sostenible, para estimular el emprendimiento y la innovación, con desarrollo científico y tecnológico, con nuevas formas de  energía y desarrollo digital. El progresismo de futuro también debe cuidar  la seguridad de las personas, con prioridad a las familias vulnerables.  Es en torno a este tipo de ideas, y respetando las legítimas diferencias, como se  debería enmarcar la competencia y la relación entre el FA y la centroizquierda en este periodo crucial de la campaña presidencial. Repensar esta relación es un desafío importante para el FA,  si su verdadero propósito es que triunfe el progresismo en la segunda vuelta electoral. (La Tercera)

Sergio Bitar

Mario Desbordes (RN) acepta candidatura por el Distrito 8

A contar de mañana, el secretario general de RN, Mario Desbordes, comenzará su campaña para ser diputado por el distrito 8 (Maipú, Pudahuel, Estación Central). Allí deberá enfrentarse a dos diputados en ejercicio: Patricio Melero y Joaquín Lavín, de la UDI.

«No pensaba ser candidato, pero varios dirigentes de la zona me lo pidieron; también el senador Andrés Allamand. Opté por aceptar el desafío de ser candidato en el distrito más grande de Chile. Estamos obligados a colaborar todos los que queremos que haya una Cámara de Diputados que apoye al Presidente Piñera en el próximo Gobierno. Vivo en el distrito, mi madre vive en Maipú, y creo conocer los problemas que tiene la gente», afirma.

-¿Cómo ve la disputa ante dos candidatos de la UDI que ya son diputados?

-Ambos tienen prácticamente asegurada su reelección. Y me alegro; han sido muy buenos diputados. En ese distrito hay cuatro cupos para pelear en Chile Vamos, y, por lo tanto, la tarea para RN y el PRI es tener esos dos diputados.

-¿Conversó con el ex Presidente Piñera su decisión?

-Él me apoya; estaba contento. Necesita gente en el Congreso en la que confíe y con experiencia política. Va a haber una Cámara con mucho diputado nuevo, por lo tanto necesita gente que ayude a articular acuerdos y producir los consensos que va a requerir si llegamos al Gobierno.

-Si bien posee apoyo en las bases del partido, su relación con los parlamentarios no es tan cercana. ¿Puede ser relevante su llegada al Congreso considerando que usted apuesta por ser el próximo presidente de RN?

-Obviamente, una vez que Cristián Monckeberg termine su periodo, el caso de estar en el Congreso ayuda si se da la opción de ser candidato a la presidencia del partido.

-Usted señaló que el financiamiento es uno de los problemas para su candidatura.

-Es difícil, no tengo asegurado aún el financiamiento.

-¿Lo ha conversado con Carlos Larraín, que es cercano a usted?

-Estoy seguro de que él me va ayudar, pero en el marco de la ley, lo que puede aportar él o cualquier persona es un porcentaje pequeño de los montos considerados en ese distrito. (El Mercurio)

Marshall: «Deterioro económico es más estructural que cíclico»

Jorge Marshall aún no ve un quiebre en materia de actividad, luego de que el PIB creciera apenas 0,5% el primer semestre, el peor registro en una mitad de año desde el 2009, como lo informó el viernes el Banco Central.

El exvicepresidente del instituto emisor recalca que si bien hacia adelante se ve un repunte en dos sectores que han restado a la actividad en lo que va del año, como la minería y la construcción, plantea que será netamente por un efecto de baja base de comparación.

“La economía se mantiene en una trayectoria de crecimiento por debajo del 2% y, hasta el momento, no vemos cifras que nos permitan observar una recuperación ni un cambio en la tendencia”, señala el también exministro de Economía.

– ¿Qué debe pasar para que veamos un repunte hacia adelante?

– Se ha ido adquiriendo conciencia de que el problema principal del país es el crecimiento, en la línea de lo que planteó el expresidente Lagos.

– ¿Coincide en que el crecimiento es lo más importante y el resto “es música”?

– Plenamente. Ahora, hay que destacar que el deterioro ha sido gradual en las últimas tres décadas y se ha producido más aceleradamente a lo que correspondía a un país que aspira al desarrollo.

Hay dos razones para explicar eso: uno, que los sectores que promovieron el crecimiento en los 90, como la minería y las industrias salmoneras y forestales, llegaron a un nivel de maduración y su ritmo de crecimiento disminuyó. La economía en su conjunto debe hacerse cargo de ese fenómeno.

Y segundo, que las actividades más tradicionales no han logrado incorporarse a la economía moderna. En los 90 un 22% de la fuerza de trabajo era cuenta propia y hoy es un 23%, el mundo informal pesa lo mismo que hace 30 años y no ha disminuido en favor de actividades más formales. Un país que aspire al desarrollo debe ser capaz de generar en los sectores de mayor productividad puestos de trabajo para absorber a los sectores tradicionales. Y eso no lo hemos hecho.

– ¿Entonces el deterioro económico es más estructural que cíclico?

– Claro, es un fenómeno estructural. Si hay factores externos o internos es una discusión muy artificial. Este fenómeno fue ocultado por el superciclo de las materias primas. Frente a esto, los planteamientos de los candidatos han sido muy pobres. No hay un diagnóstico de este tipo.

– ¿Ninguno de los candidatos le da garantías?

– El equipo del expresidente Piñera no hace un análisis crítico estructural y considera que el crecimiento en el período 2010-2013 es producto de su administración. Y lo que se requiere hoy no es administración, sino una transformación.

– ¿Está errado su diagnóstico de que el cambio de gobierno generará un repunte en las expectativas?

– Totalmente errado. De hecho, el entusiasmo que hay en los mercados financieros no se expresa en absoluto en la economía real, como las expectativas empresariales y de los consumidores. Las variables reales no están reflejando el entusiasmo que sí hay en la bolsa.

– ¿Qué le parecen las propuestas de Guillier, Sánchez y Goic?

– Las propuestas de las candidaturas de la Nueva Mayoría van en una línea de continuidad de este gobierno. Y por tanto, son políticas que han mostrado que no tienen la capacidad de producir una transformación más estructural en la productividad.

Hay enfoques excesivamente sectoriales, muy centralizados, muy distantes del sector privado que no entusiasman a los empresarios. Esas políticas han demostrado que no funcionan y no tienen efectividad.

– ¿Qué se requiere entonces?

– Más enfoques intersectoriales e interdisciplinarios, con alianzas público-privadas reales. Lo que planteo es que hay que ir a enfoques más territoriales: por ejemplo, tomar 10 ciudades intermedias y hacer un plan de crecimiento que tenga un efecto significativo en el Producto. Ir de lo local a lo nacional. Así se podría revertir el deterioro gradual que ha mostrado el crecimento y la productividad en Chile.

– ¿Qué se juega Chile en estas elecciones? ¿Recuperar la capacidad estructural de crecimiento?

– Nos jugamos bastante, porque finalmente está emergiendo el diagnóstico de que en el bajo crecimiento hay un factor estructural. Frente a esa realidad, para revertir el bajo crecimiento se requiere un pacto de gobernanza para una nueva fase. Chile se juega en esta elección la posibilidad de que se genere ese pacto de gobernanza para salir adelante, o mantener esta trayectoria de bajo crecimiento por cuatro años más y que nos enfrentemos a otra elección con incertidumbre y ese pacto de gobernanza quede pendiente. Mientras no se logre ese acuerdo, no será posible revertir la tendencia estructural de crecimiento.

– Si no son los candidatos actuales, ¿quién puede liderar ese pacto?

– El expresidente Lagos reflejaba este pacto entre gobierno y sector privado. Al final del día, este es un tema político y el pacto de gobernanza involucra más que las coaliciones que actualmente están gobernando. Tanto el gobierno de Piñera como el de Bachelet han considerado que pueden gobernar sin un pacto más amplio y eso se agotó.

«HAY ESPACIO PARA BAJAR TASA EN 0,5% A FIN DE AÑO»

– ¿Cuánto espacio ve para nuevos ajustes a la tasa?

– La trayectoria de la inflación está por debajo de la meta del Banco Central, y la senda de crecimiento también está bajo el potencial. Por lo tanto, creo que hay espacio para bajar la tasa.

– ¿En qué magnitud?

– Pensaría en 50 puntos de aquí a fin de año. Y si después hay que subir la tasa, se sube, pero creo que con las cifras que tenemos hoy de inflación y con la lentitud del crecimiento, tiene lógica llevar la tasa a un 2%. El mismo comunicado del Banco Central del jueves entrega señales de que la opción de una nueva baja en la tasa está sobre la mesa.

– ¿Detrás de su visión hay un supuesto de que la inflación se mantiene bajo la meta y que la actividad no se acelera en el segundo semestre?

– Sí. Los recortes de tasa son normales y no debiese ser traumático hacer ajustes. Me gusta más un Banco Central activo que uno que demore mucho en reaccionar. El banco ha sido muy activo durante este año.

– ¿Confunde al mercado que haya visiones tan diversas en el Consejo sobre la trayectoria de la tasa?

– Me parece normal que haya disenso y no creo que sea un motivo de preocupación en el mercado.

– ¿Cómo se declara usted? ¿Un activista monetario?

– Sí, creo que en los tiempos actuales, donde hay mucha incertidumbre, las proyecciones tienen un margen de error muy grande. Y la política monetaria debe tener conciencia de eso. (DF)

Profesores de U. Iberoamericana se autodespiden tras meses de sueldos impagos

En medio de la crisis de la Universidad Iberoamericana, un grupo de nueve docentes de Obstetricia anunció que se “autodespedirán” durante la primera semana de septiembre luego de que cinco meses de sueldos impagos, mientras que sus imposiciones no han sido canceladas desde febrero.

“Hemos tomado la decisión de cerrar el primer semestre y no partir con el segundo, porque la universidad no ha cumplido con ninguno de sus compromisos, y no tiene cómo cumplirlos”, advirtió Marcela Rojas, una de las profesoras que dejarán el plantel, a El Mercurio.

En esa línea, la próxima semana trabajarán para dejar puestas las últimas notas, “de manera de que si (los estudiantes) se reubican en otra parte puedan pedir convalidación”.

Son cerca de 300 estudiantes de Obstetricia verán afectados sus estudios, mientras que otros 200 alumnos ya han partido a causa de la crisis financiera de la universidad.

De acuerdo a la Dirección del Trabajo, la figura del despido indirecto o autodespido otorga el derecho a percibir la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización por años de servicio en caso de corresponder. Para estos efectos el trabajador debe comunicar por escrito a su empleador el término del contrato, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, indicando la o las causales legales que se invocan y los hechos en que se funda el término del contrato. (El Dínamo)

Critican alcances de reglamento sobre intercepciones telefónicas

El contenido del «Reglamento sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación y de conservación de datos comunicacionales» tiene su origen en 2014, período en que el Ministerio del Interior estaba dirigido por Rodrigo Peñailillo, quien fue el que inicialmente recogió y acogió el tema, más aún cuando la discusión tomó fuerza tras los bombazos ocurridos en septiembre de ese año en el Subcentro de la estación del metro Escuela Militar.

Con el tiempo fue la Subsecretaría del Interior a cargo de Mahmud Aleuy la que comenzó a elaborar un reglamento que facilitase un mayor acceso a las policías y al Ministerio Público a los datos que tienen las compañías sobre las comunicaciones de todos los chilenos, sea cual fuere la plataforma.

Pero ¿qué establece este decreto 142 de 2005, que obliga a actualizarlo? ¿De dónde nace la necesidad o petición al Ejecutivo de modificar la normativa?

Hoy, las empresas de telecomunicaciones proveedoras de servicios de internet (ISP) deben mantener a disposición del Ministerio Público nuestras conexiones IP por al menos un año, según establece el artículo 222 del Código Procesal Penal. Es decir, retener no los contenidos de nuestras comunicaciones, sino aquellos datos o número invisibles a los usuarios que identifican un dispositivo conectado a una red con protocolo IP, llamados metadatos.

Desde el Gobierno explican que tanto el Ministerio Público como Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) plantearon inconvenientes y demoras en sus investigaciones, debido a que las compañías dilataban la entrega de información requerida por meses y algunas de ellas terminaban respondiendo que ya no contaban con los datos de sus clientes, porque vencía el plazo estipulado por ley.

Es por esto que Interior tomó la decisión de constituir una mesa técnica aproximadamente en junio de 2016. No obstante, la preocupación venía de dos años antes, cuando el 1 de septiembre de 2014, el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahuán, emitió un primer oficio sobre una propuesta de modificación al reglamento, planteando sus principales preocupaciones: el requirente de la información a través de una orden judicial a las empresas es el Ministerio Público, no las policías, y el término «comunicaciones» debe quedar lo más amplio posible en la normativa. Estas inquietudes persistieron incluso hasta el último oficio del actual Fiscal Nacional, Jorge Abbott, enviado en julio pasado.

Actualmente, el nuevo reglamento patrocinado por Aleuy está en Contraloría desde 4 de agosto de este año. El Mostrador tuvo acceso a una de sus últimas versiones, la cual –según abogados expertos en materia constitucional y digital– vulnera garantías fundamentales, como la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, aumenta la cantidad de tiempo de conservación de nuestros datos y amplía lo que se entiende por nuestras comunicaciones al ir más allá de las conexiones IP, materias que debieran discutirse en el Congreso no vía reglamento y abarcar a todo tipo de comunicaciones, como mensajes SMS, WhatsApp, etc.

EL REQUIRENTE

El tema de quién tiene la facultad de ir a las ISP y obtener información de un usuario bajo cobertura de una orden judicial ha estado presente hace años en los intercambios entre la Fiscalía y las policías. Así, en 2011, surgió un protocolo: el Registro de Solicitudes de Interceptaciones Telefónicas (Resit), según el cual los fiscales envían la orden judicial y es la Fiscalía la que la gestiona con las operadoras. «La institución tomó consciencia de que, al tratarse de una vulneración de garantía constitucional, tiene que haber un control, no pueden estar las solicitudes dando vuelta o demorando más una que otra en razón de algún contacto», explican fuentes del Ministerio Público.

El Resit va enlazado con un sofware llamado Vigia, una plataforma de interceptaciones que desde 2009 tienen algunas ISP y que es manejada por un grupo de brasileros con influencia israelita especialistas en esta materia. Pese a que el protocolo de 2011 ha funcionado bien durante estos más de seis años, es convencional y, por tanto, no obligatorio para todas las empresas, explican desde el Ministerio Público. Es por ello que un nuevo reglamento también se hace necesario en temas que no pueden depender de la «buena voluntad» de las compañías.

Por ello, fue en 2014 cuando se comenzó a trabajar en la actualización del decreto 142. Allí, mediante un oficio, el fiscal Chahuán envió un oficio a Interior y Justicia con dos preocupaciones fundamentales: la clase de comunicaciones debía ser lo más amplia posible por si en un futuro surgen otro tipo o formas de comunicar y «la gestión de todos los procesos de autorización de interceptaciones telefónicas iban a ser conducidos a través de las policías y, en consecuencia, quedaba la labor del Ministerio Público un tanto secundaria, pese a que constitucional y legalmente le corresponde la dirección de las investigaciones a la Fiscalía», sostienen fuentes del Ministerio Público.

Finalmente, según pudieron ver en el último borrador antes de que el reglamento ingresara a Contraloría, el Ministerio Público cree que se acogió esto último, pues la norma » se refiere al artículo 79 del Código Procesal Penal, que efectivamente ordena que las policías actúen bajo la instrucción de la Fiscalía».

En La Moneda reconocen que algunos fiscales han hecho llegar informalmente su molestia o preocupación por el contenido de este decreto, porque observan que “abre peligrosamente la puerta” a otorgarles una preponderancia a las policías por sobre la autoridad de los persecutores y que tengan la capacidad de interceptar comunicaciones sin necesariamente existir la orden desde el Ministerio Público.

Sin embargo, desde la Subsecretaría del Interior son categóricos en rechazar ese argumento y en sentenciar que el decreto “solo regula cómo funciona una medida requerida precisamente por un fiscal, quien manda sigue siendo el fiscal”. Agregaron que el que conduce la investigación seguirá siendo el Ministerio Público y que “un decreto nunca va a estar jurídicamente por sobre lo que establece el Código Procesal Penal”. Además, recalcan que “la demora de las empresas y la no entrega de información no tenía sanción, lo que se hace es actualizar y establecer la obligación legal de la entrega de datos”.

La mesa técnica no ha estado exenta de críticas. El Ministerio Público fue convocado a las primeras reuniones técnicas en junio del año pasado. «Después no seguimos siendo llamados. No existe la obligación por parte de un decreto del Ejecutivo de sentarnos a la mesa permanentemente, por lo tanto, entendimos que la opinión ya había sido recogida», explican. En total fueron cerca de seis reuniones, donde participó Interior, Fiscalía en las primeras tres, Subtel, PDI y empresas. No se conoce de consultas a otros organismos ni a expertos o académicos.

Desde Palacio aseveran que fue el Ministerio Público el que decidió ausentarse de las últimas reuniones y en el Gobierno ponen el acento en que la raíz de las críticas pasa por un conflicto interno de autoridad en la Fiscalía Nacional.

«INCONSTITUCIONALIDAD»

Una de las principales problemas con el decreto 142, según el Ministerio Público, es que tiene “algunas ineficiencias desde la operativa, porque había causas, como, por ejemplo, de La Araucanía, en las que transcurrido más de un año aparecían datos de teléfonos o blancos que era necesario indagar y se pedían los datos comunicacionales a las compañías y estas se escudaban en el 222 del Código Procesal Penal, porque lo interpretaban como máximo un año y la norma es interpretable, pues dice a lo menos un año».

Precisamente, uno de los artículos clave y polémicos del documento al que tuvo acceso El Mostrador es el 8: «Los prestadores de servicios de telecomunicaciones mantendrán y almacenarán por un periodo no inferior a 2 años, en carácter de reservado y a disposición de la autoridad, todos los datos comunicacionales a que se alude en este título», mientras que el Código Procesal Penal, por su parte, establece que «los proveedores de tales servicios deberán mantener, en carácter reservado, a disposición del Ministerio Público, un listado actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y un registro, no inferior a un año, de los números IP de las conexiones que realicen sus abonados».

En este punto, la directora ejecutiva de Datos Protegidos, Romina Garrido, sostiene –al analizar el documento referido– que es una «propuesta excesiva»: «Cuando se quiso ampliar el plazo de seis meses a un año de la retención de comunicaciones, tuvo que ser un modificación normativa en 2011 por ley corta, norma que establece qué datos son los que la ISP puede guardar y que señala solamente las direcciones IP, nada más. Entonces, por vía reglamentaria yo no puedo modificar o ampliar o extender materias que son propias del dominio legal». Además, la abogada indica que hablar de «datos comunicacionales» va mucho más allá de lo establecido en la ley, es decir, no solo direcciones IP, y eso tampoco debiese ser por vía reglamentaria.

La Constitución, a su vez, establece en su artículo 19 (26) que solo la ley puede regular, restringir o limitar derechos fundamentales. En este caso, las garantías vulneradas serían la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones, establecidas en el artículo 19 (4 y 5) de la Carta Magna, que norma que es un derecho y deber constitucional «el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley”.

En este punto, el abogado de la Universidad de Chile Luis Cordero es tajante en su análisis. «El artículo 8 permite construir una base de datos de todos los chilenos por al menos dos años de todas sus comunicaciones, dejándolas en custodia a las compañías de comunicaciones para el requerimiento posterior de la autoridad, (para que) previa autorización judicial se acceda a ella. El problema no es acceder a ellas, el problema central de esto es que una norma de esta envergadura implica un potencial riesgo a las libertades y derechos de los ciudadanos que, de acuerdo a la Constitución, deben ser regulados por ley, no por reglamento», asevera.

Ante las críticas de algunos juristas por posibles rasgos de inconstitucionalidad del decreto, en La Moneda optaron por restarse de dicho debate, pues consideran que esa es una mirada subjetiva, que depende de la opinión de cada abogado, pero afirman que el texto no viola ninguna garantía constitucional, que es un reglamento que explica cómo se funciona y no autoriza nada.

«PANÓPTICO ESTATAL»

Patricia Peña, académica del Instituto de la Comunicación e imagen de la Universidad de Chile y directora del diplomado de comunicación digital, explica, en torno a esta actualización del decreto 142, que hay intentos de políticas similares en América Latina.

Un caso es el de México en 2014, con el cambio en su Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que propone la retención de metadatos por dos años. «La discusión que se dio en México es importante, porque en el fondo uno ahí es donde entra a pensar dónde está el límite entre pensar que lo que se está articulando es esta figura de estado supravigilante, la idea de un panóptico estatal de vigilancia encima de los ciudadanos, donde todos terminamos siendo potencialmente sospechosos de algo. La pregunta es, entonces, ¿para qué la vigilancia?», plantea la docente.

Otro proyecto de ley de esta índole, argumenta, se dio el año pasado en Paraguay, popularmente conocido como Pyrawebs, donde el período de retención que se planteaba era de 12 meses por causales de seguridad del Estado, entre otras.

Para Peña, este reglamento «no solo tiene que ver con que sea inconstitucional o que pasen a llevar la garantía del derecho a la privacidad, sino que también pone en riesgo la libertad de expresión y opinión. Como dicen los informes del relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, David Kaye, «se coarta la libre distribución de ideas, la libertad de expresión de las personas» .

En esta misma línea, Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, afirma que el documento es una política contradictoria, entre otros aspectos, con el ingreso de una ley de Datos Personales que modifica y actualiza la ley N° 19.628 sobre Protección a la Vida Privada de 1999, ingresada en marzo de este año y «que busca establecer niveles OCDE de protección”. Además, también lo sería con la Política Nacional de Ciberseguridad, «donde expresamente establece que la vigilancia masiva es atentatoria contra derechos fundamentales».

Viollier, agrega que el artículo 12 del documento borrador al que tuvo acceso El Mostrador «extiende la obligación de retención en cualquier persona natural, no solo las ISP».

“Por qué el Estado va a tener la facultad de imponer la carga a una persona de retener las comunicaciones que, o tiene con otras personas o que pasan por su red. Qué pasa si eventualmente un juez de Garantía autoriza una orden judicial que obliga a un medio de comunicación a retener y eventualmente disponer de los datos que tienen reservas de fuentes, o se le establece en su obligación a una red de activistas respecto a una actividad política que esté realizando o se le establece a una universidad respecto a todos sus estudiantes. Entonces, eso no está en concordancia con estándares internacionales de derechos humanos y me parece sumamente preocupante», sostiene.

Luego de aproximadamente cuatro años de trabajo, el reglamento –que tiene la firma de la Presidenta Michelle Bachelet y los ministros de Telecomunicaciones, Interior y Justicia– pasó por la Segpres y ahora se encuentra en estos momentos en la Contraloría General a la espera de la respectiva toma de razón. “Es una suerte de protocolo, explica cómo se ejecuta, es una actualización del decreto que existe hace más de una década sobre este tema, regula cómo funciona una medida requerida por un fiscal”, aseguran desde el Ministerio del Interior.

Finalmente, desde el Ministerio Público ponen el énfasis en otro un artículo clave. Una vez que la Contraloría tome razón del documento, el mismo reglamento reconduce a una norma técnica, que va definir qué es lo que finalmente se podrá interceptar: «La Subtel está obligada a llamarnos a nosotros, a las compañías. Esta conversación no ha terminado, ¿entiende?, por este artículo 9”, aseveran. (Por Arak Herrera, El Mostrador)

Comité de Ministros rechaza proyecto minero portuario Dominga

El Comité de Ministros presidido por el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, rechazó la construcción del proyecto minero portuario Dominga. Con tres votos en contra de la iniciativa (Salud, Agricultura y Medio Ambiente) y dos a favor (Minería y Energía), se cerró la reunión convocada a primera hora de este lunes para resolver la viabilidad del proyecto de la empresa Andes Iron.

Mena aseguró que «los antecedentes que tuvo a la vista el Ministerio, el Comité de Ministros y los secretarios de Estado, son bastante claros en cuanto a que había vicios en la línea base que permitía que este proyecto pudiera ser aprobado».

En esa línea, añadió que «el comité ha determinado rechazar la reclamación interpuesta por el titular del proyecto minero portuario Dominga, por lo que se mantiene la decisión de la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo de calificación desfavorable al proyecto».

«Además se resolvió acoger parcialmente los recursos en cuanto a la participación ciudadana, porque considera que las medidas de mitigación, compensación, reparación no son apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto», manifestó.

Dominga es un proyecto que se construiría en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, y contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto.

El proyecto contempla una inversión es de US$2.500 millones y su vida útil es de 26,5 años.

IMPACTOS

Mena precisó que el Comité de Ministros revisó no solamente el proceso de evaluación ambiental, sino que también resolvió la votación basado en 14 nuevo oficios de 4 subsecretarías y 10 servicios del Estado con competencia en la materia.

«La decisión se adoptó en un voto dividido. Según la mayoría del comité, el proyecto Dominga presenta deficiente información de línea base e insuficiencia en sus medidas de mitigación, compensación y reparación».

El ministro de Medio Ambiente dijo que «estimamos que no se hace cargo de manera adecuada de los eventuales impactos significativos al medio ambiente y la salud de las personas (…) en temas como calidad de aire, contaminación lumínica, ruido, riesgo de accidentes y derrames en la operación portuaria, principalmente el impacto que podría generar en la flora y fauna de una zona ecológica única en el mundo donde habita el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt».

SONAMI

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, criticó la decisión del Comité de Ministros que rechazó la construcción del proyecto minero portuario Dominga.

«Es una decisión política sin justificación, especialmente considerando que este proyecto, que inició su periodo de tramitación hace más de tres años, cumplía con todas las exigencias que la autoridad ambiental le había hecho», afirmó el líder del gremio empresarial.

Añadió que «es lamentable que este Gobierno no haya sido capaz de tomar una decisión país en una materia de tanta importancia».

Hernández dijo que el rechazo a esta iniciativa de inversión «es una mala noticia para la minería y, particularmente, para el país».

Planteó que «en la actual coyuntura, es imprescindible que demos una señal que la inversión es bienvenida en Chile y, por cierto, esto no ocurre con la decisión adoptada por el Comité de Ministros».

MINISTRO CÉSPEDES EN CENTRO DE POLÉMICA

El rechazo al controversial proyecto Dominga tiene en el ojo del huracán al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien se retiró antes de la votación de Comité de Ministros.

¿La razón? No tuvo tiempo para analizar los nuevos antecedentes y emitir un voto fundado sobre la iniciativa que involucra una inversión de US$ 2.500 millones.

«Me retiré antes de que se procediera a la votación del proyecto, lo anterior producto de que, dado la citación al Comité para ver este caso el día viernes, dados estos plazos, en mi caso, fue imposible poder realizar un análisis en profundidad de todos los antecedentes presentados», afirmó la autoridad.

«En ese considerando fue que yo decidí no participar de la decisión producto de que en realidad acá lo que se requería una decisión fundada de cada uno de los puntos presentados y en mi caso, por lo plazos, no fue posible tener un análisis profundo de todos los nuevos antecedentes presentados», agregó la autoridad.

La iniciativa de Andes Iron, sociedad ligada a las familias Délano Méndez y Garcés Silva (80% y 15%, respectivamente) tuvo el rechazo de los ministros de Agricultura, Salud y Medio Amebiente, y el respaldo de los titulares de Energía y Minería.

El secretario de Estado acalaró a la prensa que no es una abstención y que, en términos reglamentarios, «es lo que corresponde» hacer.

Céspedes afirmó en ese sentido que pidió aplazar la votación pero que el presidente del Comité de Ministros optó por realizarla el día de hoy «y está absolutamente dentro del marco de sus atribuciones».

LO QUE VIENE PARA ANDES IRON

Aunque la instancia mantuvo la decisión de la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo que se pronunció como desfavorable al proyecto, aún le quedaría a la empresa -Andes Iron- una posibilidad para tratar de que Dominga vea la luz.

«Este proyecto ha sido rechazado a nivel nacional, pero quedarán para todos los reclamantes la instancia del Tribunal Ambiental en cuanto a si se sintieran insatisfechos con el pronunciamiento del Comité de Ministros», indicó el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

Luego agregó que «si no se resuelve en ese caso, los reclamante podrán ir a la Corte Suprema como ha sucedido con otros proyectos anteriormente».

De hecho, el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido aseguró esta tarde que, como empresa, recurrirán a estas dos instancias para que el proyecto se apruebe, ya que sostiene que «cumple a cabalidad con la institucionalidad medioambiental de este país».

«Vamos a usar todas las herramientas que nos da la institucionalidad existente y eso es Tribunales Ambientales (…) y si es necesario, vamos a llegar a la Corte Suprema».

Pero aclaró que, en estos momentos dependen del Comité de Ministros ya que «tiene que emitir su resolución del rechazo y, en base a eso, nosotros vamos a apelar y reclamar a los Tribunales Ambientales sin duda».

Nelson Urra, director de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor, explicó a Emol que primero, el Tribunal Ambiental debe acoger la demanda. «Lo que hacen es determinar si la información presentada por las partes -Andes Iron y el Comité de Ministros- es válida».

«De ser así, se procede a hacer el análisis y son los analistas ambientales del tribunal quienes analizan las dos visiones y definen si la medida de rechazo por parte del comité fue la adecuada», indicó Urra.

Dicho análisis, según el académico, duraría entre cinco y ocho meses y destacó que «el Tribunal Ambiental es la instancia que formalmente nos da seguridad de transparencia y de legitimidad ante este tipo de proyectos porque es totalmente independiente al poder del Estado y es el poder judicial el que termina por verificar si los antecedentes expuestos por ambas partes son, o no, causantes de revertir la medida».

EL TRIBUNAL AMBIENTAL

El tribunal tiene la capacidad para echar pie atrás con la decisión del Comité de Ministros y aprobar el proyecto, o ratificar lo decidido hoy. En el último caso, «si el tribunal ratifica lo del Comité y falla en contra del proyecto, la empresa tiene dos opciones: cancelar la iniciativa o reestructurarla completamente», indicó Urra.

«Sería partir de cero, la empresa podría presentar una reestructuración completa en función de las objeciones que tuvo, por ejemplo, ver la posibilidad de usar otro puerto e incluir estudios asociados a emisiones e impacto en la población, lo cual no estaba bien definido anteriormente «, señaló.

Sin embargo, «eso significaría someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental de nuevo, con todos los tiempos de demora que eso implica, que son por lo menos dos años».

Por otra parte, la posibilidad de que el caso pudiera escalar a la Corte Suprema, Urra la ve poco probable, ya que para hacerlo tendría que haber sido rechazado primero por el tribunal y «cuando eso pasa y dirime en contra, es muy difícil de que la corte acoja cualquier apelación por parte del demandante». (Emol-DF)

Patricio Walker pedirá condena a cierre de Congreso venezolano

El senador Patricio Walker (DC) presentará un proyecto de acuerdo condenando el cierre del Congreso venezolano por parte del gobierno y pidiendo que Chile, junto a otros países, pidan la aplicación de la Carta Democrática y la intervención directa del secretario general de la ONU.

«El martes vamos a presentar un proyecto de acuerdo, de manera transversal en el Senado, en el que vamos a condenar el autogolpe que consolida definitivamente como dictador a Nicolás Maduro en Venezuela. La Asamblea Constituyente no tiene facultades para eliminar el Congreso elegido por la gente, por voto popular el 6 de diciembre de 2015», afirmó Walker, quien agregó que también se solicitará que Chile siga acogiendo refugiados venezolanos. (El Mercurio)

El Frente Amplio: ha muerto la farándula, ¡viva la política!

Hace algunos años, en su texto El derrumbe del modelo, Alberto Mayol proponía una tesis sugerente: hacia fines de los años 90 la política, y los políticos, los grandes actores televisivos de inicios de la transición, habrían perdido prestigio y relevancia. Y la tesis tenía fundamento empírico: en las parlamentarias de 1997, la coalición oficialista había perdido más de 800.000 votos, que se cansaron de acompañar a la Concertación a las urnas sin que nunca pasara nada relevante en materia de reglas constitucionales y de desigualdad social. Esa decadencia fue simultánea a la irrupción de los programas y personajes de farándula y los reality shows que dominaron sin contrapeso la escena comunicacional durante todo el primer decenio del nuevo milenio y llenaron la falta de política. Entonces, el pasar de los días se hizo menos tedioso para los consumidores de imágenes y de historias. Los lunes por la noche, el más horrible de la semana, se pudo por fin dormir con tranquilidad.

Lo sugerente de la hipótesis de Mayol es que la farándula habría reemplazado a la política cuando esta se normalizó a través de los acuerdos y los consensos y perdió, para el ciudadano que se movilizó en los 80, el encanto y la épica que había tenido durante los últimos años de la dictadura e inicios de los 90: dejó de ser novedad y la política de los acuerdos terminó por matarla emocional y comunicacionalmente. La farándula, entonces, no resolvió el problema de fondo, aunque entregó risa y liviandad a las semanas tediosas, los días horribles (el lunes) y mal trabajados de los chilenos. Los personajes de farándula se transformaron, entonces, en personajes modelos para el ciudadano de a pie.

Alberto Mayol jamás debió imaginarse que, a la vuelta de la esquina, él mismo y su generación serían protagonistas del giro en 180° de aquella hipótesis. En efecto, desde el 2011 hemos venido asistiendo paulatinamente a la desaparición, o relativización, de los programas y personajes de farándula y de los realities, proceso paralelo a la vulgarización de la actividad política y la horadación de la figura presidencial, que representaron bastante bien Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Hay coincidencia en que ambos contribuyeron a socavar el bastón de mando del modelo portaliano, vara que dejó bastante alta el ex Presidente Ricardo Lagos, quien, para muchos, resultó ser el último Mandatario republicano de Chile.

Este proceso se consolidó desde que estallaron los casos Penta, Caval y SQM y sus distintas aristas. En ese sentido, resultó muy curioso cómo algunos canales de televisión transmitieron en vivo y en directo, y les dedicaron horas de cobertura (tal como los realities), a los procesos judiciales que involucraron al «Choclo» Délano y Carlos Eugenio Lavín, del adn del núcleo duro de la UDI; al de la arista SQM, que tuvo como protagonistas al círculo de campaña de la actual Presidenta –Rodrigo Peñailillo y Giorgio Martelli–, y donde aparecen involucrados transversalmente diversos actores políticos;  y el caso Caval –y la cobertura mediática del dúo Dávalos-Compagnon– que terminó por destruir a la única figura pública que estaba a salvo de la crítica: la Mandataria Michelle Bachelet.

Ello significó que continuaron perdiendo prestigio y presencia los programas de farándula que inundaron la televisión desde comienzos de los 2000 y que, como cualquiera de ustedes ha podido observarlo, lentamente iniciaron su declive (y con ello, también, sus figuras) y se relativizó su significación en los medios: solo de tiempo en tiempo sabemos de un robo de alguno de ellos o de un escándalo de drogas. En tanto, los actores políticos no han parado de desfilar por los canales de televisión y, a veces (también), por los tribunales.

Hace apenas una semana el Frente Amplio vino a darles el tiro de gracia final a los realities y la farándula. Desde el lunes pasado, y con Alberto Mayol y Giorgio Jackson como sus protagonistas centrales, consiguieron terminar por comprobar, empíricamente, la hipótesis del lúcido sociólogo.

En 2004, quien escribe estas líneas era concejal por Rancagua. Mi designación como candidato a la reelección estuvo durante mucho tiempo en vilo porque me había atrevido a criticar públicamente al entonces diputado Juan Pablo Letelier, quien venía recién saliendo de prisión por su involucramiento en el caso “escuelas de conductores”.

Recuerdo que el pleno regional de O’Higgins del partido al que pertenecía (controlado mayoritariamente por el parlamentario) “me bajó” en marzo-abril de 2004 y dio lugar a que pasara meses en el limbo sin saber si sería aspirante a la reelección. Pasaban y pasaban los días y quien suscribe continuaba esperando que los niveles superiores de la organización rectificarán esa decisión. Seguí todos los procedimientos institucionales –consejo general, pleno del comité central, etc.–, hasta que una noche lluviosa de julio, solo días antes de que se inscribieran definitivamente las candidaturas municipales y ya casi a medianoche, la comisión política, según mi modesta opinión, hizo justicia y revirtió la decisión en nombre del respeto por la pluralidad de opiniones y pude finalmente ser candidato y ser reelecto como concejal por Rancagua.

Cuento esto porque ni a mí ni a nadie de mi generación se le habría ocurrido autoproclamarse, ni menos comenzar una aventura personal y solitaria, sin el respaldo orgánico que daba en este caso el PS.

Como ya saben, las cosas han cambiado de un tiempo a esta parte. El Frente Amplio exigió altos cuórums para ser validado como aspirante presidencial y sus minidirectivas no dudaron en aplicar el veto en la misma lógica que la Constitución de 1980 cuando un aspirante no les pareció de su agrado, y Alejandro Navarro, Luis Mariano Rendón y casi Alberto Mayol, sufrieron en carne propia esa lógica autoritaria.

El mismo FA, que luego de criticar permanentemente la manera tradicional de hacer política, concluyó designando una candidata ajena a ese mundo proveniente, nada menos, que de los medios de comunicación, la periodista Beatriz Sánchez, quien se ha despachado unas declaraciones para el bronce, como la que hizo sobre Allende, a quien acusó de totalitario, y luego respaldó el veto al conocido sociólogo por el contenido supuestamente machista de un mensaje de voz.

A su vez, Mayol anunció su candidatura a diputado por Facebook, en tanto Francisco Figueroa, uno de los que no lo trató con guante blanco durante la campaña y eventual afectado directo por la decisión del sociólogo de competir en el distrito 10, lo replica y lo critica por la misma red social; enseguida, la minicúpula del FA va por Mayol y en una reunión, donde luego varios se retractan, decide vetar cualquier candidatura suya debido a unos WhatsApps –la nueva militancia– que este envió tanto a Giorgio Jackson como a Natalia Castillo, los que fueron interpretados por esta, y luego por el conjunto de la mesa electoral del FA, como un hostigamiento –violencia de género– del sociólogo a la precandidata de RD.

Arde Troya, la pelea se hace tanto por los medios como las redes sociales, y las frases para el bronce se registran en Twitter. No falta quien, con cierta ironía, manifiesta que Alberto Mayol ha pasado ahora de analógico a digital. Su suman a la gresca amigos, novias, esposas y parientes. La TV y los medios digitales festinan con la noticia y llenan las portadas de los principales noticieros, realizan entrevistas in situy largos merodeos por las casas o sedes –igual que en los realities– de sus protagonistas. Durante el fin de semana se suma Gabriel Boric a la batalla e indica que los audios no son de tono machista y contradice lo señalado antes por la candidata presidencial del FA. Para que la farándula sea completa, se integra a ella Pamela Jiles y parece que le toca ahora su turno en el veto, cuenta Andrés Hidalgo. Mayol gana este duro round, aunque Jorge Sharp (uno de los que tiene cable a tierra) ya adelanta que se vienen tiempos agitados cuando deba resolverse el respaldo en segunda vuelta

Continúa la batalla sin tregua al interior del FA, declaraciones en redes sociales van y vienen, la prensa se solaza y ya quisieran las revistas de papel cuché una polémica como esa en su mundo tradicional, porque, mal que mal, se trata de vender.

No hay reuniones de masas, no hay deliberación colectiva ni institucional, solo figuras y frases de 120 caracteres. Alguien, aún con algo de sentido común, se da entonces cuenta del enredo en que están metidos y, no sin cierta moralina, resume lo acontecido durante la semana: “Hemos hecho un espectáculo vergonzoso”.

Ha muerto la farándula, ¡viva la política! ¡Larga vida al Frente Amplio! (El Mostrador)

Edison Ortíz

Educación: frenos a la gestión municipal-Raúl Figueroa

Una de las críticas que se hace a los alcaldes es que su posibilidad de hacer una buena gestión es limitada, porque sus decisiones están fuertemente determinadas por conveniencias políticas, las que generalmente no coincidirían con las necesidades de la administración comunal.

En el ámbito de la educación, este argumento también ha sido utilizado en el debate de la desmunicipalización, específicamente por los partidarios de centralizar la administración de los colegios públicos. Si bien hay casos en que esto ocurre, esta afirmación desconoce, por una parte, que hay municipios con resultados exitosos y que existen alcaldes dispuestos a usar herramientas poco populares para mejorar el servicio educacional; y por otra, que el problema de los “intereses políticos” lo tiene también el Estado centralizado.

El anuncio del cierre de tres colegios municipales de La Florida, a causa de su baja matrícula y para hacerse cargo de los déficits en la gestión educacional, da cuenta de que la acusación que se hace a los alcaldes como incapaces de asumir costos políticos para corregir las deficiencias se utiliza como excusa para centralizar la educación escolar. En efecto, en este caso hubo un alcalde dispuesto a enfrentar la discrepancia de parte de sus vecinos por un bien mayor. Es importante aclarar que los alumnos iban a quedar protegidos, dado que las escuelas que se pretendía cerrar iban a ser fusionadas con otras.

Si bien los planes del alcalde de La Florida no podrán concretarse por razones administrativas, la oposición de determinados grupos de interés a la implementación de medidas que apuntan a una sana gestión financiera deja entrever que no existe una verdadera preocupación por la educación municipal, sino sólo una aspiración ideológica para que el Estado controle la educación pública.

No es un bien para las escuelas, ni para la comunidad, ni para el mundo escolar municipal, que los alcaldes no puedan utilizar sus herramientas para terminar con los déficit y mejorar el servicio que prestan. Por el contrario, es un inconveniente que refleja que hay un sector que no se hace cargo de problemas tan básicos como la escasez de recursos ni de la importancia de la buena administración. Si hoy hace falta autonomía para que los alcaldes administren adecuadamente y se hagan responsables de la educación municipal, el proyecto de desmunicipalización sepulta esta aspiración, al diluir la identificación de los responsables de la gestión educacional.

La solución estaría, entonces, no en traspasar la administración al poder central, sino en elaborar mecanismos que profesionalicen la gestión municipal. Centralizar la educación no eliminará el hecho de que la administración de la educación está definida por intereses políticos.(El Líbero)

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar