El gobierno se encuentra en un trance decisivo: el paro del Registro Civil se ha transformado en un verdadero test respecto a su voluntad de ceder ante las demandas sociales, en un cuadro de crecientes y sensibles restricciones presupuestarias. La apuesta no ha sido fácil, ya que supone tensionar su relación con el mundo del trabajo, en un momento en que se discute una reforma laboral clave para el futuro del país. La decisión del Ejecutivo, hasta ahora, es simplemente no ceder a las presiones corporativas, pagar los costos políticos de una vez, pero dejar instalada la posición de que en el actual escenario el margen para nuevos beneficios salariales es prácticamente nulo.
El precedente de la última negociación colectiva en Banco Estado fue nefasto; los bonos por término de conflicto de $ 6.3 millones fueron, en los hechos, un ‘reguero de pólvora’ para el resto del sector público, y es precisamente eso lo que el gobierno necesita ahora cortar de raíz. Así, en las cuatro semanas que lleva ya la paralización, se ha insistido en no negociar con funcionarios en paro, se ha destacado el carácter ilegal de la movilización, se ha amenazado incluso con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, se ha rechazado toda posibilidad de que el ministro Valdés participe de una eventual negociación, pero el resultado sigue siendo el mismo: la paralización continúa y el Ejecutivo parece incapaz de darle solución.
El problema es que los costos políticos de este esfuerzo gubernamental comienzan a ser ya demasiado altos. La ciudadanía está siendo literalmente utilizada ‘de rehén’ y su malestar se encausa, como es obvio, hacia la autoridad. Viene en las próximas semanas la negociación del reajuste anual de la Anef y ella tendrá lugar en el peor de los mundos. A su vez, el ambiente para la discusión del presupuesto 2016 se hace paulatinamente denso, en un cuadro donde los parlamentarios del oficialismo intentan mantener vigente promesas cada vez más difíciles de cumplir. Y por si todo esto fuera poco, el gobierno se ha visto forzado a recurrir al ‘remplazo externo’ de los trabajadores en huelga, abriendo un forado doctrinario en la más emblemática de sus propuestas de reforma laboral.
La situación ha dejado en evidencia un claro error de diagnóstico y un errático manejo político del gobierno. Apostaron durante tres semanas a un desgaste que no ocurrió, sin percibir que el costo de no tomar la iniciativa aumentaba día a día. Los ministros del comité político de La Moneda han brillado por su ausencia, dejando a la titular de Justicia, Javiera Blanco, literalmente sola contra el mundo. Bachelet no ha emitido ni un solo pronunciamiento sobre una situación que ya afecta a decenas de miles de personas. Y el deterioro en la relación del gobierno con su base social aumenta a niveles problemáticos para un gobierno de centroizquierda que, por primera vez desde el retorno a la democracia, tiene a los comunistas ‘en casa’.
En definitiva, el gobierno paga hoy una cuenta que tiene relación con un clima objetivo de restricciones fiscales; pero que también responde a los efectos de expectativas completamente desmedidas, muchas de las cuales fueron alimentadas por la propia autoridad.
