Vieja práctica chilena la de tapar el sol con un dedo y apuntar a una sola persona para salir del paso señalando a un chivo expiatorio. El ministro Insunza representa hoy un blanco fácil para obviar el problema de fondo, esto es, la lógica en la que opera la industria del lobby en Chile. En los últimos meses hemos sido testigos de una serie de movimientos que involucran a las agencias de comunicación estratégica, al Gobierno y a las empresas vinculadas al caso Penta-SQM. Hoy, la industria del lobby representa, en su complejidad sociológica, la disolución de los límites entre lo público y lo privado en favor de un grupo de actores privilegiados. La ley 20.730 tiene deficiencias aunque representa también un primer paso indispensable.
Hoy, gracias a los registros, podemos conocer información que hasta hace poco era secreta. Esos registros sirven para derribar lugares comunes y verdades a medias. “En Chile hay muchas agencias de lobby”, se decía a menudo. “Yo no soy lobbista”, repetían otros.
EL LOBBY AL PODER
Es fecundo realizar un breve recorrido sobre información publicada por este diario los últimos meses. En medio del estallido del caso Penta, Carlos Alberto Délano confeccionó un comité de crisis donde participan, entre otros, Imaginaccion, la agencia de lobby del ex ministro Enrique Correa, y Extend, la agencia de lobby de las hermanas Velasco, hijas del ex ministro Belisario Velasco. Este vínculo no involucra solamente la gestación de una estrategia comunicacional, sino también la puesta en escena de esta. Por ejemplo, el punto de prensa organizado a la salida de la audiencia de formalización fue coordinado por Extend, según informó Radio Bío Bío.
Al poco andar, se publicó que Cristina Bitar, de la agencia de lobby Azerta –cuya propiedad es de Gonzalo Cordero Mendoza, militante UDI–, había sido citada a declarar en la causa Penta y luego también en la arista SQM en cuanto jefa de campaña de Joaquín Lavín en 2005 y 2009. Paralelamente, confirmamos que el ex ministro Correa formaba parte del grupo de asesores de Julio Ponce Lerou en SQM, cargo al que renunció al saberse los detalles del financiamiento electoral entregados por Contesse a la Fiscalía. Días después, se informó que Julio Ponce Lerou dejaba la presidencia del directorio de SQM y en su lugar asumía Juan Antonio Guzmán Molinari, ex ministro de Educación de Pinochet y actual presidente del directorio de Extend.
Es decir, en pocos meses hemos observado cómo la industria delobby se encuentra íntimamente ligada al caso Penta-SQM. Ya como asesores, ya como parte del desfile de rostros que se ha propiciado en la Fiscalía. Al mismo tiempo, el Gobierno ha anunciado un “proceso constituyente” cuya conceptualización habría pasado por Tironi y Asociados. Sorprende que una tarea de este calibre reciba una asesoría de una oficina de lobby.
Eugenio Tironi ha repetido hasta el cansancio que él no hace lobby. Sin embargo, en los registros públicos surgidos de la Ley 20.730 se puede encontrar a la empresa Vanguardia Spa inscrita comolobbista ante la Subsecretaría de Energía, la Subsecretaría de Transportes y la Subsecretaría del Medio Ambiente. Tres puntos neurálgicos del Gobierno donde la empresa Vanguardia Spa reconoce ser lobbista. Además, la compañía se encuentra registrada como lobbista en los registros del Senado. Si el lector ingresa al sitio web de Vanguardia, se encontrará inmediatamente con el logo de Tironi y Asociados y en la misma página se reconoce: “En 2011, la empresa de comunicaciones Tironi Asociados se integró a la propiedad de Vanguardia Comunicación. De este modo, ambas agencias sumaron una larga experiencia en la asesoría y gestión de comunicaciones, lo que hoy nos permite ofrecer un sólido análisis estratégico y una implementación especializada y efectiva”.
Es decir, una empresa cuya propiedad depende (en todo o en parte, no lo sabemos) de Tironi y Asociados se reconoce como lobbista en los registros legales habilitados para tales efectos. ¿Podrá Eugenio Tironi, después de esto, seguir afirmando que Tironi y Asociados no hace lobby? Sorprende que el Gobierno recurra a esta empresa para consultarle su opinión sobre el proceso constituyente, lo que demuestra que al Gobierno poco le interesan las señales. Es en este clima de movimientos, en que la industria se vincula con la crisis política para gestionarla, desde las empresas y desde el Gobierno, que el nombramiento del ministro Insunza debe analizarse. Su llegada a La Moneda es el corolario, la guinda de la torta de una seguidilla de enroques y cruces que sirven para entender que la industria del lobby es mucho más poderosa de lo que se ha creído hasta aquí.
Esto no quiere decir que su caso no sea relevante, por supuesto que lo es. Sin embargo, no se trata solamente de un ex parlamentario que sale del Congreso hacia una agencia de lobby y luego vuelve a la Cámara de Diputados y posteriormente a La Moneda. Ya antes, mientras se desempañaba en Imaginaccion, el ministro Insunza había gozado de una doble calidad: por un lado, trabajaba en una empresa de lobby mientras era el encargado del PPD para negociar la plantilla parlamentaria de la Nueva Mayoría en 2013; luego, mientras era candidato a diputado en el distrito 9, Insunza no renunció a Imaginaccion, situación que mantuvo hasta pocos días antes de asumir su escaño en el Parlamento. Este tipo de prácticas se denomina “puerta giratoria” entre el sector público y privado, y es uno de los temas abordados por el informe Engel. Curiosa forma de reforzar dicho informe ha tenido el Gobierno: se nombra ministro a una persona que utiliza un mecanismo cuestionado por la comisión formada para dar directrices sobre la relación dinero y política. De ahí que el profesor Claudio Fuentes haya remarcado la imprudencia de este nombramiento.
BENDITOS REGISTROS
Las puertas giratorias entre La Moneda y el lobby no solo involucran a Imaginaccion y a este gobierno. Ya en la administración de Piñera llamó la atención la presencia de Fernanda Otero en el segundo piso, una persona que nunca ha negado que se encuentra vinculada a la industria. Del mismo modo, se puede recordar el caso de la productora Paulina Kantor, quien pasó de la empresa Grupo Etcheberry a La Moneda, específicamente al programa “Elige Vivir Sano”. Más recientemente, el ex asesor de Piñera, José Miguel Izquierdo, se integró a la agencia Rumbo Cierto Spa, fundada por Valentina Giacaman Hazbún, donde además participa Jorge Frei y uno de cuyos clientes es Penta. Esta empresa se encuentra registrada como lobbista ante el Senado. También cabe destacar el caso del ex ministro Andrés Chadwick, quien –a mediados del año 2014– hizo amagos de crear una agencia de lobby junto a Pablo Longueira y establecer una alianza con Enrique Correa. Al poco tiempo se arrepintieron vaya uno a saber por qué.
La gracia de los registros es que permiten deformar el lugar común que se había repetido durante una década referente a que en Chile existen “muchas” agencias de lobby. Los registros demuestran claramente que estamos ante un mercado pequeño en que destacan las nacionales Azerta, Imaginaccion, Extend, Grupo Etcheberry, y las internacionales Hill+Knowlton y Burson-Marsteller. En los registros también se repite el nombre de la empresa Bernstein y Woodward, sobre la cual no es posible encontrar mayor información en la web, aunque no deja de llamar la atención que una empresa de lobby utilice un nombre de fantasía con los apellidos de los periodistas del Watergate.
La virtud de los registros disponibles en la web no alcanza, pese a todo, a entregar información sobre los clientes que estas empresas representan ante las autoridades públicas. Aunque no existe una norma en la Ley 20.730 sobre publicidad de esta información, la mayoría de las agencias nombradas ha tomado la política de publicar en sus propias páginas web un listado de sus clientes, lo que permite hacer cruces interesantes. Sin embargo, dos empresas mantienen la política opuesta, esto es, mantienen sus clientes en secreto. Ese es el caso de Imaginaccion, cuya información circula en forma de trascendido o especulaciones, sin que la empresa entregue un listado de sus clientes a la opinión pública. Esta es otra de las razones para mirar con cuidado el nombramiento del ministro Insunza, pues a la situación ya descrita se le agrega que no sabemos a ciencia cierta para quién ha prestado servicios realmente.
Existe otro caso de empresa de lobby con clientes secretos, cual es “Grupo Etcheberry”, propiedad de la ex superintendenta de Isapres del Gobierno de Frei, María Elena Etcheberry Court, hija del reconocido profesor de Derecho Penal Alfredo Etcheberry Orthusteguy, quien formó parte de la Comisión Engel. Esta empresa figura en los registros como lobbista ante 9 subsecretarías: Vivienda, Energía, Transporte, Salud, Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Hacienda, Economía y Segpres. Al visitar el sitio web de Grupo Etcheberry no se encuentra una lista de sus clientes, aunque sí los rubros a los cuales la agencia se dedica. Al no existir obligación legal de dar publicidad a los clientes de cada empresa, estamos ante una tensión entre el interés público de conocer esta información y las posibles cláusulas de confidencialidad que suelen agregarse en los contratos de lobby. Es decir, en el estado actual, solamente las autoridades saben a quién representa cada agencia, pero esta información no está disponible para los ciudadanos.
Este tipo de tensiones comúnmente se enfrentan mediante el llamado “soft law” o “derecho suave”, que se traduce en recomendaciones y códigos de ética. Este tipo de regulaciones no tienen la fuerza de la ley, aunque tampoco son meros consejos. Son una especie intermedia, una normativa híbrida que sirve para dar directrices a los actores.
En esa línea, el Gobierno acaba de presentar un código de buenas prácticas para lobbistas, donde se ha decidido no incluir la publicidad de los clientes, cuestión que viene a reforzar la conducta de la minoría de las agencias registradas en la ley. Al mismo tiempo, esta normativa pasa por alto el posible rol de los abogados en cuanto lobbistas, y de las oficinas de abogados como agencias delobby. Los antiguos bufetes hoy son organizaciones más complejas, que interactúan con las autoridades en varios planos. No tener al menos un grupo de recomendaciones para los abogados es asumir de plano que ellos nunca son lobbistas, cuestión discutible a la luz de la experiencia comparada.
Finalmente, tampoco se han tocado los conflictos de interés que pueden ocurrir en los medios de comunicación, donde se invita recurrentemente a los lobbistas en calidad de líderes de opinión, verdaderos gurúes que conocen el futuro colectivo. En la prensa gozan de espacios como columnistas, sin siquiera hacer mención a su desempeño profesional. Esto en el extranjero se ha solucionado con reglas de disclosure, donde el lobbista, cada vez que participa en un medio de comunicación, debe indicar sus intereses en la materia sobre la que opina. Todo esto es parte de un proceso de maduración y de superación de los tabúes que por años han impedido avanzar seriamente en este tema.
