A raíz del corte de agua que afectó a miles de habitantes en Osorno, a las acciones judiciales entabladas en contra de la sanitaria Essal y a los pronósticos de sanción en que incurriría la empresa de demostrarse su responsabilidad, salta a la vista una clara desproporción y falta de objeto de las medidas de reparación que contempla la ley.
Mientras por un lado a raíz del daño ambiental la sanitaria arriesga multas a beneficio del Estado de aproximadamente $600 millones por falta, el resarcimiento a los consumidores se refleja tan solo en el no cobro del período de incumplimiento más el pago de diez veces dicho valor, lo que en este caso es el equivalente a que los ciudadanos de Osorno no paguen las próximas dos cuentas.
Dado que el gasto promedio en Chile en agua potable es cerca de $6.500 por persona, el ahorro ascendería a $13.000. Cabe entonces preguntarse si este mecanismo realmente indemniza a los consumidores finales, quienes se vieron obligados a gastar en agua y destinaron tiempo y esfuerzo en conseguir un bien que contractualmente debiese estar asegurado. Para qué hablar del daño ocasionado a las empresas de servicios, comercio e industrias, el cual es sin duda mayor.
A todas luces, el sistema sancionatorio a las empresas proveedoras de bienes básicos no compensa eficientemente el daño a los afectados, puesto que genera una desproporción injustificada entre lo recibido por el Estado y las personas. (El Mercurio Cartas)
Francisco Undurraga
Diputado Evópoli
