Recientemente, el Senado ha aprobado en general (idea de legislar) una moción parlamentaria que modifica el Código de Comercio en materia de seguros. Se pretende que el asegurado pueda proponer modificaciones al contrato de seguro, tanto respecto de la prima como de sus coberturas, cuando no hubiesen existido siniestros durante la primera mitad del plazo del seguro. La no aceptación del asegurador de las modificaciones propuestas le daría derecho al asegurado a llevar el caso a los tribunales, ya sea arbitral u ordinario, para su resolución.
Se fundamenta esta moción en una tesis incorrecta de que si el seguro permanece vigente por mucho tiempo sin que los siniestros tengan lugar o se materialice el riesgo cubierto, dicho riesgo disminuiría con el tiempo transcurrido. Ello no es cierto, ya que el transcurso del tiempo por sí solo no aminora los riesgos, mucho menos en el plazo de un año que generalmente tienen los seguros generales. Lo que sí puede aminorar los riesgos son acciones concretas del asegurado para atenuar o mitigar su efecto, pero en tal caso el Código ya contempla el derecho de terminar los seguros con devolución proporcional de primas.
Detrás de esta moción hay un concepto errado de que el seguro debería ser una especie de cuenta corriente entre primas pagadas y siniestros cobrados, que debe equilibrarse en cada caso particular. Este es un enfoque lucrativo. Al contrario, el seguro siempre ha tenido un enfoque solidario, donde un gran número de personas participan proporcionalmente del riesgo que se desea cubrir, asumiendo una pérdida cierta y pequeña representada por la prima y con el objeto de resarcirse de una eventual pérdida grande, de ocurrir el riesgo asegurado. La cooperación solidaria de los asegurados constituye la esencia misma de los seguros, que permite pagar los siniestros de aquellos pocos que sufren el riesgo.
Los seguros pagados a consecuencia del terremoto y tsunami del 27-F fueron de US$ 6,2 mil millones y representan 1,49 veces las primas de terremoto y adicionales pagadas en Chile en los 30 años anteriores. Este es un ejemplo de cómo la cooperación solidaria de muchos asegurados de riesgos catastróficos (terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, inundaciones, etcétera) en todo el mundo, a través de sus primas y organizados por los reaseguradores internacionales, permitió pagar los siniestros de dicha magnitud en Chile.
De aprobarse esta moción, se crearía una gran incertidumbre sobre el monto de las primas y de las coberturas que regirían en la segunda mitad de los contratos, las que quedarían finalmente determinadas por tribunales, mucho después de terminado el seguro. Las consecuencias pueden ser nefastas si estas condiciones no son aceptadas por los reaseguradores internacionales, lo que es muy probable que suceda. En tal caso, Chile podría perder la cobertura de riesgos catastróficos como terremotos y en general de los riesgos grandes que requieren reaseguro por su magnitud, los que dejarían de ofrecerse en el país.
Judicializar el monto de primas y coberturas para la segunda mitad de la vigencia del seguro (seis meses) es una medida que además de recargar innecesariamente nuestra justicia, puede terminar siendo muy perjudicial para los propios asegurados que se pretende ayudar, ya que los fallos saldrían mucho después de vencido el seguro, generando toda una incertidumbre respecto de las condiciones de renovación y reticencia de las compañías para renovar seguros cuando están en litigio con los anteriores.
En muchos seguros de vida, salud y rentas vitalicias, las coberturas son de tiempo indefinido o vitalicias. Identificar en estos casos la mitad de la vigencia del seguro resulta imposible. Aun en el caso de que este error se corrigiera en el proyecto identificando una mitad del seguro, ningún asegurador aceptaría tomar estos riesgos, que claramente aumentan con el tiempo y la edad del asegurado, sobre la base de una prima incierta que pueden rebajar los tribunales. En el caso de los seguros de vida, el siniestro se produce una sola vez con la muerte, terminando en tal caso el seguro. Esperar rebajas de primas porque se demora en llegar el siniestro resulta francamente insólito.
En seguros hay un mercado altamente competitivo, donde operan 66 compañías. La regulación propuesta, de llegar a aprobarse, solo generará incertidumbre en condiciones esenciales de los contratos de seguros como prima y cobertura, haciéndolos menos competitivos, con un alto riesgo de que dejen de ser comercializados como se hace actualmente. La incertidumbre puede transformase a la larga más en un perjuicio que en un beneficio para los propios asegurados.
