Estos fueron solo algunos de los casos que nos llevaron a buscar el respaldo de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para una iniciativa que nos parecía urgente en los liceos de Santiago: que se le entregara la facultad al director de decretar la expulsión inmediata de un alumno que hubiese cometido faltas gravísimas al interior del establecimiento, incluida la agresión a docentes.
Hoy vemos con satisfacción cómo esta propuesta se ha materializado en un proyecto de ley que ha sido ampliamente valorado por la comunidad escolar, que entiende que el Ejecutivo debe tomar acciones para terminar con la impunidad que existe en algunos liceos de Santiago. No hacerlo sería caer en un tremendo pecado de omisión.
Algunas críticas han apuntado a que este proyecto no resuelve el fondo de la violencia que se vive en nuestros colegios, y se proponen medidas como talleres para mejorar la convivencia escolar, o campañas de concientización, entre otras. Les digo que todo eso ya se ha hecho, pero jamás resolverá el problema. La violencia en nuestros liceos es ejercida por un grupo minoritario, altamente ideologizado y organizado, que tiene el financiamiento y la venia de adultos que no tienen nada que ver con nuestras comunidades escolares.
Entonces, más allá de criticar una iniciativa que busca favorecer a nuestros profesores, hagámonos las preguntas que de verdad importan: ¿Qué mensaje les estamos enviando a estos profesores cuando son agredidos y luego deben compartir salas con sus agresores? ¿Por qué debemos permitir que un alumno que es debidamente identificado como agresor continúe amedrentando a profesores y alumnos durante el tiempo que dura el proceso de expulsión? Esa es la realidad que vivimos hoy, que incluso se ve respaldada por la actual normativa.
La ley actual no permite suspender a un alumno por infracción del manual de convivencia mientras duren las investigaciones pertinentes. Esto, debido a que el artículo 6° del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación trata la suspensión de la misma forma que la expulsión y cancelación de matrícula. Entonces, si se aplica como una medida precautoria, y existe una posterior sanción, contraviene el principio «non bis in idem», el cual significa que una persona no puede ser condenada ni sancionada dos veces por un mismo hecho.
De todas formas, es necesario preguntarse ¿cómo resolvemos el problema de fondo? Primero, asegurándoles a nuestros docentes, paradocentes y asistentes de la educación que, cuando llegan a su lugar de trabajo, llegan a un ambiente controlado, seguro y motivador, donde su principal preocupación sean los contenidos a entregar a los alumnos y no su integridad física, el cuidado de sus cosas personales, o tener que defender los útiles escolares y el mobiliario público.
En segundo lugar, debemos tener claro que este proyecto viene a resguardar a la enorme mayoría de los alumnos que sí quieren estudiar en nuestros liceos y que día a día se esfuerzan por destacarse. Algunos ejemplos son los estudiantes del Liceo de Aplicación, Barros Borgoño e Isaura Dinator que ganaron importantes torneos de debate este año, o el Centro de Alumnos del Liceo Gabriel González Videla, que participó activamente en la preparación del Plan Anual de Educación Municipal 2019.
Por último, difícilmente podríamos pretender que un cuerpo normativo venga a resolver un problema de fondo en nuestra sociedad. ¿En qué momento pensamos que una ley de la República debe hacerse cargo de la desidia de los padres de esos vándalos, que no son capaces de inculcarles un mínimo de responsabilidad? ¿Por qué una normativa debe hacerse cargo de esos padres que no se dan cuenta de que sus hijos llegan a sus casas con olor a parafina en las manos? ¿Cuándo perdimos la brújula como sociedad que ampara o valida tomas, incendios, agresiones o destrozos de colegios como parte de «las legítimas demandas de los niños»?
El problema de fondo no lo va a solucionar una ley. Simplemente, no le corresponde. El problema de fondo se debe resolver dentro de los hogares, con padres responsables, que sean parte del proceso educativo de sus hijos, y que les entreguen un mínimo de sentido de corresponsabilidad. Si defendemos derechos, exijamos deberes.
Como sostenedores, les hemos fallado a Florentino, Daniela y Luis, al no tener herramientas legales para protegerlos de las agresiones sufridas en sus trabajos, y asegurarles que estas no volverán a ocurrir. Entregarles un ambiente seguro y controlado es una garantía mínima. ¿Cómo logramos potenciarlos, motivarlos y que su única preocupación sea lo que pasa dentro de la sala de clases? Esas son las preguntas que realmente debemos hacernos. (El Mercurio)
Felipe Alessandri
Alcalde de Santiago
