Han pasado seis años desde el acontecimiento que, apresuradamente, fue denominado “estallido social” y aún falta una comprensión más profunda de lo ocurrido y de sus causas. La reflexión académica avanza más lento que la política, pues la primera se alimenta de preguntas, mientras la segunda es apremiada a ofrecer respuestas inmediatas. Además, el hecho de que muchos protagonistas de esos eventos sigan en posiciones relevantes de poder dificulta la realización de un análisis desapasionado y objetivo.
Sea como fuere, el 18-O marcó una ruptura política e institucional severa. Los sectores de izquierda que, tras la caída del Muro de Berlín, habían asumido un discurso moderado y democrático, se alinearon con grupos más radicales -unos por oportunismo, otros por convicción- para alentar la violencia callejera y utilizarla como palanca para abrir un proceso constituyente.
No condenaron el uso del vandalismo como instrumento político y les bastó la rabia para legitimar la destrucción de comercios, universidades e iglesias. La calle, con su tropel de desmanes, primero fue tolerada, luego sibilinamente justificada y finalmente homenajeada. Muchos medios de comunicación amplificaron con entusiasmo la narrativa épica de estos sucesos, como el difundido eslogan “Chile despertó”.
El daño a los consensos republicanos fue notorio. El propio Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, que intentó encauzar la crisis hacia una salida institucional, es un triste reflejo de esa fractura. Los pactos requieren convocar voluntades, definir objetivos comunes y, sobre todo, cumplir lo acordado de buena fe. Sin embargo, esto no ocurrió. La izquierda impuso su diseño y obtuvo lo que había anhelado por décadas: una asamblea constituyente paralela a la institucionalidad. Pero ni siquiera esto detuvo el ímpetu subversivo que buscaba destituir al gobierno; solo la pandemia, con su confinamiento, logró frenarlo.
El respeto por la Constitución también quedó seriamente dañado. El Congreso estuvo dispuesto a vulnerar su texto, evidenciando un quiebre de lealtades tanto con el Presidente de la República como con el propio Estado de Derecho. Casi todos los sectores políticos demostraron que eran susceptibles de sucumbir a la presión de la calle y abdicar de principios elementales.
A pesar del tiempo transcurrido, sigue pendiente una mirada honesta que reconozca que hubo quienes utilizaron deliberadamente el caos como herramienta política y otros que, por conveniencia o cobardía, prefirieron mirar hacia otro lado mientras el descontrol y la agitación social se tomaban las calles y corroían la convivencia democrática.
Si no se aprende esta lección, el país corre el riesgo de reincidir y volver a presentar como protestas pacíficas lo que fueron agresiones, como lucha social lo que fue vandalismo y como sacrificio lo que en realidad fue una violación flagrante del orden constitucional. Los políticos y medios que ampararon o justificaron la violencia octubrista deberían preguntarse si realmente sirvieron al pueblo o solo se rindieron ante el calor efímero de las llamas.
Por eso, más que una conmemoración, este nuevo aniversario debe ser la oportunidad para realizar un ejercicio de memoria crítica y de advertencia futura: ninguna causa, por justa que parezca, está por encima de la paz social ni de la supremacía de la ley. Las demandas ciudadanas ciertamente merecen ser escuchadas, pero solo pueden ser canalizadas y prosperar dentro de los límites del respeto irrestricto a la democracia y sus instituciones.
En tiempos electorales, este ejercicio resulta especialmente pertinente, porque tras la temprana derrota del proyecto refundacional que se expresó en la propuesta constitucional de la Convención, y frente a los zigzagueos del programa de gobierno de la candidata comunista y sus inverosímiles giros respecto de posiciones políticas históricas, aún no está claro qué aprendió y en qué cree realmente la izquierda chilena. (El Líbero)
Jorge Jaraquemada
