Un estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB) ha delineado un potencial de ahorro fiscal significativo para el Estado chileno, estimando que se podría liberar entre US$515 millones y US$550 millones anuales al corregir ineficiencias en la ejecución del gasto público, especialmente la concentración de compras y contrataciones en el último trimestre del año. Este análisis se presenta como una alternativa a los ajustes fiscales, al proponer recortes en asignaciones de la Ley de Presupuesto sin afectar programas sociales, personal o la calidad de vida de la población, lo que reduciría el conflicto político para las autoridades.
El informe, que revisó la ejecución presupuestaria de 2023 y 2024 mediante datos de Mercado Público y Presupuesto Abierto, identifica una «estrecha» situación fiscal en Chile que requiere mejorar la eficiencia del gasto para reducir el endeudamiento. El subdirector del Instituto de Políticas Públicas, Gonzalo Valdés, afirmó que «dada la compleja situación económica y fiscal de Chile, es imperioso mejorar la eficiencia del gasto público e identificar todos aquellos espacios que permitan generar ahorro fiscal sin afectar la calidad de vida de los chilenos».
El hallazgo central del estudio es la concentración estacional del gasto estatal en el último trimestre, una práctica común que obedece al incentivo de los jefes de servicio de ejecutar completamente el presupuesto asignado para evitar recortes al año siguiente. Esta inercia, sin embargo, genera un «gasto excesivo» al derivar en «decisiones apresuradas, compras innecesarias o contratos menos eficientes», afectando la calidad del gasto público.
Como ejemplo concreto, el análisis del gasto del gobierno central en papel, artículos de impresión e impresiones durante 2024 reveló que el 11% del presupuesto total anual en este ítem corresponde a un gasto excesivo concentrado en octubre, noviembre y diciembre, por sobre los meses previos. Según el informe, un mejor control de este ítem habría permitido un ahorro de US$30 millones al año «sin ningún perjuicio para la población».
Extrapolando esta tendencia, el informe encontró que al analizar todas las transferencias a terceros (excluyendo las internas entre unidades estatales) se detectó un 2,1% y un 1,9% de gasto innecesario en diciembre de 2023 y 2024, respectivamente, comparado con el máximo utilizado en los meses anteriores. El estudio concluye que estos ajustes permitirían liberar fondos sin comprometer programas sociales ni servicios básicos. Finalmente, sugiere la incorporación de herramientas tecnológicas de seguimiento del gasto, como los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), para monitorear en tiempo real la ejecución y planificar mejor las compras y contrataciones. (NP-Gemini-Pulso)
