La democracia convoca al ruedo de la política a todas las fuerzas que compiten por el poder, sin excluir a ninguna, y sin pronunciarse sobre cuál de ellas lo ejercerá. Supuesto que hablara, la democracia diría que no sabe quién debe ejercer el poder y que lo hará aquel que obtenga para sí la mayoría. Una respuesta justa, me parece, y también atrevida, porque en democracia cualquiera puede llegar a ejercer el poder siempre que cumpla con la condición de ser mayoría, y que, una vez en el poder, respete los derechos de la minoría.
¿Que alguien tenga que ejercer el poder? Sí, porque en toda sociedad, además de las muchísimas decisiones individuales que toma cada sujeto en ejercicio de su autonomía, es preciso adoptar decisiones colectivas que conciernen a todos sus integrantes. Que nadie ejerza poder sobre los demás, que desaparezcan el Estado, el derecho y toda otra autoridad normativa, es el seductor y a la par ingenuo sueño del anarquismo, aplicable solo en las pequeñas comunidades de los campamentos en que cuatro o cinco familias conviven de manera colaborativa y haciendo un uso de bienes comunes casi sin posibilidad de conflictos.
La política, en cambio, es antagónica, y en su campo de juego hay rivales que compiten entre sí a partir de los desacuerdos que puedan tener en materia de ideas y de intereses. Compiten en las elecciones generales y compiten luego en los organismos colegiados propios del gobierno nacional, regional y comunal. Los desacuerdos, lejos de constituir un obstáculo para la política democrática, son los que la ponen en movimiento, y no es del caso alarmarse ni menos avergonzarse de ellos. La democracia se caracteriza también porque, llamados todos los actores políticos al espacio público, facilita los acuerdos entre ellos, aunque sin forzarlos, puesto que, a falta de acuerdo, se aplicará la regla de la mayoría.
De allí el error de la política de los acuerdos, como si los actores políticos estuvieran obligados a conseguirlos, como si siempre tuvieran que llegar a acuerdos, un error equiparable al de la política de los conflictos, que sería aquella que azuzara estos y los llevara siempre hasta sus últimas consecuencias. En otras palabras, tratándose de la democracia, es tan inconveniente la política del acuerdo a como dé lugar como la del conflicto a cualquier precio.
Sin embargo, hay momentos en la vida de los países en los que es conveniente, o acaso inevitable, buscar acuerdos antes que activar conflictos. Es lo que ocurrió durante el gobierno de Patricio Aylwin, aunque el error fue quedarnos pegados en la lógica de los acuerdos a como diera lugar por un tiempo demasiado largo, olvidándonos de la regla de la mayoría. Por su lado, la lógica del conflicto a cualquier precio fue la que se impuso durante los 3 años de gobierno de Salvador Allende, y conocemos muy bien cuál fue el precio.
Hoy vivimos un momento tan serio como inesperado de la vida nacional en el que vuelve a imponerse la lógica de los acuerdos, mas no aquella de los acuerdos a como dé lugar, sino una de los acuerdos que surjan del diálogo y la deliberación racional, franca y leal de fuerzas rivales que saben que la única salida a sus discrepancias es la transacción y, si esta fracasara, la consulta directa al titular de la soberanía: el pueblo.
Si en tiempos normales no es del caso avergonzarse de los desacuerdos, en momentos de grave convulsión tendríamos que avergonzarnos de no llegar a acuerdos. Menos cóndor (carroñero) y más huemul (pacífico y sensible), recomendaba Gabriela Mistral.
