La tramitación del reajuste al sector público ha quedado en segundo plano tras la controversia por una norma que endurece las condiciones para desvincular a trabajadores a contrata. Según un informe del centro de estudios Horizontal, la medida impactaría a 32.767 funcionarios ingresados durante la actual administración. Mientras la oposición califica la iniciativa como «inmoral» y un intento de proteger a «activistas políticos», el oficialismo defiende que se trata de otorgar garantías laborales mínimas a profesionales de la salud y educación, en línea con el principio de confianza legítima.
AMENAZA DE BLOQUEO LEGISLATIVO
Desde Chile Vamos y el Partido Republicano, la respuesta ha sido tajante. El diputado Frank Sauerbaum (RN) advirtió que insistir en esta norma podría «enrarecer» y afectar otras negociaciones críticas que aún están pendientes en el Congreso, como el Financiamiento de la Educación Superior (FES), el proyecto de Gendarmería y la ley de sala cuna universal. Por su parte, Felipe Donoso (UDI) acusó al Presidente Boric de incumplir su promesa de campaña de terminar con los «pitutos», asegurando que se busca dejar con sueldo a miles de operadores del Frente Amplio.
ARGUMENTOS Y MATICES EN EL DEBATE
La defensa del PC: El diputado Boris Barrera (PC) rebatió las cifras, señalando que el 90% de los beneficiados pertenecen a áreas críticas como salud, educación y gobiernos regionales. Calificó la ofensiva de la derecha como un «libreto conocido» para instalar desconfianza.
El factor administrativo: Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) explicaron que la norma no prohíbe los despidos, sino que exige que sean actos administrativos «fundados» y notificados con 30 días de anticipación, adaptándose a los nuevos criterios de la Contraloría.
Crítica al «Bolsillo de Payaso»: El diputado Carlos Bianchi cuestionó que se utilicen las leyes de reajuste para incluir normas ajenas al tema central, aunque pidió no asumir que todos los nuevos contratados son operadores políticos, destacando la necesidad de profesionalizar el Estado.
LA ESTRATEGIA DE LA MONEDA
El Gobierno se enfrenta ahora al desafío de aprobar el reajuste antes de fin de año sin sacrificar su agenda legislativa paralela. La desconfianza de la oposición radica en que estas exigencias de «fundamentar» los despidos dificultarían la instalación de los equipos de confianza de José Antonio Kast a partir de marzo. En tanto, desde el Socialismo Democrático llaman a la calma y a esperar el texto definitivo del Ejecutivo, subrayando que lo que se busca es reafirmar derechos que, a su juicio, ya existen en la jurisprudencia administrativa chilena. (NP-Gemini-Emol)
