Por un lado, la falta de regulación legal del derecho de reunión obviamente no es responsabilidad suya (ni de ningún intendente), sino del legislador.
Por otro lado, este tipo de acusaciones deben ser analizadas de manera serena y rigurosa, porque —a diferencia de lo que suele decirse— no establecen meras responsabilidades políticas, sino que conllevan sanciones por parte del Estado (destitución y pérdida parcial de derechos políticos).
Nada de esto, sin embargo, pareciera importarle a la oposición.
Con todo, quizá lo más sorprendente del caso sea la nula conciencia que hay en la izquierda respecto de los desafíos de la clase política en el marco de la crisis. La ciudadanía desconfía por igual de gobierno, partidos y Congreso —nadie se salva—, y espera soluciones conjuntas a los diversos problemas sociales, incluyendo las falencias en materia de orden público.
Abusar de la acusación constitucional no colabora a ese objetivo. Al contrario, impide un debate serio acerca de esos problemas, que seguirán estando ahí luego de la acusación, pero con el agravante de haberse aumentado aún más la sensación de bloqueo por parte de la dirigencia política.
Todo esto atenta contra el indispensable diálogo político que urge en el Chile de hoy.
Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES
