Esta mañana el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió al debate sobre que la suspensión de desalojo de la megatoma de San Antonio que según expertos, podría ser un incentivo para otras usurpaciones de terrenos en el país.
En diálogo con T13 Radio, el ministro señaló que en el caso de San Antonio, el principal problema radica en que «antes de empezar a buscar una alternativa para este campamento, que es un campamento de un tamaño muy grande y el tema humanitario que se generaría a partir del desalojo (…) llegamos a la conclusión de que no nos quedaba otra que buscar una solución».
Más allá que considerar que la nueva suspensión temporal de la megatoma pueda ser un incentivo para otras usurpaciones de terrenos, Montes señaló que «este es un problema de la sociedad, porque yo leyendo un periódico de hoy día (que era) como que no existieran los problemas sociales, si cuando una sociedad acumula un problema de esta naturaleza, tienen que enfrentarlo y buscar alternativas».
Además, puntualizó con que «aquí hay realidades sociales verdaderas. No solo son abusadores, no solo son personas que trasgreden normas. Son personas que también tienen una cierta desesperación para vivir. O sea, no todos. Por supuesto que hay una variedad. Y en ese sentido, nosotros tenemos que asumir esto como un problema de la sociedad».
El ministro mencionó que «también hay que preguntarse por qué se provoca eso. Esto no es solo falta de políticas públicas, sino que también tiene que ver con fenómenos económicos, como cuando el suelo se transforma en un bien de mercado capital y se empieza a comprar y vender suelo por distintos lados».
El caso de San Antonio «son familias que llegaron acá y nosotros creemos que hay que reconocer que hay un problema social y asumirlo, pero también reconocer que hay propietarios que están buscando una solución y es por eso que abrimos conversaciones».
Además, el ministro descartó la posibilidad de una expropiación del terreno por parte del Estado: «Hasta el momento, en casos como este, la expropiación no ha sido el camino, porque esos recursos tienen que destinarse a la política irregular que estamos llevando adelante, y pedimos que las familias que han tomado esto busquen la manera de financiar el terreno. Y nosotros como Estado vamos a ayudar».
En esa línea, aclaró que «el Estado no va a hacer aval de nada, va a ser garante. Y garante significa que va a ayudar a construir condiciones para hacer posible una solución». «Sin duda, seguramente hay personas que dicen, ‘por aquí no vamos a pagar nada’, no faltan. Pero hay otra gente que muy responsablemente, desde el comienzo, dijo ‘queremos pagar’.
El problema es encontrar un camino de pago realista de acuerdo a las distintas realidades de la familia, porque es heterogéneo (…) Yo creo que esto no debería incentivar la irresponsabilidad», puntualizó Montes.
Consultado sobre si hay garantías para que los pobladores «no se salten la fila» para el acceso a la vivienda, el ministro admitió que «efectivamente hay ese riesgo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que esto lo vamos a trabajar independiente de la política regular. O sea, queremos mantener el trabajo del conducto regular. Y por eso es que el costo de la compra de este terreno lo van a cubrir los propios personas que tomaron el terreno. Ese va a ser su aporte en este proceso y su responsabilidad».
Además, el secretario de Estado respondió a la columna del rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, en El Mercurio, donde sostuvo que la suspensión de la desocupación es un «acuerdo reprochable».
Al respecto, Montes mencionó que «hay que enfrentar la realidad, no sólo un principio, yo creo que son fundamentales los principios, pero cuando la sociedad tiene por delante 650.000 familias sin casa, 110.000 familias en campamento de esas familias, cuando tiene un fenómeno de este tipo, también la sociedad tiene que discutir qué es lo que hace. O sea, es la política haciéndose cargo de la realidad».
En esa línea, aseguró sobre el posible «efecto imitativo» que planteó el rector que «todo el análisis de Carlos Peña sería perfecto si este no fuera un problema social y político mayor. Aquí hay un problema, y sería distinto si hubiera habido expropiación».
«Aquí no ha habido expropiación. El Estado va a poner subsidio, lo pone permanentemente. Para todos los programas públicos hay una línea de subsidio que incluso podemos hacer cierta adaptación. Pero lo que queremos es que las personas asuman responsablemente un aporte a una política social y una política pública», concluyó el ministro.
OPINIÓN DEL ALCALDE
En conversación con Radio Universo, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, explicó que la decisión de establecer un plazo de seis meses para levantar una propuesta está fundada en poder definir «una línea financiera, una línea de garantía y el valor del metro cuadrado del precio».
Vera enfatizó en que este proceso no representa una legitimación de las tomas ilegales, ya que las familias «van a tener que entrar en un crédito hipotecario, a través de la entidad financiera que se determine, con lo cual pagarán un dividendo mensual, como cualquier chileno que accede a una solución habitacional».
«Y de ahí se inicia también, todo un proceso de normalización, de enloteo, de urbanización, que va a requerir mucho tiempo (…). Es todo un proceso, yo lo estimo del orden de los diez años aproximadamente», sostuvo el alcalde. Sin embargo, también hizo hincapié en que el acuerdo firmado ayer estipula que si en seis meses no se logra un acuerdo, se aplicará lo dictaminado por la Corte Suprema: «El mismo protocolo lo establece, rige lo establecido por la Corte». Lo anterior significa que las cerca de 11.000 personas que viven allí deberán abandonar el lugar si no se concreta la compra del terreno en el plazo definido.
ACCIONES DEL PC
El fin de semana el Partido Comunista de Viña del Mar emitió un comunicado afirmando que “el desalojo es una práctica punitiva contra las personas y las personas en toma”. En la misma línea se pronunciaron los diputados de ese partido Luis Cuello y Lorena Pizarro.
Ante ese marco, y mientras se desarrollaba la negociación de Montes y Cordero con los propietarios del terreno ubicado en Cerro Centinela, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue tajante al señalar a los timoneles del sector que el gobierno no entraría en desacato ante la justicia y que la forma de evitar el desalojo era convencer a los propietarios de llegar a un acuerdo para que les vendan a los pobladores a través de cooperativas.
En la misma línea de lo que ha dicho el ministro Montes, la jefa de gabinete explicó que el mandato judicial permite una desalojo paulativo de las 4 mil familias que habitan en la toma.
Por esto, en la junta la preocupación del oficialismo seguía latente, lo que se expresó en la reunión con el gobierno, que fue representado por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) y el titular de Hacienda, Mario Marcel (Ind.-PS).
Los representantes de los partidos fueron Andrés Couble (FA), Lautaro Carmona (PC), José Toro (PPD), Leonardo Cubillos (PR), Efrén Osorio (AH) y Jaime Mulet (FRVS). Antes que cualquiera de ellos pudiera ahondar en la situación de la toma de “Edén Lajarilla”, fue la propia ministra Tohá quien puso el tema sobre la mesa.
De acuerdo a los presentes, la jefa del gabinete expuso el proceder del gobierno de Boric ante la orden de desalojo y dio cuenta de que esto implicaba medidas que se estaban conversando con los afectados, que se verá por etapas, y que pasa por alcanzar un acuerdo en línea con las cooperativas que impulsa el Ejecutivo para solucionar la crisis.
En palabras de Lautaro Carmona, Tohá hizo “una exposición sobre el tema y cómo se podría abordar sobre la base que, lo primero, es lo que piensen los pobladores”. Efrén Osorio agregó que el gobierno hizo hincapié en que “es un tema en el cual hay un mandato judicial que debe ser cumplido, se abordará con diversidad de soluciones y, dada la magnitud, con la gradualidad que sea necesaria”.
Tras la exposición de Tohá, se dio un espacio para que los presidentes de partido pudieran referirse al tema. Uno de los que hablaron fue Carmona, quien manifestó la preocupación por seguir monitoreando un tema que ha generado revuelo al interior del partido que él lidera, para que así el tema no se transforme en un problema.
Y es que en el PC no son pocos los que han salido a presionar al gobierno para evitar a toda costa un desalojo por la fuerza, más allá que esta medida se aplique de forma “gradual”, como han defendido en Palacio. Esto, porque la imagen de las fuerzas policiales -escasas para este tipo de operativos- es algo sumamente incómodo para ellos.
El sábado, el histórico arquitecto comunista Miguel Lawner expresó que “si el gobierno lleva a cabo el desalojo, nos vamos a defender. Yo voy a estar ahí presente”.
Consultado al respecto, Carmona dijo a La Tercera que “todos conocemos el papel que ha jugado en la historia respecto del derecho a la vivienda y las propuestas, sobre todo para los sectores más postergados. Es una manifestación valórica del punto de vista de la solidaridad con quienes están viviendo ese trance. Con su presencia está indicando que hay que buscar todos los caminos que permitan que el problema de la toma que ha sido declarada ilegal tenga una solución con distintas fórmulas”.
Desde la tienda que preside Carmona también salió el comunal de Viña del Mar, vía comunicado, a expresar que “la solución a las tomas no es el desalojo ni la criminalización de las familias. Actualmente el Estado cuenta con la herramienta constitucional de expropiar con fines de utilidad pública”. El diputado Luis Cuello (PC), representante de la zona, añadió posteriormente que “a mi juicio, es bastante errado desalojar a 10 mil personas, sería un desastre desde el punto de vista humanitario”. (Emol-La Tercera)
