A menos de tres meses de que Gabriel Boric entregue el mando, el senador por Antofagasta, Pedro Araya (PPD), denunció que el Gobierno heredará un «fierro caliente» en materia migratoria. Según un oficio del Servicio Nacional de Migraciones, existen 42.533 solicitudes de residencia temporal por reunificación familiar en trámite a nivel nacional. Araya advirtió que la imposibilidad de resolver este volumen de peticiones antes de marzo dejará al presidente electo, José Antonio Kast, en una encrucijada política y administrativa de proporciones.
RADIOGRAFÍA DE LAS SOLICITUDES PENDIENTES
El documento, actualizado a agosto y entregado en octubre por el organismo que dirige Luis Thayer, detalla una fuerte concentración geográfica de las peticiones de regularización:
Región Metropolitana: Lidera con 16.690 solicitudes (39,2%).
Región de Antofagasta: Ocupa el segundo lugar con 4.122 solicitudes (9,7%).
Origen: El 73,4% de las peticiones se realizaron dentro de Chile, lo que según el legislador sugiere casos de extranjeros irregulares con vínculos familiares ya establecidos o personas expulsadas intentando retornar.
LA ENCRUCIJADA PARA JOSÉ ANTONIO KAST
El senador Araya calificó la situación como un «presente griego» para la administración entrante. Según su análisis, Kast se enfrentará a una doble problemática de difícil resolución:
Riesgo de Regularización Masiva: Si el nuevo gobierno aprueba las visas para limpiar el sistema, Kast podría transformarse, paradójicamente, en el mandatario que más migrantes ha regularizado.
Conflicto Valórico: Si decide rechazarlas de plano para frenar la migración, entraría en conflicto con su discurso de protección a la unidad de la familia, uno de los pilares de su programa.
CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL FRENTE AMPLIO
Araya no descartó una «intencionalidad» en la acumulación de estas solicitudes, vinculándola con otras decisiones de fin de mandato como la denominada «ley de amarre» de funcionarios públicos. «El Frente Amplio ha tenido una posición vacilante; pasaron de las fronteras abiertas a darse cuenta tarde de que la migración irregular es un problema», fustigó. Además, el parlamentario puso en duda las cifras oficiales del Ejecutivo que hablan de una baja del 48% en ingresos irregulares, señalando que en Antofagasta los delitos violentos y la proliferación de campamentos demuestran una realidad distinta. (NP-Gemini-El Mercurio)
