El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O) anunció que tomará acciones legales tras ser exculpado de todos los cargos en el Caso SQM, luego de un proceso judicial que se extendió por once años. En entrevista radial, el exdiputado calificó el veredicto absolutorio como el fin de un «calvario» y el inicio de un «escándalo de Estado que tendrá consecuencias».
El otrora líder del PRO, quien corrió su quinta carrera presidencial, fue enfático en señalar que buscará mecanismos para que «ningún chileno padezca lo que yo viví», asegurando que la condena de los fiscales era mantenerlo «proscrito» durante más de una década. El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó el martes la absolución de ME-O, su exasesor Cristián Warner y otros seis acusados, incluyendo al exministro Pablo Longueira.
ME-O acusó una «persecución política» por parte del Ministerio Público, abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y, especialmente, el Servicio de Impuestos Internos (SII). Afirmó que el SII cometió una «arbitrariedad y sesgo» al querellarse solo contra él entre los líderes políticos investigados en el caso. El objetivo, según el candidato, era «matar mi reputación, y lo lograron». Lamentó que ninguno de quienes lo «fusilaron» políticamente haya tenido la nobleza de pedirle disculpas tras el veredicto.
Derivado de su experiencia, el candidato propuso una profunda reforma al Ministerio Público, incluyendo la «elegibilidad directa por sufragio universal de los fiscales regionales» y la creación de un Consejo de la Magistratura para nombrar jueces. Insulza dijo que es «intolerable que la Fiscalía no tenga jefe».
En cuanto a la contingencia, Enríquez-Ominami defendió su polémica franja electoral, que muestra a candidatos de derecha vestidos de militares y escenas del bombardeo a La Moneda, justificando que «la verdad es que no condenan el bombardeo a la Moneda». Además, criticó al Gobierno de Gabriel Boric y a la izquierda por «validar la teoría de los dos demonios» en el aniversario de los 50 años del golpe de Estado.
El candidato reafirmó su compromiso con una agenda liberal, manifestando su apoyo a la eutanasia y a la legalización del aborto, asegurando que el Estado no debe decidir sobre la vida y la muerte de las personas, una postura que contrasta con la de sus rivales que se declaran liberales pero son «completamente antiliberales».
Respecto al debate migratorio, ME-O rechazó la «simplificación» del debate y, aunque se opone a expulsar a inmigrantes integrados, se mostró partidario de la expulsión inmediata de indocumentados delincuentes, proponiendo el uso de un avión de la FACh. Asimismo, apoyó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera vía decreto frente a la crisis migratoria, y planteó un acuerdo masivo con Bolivia para la devolución de irregulares.
Finalmente, sobre la Macrozona Sur, el exdiputado se mostró crítico con el Estado de Excepción por su extensión, calificándolo de «absurdo», pero reconoció la valoración del despliegue militar. Abogó por una solución distinta e integral, respaldando la aplicación total del Convenio OIT 169 y el abordaje de los temas de pobreza en La Araucanía.
MATTHEI: «UN FALLO TRAS 12 AÑOS NO ES JUSTICIA»
La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, calificó la resolución como una señal negativa sobre el estado de la justicia y criticó duramente el funcionamiento del sistema judicial y del Ministerio Público.
“Un fallo que llega a 12 años de ocurridos los hechos no es justicia. Eso ya es casi una burla”, señaló Matthei, subrayando la excesiva duración del proceso. Además, cuestionó el desempeño de los fiscales que participaron en las distintas etapas del caso: “Si creían que había una operación política, debieron haberla denunciado ante la justicia y no irse de la Fiscalía”, expresó.
La alcaldesa de Providencia y abanderada presidencial insistió en que la lentitud y falta de resultados en causas emblemáticas deterioran la confianza ciudadana en las instituciones. “La gente entiende que cuando les roban, no pasa nada. La justicia no está funcionando, y mientras tanto se gasta una enorme cantidad de recursos en un juicio que no llegó a ningún puerto”, afirmó.
Matthei añadió que, si bien aún no se ha conocido el fallo completo, el resultado constituye “una vergüenza” y “un pésimo trabajo de la Fiscalía”, resaltando que el caso deja una nueva señal de desconfianza hacia el sistema judicial. (NP-Gemini-Cooperativa-La Tercera)
