«Tenemos que estar preparados para todo», dijo en una entrevista con la radio Cadena COPE este lunes (9.10.2017) la «número dos» del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. «Si se declara unilateralmente la independencia, eso no va a producir efectos», prometió.
La política del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy aseguró que el Gobierno buscará el máximo consenso con la oposición, pero insistió en que cualquier nuevo paso de Puigdemont hacia la independencia tendrá una respuesta.
«Si este señor declara unilateralmente la independencia habrá que tomar medidas, y esa decisión corresponde al Gobierno de España. Vamos a buscar que otros nos acompañen, pero no se va a quedar sin respuesta», sostuvo.
PUIGDEMONT HABLA MAÑANA ANTE EL «PARLAMENT»
Puigdemont hablará ante el «Parlament» mañana a las 18:00 horas (16:00 GMT) oficialmente para «informar de la situación política actual», pero se da por hecho que anunciará el próximo paso en el desafío secesionista que desde hace semanas tiene en vilo a España.
Fuentes del propio partido del jefe de gobierno (PDeCAT) apuntan tres escenarios posibles: que Puigdemont declare la independencia unilateral, que lo haga con alguna fórmula solo «simbólica» o que se limite a pedir diálogo al Gobierno central.
En un caso extremo, el Gobierno de Rajoy podría aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir o suspender la autonomía de la región para obligarla a cumplir con sus obligaciones. Sáenz de Santamaría recordó hoy en la entrevista que ese artículo no se aplicó nunca en España, pero no descartó que el Gobierno recurra a él y aseguró que en cualquier caso lo haría buscando el máximo apoyo de otros partidos «constitucionalistas».
Apoyo que recibió de inmediato del líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, que instó hoy al diálogo entre Madrid y Barcelona pero adelantó que apoyará la respuesta del Gobierno español al desafío secesionista en Cataluña.
«Igual que tendemos la mano para dialogar, también apoyaremos la respuesta del Estado social de derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia», sostuvo. También los liberales de Ciudadanos, cuarta fuerza en el Congreso, apoyan al Gobierno de Rajoy y le reclaman abiertamente el uso del artículo 155.
GUARDIA CIVIL DESMIENTE RESULTADO DE PLEBISCITO
La Guardia Civil cuestiona los datos ofrecidos por la Generalitat de Cataluña sobre el referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre y mantiene que no hubo un recuento real ni verificable. «No ha existido ningún tipo de recuento ni de verificación que legitime los resultados del mal llamado referéndum», explican a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo policial.
Los expertos informáticos de la Guardia Civil están convencidos de que sus 48 horas de «actividad frenética» desde el sábado al domingo día 1 han impedido que la Generalitat de Cataluña disponga de «ningún tipo de recuento ni verificación» que pueda legitimar los resultados del referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.
El Govern remitió el pasado viernes a los medios de comunicación el archivo PDF con el recuento definitivo del referéndum enviado en paralelo al Parlament, al objeto de que esta cámara pudiera convocar el pleno donde se declare la independencia.
Los expertos informáticos de la Guardia Civil llaman la atención sobre que, pasada más de una semana del referéndum ilegal, aún no se hayan podido consultar los datos oficiales del 1-O por personas ajenas a la Generalitat. Recuerdan, además, que «consiguieron monitorizar e inhabilitar todos los planes de la Generalitat» en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Los agentes neutralizaron la que iba a ser la sala de recuentos del 1-O en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) y el Centro de Seguridad de la Información de la Generalitat de Cataluña (CESICAT) el sábado 30 de septiembre, apenas 24 horas antes de que se abrieran los colegios desafiando las órdenes judiciales.
La prioridad de los agentes de la Unidad Tecnológica fue bloquear 29 aplicaciones y bases de datos diferentes gestionadas desde el CTTI que «pudieran ser susceptibles de utilizarse en un proceso electoral como el que nos ocupa», según explicó en un auto la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas.
En el CTTI se consiguió invalidar el sistema con el que los colegios electorales tenían previsto enviar los datos a la Generalitat, encargada de centralizar el recuento en un modelo de recepción de la información, en principio, muy habitual al de otros procesos electorales.
La actuación de la policía judicial se retrasó al sábado ante la sospecha de que la Generalitat podía contar con alternativas como la que anunciaron los consejeros Jordi Turull y Raúl Romeva a las 8.00 horas del domingo 1 de octubre: habilitar un sistema telemático para que, a través del denominado censo universal, permitir que cada votante pudiera acudir a cualquier local abierto.
El sistema telemático contaba con una aplicación web en el que, antes de votar, se debía comprobar que la persona estaba censada y no había votado ya con anterioridad. Desde que se anunció este censo universal, los expertos informáticos de la Guardia Civil desencadenaron una «actividad frenética» hasta que, según las citadas fuentes, consiguieron tumbar por completo el sistema.
INHABILITADO CENSO UNIVERSAL
«En menos de una hora, se inhabilitó ese censo universal, de tal manera que los miembros de las mal llamadas mesas electorales no podían comprobar si la persona estaba censada y tampoco si había votado con anterioridad», explican fuentes del dispositivo policial que supervisó estas actuaciones.
Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constataron ‘in situ’ que en muchos lugares de votación se elaboró una lista a mano de las personas que acudían a votar. También documentaron que varias personas votaban indistintamente en diferentes lugares.
Los expertos de la Guardia Civil consideran que la Generalitat era consciente de que sin ese sistema telemático no podía dar validez al resultado de los votos en urnas –el mismo domingo a primera hora permitieron también votar sin sobres y con papeletas impresas en casa–, de ahí que trataran de ‘levantar’ el censo universal.
«Ante cualquier iniciativa contraria a lo ordenado por el TSJC», relatan las citadas fuentes, «se establecían nuevas medidas que imposibilitaban que las comprobaciones tanto del censo como de los votos en urna». En total, fueron unas 500 las intentonas de activar el censo universal, según la Guardia Civil, sin éxito.
TRABAS
Las fuentes del dispositivo policial liderado por la Guardia Civil señalan igualmente las «trabas» que tuvieron que superar por parte de los responsables del CTTI y CESICAT, que trataron de retrasar «cualquier petición de información, retrasando de manera injustificada la contestación a las peticiones que se les hacían y dando siempre una información incompleta».
A pesar de todo esto, la madrugada del domingo al lunes el consejero Jordi Turull compareció para decir que el «sí» había vencido en el referéndum sobre la independencia con el 90,09% de votos favorables, y el 7,87% en contra, en base a las 2.262.424 papeletas «no requisadas» que pudieron contabilizar.
Desde ese día, advierten las citadas fuentes, nadie del Govern ha vuelto a comparecer para explicar los resultados, relegando la presentación oficial de los resultados de forma que pueda ser consultada por personas ajenas a la Generalitat.
SEGURCAIXA ADESLAS SE VA DE CATALUÑA
El consejo de administración de SegurCaixa Adeslas, compañía líder en España en seguros de salud, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, aprobó el traslado de su sede social de Barcelona a Madrid, informaron a Europa Press en fuentes próximas a la aseguradora.
La empresa está integrada en el grupo empresarial de Mutua Madrileña desde 2011 y su nueva sede social, tras el acuerdo adoptado por su consejo el pasado fin de semana, se ubicará en la Torre de Cristal de Mutua Madrileña, situada en el Paseo de la Castellana de Madrid, donde desde hace varios años ya se ubican las oficinas principales de la empresa y la mayor parte de las áreas de gestión.
SegurCaixa Adelas, cuyo presidente ejecutivo es Javier Mira, quien también es director general de Mutua Madrileña, es a través de la marca Adeslas la aseguradora española líder en salud, con un 25% de cuota de mercado a nivel nacional.
Cuenta con el mayor cuadro médico de España (alrededor de 43.000 profesionales) y más de 3,6 millones de clientes en este ramo. (DW, dpa, efe. Europa Press)
