La bancada de diputados de la UDI confirmó este lunes que acudirá al Tribunal Constitucional para frenar la norma de estabilidad laboral estatal. Los parlamentarios calificaron la iniciativa del Ejecutivo como una maniobra «impropia, deshonesta e irresponsable».
La disposición establece que la no renovación de contratas debe realizarse mediante actos administrativos fundados en criterios objetivos. Además, reduce de cinco a dos años el periodo para que los trabajadores adquieran el derecho a la confianza legítima.
Los diputados Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri argumentaron que esta medida busca crear una «planta paralela» de operadores políticos. Sostuvieron que el Gobierno intenta realizar una reforma encubierta al Estatuto Administrativo a través de la ley de reajuste.
Según la oposición, el proyecto original de reajuste debe limitarse exclusivamente a temas remuneracionales y beneficios económicos. Acusaron al Ejecutivo de utilizar la normativa para blindar a personal afín antes del cambio de mando presidencial.
El economista Vittorio Corbo también se sumó a las críticas, comparando la situación con las medidas adoptadas al final del gobierno militar. El expresidente del Banco Central pidió una reforma profunda al sector público, pero bien estudiada y consensuada.
Corbo advirtió que endurecer las condiciones laborales de forma tan rígida es perjudicial para la gestión del Estado. A su juicio, si el requerimiento llega al Tribunal Constitucional, es muy probable que la norma sea finalmente rechazada por vicios legales.
Desde la UDI hicieron un llamado a los partidos de centroizquierda, como el PS y el PPD, para no respaldar el polémico protocolo. Aseguraron que la alternancia en el poder y el respeto a la democracia están en juego con esta ley.
La norma en disputa permite a funcionarios con dos años de servicio reclamar ante la Contraloría por vicios en sus despidos. También establece regulaciones específicas para el personal que presta asesoría directa a las altas autoridades de los servicios.
REPUBLICANOS
La tensión entre el gobierno electo de José Antonio Kast y la administración saliente alcanzó un nuevo punto crítico este lunes. Los dirigentes republicanos Arturo Squella y Rodolfo Carter arremetieron contra la norma incluida en el reajuste del sector público que limita la remoción de funcionarios a contrata.
Arturo Squella, timonel de Republicanos y senador electo, afirmó que el Ejecutivo insiste en una «fórmula de amarre» que resulta inaceptable. Según Squella, esta medida demuestra que el «amiguismo» y la instalación de operadores políticos marcarán el fin del actual gobierno.
El dirigente advirtió que esta disposición «dinamita» la relación de transición entre las autoridades actuales y las entrantes. Para el equipo de Kast, la norma busca proteger a los denominados «apitutados políticos» que la futura administración prometió remover del aparato estatal.
Por su parte, el senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, utilizó un tono aún más duro para criticar la iniciativa. El exalcalde de La Florida calificó la medida como una «vergüenza» y comparó la situación con las prácticas de amarre de fines de la dictadura.
Carter señaló que dejar amarrados a los funcionarios antes de abandonar el poder es un acto que daña la institucionalidad. Aseguró que ni siquiera procesos históricos previos se atrevieron a blindar de tal forma a personas con afinidades ideológicas por sobre el mérito.
Esta polémica se enmarca en la promesa de campaña de Kast de reducir el gasto fiscal y eliminar a quienes Cristián Valenzuela, asesor clave del mandatario electo, calificó anteriormente como «parásitos» dentro del Estado. La oposición considera que la estabilidad laboral propuesta es una «reforma encubierta».
El conflicto escala mientras el Congreso se prepara para votar la ley de reajuste. Desde el oficialismo defienden la norma como un avance en la dignidad y estabilidad de los trabajadores, mientras que Republicanos asegura que se trata de un blindaje político de último minuto. (NP-Gemini-Emol-La Tercera)
