El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el diputado Jorge Alessandri denunciaron que el Gobierno busca otorgar privilegios injustificados a dirigentes sindicales. Según los parlamentarios, el nuevo protocolo de acuerdo permitiría considerar las labores gremiales como «trabajo efectivo».
La norma permitiría que los líderes sindicales sigan percibiendo asignaciones completas mientras realizan sus funciones gremiales, incluso durante la jornada laboral. La oposición asegura que esto busca «blindar» a un grupo reducido de trabajadores sin controles efectivos.
DISPUTA POR LA DENOMINADA «LEY DE AMARRE»
En paralelo, los ministros de Hacienda y Trabajo defendieron la restricción para desvincular a funcionarios a contrata mediante la figura de «necesidad del servicio». La oposición ha tildado esta medida como un «amarre» que dificultará la instalación del próximo Ejecutivo.
El ministro Nicolás Grau aseguró que la norma solo busca evitar arbitrariedades y que los cargos de confianza podrán ser removidos sin problemas. Sin embargo, el Presidente electo, José Antonio Kast, advirtió que la opinión pública no ha recibido bien esta propuesta.
INDICACIONES PARA LIMITAR HORAS SINDICALES
Ante lo que consideran un abuso, los diputados gremialistas anunciaron que ingresarán una indicación para establecer un tope máximo de horas sindicales. Actualmente, la ley solo garantiza un mínimo semanal, lo que abriría la puerta a actividades políticas remuneradas.
Ramírez y Alessandri atribuyeron estas modificaciones a la influencia del Partido Comunista dentro de la administración actual. Aseguraron que la prioridad debe ser el buen funcionamiento del servicio público y no el fortalecimiento del poder sindical sin contrapesos.
DEFENSA DEL GOBIERNO Y TRASPASO DE MANDO
El ministro Giorgio Boccardo llamó a no condicionar el traspaso de mando por proyectos específicos que deben debatirse en el Congreso. Afirmó que el Gobierno tiene la responsabilidad de legislar hasta el último día y que las relaciones no deben «dinamitarse».
Desde el Ejecutivo insistieron en que fundar los despidos es un procedimiento administrativo estándar que ya se aplica en diversas áreas. La controversia amenaza con llegar al Tribunal Constitucional si la norma es aprobada tal como fue presentada por Hacienda. (NP-Gemini-Emol)
