A los datos entregados ayer por Elisa Cabezón sobre las jubilaciones, conviene agregar la brecha en pensiones que afecta a las mujeres y los factores que inciden en ella. A lo largo de toda su vida laboral, enfrentan barreras más altas que los hombres: menor participación laboral, brecha salarial, mayor número de meses sin cotizar. Los factores más incidentes no son las competencias y capacidades, sino la maternidad, que sanciona las oportunidades y movilidad laboral, y el cuidado de la familia, que recae mayoritariamente en las mujeres.
Hay abundante evidencia que expone esas dificultades. La más persistente: de acuerdo con el último trimestre informado por el INE, la tasa de desempleo femenino está en 9,2%, la de los hombres en 8,7%; la tasa de informalidad de las mujeres es de 28,1%, la de los hombres 25,6%; la tasa de participación laboral femenina está estancada en los mismos niveles prepandemia, con 52%, mientras el promedio de los países OCDE está en torno al 70%.
Si para Chile es importante la familia, como espacio de protección, sostener tasas de natalidad adecuadas para los niveles de desarrollo a los que aspiramos, y mejorar los montos de las pensiones, entonces tenemos que ponernos a tono con las decisiones que, en esta materia, han tomado países que nos llevan la delantera.
El texto constitucional que definiremos el próximo 17 de diciembre establece normas que no contempla la Constitución vigente y que irradiarían a la legislación, políticas públicas e incluso a las decisiones del mundo privado. Además de la igualdad salarial y de protección social, el texto reconoce el valor de los cuidados en la familia, mandata al Estado a dar apoyo a los cuidadores y a promover la corresponsabilidad, la conciliación entre la vida familiar y laboral, y la protección de la crianza, de la maternidad y de la paternidad.
Sin duda, esa nueva Constitución movería la aguja, para la que hasta ahora no ha habido voluntad política. (El Mercurio Cartas)
Isabel Plá Jarufe
