La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, pidió este martes que se nombre un fiscal de dedicación exclusiva para investigar a quienes teniendo licencias médicas viajaron al extranjero, así como a los médicos que se las entregaron.
Al respecto, Matthei expresó que «es indignante que mientras hay personas que están muriendo de cáncer y no tienen una atención adecuada por falta de recursos, haya otros frescos que usando licencias médicas falsas estén viajando fuera del país».
«Aquí se necesita un fiscal exclusivo, porque tenemos que mirar primero que no presenten las renuncias, sin que alguien deje claro que están sujetos a un sumario, porque de otra manera quedan libre de polvo y paja», argumentó la abanderada.
A su juicio, «también ese fiscal tiene que empezar a mirar qué pasa con los médicos que dieron esas licencias falsas». «Esto hay que investigarlo y no podemos permitir que como tantas veces en Chile se arme un escándalo y después todo quede en nada. Aquí tienen que haber sanciones y las sanciones tienen que ser ejemplares», finalizó.
INVESTIGACIÓN EN EL CONGRESO
En medio del escándalo por el uso indebido de licencias médicas, diversos organismos del Estado han iniciado sumarios internos para identificar a los funcionarios que han hecho mal uso del reposo médico, particularmente aquellos que han viajado al extranjero durante dicho periodo.
En este contexto, tanto el presidente del Senado, José Manuel Ossandón (RN), como el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), anunciaron la apertura de investigaciones en ambas corporaciones. No obstante, una de las asociaciones de funcionarios del Congreso manifestó su rechazo a la medida, alegando que vulnera las «facultades legales y constitucionales».
La directiva de la Asociación de Funcionarios de Trabajadores Parlamentarios de Chile expresó que el anuncio «resulta preocupante, no sólo por la forma en que ha sido comunicada públicamente, sin mediar instancia institucional alguna que lo anticipe o trabajo previo con los sindicatos, sino especialmente porque este tipo de procedimiento excede las atribuciones legales y constitucionales que posee la Cámara de Diputadas y Diputados en materia de solicitud de informaciones personales de los trabajadores parlamentarios».
Además, la organización argumentó que «la PDI no es un órgano subordinado a esta Corporación, ni se encuentra obligada a entregar información sensible sobre desplazamientos de personas físicas a un poder del Estado que no forma parte del Ejecutivo y sin orden judicial que lo indique. A diferencia de los órganos de la administración del Estado, respecto de los cuales la Contraloría General de la República puede solicitar datos con fundamento constitucional y legal, en este caso no existe habilitación normativa que permita requerir tales antecedentes a un órgano policial».
La asociación también manifestó su preocupación por la posibilidad de que la investigación se extienda más allá del personal de planta: «Aún más preocupante resulta la afirmación de que esta investigación no se limitaría a los funcionarios de planta de la Cámara, sino que se extendería también al personal parlamentario compuesto por asesores, periodistas, conductores, secretarias y otros trabajadores y trabajadoras. En este sentido, debe recordarse que muchos de ellos prestan servicios bajo modalidades contractuales distintas, que no requieren presencia física permanente en el Congreso Nacional, y cuyas funciones pueden desarrollarse legítimamente en cualquier lugar del país e incluso fuera de él. El desconocimiento de estas características contractuales y laborales lo que constituye una amenaza a los principios que rigen la función parlamentaria y la autonomía técnica y territorial del trabajo que el personal parlamentario realiza».
Frente a estas críticas, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), reafirmó su postura: «El tema de los funcionarios, por lo menos en la Cámara que me corresponde a mí presidir, será tomado con la máxima seriedad. En ese sentido, aplicaremos las máximas acciones a aquellas personas que se han desviado de lo lógico de un funcionario público, que es cumplir su labor sin salirse de la ley y, por supuesto, manteniendo un régimen de probidad«.
Asimismo, Castro anunció que «nosotros hemos dado un máximo de plazo para hacer todas estas investigaciones de aproximadamente tres meses, con todos los sumarios. Y si hay temas que tengamos que enviar a la Fiscalía, así lo vamos a hacer. Pero para nosotros la transparencia es lo primero». (Emol)
