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Radio U. de Chile revela peritaje psicológico de Juan Emilio Cheyre

Fue exactamente el 7 de julio de 2016 cuando el Juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministro Mario Carroza, ordenó la detención y procesamiento del ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre y 8 oficiales más, en el marco del caso “Caravana de la muerte”, capítulo La Serena.

SI bien Cheyre obtuvo la libertad bajo fianza -previo pago de un millón de pesos- nuevos antecedentes y testimonios, llevaron al Juez Carroza, el pasado 27 de abril -a 9 meses de iniciado el proceso- a dictar acusación en contra de Cheyre y otros 15 ex oficiales por su presunta responsabilidad en el secuestro y homicidio de 15 personas.

La convicción de Carroza -quien ya dictó acusación bajo el antiguo proceso penal- se funda en la investigación desarrollada, teniendo a mano una serie de testimonios, documentos y otros antecedentes, anticipando de paso, en conversación con este medio, “que antes de fin de año dictará sentencia”.

Entre los antecedentes está el peritaje psicológico que Carroza instruyó realizar a Cheyre, en el marco de establecer la salud mental del procesado y evaluar, según determine la sentencia, el perfil de este en relación al curso del proceso.

Diario y Radio Universidad de Chile tuvieron acceso exclusivo a las pericias psiquiátricas presentenciales realizadas tanto por Gendarmería como por el Servicio Médico Legal al ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, en el marco de la investigación del capítulo La Serena del caso Caravana de la Muerte, realizados en julio de 2016 al momento de ser detenido el ex uniformado.

Los peritajes solicitados por el ministro en visita que lleva el caso, buscaban determinar las condiciones físicas y mentales del procesado, quien fuera acusado en abril pasado por el magistrado en su calidad de cómplice de la muerte de 15 personas en el Regimiento Arica de la capital de la Región de Coquimbo, durante el paso de la comitiva liderada por el general Sergio Arellano Stark.

El informe del Servicio Médico Legal señala en sus conclusiones que Cheyre presuntamente “no presenta sintomatología psiquiátrica que pudiere desde el punto de vista de su salud mental comprometer su capacidad para cumplir una pena que la ley sanciones con presidio o reclusión mayor en su grado máximo u otra superior”.

Por su parte, el informe de Gendarmería sostiene a solicitud de la corte sobre la posibilidad de una pena sustitutiva o de libertad vigilada “no sugiere la incorporación a la pena sustitutiva de libertad vigilada por considerarla ineficaz en el caso del evaluado”.

En tanto, en el informe de Gendarmería (N° de Oficio 2505-2016) se revelan elementos biográficos del ex oficial, así como de su carrera militar. El informe es claro que en Cheyre “no se observa (…) la presencia de un patrón antisocial”, e incluso señala que habiendo aplicado este mismo instrumento a otras cien personas “72 de ellas presentarían más características psicopáticas que el evaluado”.

Sí señala aspectos interesantes respecto de su relato sobre la situación de procesamiento que está enfrentando, como que denota “la necesidad de hacer de manera reiterativa al carácter altruista de su vocación militar y en general de su desempeño Profesional, proyectando una imagen mejorada de sí mismo”.

Además, cuando se le consulta a Cheyre por su situación procesal y por qué se encuentra en esta condición judicial, lo explica “como una necesidad de los familiares de las víctimas de encontrar un responsable, siendo su figura propicia debido a lo mediático de su período como Comandante en Jefe del Ejército”.

No obstante, inmediatamente agrega que se debe también a la “animadversión” que su declaración del “Nunca más” -expresada en sus tiempos como comandante en jefe del Ejército como forma de enfrentar las violaciones a los derechos humanos en las que se involucró a la institución- , de personas que recluidas en la cárcel de Punta Peuco, desaprueban su condena a las violaciones de los derechos humanos a través de su declaración del ‘Nunca más’.

El ex comandante en jefe del Ejército recordó su participación en la Mesa de Diálogo, instancia que califica como una “experiencia vivencial tremenda, debido al contenido de la información a la que tiene acceso, no habiendo tenido contacto con esa realidad de manera previa debido a su carrera eminentemente militar, lo que habría cambiado su visión en cuanto a la dimensión de lo que él describe como la tragedia de Chile”.

En este peritaje se recuerda también que “si bien dentro de la familia no existen condenas”, sí existen dos personas que han sido procesadas judicialmente entre su familia política por causas de violaciones a los derechos humanos:” A su suegro el General Carlos Forestier por Homicidio Calificado, la que es sobreseída por su fallecimiento, y su concuñado por el delito de Homicidio”.

Justamente, el informe señala que Cheyre forma parte de un grupo familiar “con arraigo militar desenvolviéndose en un entorno que no se constituye en un agente de control social, sino que por el contrario refuerza creencias y valores castrenses radicalizados y abundantes en morigeraciones y justificaciones de conductas que han implicado algún tipo de transgresión”.

Este peritaje señala que el “consultado ante la posibilidad de haber actuado de manera diferente, reafirma y justifica la decisión de haber permanecido en el Ejército con posterioridad al episodio por el que se encuentra procesado, argumentación que reafirma la rigidez de su planteamiento y la escasa motivación de cambio”.

La conclusión de este informe establece que presuntamente “el procesado presenta (…) una exacerbada percepción de autosuficiencia, tendencia a la manipulación y una negación y minimización de sus actos”:

“Atributos que interfieren por una parte, en su capacidad de conexión emocional y coherencia ideo afectiva con estos, y por otra, en la capacidad de presentar apertura frente a una intervención y la sujeción a un agente externo, lo que repercutiría en el impacto de una intervención en esta pena”.

Existe en el evaluado una minimización de su participación en los hechos que le imputan, mostrando un exiguo proceso reflexivo, donde no visualiza como necesidad el abordar estas temáticas, sin darle mayor relevancia a los hechos, por los cuales está siendo procesado, observándose igual postura en su núcleo familiar, el cual valida y refuerza las apreciaciones cognitivas del referido, percibiéndose ante el procesamiento judicial como víctimas de una situación que carece de mérito, no logrando constituirse en una entidad que pueda reforzar positivamente un proceso de cambio”. (Radio U. de Chile)

Comisión del Senado aprueba proyecto que desmunicipaliza educación pública

La tarde de este martes, los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado dieron luz verde al proyecto de ley que desmunicipalizará la educación pública, aprobando las indicaciones para continuar con su tramitación.

«Queremos que la educación pública constituya un sistema educativo que garantice a cualquier estudiante, cualquiera sea el lugar geográfico donde vive, el acceso a educación de calidad» comentó la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Asimismo señaló que “es necesario que el país pueda tener una estructura especializada en sólo trabajar y apoyar a las escuelas, en que el foco fundamental sea el establecimiento y por lo tanto, todo el apoyo esté puesto ahí, es lo que nos va a dar garantías de poder recuperar la educación pública, poder administrarla en red y poder tener redes pedagógicas”.

De esta manera, la iniciativa pasará a votación en la Sala del Senado durante los próximos días.

Al respecto, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, señaló que “tenemos la mejor de las expectativas de lo que va a ocurrir en esa votación y también muy optimistas respecto a esa conversación en la Cámara”, dado que una vez que sea votada en la Sala del Senado, vuelve a la Cámara de Diputados para ser ratificada.

El proyecto de ley creará un sistema de educación para fortalecer la formación que entregan los jardines, escuelas y liceos públicos. Para esto se instalarán 70 servicios locales en distintos puntos del país, los que apoyarán los proyectos educativos, valorando la identidad cultural y local de cada uno, entregando las herramientas necesarias para mejorar la calidad de la formación de los estudiantes y también apoyando a sus directivos y trabajadores de la educación. Un punto importante también de la iniciativa es el fomento de la participación de grupos como estudiantes, padres, madres y apoderados para que contribuyan en la educación pública.

4.000 FUNCIONARIOS DESPEDIDOS

Cerca de 4.000 funcionarios podrían ser desvinculados con el proyecto de desmunicipalización, iniciativa que fue aprobada anoche por la comisión de Hacienda del Senado.

La cifra fue entregada por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, en medio de la votación, instancia en la que señaló que el traspaso gradual de los 5.500 colegios a los 70 Servicios Locales de Educación(SLE) implicaría la desvinculación de 4.000 funcionarios.

«Esto es paulatino, no habrá cuatro mil funcionarios afuera de inmediato. Según los municipios, ellos podrán absorber a parte de esas personas para otras tareas. Es un estimado de la gente que no va a caber en el nuevo sistema, cuando ya esté todo en régimen», explicó a La Tercera.

Sin embargo, precisó que los trabajadores que salgan del sistema público recibirán compensaciones, el pago de sus finiquitos y los de mayor edad incentivos al retiro.

Son 5.500 colegios los que se desmunicipalizarían, partiendo con 104 en 2018.

En cuanto a los SLE, en total serían 70, pero sólo cuatro partirán el próximo año: dos en marzo y dos en julio. (El Mostrador-Cooperativa-La Tercera)

Acusan bloqueo de votación de proyecto que levanta secreto del Informe Valech I

El senador socialista Juan Pablo Letelier anunció que recurrirá a la Comisión de Ética de la Cámara Alta en contra de la senadora de la UDI Jacqueline van Rysselberghe, a quien acusa, dada su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Corporación, de no respetar las urgencias y dilatar la votación del proyecto de ley que levanta el secreto de 50 años de la Comisión Valech I para que el Poder Judicial pueda investigar delitos cometidos durante la dictadura militar.

El legislador se sumó así a las críticas hacia la timonel gremialista que formuló el miércoles último la subsecretaria de Justicia y DD.HH., Lorena Fries, quien la responsabilizó de impedir que la iniciativa legal pueda votarse en sala.

“Me parece legítimo que ella tenga una diferencia de opinión con el proyecto, me parece legítimo que vote en contra si no lo comparte, o vote a favor si lo comparte, pero lo que no corresponde es que un senador de la República no haga su trabajo, no venga a las sesiones, no asuma la responsabilidad de la comisión que ella voluntariamente preside y es por ello que me sumo a la inquietud de la subsecretaria, y en lo personal lo voy a pasar a la comisión de Ética para que ésta le represente su incumplimiento flagrante de sus responsabilidades”, dijo Letelier.

El parlamentario insistió en que la comisión ha sesionado tan sólo ocho veces este año y que el proyecto en cuestión ya debiera haberse votado, considerando que tiene el carácter de discusión inmediata.

“Es lamentable que una presidenta de un partido no dé el ejemplo, independiente de qué color político sea, de cumplir la ley. Lo absurdo es que está en abierta confrontación con la ley, hay una discusión inmediata, tenemos un plazo para votar los proyectos  y ella por cuarta vez consecutiva impide que se cumpla la ley a la cual nosotros nos comprometimos a cumplir, que es en ciertos plazos votar ciertas materias que se ponen ante nosotros, independiente que nos gusten o no nos gusten”, agregó.

Sobre por qué no optó por pedir la censura de la senadora, explicó que “es una opción, no se descarta, pero hemos querido seguir este otro camino. Respetamos que ella siendo de un partido de minoría en el Senado, hubo un acuerdo de que la oposición tuviera presidencias de comisiones pero siempre en el marco que uno respeta el juego limpio y transparente entre nosotros”.

Y recordó que “por desgracia no es la primera vez que tenemos esta experiencia con la senadora de la Octava Región. Antes con otra ley que no le gustaba sobre identidad de género también actuó de una forma inadecuada obstruyendo el despacho de este proyecto y en esto lo que ella hace es un mal ejercicio de sus funciones, y es por ello que consideramos que hay negligencia y creemos que el paso correcto es pasarla a la Comisión de Ética, y si la Comisión de Ética no es capaz de resolver esto, tendremos que estudiar las otras alternativas”.

Explicó también que la comisión no puede autoconvocarse, ya que el reglamento del Senado establece que es el presidente o presidenta quien debe citar a las sesiones y fijar la tabla.

Finalmente dijo que el objetivo del proyecto es establecer si los Tribunales de Justicia pueden o no acceder a información del Informe Valech I, como ocurre actualmente con el Informe Rettig y el Informe Valech II.

“La Ley Valech I, por la correlación de fuerzas que hubo en los ’90 en nuestro país, en el gobierno del presidente Lagos la UDI no aceptó la aprobación de la ley sin haber puesto esta dificultad para que los tribunales accedieran a la información. Transcurrido tanto tiempo es absurdo que no se le permita a los tribunales de Justicia, con el respeto a la información, acceder a información que existe en un organismo público. Se quería establecer igualdad ante la ley, y lo absurdo es que aquí lo que hay en el fondo es una senadora que no quiere permitir que los tribunales de Justicia puedan hacer verdad y justicia en casos de delitos que hubo en nuestro país”, sostuvo.

Citada por Radio Bío Bío, la senadora Van Rysselberghe negó que esté obstaculizando la votación del proyecto. De hecho, aseguró que citó a la comisión de DD.HH. para zanjar el tema después que el miércoles recibiera un informe de la Corte Suprema que estaba pendiente.

Pero hace dos años la actual presidenta de la UDI ya había manifestado sus reparos al proyecto porque a su juicio buscaba cambiar «las reglas del juego».

«Se generó un acuerdo institucional, en donde el Estado como gobierno aseguró las condiciones para que civiles, militares, cómplices, victimarios, víctimas pudieran declarar en ciertas condiciones”, dijo en julio de 2015 a la Radio Agricultura.

Y agregó que “gran parte de los responsables del gobierno militar deben estar muy ancianos o están muchos de ellos fallecidos. Los que fueron activos en los primeros años eran los mandos más bajos; subtenientes, de ahí para abajo, recibían órdenes. A lo mejor fueron parte de quienes otorgaron antecedentes. Son temas que generan polarización en un momento complejo de nuestro país cuando necesitamos unidad”. (El Mostrador Bio Bio)

Herida sangrante- Juan Ignacio Brito

La aprobación del aborto será, por lejos, el legado más duradero y dañino del gobierno de Michelle Bachelet. Una herida que no dejará de sangrar, no solo porque permitirá una práctica médica cuestionable, sino también porque consagrará un principio de amplias consecuencias: en Chile es ahora legal poner fin de manera deliberada a una vida inocente.

Los promotores y los defensores de la iniciativa repiten una y otra vez que se trata de una opción modesta, acotada a tres situaciones concretas. Pero, tanto en el mensaje presidencial que acompañó el proyecto de ley como en las intervenciones que celebraron el “triunfo” tras el dictamen del Tribunal Constitucional, los argumentos invocaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, incluso si ello supone pasar por encima de la vida del que está por nacer. O sea, fueron mucho más allá de la justificación de las tres causales, utilizando en cambio razones que se aplican más al aborto libre que a uno restringido.

Al enmarcar su discurso de esa forma, los promotores del aborto consiguieron una victoria cultural que abre posibilidades insospechadas. Un 70% de la población respalda el aborto en tres causales. Y, aunque la mayoría rechaza hoy la posibilidad de legislar a favor del aborto libre, no es capaz todavía de advertir que los argumentos para impulsar un proyecto de esa naturaleza ya han sido validados en el debate.

La Presidenta Bachelet señala que ha cumplido “un compromiso fundamental que asumimos con las mujeres”. Como siempre, deja de lado un componente clave de la ecuación: los niños que no verán la luz a raíz de la legislación aprobada. La Mandataria parece no comprender que, como decía Edmund Burke, vivimos en una asociación entre los vivos, los muertos y los que están por nacer.

Todos ellos son parte de nuestra comunidad. Al permitir y validar el aborto, Chile ha decidido amputar parte de su riqueza más básica, hiriendo profundamente el alma nacional.

Tampoco parece entender la Jefa de Estado la innegable ironía que supone la aprobación del aborto bajo su mandato. Un gobierno que declaró desde el comienzo que su propósito era poner atajo a la desigualdad promueve la peor de las injusticias, que es la que se comete contra seres inocentes e indefensos. No hay asimetría mayor que la del aborto, el cual siempre es perpetrado contra una persona cuya voz no es escuchada y cuyos derechos son ignorados y atropellados. El aborto involucra la más radical de las desigualdades.

Es imposible que una sociedad que avala este tipo de injusticia no sufra consecuencias negativas. La herida abierta continuará sangrando, como ocurre en prácticamente todos los lugares donde existen legislaciones similares. Varias de esas sociedades están reconsiderando y dándose cuenta del enorme perjuicio que se han causado a sí mismas al terminar de manera prematura con la vida de los que carecen de voz, pero no de derechos. (La Tercera)

Juan Ignacio Brito

Cuando agosto era 21

No pasó desapercibida la coincidencia de que un día 21 de agosto una mayoría del Tribunal Constitucional diera luz verde al aborto en tres causales. Todos los que vivimos nuestra juventud en los ochenta recordamos la canción de Fernando Ubiergo que hablaba de la incomprensión sufrida por una escolar que no se atrevía a revelar su embarazo, y que terminaba en tragedia: «Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba, con la mirada perdida y su viejo delantal». Escribo de memoria porque -disculpe el lector la autorreferencia- en mis años de universitario aprendí la letra de esta y otras canciones de Ubiergo para animar fogatas y reuniones juveniles al son de una guitarra.

La historia que cuenta «Cuando agosto era 21» nos sigue interpelando. Se trata de una colegiala con unos tres meses de embarazo, producto de un romance adolescente, que se oculta en «los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar». La canción denuncia el ambiente de prejuicios e incomprensión que rodea a la muchacha: el cura le habla de pecado, el abogado de lo legal, y el profesor se queja de la «inconsciencia de la juventud actual». La única recomendación que se le da es recurrir al aborto: «No faltaron los consejos que le hablaron de pastillas, de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien». La letra agrega que no faltó «la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio una dirección».

Esta «amiga entre comillas», que aconseja la solución facilista, será ahora la ley que «despenaliza el aborto en tres causales». Le indicará una dirección donde la mujer podrá librarse de un embarazo difícil mediante la supresión del hijo que espera. La sociedad lavará su conciencia por no apoyarla y, con la excusa de que la está empoderando y permitiendo que decida sobre su cuerpo, la dejará sola. Será ella la que deberá luego cargar, igualmente sola, con la fractura psicológica de haber requerido la muerte del niño que llevaba en su vientre, aunque haya sido el producto de una violación o haya padecido una grave enfermedad. ¿Y si a pesar de todo resiste las presiones del ambiente y la indicación legal que le asegura que se resolverán todos sus problemas abortando? Se le dirá, entonces, que ya que ha decidido libre y voluntariamente tener ese hijo, que se haga cargo de su crianza, sin esperar que otros la ayuden.

Mucho se ha insistido en que la ley de aborto es contraria a la vida del que está por nacer. Es cierto, pero su primera víctima es la misma mujer. Las leyes de aborto son de un machismo disimulado pero brutal. En vez de acompañar realmente -no con el «acompañamiento» mentiroso contemplado en el proyecto-, los varones podrán eludir sus deberes para con el hijo que han engendrado, ya sea convenciendo a la mujer para que lo aborte o, más tarde, negándose a colaborar en su manutención, ya que ella misma quiso tenerlo.

El mensaje de «Cuando agosto era 21» grafica muy bien la situación: la adolescente es abandonada por todos. Su verdadero drama no es el hijo que ha concebido, sino el rechazo a su maternidad, la falta de acogida y de comprensión de la familia, la escuela, la Iglesia y de toda la comunidad.

Se ve cuán fantasioso es pensar que una ley de aborto vaya a expandir la autonomía de las mujeres. Como si se dijera que con una ley que autorizara a los trabajadores a renunciar a sus derechos (recibir menos del sueldo mínimo o trabajar las vacaciones), se estaría ampliando su libertad y poder de decisión… Análogamente, la prohibición legal del aborto es una forma de proteger a la embarazada, para que no sea víctima de presiones y abusos en momentos de gran vulnerabilidad.

Al legalizar el aborto, habremos pasado de una sociedad prejuiciosa y poco comprensiva a una sociedad de salidas fáciles e individualistas, propias de una amiga que no es tal.

El estribillo de la canción de Ubiergo advierte que todos los que abandonan a la joven «no han sentido el amor, el dolor, ni en el vientre unos latidos…». Los latidos del vientre materno podrán ser silenciados en un quirófano de una clínica, ahora de modo legal y aséptico, pero seguirán sintiéndose en los oídos de esa mujer a la que una sociedad insolidaria ha dejado sola.

 

El Mercurio

Los millonarios sobornos que la fiscal de Venezuela acusa que recibió Maduro

La fiscal rebelde de Venezuela, Luisa Ortega, anunció que dispone de documentos para probar que el Presidente de su país, Nicolás Maduro, y el número dos del régimen, Diosdado Cabello, se han enriquecido con sobornos millonarios a través de empresas fantasma inscritas en el extranjero. En el caso de Cabello, la antigua fiscal chavista dijo que puede probar que recibió US$ 100 millones por medio de una compañía que dos familiares suyos constituyeron en España. Brasil, adonde Ortega llegó la noche del martes procedente de Bogotá, se sumó al gobierno de Colombia y también se mostró dispuesto a concederle asilo político.

Luisa Ortega habló por primera vez desde su rocambolesca huida de Venezuela aprovechando su presencia en Brasilia, invitada para participar en una reunión de fiscales de los países del Mercosur. La fiscal rebelde explicó que fue perseguida por el régimen debido a que en sus investigaciones halló pruebas que implican en la corrupción a las más altas instancias del gobierno de Caracas. Aseguró que tiene documentación para probar sus acusaciones y que la entregará a las justicias de España, Estados Unidos, Colombia y Brasil.

En el caso de Maduro, Ortega señaló que utilizó como fachada una empresa creada en México por testaferros suyos. Más específica fue respecto a los manejos de Diosdado Cabello. Así, dio el nombre de una empresa domiciliada en España, TSE Arietis, a nombre de dos primos del jerarca del régimen venezolano, Jerson Jesus Campos Cabello y Luis Alfredo Campos Cabello. Según la fiscal, esa firma, “una máquina de corrupción”, fue utilizada para cobrar US$ 100 millones de la constructora brasileña Odebrecht, que ha reconocido que desde hace años pagó sobornos a políticos de los principales países de América Latina.

Ortega denunció el saqueo total de su casa de Caracas, una vez que abandonó el país, supuestamente en busca de documentación comprometedora. “En Venezuela hemos asistido a la muerte del derecho”, dijo la fiscal destituida. “Y el problema es que esa inestabilidad se puede permear a toda la región”. “Todo lo que ha ocurrido conmigo”, insistió, “ha sido por investigar la corrupción”.

Ortega llegó a Brasil después de que su colega brasileño, Rodrigo Janot, la invitase, en un gesto de solidaridad con su situación, a participar en una reunión de fiscales de los países del Mercosur.

Tras la reunión con los fiscales, Ortega fue recibida por el ministro brasileño de Exteriores, Aloysio Nunes, quien se mostró dispuesta a acogerla como refugiada política. “Si ella quisiera, la acogeríamos con los brazo abiertos”, dijo Nunes, tras explicar que Ortega le trasmitió “un relato impresionante de cómo se ha degradado la situación en Venezuela”. Previamente a su entrevista con el ministro, la fiscal había dicho que estudiará la oferta de Colombia y de cualquier otro país que también se lo pudiera proponer.

La iniciativa inicial de invitar a Ortega no partió del Ejecutivo brasileño sino del fiscal Janot como un modo de mostrar su apoyo a la venezolana. Pese a eso, el viaje irritó a Maduro, que cargó contra el “gobierno golpista” de Brasil y amenazó con pedir a la Interpol la detención de Ortega en ese país. La fiscal tiene previsto en principio abandonar Brasil el viernes.

El fiscal Janot presentó a Ortega ante sus colegas de los países del Mercosur y criticó con extraordinaria dureza al régimen de Maduro, que calificó de “poder político dictatorial”. Para el fiscal brasileño, el acoso sufrido por la venezolana ha constituido una auténtica “violación institucional”.

Agencias

Cocina constitucional- Luis Larraín

Cuando el Tribunal Constitucional decidió que quien presidiría la sala al momento de votar el proyecto de aborto en tres causales sería Carlos Carmona, y no Iván Aróstica —quien ya fue elegido por sus pares como próximo presidente—, intuí que el fallo sería favorable al proyecto del Gobierno.

La razón es muy simple: Carlos Carmona, como presidente del Tribunal Constitucional, ha dirimido veintiocho empates en veintiuna sentencias. Lo anterior excede la cantidad total de votos dirimentes utilizados por todos sus predecesores juntos, que son para estos efectos cuatro, y que suman diecisiete votos. Este dato, que nace de un estudio del nuevo instituto llamado  observatoriojudicial.org, me reveló que los ministros del tribunal estaban aceptando, anticipadamente, que Carmona, que ha sido un fiel defensor de las posiciones del Gobierno de Michelle Bachelet, dirimiera la que se anticipaba como una decisión estrecha.

El voto a favor de las tres causales de María Luisa Brahm hizo innecesaria la actuación dirimente de Carmona. Pero el “seguro” que proveía la última instancia que tenía él como presidente del Tribunal en su postrera actuación como tal, daba las seguridades que el Gobierno requería de que uno de sus proyectos más emblemáticos sería aprobado.

La “cocina”, utilizando el término que acuñara el senador Andrés Zaldívar con ocasión de la reforma a la reforma tributaria, también se extiende entonces a materias constitucionales, incluso a materias de la carga emocional y valórica del aborto; por desilusionante que ello pueda parecerles a los grupos de personas, mayoritariamente mujeres, que en las afueras del Tribunal manifestaban sus posiciones, a favor o en contra del proyecto, de manera histriónica y a veces dramática.

De hecho, el discutido procedimiento de audiencias que decidió el TC —que permitió a gran cantidad de personas e instituciones exponer sus puntos de vista acerca del controvertido proyecto— actuó, junto a las manifestaciones de esas mismas personas, como una suerte de catarsis colectiva. Como señalara Carlos Peña, en estricto rigor no tenía sentido que el Tribunal escuchara estas intervenciones, pues lo que sus integrantes debían hacer era pronunciarse acerca de la compatibilidad de las disposiciones del proyecto con nuestra Constitución Política, cuestión que no tenía relación alguna con las convicciones, creencias o reivindicaciones de quienes exponían frente a los ministros.

Pero cuando ellos decidieron este sistema de audiencias, no estaban pensando en un procedimiento que contribuyera a iluminar sus votos, sino en una forma de cubrir este proceso con un manto de legitimidad ciudadana por la apariencia de participación. Aunque esto no es tarea del Tribunal, como lo consignara Peña, sino del Congreso.

Pese a ser impropias en lo formal, las audiencias fueron quizás la única forma en que una decisión de tanta carga valórica como lo es la disposición de una vida por parte de un tercero, pudiera revestirse de la legitimidad social que se requería.

Porque en definitiva, más allá de consideraciones jurídicas que están fuera de mi alcance, de eso se trata la controversia de fondo sobre el aborto en las dos causales que son de verdad discutibles, pues la primera, que se relaciona con la sobrevivencia de la madre, está ya resuelta por la medicina. ¿Puede una madre decidir acerca de la vida del ser humano que lleva en su vientre, atendiendo a las condiciones en que éste fue concebido, o a sus posibilidades de sobrevivencia? ¿O la sociedad debe proteger esa vida, independientemente de la opinión de la mujer? El Congreso y el Tribunal Constitucional se decidieron por la primera opción.

El argumento de que no puede exigirse a la mujer un comportamiento supererogatorio o heroico, que parece haber pesado en las decisiones de parlamentarios y ministros del TC, discurre sobre la base de que hay solamente un ser, la madre, que tiene dignidad y posee derechos. Así, las difíciles circunstancias que vive una mujer embarazada por una de estas causales ameritarían el aborto. Uno puede entender ese punto de vista, pero también razonar en el sentido que hasta aquí todo es sobre la mujer.

El otro ser vivo en cuestión no sería una persona y por lo tanto carecería de derechos, incluso el de vivir. Hacia allá ha evolucionado la discusión sobre el aborto.

Una sociedad requiere de mecanismos de contención para tomar una decisión de esa dureza. Que en las convenciones que se empiezan a imponer en la sociedad sea inaceptable maltratar las costillas de un animal con la práctica del rodeo, y sea en cambio aceptable triturar el cráneo ya formado de un ser humano, no deja de ser impactante. Para tolerar eso, es imprescindible invisibilizar por completo al que está por nacer y a eso lleva justamente el que toda la discusión se centre sobre los derechos de la mujer.

Por eso en Chile hemos discutido acerca de la “interrupción del embarazo” y no sobre el aborto, y se ha rotulado el proyecto como “despenalización” de la interrupción del embarazo y no legalización del aborto en tres causales, que es lo que es, ignorando el aforismo que dice que en derecho las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son.

Es la decisión que ha tomado nuestro país, y la mayoría del mundo por lo demás; pero no necesariamente la mejor decisión. (El Líbero)

Luis Larraín

 

El último golpe a la clase media- Nicolás Monckeberg

Hace exactamente cuatro años, en plena campaña, Michelle Bachelet anunció 50 medidas para sus primeros cien días. La gran promesa para la clase media y el adulto mayor, era mejorar las pensiones y crear una AFP estatal.

Ha pasado el periodo presidencial casi completo, la AFP estatal se archivó y la Comisión Bravo, creada el 2014, nunca llegó a acuerdo y sus propuestas se guardaron en un cajón desde septiembre de 2015. Recién hoy, nuevamente en campaña, el gobierno presentó su propuesta de pensiones. ¿Se trata, esta vez, de una propuesta pensada y seria o es un nuevo Hospital de Curepto, con objetivo únicamente electorales? Júzguelo usted mismo: el gobierno aumenta 5 puntos las cotizaciones con cargo al empleador. De ellos, el 40%  se quita al trabajador y se destina a una nueva entidad estatal llamada Consejo de Ahorro Colectivo.

La principal oferta de esta propuesta es un aumento de las pensiones en un 20%. ¿Es cierto? Definitivamente no. Muchos chilenos no recibirán nada, partiendo por los 600 mil chilenos más vulnerables que viven de una pensión básica de 120 mil pesos y que no recibirán ni un solo peso. Lo leyó bien: ni un solo peso.

Tampoco se aumentará la pensión al cerca de medio millón de chilenos pensionados del sistema antiguo y que están en el Pilar Solidario, ni a los trabajadores más jóvenes, quienes deberán aportar y no recibirán nada a cambio. A pesar de lo anterior, el gobierno defiende su reforma como “solidaria”.

Veamos si es cierto. Primero: la propuesta tiene un costo de 1.400 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto de este costo lo paga el Estado? Nada. Todo es pagado con la cotización del trabajador.

Segundo: ¿Serán los trabajadores de mayor ingreso, quienes más contribuyan para financiar la propuesta? Tampoco.

Aunque parezca el mundo al revés, el trabajador que menos gana, por ejemplo, pues percibe el sueldo mínimo, deberá contribuir proporcionalmente más que el gerente cuyo salario es veinte o treinta veces mayor, y que además tiene un tope imponible por el que no cotizará sobre el total. Tampoco aportarán los que no están en el sistema de AFP, aun cuando ganen más de los que si deberán aportar, ni los que reciban otras rentas, distintas a la remuneración y que generalmente son los  de mayores ingresos.

Tercero: ¿Es solidaria la propuesta a la hora de repartir los beneficios? Todo lo contrario. Con esta propuesta, el trabajador que ahorró para una pensión de 150 mil pesos, podrá recibir hasta 30 mil pesos de incremento; mientras que el ejecutivo que tiene una pensión de 3 millones de pesos, recibirá un incremento cuatro veces mayor. Y no nos olvidemos que el pensionado antiguo y aquel trabajador que no pudo ahorrar y que solo cuenta con la pensión básica solidaria, no recibirá nada.

¿Qué nuevo paradigma pretende imponernos el gobierno ahora, que al tiene más se le entrega más y al que tiene menos se le da menos?

El sesgo ideológico de la nueva mayoría es más fuerte. Se pretende crear una entidad estatal para que sea la única que administre los nuevos fondos, sin que el trabajador pueda elegir. Lo que no se dice es que este Consejo no será gratuito y cobrará al trabajador tanto y finalmente más que lo que hoy cobran algunas AFP. Se propone construir, entonces, un sistema más caro que el que hoy existe.

Finalmente, este mundo al revés del gobierno es más evidente cuando los propios creadores de la propuesta reconocen en el informe de productividad, que su “idea” podría terminar afectando hasta 400 mil puestos de trabajo,  lo que obviamente aumenta  las lagunas previsionales y bajan las pensiones.

Cuesta imaginar lo qué pasa por la cabeza de quienes diseñaron esta reforma. Es regresiva, injusta y poco solidaria. En mi opinión, esto ocurre, precisamente, cuando se legisla en forma improvisada, con fines electorales, por un gobierno de salida.

Chile necesita una reforma para aumentar las pensiones, pero hay que hacerla bien. Se trata de un cambio demasiado importante para una nueva improvisación del gobierno. (La Tercera)

Nicolás Monckeberg

Beatriz Sánchez presenta plan de pensiones

Esta mañana la candidata presidencial del Frente Amplio Beatriz Sánchez entregó su plan de gobierno para mejorar el sistema de pensiones, mencionando que “hace suya” la propuesta de la Coordinadora No + AFP.

“Queremos hablar de seguridad social en pensiones, porque en Chile existen tres sistemas de pensiones, la de reparto para FFAA que en promedio llega a la suma de $800 mil, el de ahorro individual de AFP, que llega a $200 mil promedio y la del Instituto de Previsión Social que está a cargo del Estado, de $105 mil en promedio, pero en Chile, no tenemos un sistema de seguridad social, no tiene trato uniforme con todos los ciudadanos y no hay equidad de género y las pensiones son insuficientes”, precisó.

De esta forma, Sánchez indicó que “necesitas pensiones dignas y para esto se requieren cambios estructurales, graduales y profundos, pero permanentes en el tiempo”.

Así entregó una propuesta con diez pilares, donde se destacan “un sistema moderno y sostenible de reparto solidario, con ahorro colectivo. Pensiones que son definidas, es decir, con una pensión mínima a todo evento para todas las personas que siempre será igual al salario minimo”.

Además se bajará la cotización del 13% al al 9% desde el 13%; se premiará el ahorro y se enfrentará la desigualdad con las mujeres, añadiendo cinco años de cotización, pero manteniendo la actual edad de jubilación (60).

La Tercera/La Tercera

Chadwick: «Da la impresión que no estaba preparado para ser candidato”

Luego de que Alejandro Guillier acusara a Banco Estado y la banca privada de hacerle un bloqueo para no otorgarle un crédito -con el objetivo de financiar su campaña-, el comando de Sebastián Piñera criticó sus dichos y aseguró que el independiente está haciendo un “lloriqueo”, cuando sin embargo, él debería conocer la ley electoral.

Así lo indicó el jefe político del abanderado de Chile Vamos, Andrés Chadwick, quien además señaló que “no es momento de quejarse, se quejó tarde, empezó a llorar y son lágrimas que provienen de sus propias dificultades”. 

En conversación con Tele13 Radio, el ex ministro de Piñera manifestó que Guillier “lamentablemente no estuvo bien preparado para enfrentar una elección presidencial. Él conoce la ley electoral, participó en su elaboración, la votó y por lo tanto debe saber cuáles son las condiciones de la ley electoral”.

“Empezar después de conocida la ley, conocidas las condiciones y todos los elementos de la competencia, a un lloriqueo por los dineros, de los aportes, de que los bancos no le prestan dinero, de que él por ser independiente no recibe los aportes de los partidos, todas cosas conocidas por él previamente, entonces empezar ahora… Esto es sin llorar, sin lloriqueos, y creo que Alejandro Guillier está llorando de más, da la impresión de que no estaba bien preparado para ser candidato presidencial”, dijo.

Estas declaraciones ocurren luego de que el presidente de Banco Estado, Jorge Rodríguez Grossi, clarificara que la entidad le negó el crédito al candidato apoyado por gran parte de la Nueva Mayoría debido a que por ley los parlamentarios que se encuentran en ejercicio no pueden endeudarse con empresas públicas. Lo cual está consagrado en el artículo 60, inciso segundo, de la Constitución.

 

La Tercera/Agencias

 

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