Hace alrededor de un mes, el llamado “Rey de Meiggs” fue asesinado. Los presuntos autores, algunos de ellos pertenecientes o vinculados, según se conoce, al Tren de Aragua, y de alta peligrosidad (así fueron catalogados por el Poder Judicial), fueron capturados el 9 de julio, quedando luego en prisión preventiva.
Empero, uno de los imputados por homicidio y acusado de sicariato, fue inauditamente liberado al día siguiente, al recibir Gendarmería una orden que habría emanado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en lo penal, que levantaba la prisión preventiva.
El caso abre demasiadas interrogantes, al tiempo de dar cuenta que no estamos preparados para la batalla que debe darse contra estas organizaciones criminales.
Respecto de la orden del tribunal, trascendió en un primer momento que podía haber existido un hackeo o adulteración de los sistemas de las instituciones involucradas. Sin embargo, con el paso de las horas, la tesis de la vulneración de sistemas se ha descartado, haciéndose presente que el documento que permitió la libertad del sicario era válido en el sistema del Poder Judicial, contando con un código QR que permitió verificar su autenticidad.
La prensa también da cuenta de al menos tres documentos, todos del día 9 de julio del presente, previos a la liberación, mediante los cuales, primero, se ordenaba el ingreso a la prisión preventiva, para luego dar pie a otra orden, que dejaba sin efecto la anterior, para corregir problemas con la identificación del imputado, para finalmente dar lugar a un tercer documento, con una nueva orden de ingreso a prisión preventiva, con los antecedentes del imputado corregidos.
¿Era necesario todo esto o, dicho de otra forma, no había manera de corregir la orden original sin dejarla sin efecto lo que pudo prestarse para equívocos? Para qué decir que, posteriormente, y en menos de 24 horas de estos tres documentos, el sicario fue liberado, también por orden judicial en principio auténtica.
Se trata de un hecho gravísimo en cualquier contexto, pero, en particular, en el que nos encontramos, en el que penetra poco a poco en nuestra sociedad el narcotráfico y el crimen organizado.
O acá hubo un error, en todo caso inexcusable, o bien se trata de un acto de corrupción, que, en cualquier caso, ha dejado a un peligroso criminal en libertad. Esa es la raya para la suma.
Es pertinente que el Ministerio Público haya iniciado una investigación respeto al origen del documento o legalidad de este, que permitió la liberación, y que haya solicitado una nueva orden de detención, pero cabe preocupantemente hacer presente que, en todo caso, ello resulta tardío habida cuenta que la libertad del imputado se concretó la semana pasada, de manera que esta persona podría, por ejemplo, ya encontrarse fuera del país.
También es pertinente el sumario que ha abierto el Poder Judicial para investigar el asunto y que haya derivado los antecedentes al Ministerio Público. No obstante, es, asimismo, insuficiente y tardío, pues no resulta comprensible que la jueza del caso hubiera seguido en funciones, sin ser a lo menos suspendida desde el pasado jueves y mientras se lleva a cabo y finalice la investigación.
Ello pues, si hay un posible acto de corrupción mediante, la jueza debió ser apartada -que sea temporalmente- de sus funciones, y lo mismo ocurre si, por ejemplo, hubiera ella compartido las claves o elementos de acceso a su firma electrónica avanzada para la emisión de la resolución o estos hubieran sido sustraídos, cuestiones que, en todo caso, constituyen meras hipótesis.
Llama la atención, asimismo, que casos de esta envergadura u otros de similar gravedad, no tengan controles cruzados u otras medidas de seguridad para la emisión de una orden de liberación de los imputados. Pareciera que la posibilidad de captura de los jueces, por parte de redes criminales, no entrase siquiera en la ecuación, cuando la realidad es que cuando el narcotráfico y el crimen organizado penetra o permea en las esferas de poder, ello es más que plausible.
No se sabe si este es el caso, cuestión que debe ser objeto de la investigación, pero de todas formas no es razonable que esos controles no existan o sean exiguos.
En cualquier escenario, se trata de un hecho en extremo grave que amerita una mejor y más efectiva coordinación de las autoridades, sobre todo considerando que contamos con una nueva institucionalidad de seguridad pública.
En circunstancias que llevamos años evidenciando el avance del crimen organizado en nuestra sociedad, el anuncio por parte de las autoridades, de distintos poderes del Estado, consistente en que se mejorará la coordinación, los sistemas y que se revisarán los protocolos de trabajo, para ajustarlos, de manera que haya múltiples controles y mayor seguridad, es también tardío.
En suma, mucha institucionalidad para que al final y en concreto todo resulte tan poco y tan inoportuno o tarde, con un peligroso criminal libre. Lo que sí está claro, es que así, no ganaremos la batalla contra el crimen organizado. (Ex Ante)
Natalia González
