Buscando que la iniciativa se ponga pronto en votación, los partidos de Chile Vamos pidieron este lunes al Gobierno que ponga urgencia al proyecto de indulto a los denominados presos del estallido social.
«Le hemos planteado al Gobierno que el país necesita tener claridad en qué vereda están aquellas personas que pretenden ejercer liderazgo en Chile. A nosotros nos hubiera gustado que Gabriel Boric y su gente, hubiese liderado el retiro del proyecto de indulto respecto de las personas que han cometido delitos y que a propósito de eso están privadas de libertad», explicó el secretario general de RN, Diego Schalper.
Y agregó que «nuestra convicción es que el Gobierno tiene la facultad de ponerle urgencia a ese proyecto, porque los chilenos merecen saber antes de la elección, en qué vereda van a estar aquellos que pretenden liderar el país«.
Con ello, Schalper insistió que «todos esperamos que Gabriel Boric lidere el retiro del proyecto, pero si eso no sucede nos parece que lo razonable es que los chilenos tengan claridad sobre ese punto, por tanto, el Gobierno ha atendido ese punto y le pondría urgencia al proyecto de ley».
PROYECTOS DE SEGURIDAD
Un total de 33 “discusiones inmediatas” (facultad que tiene el Presidente de la República para apurar la tramitación de proyectos de ley) ingresó esta tarde La Moneda al Congreso.
La ofensiva involucra a veintisiete iniciativas que se tramitan en el Senado y seis que están en manos de la Cámara de Diputados. Dieciocho de estos proyectos se refieren a temáticas de seguridad ciudadana, reformas al Código Penal o normativas que buscan impedir la relación entre la política y la violencia.
La calidad de “discusión inmediata” obliga a la respectiva rama del Congreso a despachar estas iniciativas en el plazo de seis días, es decir, antes del domingo 12 de diciembre. No obstante, muchas veces estas urgencias no se cumplen y no hay sanciones para los senadores o diputados que no pongan en tabla estas materias.
A la lista se suma una nueva solicitud para prorrogar la presencia de militares en la Macrozona Sur, que fue nuevamente aprobada por la Cámara, a pesar de la resistencia de sectores opositores.
La decisión de apurar las reformas en materia de seguridad fue analizada esta tarde en la reunión de comité político entre ministros y representantes de partidos del oficialismo.
Según algunos asistentes, la idea es emplazar a los legisladores de oposición, especialmente los representantes del Partido Comunista y al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, para que fijen posiciones en las últimas dos semanas antes de la segunda vuelta.
En la cita los representantes del oficialismo le pidieron adicionalmente al Ejecutivo que apurara la discusión de la Ley de Indulto para los llamados “presos de la revuelta”, que si bien se presentó por parlamentarios opositores, ha sido usada por Chile Vamos para cuestionar la eventual falta de compromiso de Boric con el fin de la violencia.
Dentro de las iniciativas que La Moneda puso presión figura la reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. También apuró el debate del proyecto que aumenta las penas para el daño de monumentos nacionales, que se presentó a raíz de los ataques a la estatua del general Manuel Baquedano. Ambas reformas se encuentran en tramitación en el Senado.
También se puso discusión inmediata a una modificación de la Ley de Partidos, que se encuentra en la Cámara, para exigir una “renuncia expresa al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política”.
También hay proyectos que tienen relación con el porte de armas, el delito de incendio, las amenazas, el robo de madera y la usurpación, que tienen relación con la violencia en la Macrozona Sur.
No obstante, también hay otras iniciativas que no tienen necesariamente vinculación con el debate político sobre la violencia como los que se refieren a crímenes sexuales contra menores, carreras motorizadas, delitos de probidad funcionaria y normas que regulan la protección de la infancia y la responsabilidad penal adolescente.
Además hay una iniciativa que busca limitar la participación política de jueces y secretarios abogados de los juzgados de policía local. (Emol-La Tercera)
