En la agenda de seguridad de La Moneda hay algunas fechas anotadas en rojo como pruebas de fuego para uno de sus principales desafíos: el control del orden público. El debut – las protestas en Plaza Baquedano en el primer viernes – no fue promisorio.
No tanto por las escenas de violencia – de por sí complicadas – sino por las críticas fuertes de personeros del PC, capitaneadas por el alcalde Daniel Jadue, a la actuación de Carabineros y los emplazamientos al gobierno a “¡no decepcionar al pueblo!”, en referencia a un video en el que un manifestante perseguido por policías se azotó la cabeza en el suelo. El ministerio del Interior reaccionó pidiendo “un informe detallado” a Carabineros.
Otra fecha es el 29 de marzo, el llamado “Día del Joven Combatiente”. Nadie espera que sea un día normal en algunos puntos de Santiago, como no la sido desde hace mucho tiempo. Pero en los últimos años, de acuerdo a las estadísticas que manejan en el gobierno, la violencia ha bajado, especialmente por la pandemia, y la idea es que los niveles no vuelvan a subir.
Más complicado puede ser lo que ocurra en la zona macrosur unos días antes, después de que expire el estado de excepción, el 26 de marzo.
Si bien desde el ministerio del Interior han elaborado un plan para que las Fuerzas Armadas den apoyo logístico y de inteligencia a las policías – facilitando vehículos blindados y otros equipamientos a las fuerzas de orden, además de apoyo a los brigadistas que combaten incendios- existe preocupación por la posibilidad que después se esa fecha se intensifique la violencia de los grupos radicales armados, lo que podría traer costos importantes para La Moneda.
Por último, ante la anunciada posibilidad de recurrir a indultos para algunos de los llamados “presos de la revuelta” –las personas procesadas por delitos relacionados con las protestas en el marco de la crisis de octubre de 2019- un peligro es que algunas de ellas reincidan. Por lo mismo, el gobierno ha declarado que, de ocurrir, la medida se aplicará “caso a caso”. (Ex Ante)
