Hay que aceptar que después del desastre social provocado por un fenómeno natural como un terremoto o un temporal, las decisiones de solución de los problemas no tengan el aspecto tranquilo y manso de las que se toman en condiciones de normalidad. Pero hay que medir los excesos y los desvaríos. Y la afirmación del ministro Diego Pardow de que “la crisis habría sido menor” si una empresa estatal hubiese enfrentado la suspensión del suministro de energía eléctrica después del temporal de hace un par de semanas, sonó a un exceso o, como se decía en el barrio de mi niñez, a “mostrar la hilacha”.
¿Qué hilacha mostró el ministro? La de su antagonismo con las empresas y los empresarios privados y su predilección por el Estado como ejecutor de la actividad económica. Porque fue fácil entender que detrás de la declaración del ministro estaba la idea -si no es que la intención- de introducir empresas estatales en la trasmisión y distribución de energía eléctrica en el país.
Y tanto se entendió así que una colega del ministro, la ministra de Obras Públicas Jessica López, debió mostrarle la realidad. El lunes pasado, en una reunión con representantes de 150 empresas privadas a las que, en franca colisión con las secretas aspiraciones de Pardow, la ministra invitó a participar en licitaciones de diversos proyectos de infraestructura, explicó: “Chile tiene necesidades de infraestructura gigantes, y no hay ni una posibilidad de que el sector público y el Estado de Chile las aborde con sus recursos”.
Casi el resumen, en dos líneas, de lo que el ministro de Energía y todos los que como él viven añorando una economía estatizada debieran saber. El ministro, además, debería recordar que desde 1943 existió en Chile una empresa llamada Endesa, creada por el Estado para impulsar el desarrollo eléctrico del país. Y Endesa lo hizo: impulsó la electrificación y con ello nuestro desarrollo económico. Pero con las restricciones que bien explicó la ministra López, esto es en la medida de lo posible para un país pobre como era Chile entonces y, por lo tanto, en la medida de un Estado igualmente pobre. Con esas restricciones, al finalizar la década de los años setenta la cobertura eléctrica apenas superaba el 70% de la población. A fines de la siguiente década y luego de que Endesa fuera privatizada, la cobertura ya superaba el 80% y hoy alcanza prácticamente al 100% de la población.
¿Por qué recurrir al sector privado? Justamente para superar las limitaciones que plantea la ministra López. En Chile, la trasmisión y distribución de energía eléctrica ha sido declarada por el Estado un servicio público y la ha concesionado a inversionistas privados. ¿Para qué? Para que ellos aporten aquellos recursos de que el Estado carece, a objeto de desarrollar ese servicio. En esas condiciones, el Estado debe asegurar la satisfacción de la necesidad que él mismo ha calificado como servicio público, regulando las condiciones en que el inversionista privado -el concesionario- ha de abordar esa satisfacción. El concesionario, que se debe sujetar a las condiciones que le imponga el Estado que lo regula, recuperará su inversión y se asegurará una remuneración por ello (una ganancia) obteniéndola de los usuarios del servicio vía tarifas. Si el precio que cubre el servicio es estimado demasiado alto por el Estado, éste puede auxiliar a los usuarios mediante un subsidio a la empresa que cubra aquella parte del costo del servicio que la tarifa que se cobra al cliente no cubre (es lo que ocurre en Santiago con la locomoción pública). Así, todos ganan: los consumidores obtienen el servicio, la empresa obtiene una ganancia y el Estado puede cubrir un servicio público sin gastar recursos que puede destinar a otros fines igualmente necesarios.
Así había funcionado de manera bastante eficiente en nuestro país… hasta el temporal.
Allí quedó demostrado que las empresas concesionadas -todas: Saesa, Frontel, Chilquinta, CGE y Enel- no estaban en condiciones de reponer el servicio en el plazo que estipulaba la norma regulatoria. ¿Por qué? Existen varias posibilidades. Una es que las empresas -todas ellas- hayan engañado al regulador y simplemente no se hayan preparado para la eventualidad que significa un evento de la magnitud del temporal que nos afectó. Otra, que la norma regulatoria -que, para la fijación de tarifas considera eventos relativos a una “empresa modelo”- no contemplara efectos sociales del temporal como los que hubo y que las empresas reales, aunque preparadas para situaciones menos graves, no pudieron con los efectos también reales del temporal. Otra más, que algunas municipalidades o incluso vecinos no hayan sido prolijos en el cuidado de sus árboles que finalmente se cayeron.
Como quiera que haya sido, finalmente existe sólo una forma de solucionar el problema y prevenir que vuelva a ocurrir: aplicar las sanciones que establece la norma; actualizar la norma en caso de que sea necesario; y que todos pensemos que, en nuestros días, así como pueden ocurrirnos terremotos pueden ocurrirnos temporales de intensidades mayores a las que conocíamos y que, por consiguiente, debemos cuidar con mayor atención los árboles y postes.
Por lo pronto se está aplicando la primera medida, lo que significa que el Estado está en control de la situación. Al escribir estas líneas se habían superado sobradamente los días de gracia que el regulador le había concedido a las empresas para que repusieran la energía a sus clientes y éstas no habían logrado hacerlo totalmente. Por ello el mismo regulador estaba considerando la aplicación de sanciones contempladas en la norma regulatoria. O sea, el Estado en pleno control de una situación de suministro de un servicio público concesionado.
Además, el mismo ministro Pardow anunció que en el proyecto de Ley relativo al subsidio de las cuentas de luz, se incluirán cambios asociados a los cortes de suministro, es decir se actualizará la norma regulatoria que afecta a las empresas de trasmisión y distribución de electricidad. Algo que debió hacerse antes previendo situaciones como la que se presentó, lo que es criticable, aunque es de elogiar que se haya aprendido la lección y se vigorice la regulación.
En definitiva, medidas todas que tienden a fortalecer el sistema de concesiones de servicios públicos a empresas privadas. Algo positivo, entre lo mucho negativo que dejó el temporal, porque mostró que la respuesta ante una crisis no tiene que ver con que la empresa que provee un servicio sea pública o privada, sino con la capacidad tanto de las empresas como del Estado de mantener en funcionamiento un sistema que, como el de concesiones, ha demostrado en nuestro país que es capaz de satisfacer eficientemente las necesidades de la población.
¿Y qué queda de la sugerencia de Pardow acerca de una posible estatización del sistema (total o parcial eso habrá que preguntárselo a él)? Nada, o sólo la evidencia de que, en momentos de crisis, el ministro puede llegar a mostrar la hilacha. (El Líbero)
Álvaro Briones
