Por estos días hay un nombre que se repite en los pasillos del Poder Judicial: Daniel Urrutia. Y es que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago está en el “ojo del huracán” luego de que decretara una serie de beneficios para reclusos de la Cárcel de Máxima Seguridad, entre los que se encuentran miembros del Tren de Aragua.
Durante los últimos días el magistrado, que antes ya había sido sancionado por “autoasignarse” y liberar a miembros de la primera línea el 2019, ha sumado otras polémicas decisiones. La última de estas es que entre los mismos beneficiados del penal de alta seguridad autorizó que Rafael Marín recibiera una “visita íntima” de su pareja. Sin embargo, ese detenido por narcotráfico, según dio a conocer Ex-Ante, comparte abogado con el propio magistrado. Se trata de Carlos Quezada, quien lo ha patrocinado y defendido en tribunales en diversas ocasiones.
En medio de ese contexto, según pudo conocer La Tercera, durante los últimos días un padre ingresó un recurso de amparo en contra de una decisión de Urrutia, denunciando graves ilegalidades al ordenar una serie de medidas cautelares en una causa de violencia intrafamiliar (VIF) en favor de una madre, quien tiene como abogada a una amiga del magistrado. Todo esto en medio de una tensa audiencia en la cual, sin mediar provocación, el juez incluso trató mal al imputado, quien decidió presentar un requerimiento extraordinario para que sus superiores de la Corte de Santiago intervengan.
El origen del más reciente emplazamiento a Urrutia comienza a mediados de mayo del 2023, cuando K.E.M.J., una abogada y funcionaria del 1º Juzgado de Garantía de Santiago, presentó una querella en contra de su expareja y padre de los tres hijos que tienen en común, F.I.H.M., por diferentes delitos de violencia intrafamiliar. Según consta en amparo ante el tribunal de alzada, dicha acción judicial se ingresó el mismo día que un tribunal de familia -que revisaba la causa de separación del matrimonio- dictaminó que el progenitor debía quedarse con la custodia de uno de los tres hijos de la pareja, un niño de 11 años.
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En la querella presentada por la madre del menor de edad se solicitaba, entre otras cosas, que se decretara la medida cautelar de prohibición de acercamiento del hombre a ella y los hijos, pese a la decisión del tribunal de familia. En una audiencia dicha medida fue acogida y comenzaría una nueva etapa judicial que involucra al juez Urrutia, y en el que se lo acusa de haber actuado contra la ley.
Y es que la mujer que se querelló en contra de su expareja era representada por la abogada Emilia Millán, quien -según se acusa en el amparo- tiene una estrecha relación de amistad con el juez Urrutia, quien no se habría inhabilitado en la causa al conocer estos antecedentes.
Para dar contexto, en el amparo se detallan una serie de falencias en el proceso judicial. Lo anterior, ya que las cautelares se decretaron sin que F.I.H.M. fuera formalizado por el Ministerio Público. Es decir, se le prohibió acercarse a su hijo solo por el hecho de que su exesposa presentara una querella. Tras esto en el proceso, cuestiona el padre, han existido una serie de audiencias en las cuales se le han mantenido las medidas en su contra, incluso se han ido agravando, y es justamente aquí donde entra al ruedo el rol del magistrado Urrutia.
Una serie de recursos y diferentes acciones judiciales emprendió la defensa del hombre en contra de quien existía la medida cautelar de protección en favor de su exesposa e hijos. Por lo mismo, y debido al tiempo que había transcurrido en la causa, es que se citó a una audiencia el 17 de enero, en la cual se debían discutir una vez más estas medidas cautelares.
Fue entonces que dicha audiencia fue encabezada por el juez Daniel Urrutia, quien en una tensa sesión mantuvo la medida de alejamiento, ya que -según señala el recurso de amparo- “a su juicio” seguía todo vigente. Pero además de eso el magistrado fue más allá y ordenó que el padre del menor de edad no solo no debía estar con él, sino que también debía abandonar el hogar que compartía con el niño de 11 años, convivencia que había sido visada por el propio tribunal de familia. Además de extender las prohibiciones a comunicarse con él y el resto de sus hijos. Lo aisló completamente. (La Tercera)
