En relación con la reciente propuesta de subir la tasa de cotización obligatoria para el ahorro de vejez desde 10 a 18% en el largo plazo, deseo puntualizar lo siguiente:
1. Una comparación internacional exige sumar los recursos para administración y para financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Esto lleva ese posible 18% a 20,8%. Eso dejaría a Chile totalmente desalineado de las tasas de cotización para vejez de Australia, Canadá y EE.UU., que son 12%, 16,2% y 12,4%, respectivamente.
2. La tasa de cotización determina el grado de informalidad al que tiende un mercado laboral en el largo plazo. A diferencia del ahorro voluntario, la cotización genera derechos a pensión ilíquidos. Ante caídas sorpresivas del ingreso laboral y sorpresas en gastos prioritarios (salud), no hay acceso a lo cotizado. Agotados los ahorros líquidos y las líneas de crédito baratas, muchos chilenos recurren a créditos de consumo a un costo de 25% real anual. Como el fondo de pensiones renta en promedio 4%, resulta un gravamen alto: 21 puntos porcentuales aplicados al stock de derechos previsionales para los afiliados endeudados. En Chile son muchísimos, pues había 4,5 millones de morosos en julio-septiembre de 2018 según informe USS-Equifax.
3. Los trabajadores evitan este impuesto si se quedan en empleos informales o legalmente exentos de cotizar, los que abundan en Chile por causa de la fiscalización desigual que aplica el Estado. Las pymes evitan este impuesto subcontratando más a los informales. Italia tiene una tasa de cotización de vejez de 33% y presenta la informalidad y el estancamiento de salarios y empleos formales más agudos de Europa. El frenazo es análogo al que tiene subir la tasa del impuesto corporativo desde 17% a 27% en 10 años.
La gradualidad no mitiga en nada estos daños. El rol de suavizar los cambios de tasa es otro: impedir alguna caída real del sueldo formal durante la transición. Si en algún año el aumento de productividad laboral fuera inferior al aumento de cotización, la dificultad de toda reducción de sueldos impulsaría a algunos empleadores formales a reducir el empleo aún más. (El Mercurio)
Salvador Valdés
