Tras las declaraciones del ex seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, continúan las dudas sobre las versiones que hay de cuando Presidencia se enteró del caso convenios, algo que salió a aclarar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) este domingo.
A través de un comunicado, el Minvu explicó que el informe del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, emitido del 5 de junio -11 días antes de que estallara el escándalo- fue encargado a petición de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y que es parte de los antecedentes entregados a la Fiscalía el 20 de junio.
También se destacó que dicho escrito indica que «se requiere un análisis jurídico del convenio» y que hay un sumario en curso para indagar responsabilidades derivadas de este informe, descartando también que haya llegado a Presidencia antes de que se conociera el caso, como afirmó Contreras.
«Fue uno de los antecedentes personalmente entregados por el ministerio a la Fiscalía Regional de Antofagasta el 20 de junio, en el marco de la investigación penal iniciada luego de conocerse diversas irregularidades ocurridas en el contexto de la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta, junto a una serie de antecedentes asociados a la fundación Democracia Viva y otra organización sin fines de lucro que podrían ser constitutivos de actos de corrupción«, detalla parte de la declaración.
En una línea similar, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que «a propósito del famoso informe, no hay registros que la Presidencia hubiese recibido ese informe. De lo que sí hay registros y respecto de los cuales el propio ministro Montes entregó la información en su oportunidad, de hecho la entregó el 22 de junio, es el set de antecedentes y de informes que se habían emitido, entre otros el del señor Trincado».
El secretario de Estado agregó en diálogo con Canal 13 que «en la visita que hizo el ministro Montes al fiscal en Antofagasta a cargo de esta investigación, se entregó este informe conjuntamente con una serie de otros antecedentes, incluyendo los correos electrónicos».
De todas maneras, las declaraciones de Contreras, que contravienen lo señalado por el jefe de Asesores de La Moneda, Miguel Crispi, han provocado una serie de críticas desde la oposición, que insiste en pedir la salida de Montes y del propio Crispi de sus respectivos cargos.
En el caso de Renovación Nacional (RN), su bancada de diputados solicitó al presidente de la Cámara Baja que apoye eventuales acciones legales si se confirma que Crispi entregó información falsa en la comisión investigadora.
«La Cámara de Diputados debe reaccionar frente a uno de los casos más graves de vulneración de sus facultades fiscalizadoras. Por eso, de confirmarse que se mintió en la comisión, no sólo emplazamos al presidente de la Cámara a actuar en defensa de la Constitución, sino que debemos revisar con urgencia las normas legales que sancionan un acto de esta naturaleza«, señaló la diputada Marcia Raphael, subjefa de bancada RN.
OFICIALISMO CUESTIONA EMPLAZAMIENTOS A MONTES
En la oposición también se busca que se cobren responsabilidades políticas, y como el ministro Montes ha dicho en reiteradas oportunidades que no saldrá de su cargo, se está evaluando entonces una acusación constitucional en su contra.
Desde el oficialismo, el diputado socialisata Marcos Ilabaca defendió la gestión de Montes frente a este escándalo por conviones, asegurando que «durante todo el proceso de investigación ha desarrollado una actitud súper proactiva«.
«El mismo día que se entera de estos hechos, se empiezan a tomar decisiones al interior del Ministerio: se le pide la renuncia a la subsecretaria, el ministro se apersona a la Fiscalía y entrega todos los antecedentes«.
A esto sumó que «a la comisión investigadora asiste inmediatamente y entrega todos los antecedentes, presenta las denuncias respectivas».
Frente a esto, Ilabaca advirtió que «uno se pregunta qué más desea la oposición, porque si lo que quiere es lograr infligir una derrota al Presidente de la República, que lo digan así, tal cual«.
Desde el Gobierno, por su parte, insisten en que no quieren seguir con dime y direte respecto al informe al que se refiere Contreras, reiterando que debe ser la justicia la que determine responsabilidades incluso penales en este caso.
