En el año 1993 se firmó un contrato de arrendamiento entre Corfo y SQM Salar para la explotación por parte de SQM del Salar de Atacama (que reemplazó otro contrato de arrendamiento vigente desde el año 1986), que establecía una renta variable en favor de Corfo por el arrendamiento de la pertenencia cuyo monto se calculaba en base al valor de lo extraído en litio, potasio y sodio, entre otros productos. El contrato se pactó hasta el 31 de diciembre del año 2030.
Esta explotación es un negocio muy relevante para la empresa SQM pues sus ingresos constituyen alrededor del 60 a 70% de los ingresos totales de la compañía, siendo además SQM un actor relevante en el mercado mundial del litio con cerca de un 30% de participación. Corfo entendió que SQM no estaba cumpliendo con las obligaciones del contrato en cuanto al pago de la renta, y en el año 2013 solicitó la designación de un árbitro para zanjar la disputa y presentó una demanda en mayo del año 2014 pidiendo, en síntesis: a) Término del Contrato de Arrendamiento; b) Pago indemnización rentas por percibir hasta el 31 de diciembre de 2030; c) Pago por daño moral y d) Restitución de las pertenencias mineras. El quid del asunto radicaba en que Corfo estimaba que SQM efectuaba ventas de productos a empresas relacionadas a precios inferiores a los de mercado y con ello se rebajaba consecuencialmente el monto que la minera debía pagarle a Corfo. Después del proceso negociatorio, se llegó a un acuerdo a principios del año 2018 en que se modificaron los términos del contrato, se estableció un monto como indemnización en favor de Corfo y se estableció que ni Julio Ponce Lerou ni sus relacionados podían estar en el directorio de la compañía, sin que se extendiera esa prohibición expresamente a prestar asesorías.
Paralelamente, en el año 2014 la Fiscalía comenzó a investigar delitos de soborno y de carácter tributario por la incorporación de documentos tributarios ideológicamente falsos en la contabilidad de las empresas del grupo Penta, surgiendo en esa investigación -a fines de ese año- antecedentes que mostraban que idénticos hechos estaban sucediendo en la empresa SQM. La investigación -que por el revuelo, resistencia y presiones que causó fue asumida en su tramitación por el entonces Fiscal Nacional-, terminó revelando un extenso mecanismo de financiamiento bastante transversal a diversos sectores políticos de distintas ideologías. Junto a ello, fue revelada también, correspondencia electrónica que mostraba cómo leyes relevantes para la Nación -como son las de Royalty Minero y la de Medioambiente- fueron parcialmente redactadas por los abogados de SQM y luego se transformaron en leyes de la República, tras el patrocinio que hicieron de ellas como propias, parlamentarios o ministros de Estado.
El descubrimiento de estos hechos provocó que su histórico controlador Julio Ponce Lerou dejara el directorio de la compañía en abril del año 2015, en medio de una disputa por el control de la empresa con la canadiense Potash, también accionista de SQM. A raíz de estos hechos, correctamente se le imputó a la propia compañía tener responsabilidad penal como persona jurídica en el delito de soborno al haber cedido el delito en beneficio de la propia empresa. Estimaciones conservadoras indican que sólo en términos tributarios la empresa SQM se benefició en decenas de millones de dólares con las modificaciones que sus abogados redactaron para la ley de Royalty minero. Lamentablemente, la Fiscalía inmediatamente después de haber efectuado la imputación a la persona jurídica suspendió condicionalmente el procedimiento en condiciones extremadamente ventajosas para SQM, entre ellas, el pago de indemnizaciones cercanas a los 4 millones de dólares, estableciéndose además la obligación de entregar un informe de cumplimiento de medidas anticorrupción que se estarían llevando adelante por las empresas del holding.
Pocos meses después de que se resolvieran muy favorablemente para la compañía tanto la disputa por la explotación del Salar como la acusación que pesaba sobre ella del delito de soborno, su directorio de manera unánime aprobó la contratación como asesores del ex presidente del directorio Julio Ponce Lerou y de su hermano Eugenio, quienes volverán en gloria y majestad a instalarse en las oficinas corporativas, las mismas que tres años antes fueran allanadas, incautándose computadores, mails y contabilidad donde se probaba el mecanismo.
Para ello se ha argumentado la necesidad de contar con la experticia profesional de los hermanos Ponce Lerou, fundamentales para el desarrollo de la compañía. Sin embargo, los fríos números no respaldan esa tesis. En efecto, el valor de la compañía, reflejada en el de la acción de la misma, experimentó en marzo de 2015 una baja del 17% cuando se conocían en el mercado las divergencias en el directorio a partir de la revelación del financiamiento delictual que efectuaba la compañía a diversos sectores políticos. El 23 de abril de 2015, Julio Ponce Lerou renunciaba a la presidencia de la compañía. ¿Cómo reaccionó el mercado? La acción subió un 10%. A partir de esa fecha, han transcurrido tres años sin la intervención de Ponce Lerou ni su hermano en el desarrollo de SQM y la compañía ha casi triplicado su valor en la Bolsa, pasando de un monto cercano a los 12 mil pesos por acción a los 33 mil pesos de hoy. Los fríos números indican que sin Ponce Lerou en la empresa, ésta ha triplicado su valor.
La decisión -junto con generar un profundo malestar y rechazo en diversos sectores del país, incluyendo a los propios gremios empresariales de la Sofofa y la CPC-, ha provocado también un cuestionamiento al gobierno corporativo de la empresa. En efecto, las decisiones relevantes de la empresa deben adoptarse siguiendo los criterios de sus accionistas que son representados proporcionalmente al número de sus acciones en el directorio. Esa es la vía a través de la que deben adoptarse formalmente las decisiones y el lugar en que deben producirse y resolverse las diferencias, según lo indica el manual del buen gobierno corporativo. No corresponde que un accionista controlador pueda tener un espacio de influencia en las decisiones de la empresa, adicional a la representación que tenga en el directorio, mediante su actividad como asesor de la misma. Ello es particularmente delicado en sociedades anónimas abiertas en que existe una presencia numerosa de accionistas minoritarios cuyos derechos parecieran no estar siendo adecuadamente resguardados ni menos representados. Hay que tener presente que la contratación a la que hacemos referencia se adoptó unánimemente en el directorio.
Por otro lado, el hecho muestra nítidamente la debilidad institucional que mantenemos en nuestro país. Correctamente se ha criticado que el contrato celebrado entre Corfo y SQM permitiera esta contratación aunque su espíritu haya sido el contrario. Y la suspensión condicional con que la Fiscalía cerró apresuradamente el caso, instaló un estándar irrisorio de responsabilidad en el que es, sin duda, el caso más grave de responsabilidad penal de una persona jurídica investigado hasta ahora. Ninguna condición se estableció tampoco en dicha suspensión que evitara que los controladores de la empresa en los años en que se produjeron los delitos volvieran a participar de la dirección o asesoramiento de la compañía. Sólo para ilustrar: ¿sería imaginable que en Brasil, Marcelo Odebrecht fuera nuevamente contratado en la empresa que repartió sobornos por toda América? Evidentemente que no.
Igualmente preocupantes son las declaraciones de Eduardo Bitran, quien ha indicado que en el proceso de negociación recibió presiones de diversos políticos de la Nueva Mayoría intercediendo en favor de SQM. Si esos políticos son también funcionarios públicos, podemos estar en presencia de un delito de tráfico de influencias. Una acusación de esa gravedad exige que se entreguen los nombres y desde ya la Fiscalía debió iniciar una investigación de oficio para esclarecer esos hechos.
Finalmente, el gobierno mediante un comunicado de la Corfo señaló que no había un incumplimiento contractual con la contratación de los hermanos Ponce Lerou, no entendiendo que éste, más allá de un tema contractual, es un tema ético y también estético en que el gobierno deberá involucrarse, pues afecta la agenda de probidad que el Presidente ha anunciado en su cuenta pública.
Restablecer la confianza en las instituciones es una tarea que debe ser abordada seriamente en nuestro país. Dicha actividad le corresponde a instituciones públicas y privadas. La tolerancia o, peor aún, la incapacidad institucional para impedir este regreso formal de Julio Ponce Lerou a la compañía le hace mal a SQM en primera instancia, a la actividad empresarial en su conjunto, y también al prestigio de nuestras instituciones públicas respecto de su real capacidad de fiscalizar y sancionar los incumplimientos contractuales y legales. También aquí alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. (La Tercera)
Carlos Gajardo
