El Gobierno español aprobará previsiblemente este viernes (05.10.2017) un decreto ley que permitirá a las empresas acordar el cambio de sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría la salida de Cataluña a las compañías que así lo dispongan, según confirmaron a Efe fuentes empresariales.
La idea del Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy es que el decreto ley incluya una nueva disposición final que modifique la Ley de Sociedades de Capital con la idea de agilizar el cambio de sede de una compañía, de acuerdo con estas mismas fuentes.
En mayo de 2015, ante el interés de varias compañías por trasladar su domicilio social a otras comunidades autónomas, Madrid aprobó una disposición adicional que recogía que «salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional».
De esta forma allanaba el camino para que muchas empresas pudieran establecerse en otra región.
CAIXABANK
Sin embargo, ahora se quiere ir más allá para permitir que también puedan cambiar su sede con el mero acuerdo del consejo de administración compañías que incluyen en sus estatutos que el cambio debe ser aprobado por su junta de accionistas.
Este es el caso de CaixaBank, el tercer banco español y primero de Cataluña, que sopesa la posibilidad de trasladar su sede social fuera de Cataluña, y cuyos estatutos obligan a que esta decisión sea refrendada en junta por sus accionistas.
Según la agencia Reuters, el nuevo decreto está confeccionado a medida para CaixaBank. Con el cambio legislativo que prepara el Gobierno, bastaría con el acuerdo del consejo de administración de la entidad.
JUSTICIA SUSPENDE PLENO DEL PARLAMENTO
El Tribunal Constitucional español suspendió este jueves (05.10.2017) cautelarmente el pleno del Parlamento regional catalán previsto para el próximo lunes con el argumento de que si se declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una «aniquilación» de los derechos de los diputados.
El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el próximo día 9 ante el pleno del Parlamento regional para valorar los resultados y los efectos del ilegal referéndum independentista del 1 de octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.
Aunque en el único punto del día de la sesión no se menciona específicamente una declaración de independencia, la CUP, grupo independentista radical que apoya la coalición de gobierno de centroderecha y republicanos de izquierda Junts pel Sí, aseguró que en el pleno se proclamaría la república catalana.
Los socialistas catalanes (PSC) presentaron hoy el recurso, en el que se advierte que convocar el pleno supone «ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional» sobre la Ley del Referéndum.
Dicha ley, aprobada el pasado 6 de septiembre y suspendida por el Constitucional, dice que en caso de victoria del sí en el referéndum independentista «dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria (la Cámara) para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña».
IRREGULARIDADES
En esa consulta, declarada ilegal y suspendida por el Constitucional español, participaron 2,2 millones de personas, sobre un censo de 5,3 millones (42 %), y el 90 % de los votos fue a favor de la independencia, según señaló el Gobierno regional de Cataluña respecto a una consulta que estuvo plagada de irregularidades.
Entre esas anomalías hubo votaciones en la calle, la implantación de un censo universal poco antes de que se abrieran los centros electorales o la posibilidad de votar aunque fuera sin sobre, con papeletas impresas en casa, urnas que cambiaban de colegios y sin aclarar el proceso de recuento, incumpliendo así su propia Ley del Referéndum, suspendida por el TC.
¿GUERRA CIVIL?
El conflicto por la independencia de Cataluña con lleva el peligro de una guerra civil en España, alertó el jueves (05.10.2017) el comisario europeo de Programación Financiera y Presupuestos, el alemán Günther Oettinger.
«La situación es muy, muy preocupante. Es imaginable una guerra civil en el seno de Europa», declaró en un panel en Múnich. «Solo se puede esperar que entre Madrid y Barcelona se entablen pronto las conversaciones».
A juicio de Oettinger, la Unión Europea (UE) no puede inmiscuirse por iniciativa propia en la disputa. «Una mediación de la UE sólo sería posible si se nos pide, pero no si no se solicita», explicó. Más allá de esto, la UE está sujeta a las reglas de las Constituciones de los países miembros y debe velar también por éstas, comentó, y recordó que un referéndum en una región como Cataluña no se contempla en la Constitución española.
EQUILIBRIO ECONÓMICO
«Los catalanes tienen la sensación de que el conjunto de España se está comiendo los frutos de su rendimiento económico y no queda nada más para la región», declaró Oettinger. Por ello, recomendó que el objetivo debería ser mejorar este equilibrio en España.
El Gobierno español rechazó una nueva oferta de diálogo de los separatistas. Pese a que los partidos del Gobierno de coalición de Cataluña habían convocado un pleno del Parlamento regional el lunes en el cual se podría declarar la independencia, el Tribunal Constitucional español suspendió cautelarmente este jueves tras el recurso de los socialistas catalenes.
En el polémico referéndum organizado en contra de la legalidad española, la mayoría de los catalanes votó a favor de la independencia de la región. (DW, dpa, efe, Reuters, El Confidencial,Die Zeit)
