Tras la última elección presidencial, la primera con voto obligatorio y una participación de 85,1% en segunda vuelta, Chile inicia un nuevo ciclo sociopolítico. El gobierno de José Antonio Kast, que asumirá el 11 de marzo, enfrenta el desafío de administrar con prudencia un triunfo contundente que parece responder menos a un giro ideológico profundo que al pragmatismo de una ciudadanía que optó por la alternancia en busca de soluciones a sus problemas. Las expectativas son altas y la ventana de gestión, excepcional: dos años consecutivos sin elecciones.
Kast llega a La Moneda en un país de contrastes, pero con una democracia que destaca por su alto desempeño a nivel global. El informe Global State of Democracy 2025 de IDEA Internacional, que evalúa 154 indicadores en 173 países, sitúa a Chile con elevados puntajes en Representación (0,88), Estado de Derecho (0,73), Derechos (0,7) y Participación (0,7). Subdimensiones clave como independencia judicial, sufragio inclusivo, libertades civiles, parlamento eficaz y gobierno electo superan 0,8 puntos. El país está entre los primeros lugares en Representación y en general muy por sobre la media. El traspaso pacífico del poder, reflejado en el reconocimiento inmediato del resultado y los gestos institucionales entre autoridades salientes y entrantes, refuerza esta fortaleza democrática.
Mirando hacia 2026 y más allá, una primera aspiración es la moderación institucional. Que la promesa de “mano dura” no derive en un ejercicio del poder aislado, sino en un gobierno dispuesto a dialogar con los contrapesos democráticos (Congreso, Poder Judicial, Contraloría, Banco Central y sociedad civil) y a construir acuerdos transversales amplios. Ello exige superar la polarización y desinformación digital que dominó la campaña.
En segundo lugar, se requiere una oposición vigilante y constructiva, capaz de evitar el obstruccionismo y de reconectar con una ciudadanía que expresó su descontento en las urnas. Al mismo tiempo, un oficialismo que sostenga en los hechos el tono de moderación inaugurado por el presidente electo. En suma, una clase política comprometida con reformas y modernización orientadas al desarrollo inclusivo y con reconstruir la amistad cívica.
Tercero, en lo económico, el desafío será equilibrar responsabilidad fiscal con crecimiento, productividad y empleo, reduciendo brechas de desigualdad y en materias críticas como seguridad y migración, el fortalecimiento de la acción del Estado no debiera implicar retrocesos en derechos civiles ni una mayor fractura de la ya debilitada cohesión social.
El respeto a los tratados internacionales, la cooperación regional y multilateral siguen siendo el camino adecuado. También lo es la protección y ampliación de los derechos de las mujeres como un pilar democrático irrenunciable.
Finalmente, el deseo es que Chile continúe fortaleciendo su democracia como un horizonte compartido: más plural, con mayor espacio cívico y mejores oportunidades para que todas y todos contribuyan al bien común. (La Tercera)
Alejandra Sepúlveda
Gerenta Proyecto Integridad electoral y Género (RLAC)-IDEA Internacional
