Tras 16 días de paralización en la división Salvador (hoy cerrada), y varias jornadas con faenas parcialmente detenidas y daños registrados en las divisiones de Codelco en Calama, el impacto económico de la movilización ilegal de trabajadores contratistas de la estatal se estima en unos US$ 15 millones. Lo anterior, considerando US$ 5,6 millones en daños a las instalaciones y el resto por menor producción.
Según especificó Codelco ayer, solo en Salvador el costo acumulado de la paralización es de US$ 8 millones desde el inicio del bloqueo y toma de accesos, ya que al día se generan mermas del orden de US$ 500 mil.
En el caso de Ministro Hales, en Calama, informó, hay daños causados por los ocupantes: el corte de una correa overland que transporta cobre fino de óxidos, y cuya detención podría significar una menor producción por hasta 70 toneladas de cobre al día, se traduce en pérdidas de US$ 400 mil por jornada. Además, reparar esa cinta tendrá un costo de US$ 15 mil.
En Salvador, los desmanes causaron perjuicios estimados en US$ 2,6 millones, según Codelco. Mientras, en Gabriela Mistral la quema de un tambor de acidificación y de un atentado incendiario contra un camión de extracción significa un costo de US$ 3 millones.
Hasta ayer seguían bloqueadas y en toma la división Salvador en Atacama, que no opera por completo desde el 22 de julio, y la mina Ministro Hales en Calama, donde Codelco solo ha podido reanudar de manera parcial las faenas extractivas, ingresando un turno de trabajadores por el sector norte del rajo, pero en medio de acciones de boicot de los contratistas. De hecho, ayer estas operaciones fueron interrumpidas por un grupo de 80 manifestantes entre las 10 y las 13 horas.
Funcionarios de Codelco que monitoreaban de cerca las acciones de los manifestantes dieron la alerta y se paralizaron labores como medida de seguridad.
Otro grupo de contratistas, en tanto, desalojó al único guardia de la compañía que se mantenía en la garita de acceso. Los manifestantes le dieron media hora para sacar sus cosas e irse.
José Mardones, director nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), dijo que «la única condición para deponer la tomas es que Codelco acepte una mesa de negociación con la CTC y Agema, y reintegre a los trabajadores que ya han sido desvinculados a raíz del paro». Dijo que si eso no ocurre, la toma será «indefinida».
Claudio Lagos, gobernador de El Loa, aseguró que el Gobierno «está monitoreando lo que sucede en la división de Codelco, y no se descarta presentar una querella por Ley de Seguridad del Estado».
CONSEJO MINERO
Con preocupación e indignación ve el Consejo Minero el paro ilegal de contratistas que afecta a Codelco. El presidente ejecutivo del gremio, Joaquín Villarino, dice que no es la primera vez que la CTC opta por el camino de la extrema violencia para imponer una mesa de negociación ilegítima. Señala que esto indigna: «Todos sabemos el extraordinario esfuerzo que ha hecho Codelco para mantener producción, bajar costos e incrementar productividad. Todo esto se ve ahora afectado negativamente, con el consecuente perjuicio para la empresa, sus trabajadores y el país, en momentos especialmente delicados de la economía nacional», advierte.
Para el ejecutivo, los gremios representantes de los contratistas son quienes deben asumir un rol protagónico en el manejo y solución del conflicto que afecta a Codelco. «Estamos conscientes de la complejidad del problema y de la probable impopularidad que puede acarrear una respuesta firme a la violencia, nos parece que (el Gobierno) no puede seguir solo en la preocupación por el fenómeno. Desde nuestra perspectiva, debe garantizar el libre y seguro acceso a las faenas y desalojar a quienes están impidiendo su normal funcionamiento y dañando parte de las instalaciones», dice. Añade que las señales que ha dado el Gobierno en la discusión de la reforma laboral han sido desafortunadas, sobre todo en lo que se refiere a la violencia en las huelgas.
Villarino es enfático e indica que para la industria y para el país es una pésima señal que las relaciones entre empresas y trabajadores se conduzcan con violencia y fuera de los marcos legales y contractuales acordados. «La actitud del actual movimiento de contratistas es de corto plazo, pan para hoy y hambre para mañana, pareciera que solo importa cobrar un bono de término de conflicto», comenta.
Por último, dice que la internalización de trabajadores termina con el tejido social que produce más empresarios, más flexibilidad laboral y más actividad económica.
