La primera de las libertades por las que los hombres lucharon en la historia fue aquella que resulta de no ser dominados por algún poder extranjero. Si se detiene un momento a pensar, es bastante obvio que, en la jerarquía de las prioridades, sea la libertad de la polis, el imperio, la República o el país un objetivo de primer orden. Puesto que, en su ausencia, todos los demás problemas propios de la política- desde el tipo de régimen hasta la provisión de ayudas sociales- caen en el sinsentido.
¿Quién discutiría seriamente sobre pensiones, educación o salud si el poder de decisión estuviese radicado en alguna entidad extranjera? Esa es la razón por la que, ante las presiones globalistas que licúan la soberanía de los estados nación, debamos mirar hacia afuera para encontrarnos con el enemigo más importante de nuestro país. Y este es un buen momento, dado el escándalo que provocaron las declaraciones de la candidata a la presidencia Evelyn Matthei, en cuanto a que la intervención de los militares el ’73 fue necesaria y que “era inevitable que hubiese muertos”. ¿Qué tiene que ver la libertad de la República con el quiebre institucional?, se estará usted preguntando.
Sabemos que Salvador Allende fue uno de los impulsores del avance del castro comunismo en el cono sur. Fue fundador de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, bajo cuyo paraguas promovió el terrorismo, la guerrilla y la imposición de un régimen totalitario en nuestro país. La historia se cuenta en un par de líneas: de salvador del pueblo pasó a ser su sepulturero; desmanteló el Estado, provocó el hambre generalizada y la miseria sin esperanza, mientras entregaba a la URSS y Cuba los destinos de la nación.
Todo esto, a partir del apoyo a la violencia política de grupos como el MIR y el indulto y asilo de terroristas, la planificación de la economía, la destrucción del derecho de propiedad, la asfixia de la libertad de expresión y el desmantelamiento de la democracia burguesa. Esa es la verdad que los buenistas no quieren entender mientras rasgan vestiduras por las violaciones de Derechos Humanos de personas que le declararon la guerra a los chilenos. “Nunca más terrorismo de Estado”, claman los organismos de DD.HH., pero y el “otro” terrorismo, ¿sí?
Tras la votación de la izquierda en contra de un proyecto de resolución que condenaba al Hezbollah, su apoyo irrestricto a regímenes como el de Maduro o Miguel Díaz- Canel, su evidente alianza con el crimen organizado y con el etnoterrorismo, no tenemos duda alguna de que, para ese sector del mundo político, hay terrorismos aceptables y otros que no lo son. «Ahhh es que esas no son violaciones a los DD.HH.”, dicen los adalides del engaño, la manipulación y la mentira. Y es que, con el objeto de hacerse del poder, la izquierda internacional inventó la ficción de que solo los agentes estatales violan los DD.HH. (cuando no son comunistas, por supuesto). La pregunta clave es: ¿Tienen los países, el derecho de defender a su población de organizaciones terroristas, locales o extranjeras y de gobiernos totalitarios, incluso si llegan por la vía democrática al poder?
Y la respuesta es, que desde sus “habitáculos” en organismos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se están imponiendo criterios que neutralizan la capacidad de los Estados de mantener la paz y proteger a sus habitantes. El solo hecho de considerar que únicamente los agentes del Estado violan DD.HH. debiese de alertarnos sobre el carácter ideológico con el que se está avanzado el proceso de destrucción de la soberanía nacional. Ejemplo emblemático de la intervención extranjera globalista en nuestros asuntos es el caso «Norín Catrimán y otros vs. Chile”. El 29 de mayo de 2014, la Corte IDH condenó a Chile por violar los derechos humanos de “líderes” mapuches. Estamos hablando de etnoterrorismo, cuya condena fue calificada de “criminalización de la protesta mapuche”.
La historia concluyó exactamente donde lo mandatan los organismos internacionales globalistas: con la genuflexión de la Corte Suprema que dejó sin efecto las sentencias condenatorias, suspendiendo el Estado de Derecho, dado que, tal como lo exponen los profesores Álvaro Paúl y Sebastián López: “No existe recurso o procedimiento constitucional que tenga por objeto dejar sin efecto resoluciones de los tribunales nacionales, o establezca que otros entes jurisdiccionales puedan establecerlo. Por otro lado, el artículo 5 de la Constitución dispone como límite al ejercicio de la soberanía los derechos que emanan de la naturaleza humana que estén reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Este artículo no da competencias a los tribunales nacionales para ejercer controles o activar mecanismos jurisdiccionales que no estén señalados en la Constitución. Si dicha norma diera una atribución general e indeterminada de activación de procedimientos no establecidos en la ley, el Estado de Derecho peligra”.
En otras palabras, la intervención de los organismos internacionales en nuestro país conduce a que tengamos un Estado fallido, caracterizado por su incapacidad de mantener el control sobre el territorio y el monopolio de la coerción. Esto, en el contexto del avance del crimen organizado y la presencia de organizaciones terroristas como el Hezbollah, de etnomarxistas entrenados por las FARC y garras bravas capaces de arrasar en pocas horas con la paz y seguridad de grandes ciudades, debiese prender las alertas respecto a nuestros juicios sobre el actuar de las FF.AA. y de Orden, tanto hoy como en el pasado.
Es este el contexto en el que debe darse la discusión sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que, así como se pretenden aprobar hoy, solo contribuyen a aumentar el poder de los enemigos de Chile. Seguir mirando la realidad bajo las anteojeras de la moralina de la izquierda y su manipulación de los DD.HH. para vengarse de quienes evitaron su triunfo en el pasado y perseguir a los que se atreven a enfrentarlos hoy, nos puede costar el país. Hora de entender los principios fundamentales de la llamada realpolitik. ¿O es que será necesario volver a las colas del hambre y la violencia política desatada, para que los buenistas entiendan que existen individuos que deben estar tras las rejas, perder parte importante de sus derechos, ser perseguidos y neutralizados? Es una buena noticia que una de las líderes políticas más importantes del país reconozca el derecho de los chilenos a la legítima defensa ante grupos o entidades cuyo objetivo es la destrucción del país y la asfixia de todas las libertades y derechos de sus ciudadanos. (El Líbero)
Vanessa Kaiser
