El candidato presidencial independiente, **Marco Enríquez-Ominami (ME-O), presentó este lunes una denuncia administrativa ante la Fiscalía Nacional contra los persecutores que llevaron el denominado caso SQM, a solo días de haber sido absuelto de los cargos por financiamiento ilegal de la política que se extendieron por casi 11 años. Esta es la primera acción legal del candidato tras el veredicto exculpatorio.
La denuncia, de 47 páginas, fue ingresada ante el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz. El escrito detalla ocho hechos que, a juicio de la defensa, evidencian una «persecución penal selectiva con criterios políticos» y una «dilación deliberada del juicio oral» en contra de ME-O. El candidato busca que se determinen las responsabilidades administrativas de las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione, así como de expersecutores.
SESGO Y AMENAZAS
Entre las acusaciones más graves, la defensa señala que el Ministerio Público excluyó de la investigación a dirigentes políticos que se encontraban en la misma situación que Enríquez-Ominami. También denuncian la existencia de «amenazas de someterlo a un juicio oral infernal y a destruir su carrera política» si no aceptaba un juicio abreviado.
El candidato había adelantado que buscaría conocer los e-mails y comunicaciones internas de los fiscales, afirmando que hubo un sesgo y que se le persiguió bajo la premisa de «Dijeron solo Marco». El escrito acusa un patrón de actuaciones contrarias a los principios de legalidad, igualdad ante la ley y objetividad.
LOS OCHO HECHOS
La denuncia administrativa se estructura en torno a ocho puntos clave. El primero apunta a las «filtraciones de información reservada» a la prensa desde el inicio de la indagatoria en 2015. El segundo hecho se refiere a «decisiones arbitrarias y discriminatorias» para investigar a ME-O mientras se excluía a otros, citando correos que evidenciarían la coordinación para sacar a figuras políticas.
Además, la defensa acusa una «deficiente formalización y redacción de las acusaciones», que terminó siendo la «causa raíz del fracaso procesal» y afectó el derecho a la defensa. Se cuestiona el desempeño «negligente» de la fiscal Castiglione, pese a su dedicación exclusiva, y la «falta de objetividad» del exfiscal regional Pablo Gómez.
«CONDENA PREVIA AL VEREDICTO»
Finalmente, el escrito denuncia la «dilación deliberada y engaño al tribunal» por parte de la Fiscalía, al prolongar artificialmente el juicio. La defensa sostiene que esta estrategia convirtió el proceso en una «especie de condena previa al veredicto» para los imputados.
La denuncia concluye que los fiscales persistieron en la causa y en aplicar figuras penales «ajenas al contexto temporal», a pesar de que sabían que los antecedentes descartaban la existencia de delito. Este proceder, insisten, configura una «persecución penal selectiva y ‘visión de túnel'» que compromete la credibilidad del sistema de justicia. (NP-Gemini-La Tercera)
