Los representantes de los partidos políticos se verán nuevamente las caras este martes con el objetivo de continuar con las negociaciones para habilitar un nuevo proceso constituyente. El encuentro de esta jornada será acotado para agilizar las tratativas y se concretará luego que el viernes los dirigentes lograran destrabar -casi en su totalidad- los denominados “bordes” del proceso, es decir, aquellas materias que el nuevo órgano redactor para una nueva Carta Magna no podrá tocar.
En esa oportunidad, en la que estuvieron por más de ocho horas reunidos, las colectividades lograron avanzar en el nudo principal sobre el rol del Estado y los privados: acordaron mezclar el Estado social y la provisión mixta en derechos sociales. Una materia que se sumó a los principios que ya tenían resueltos, por ejemplo, que Chile es una República de carácter unitario y con un componente que apunte a la descentralización efectiva, que el Congreso debe ser bicameral, con una Cámara y un Senado, que la iniciativa exclusiva en materias de gasto público seguirá siendo del Ejecutivo, entre otros.
Si bien los bordes están casi resueltos, ahora Chile Vamos apuesta a dar otra batalla en las negociaciones, la que podría significar un nuevo tira y afloja entre oficialismo y oposición. Esto, en un contexto en que los partidos de gobierno quieren entrar a resolver el mecanismo de elección de la nueva instancia que elabore la Carta Magna, donde su aspiración es que el nuevo órgano sea cien por ciento electo. Una postura que la derecha aún no ha querido sincerar debido a la resistencia que existe en sus militantes de base, los que están por no continuar con el proceso.
En este escenario, Chile Vamos apuesta por resolver -previo a ese mecanismo- que exista un organismo que sea la instancia que dirima en caso que el futuro órgano redactor de la Carta Fundamental presente mociones que atenten o vulneren algunos de los bordes establecidos. Una fórmula, dicen, garantizará que los nuevos convencionales “no puedan hacer lo que quieran”.
Así, aunque se está conversando de manera incipiente, hay cinco alternativas sobre la mesa. Que sea la Corte Suprema en sala, la Corte Suprema en pleno, el Tribunal Constitucional, el Senado o el Congreso pleno el que resuelva cuando se acuse al organismo redactor de la Constitución de estar vulnerando algunos de sus principios.
En la disuelta Convención Constitucional esa supervisión quedó en manos de la Corte Suprema, donde si algunos constituyentes consideraban que había vulneraciones o algún vicio a lo establecido podían recurrir a ella con un quórum de un cuarto de los miembros en ejercicio del órgano, es decir, 39 convencionales. La derecha tenía solo 37 y, por ende, nunca pudo concretar una ofensiva de ese tipo. Además, judicializar el proceso fue un costo que ningún sector político quiso pagar.
Asimismo, en la actual oposición creen que tampoco era conveniente porque la misma Corte Suprema estaba siendo discutida en la Convención y podía ser objeto de modificaciones.
Por lo mismo, en esta ocasión, algunos se inclinan porque sea el Senado el que asuma ese rol; que se pueda recurrir a la Cámara Alta con un determinado quórum y luego de haber agotado instancias al interior del órgano redactor de la Constitución.
El exconvencional RN Cristián Monckeberg está empujando esa idea al interior de su colectividad. “La mejor forma para que los bordes se cumplan es que la futura Convención tenga un contrapeso político y ese debe ser el Congreso, único órgano político y democrático”, dice, agregando que “durante el proceso se debe abrir la posibilidad que se pueda recurrir al Parlamento si se vulneran los bordes”.
Pero Monckeberg señala que el rol del Congreso no debe terminar ahí, sino que también agrega que “luego de terminado el proceso (constituyente), el Congreso debe aprobar la propuesta por 4/7 antes de ir a plebiscito de salida”, ya que, a su parecer, no debe haber “nunca más un órgano omnipotente, sin límites, que haga lo que le parezca”.
En la derecha, en todo caso, no hay una postura unánime todavía y continúan en sus respectivos análisis internos. Este lunes, de hecho, la directiva de RN se iba a reunir con algunos dirigentes y abogados, de manera telemática, para evaluar la materia y fijar un criterio al respecto.
En el oficialismo, por otro lado, tampoco hay una postura común. Si bien reconocen que lo han conversado, no tienen nada zanjado. En el PS, por ejemplo, no hay consenso al respecto. Algunos transmiten que el Congreso no puede ser por ningún motivo debido a que es incumbente, otros dicen que es una alternativa viable, mientras que algunos se inclinan por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional.
“Ningún órgano puede garantizar que se cumplan los llamados principios, pues debe mediar la decisión política de recurrir o judicializar el asunto. La mejor garantía es que haya equilibrios democráticos que sirvan de contrapeso al interior del órgano”, dice al respecto la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.
Su par del PPD, Natalia Piergentili, en tanto, afirma que “los principios constitucionales que acordemos deben procurar tener un mecanismo que los resguarde, ya que hemos trabajado principalmente en relevar aspectos que, para una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, son centrales”.
En Apruebo Dignidad, por otro lado, transmiten que el Congreso no les parece un “ente neutral” debido a que será el órgano que tendrá que implementar la nueva Constitución. (La Tercera)
