Hace unos días, el gobierno ingresó un decreto a la Contraloría General de la República que busca modificar el reglamento sobre la interceptación de comunicaciones telefónicas y otras formas de comunicación para así enfrentar la delincuencia.
Esto establecería que las compañías deberán guardar los datos de sus clientes por un período de dos años -algo que hoy se establece solo por uno- y que se podrá acceder a esta información sin la necesidad de una orden judicial emitida por el Tribunal que corresponda.
Esto ha generado críticas y rechazo en algunos sectores, acusando que se trataría de una práctica inconstitucional.
Es por esto que el candidato presidencial por el Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, se pronunció en contra del reglamento impulsado por la Subsecretaría del Interior.
“Esta intención de modificar por vía decreto el ámbito de las telecomunicaciones supone ampliar no solo la cantidad de tiempo con que las empresas y el Estado tendrán acceso a todo lo que ustedes comunicaron, las páginas web que visitaron, sino que amplía incluso el ámbito de lo que ustedes buscaron en la web”, advirtió.
Es así como hizo un llamado al “gobierno a que repiense su propuesta” y aseguró que “hay costos que no se pueden pagar” como “afectar la vida privada” de los chilenos.
Ante esta situación, propuso debatir el delito con más videocámaras de seguridad en los puntos que más de delinque y precisó que “las cámaras sin importantes en la medida que no afecten la vida íntima de un compatriota”. (La Tercera)
