El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, ha presentado su dimisión después de un levantamiento juvenil que ha provocado el colapso de su gobierno. Las protestas, que han sido descritas como la represión más violenta de la historia democrática reciente del país, han dejado un saldo de al menos 25 muertos y más de 347 heridos. La renuncia de Oli, sin embargo, no ha logrado calmar la situación en las calles de la capital, donde las protestas continúan.
La chispa de la revuelta fue la prohibición de 26 plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook y X, por no acatar una nueva ley local. Para los jóvenes, esta medida fue vista como un ataque a la libertad de expresión, la comunicación y sus pequeños negocios. La ira se intensificó por la frustración con la corrupción endémica, evidenciada en videos virales que contrastaban el estilo de vida de los políticos con las dificultades de la población.
Las protestas, protagonizadas por jóvenes de la «Generación Z», escalaron rápidamente. Tras romper las barreras policiales, las autoridades respondieron con munición real, lo que provocó una ola de violencia. Cientos de manifestantes incendiaron el Parlamento y otros edificios gubernamentales, como la Oficina de la Presidencia y el Tribunal Supremo, además de atacar medios de comunicación.
La violencia se extendió a los hogares de figuras políticas, incluyendo la residencia del dimitido K.P. Sharma Oli y la del ex primer ministro Sher Bahadur Deuba. En un trágico incidente, la esposa de otro ex primer ministro, Jhalanath Khanal, murió tras sufrir quemaduras graves cuando su casa fue incendiada por los manifestantes.
En un intento por apaciguar la situación, el gobierno revocó la prohibición de las redes sociales, pero la violencia continuó, con multitudes desafiando el toque de queda. Como resultado de los disturbios, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Katmandú fue suspendido. La crisis política se ha profundizado con las renuncias de ministros y la salida de 21 diputados del Partido Rastriya Swatantra de la coalición.
La ONU y Amnistía Internacional han condenado la represión y han exigido una investigación independiente de los hechos. (NP-Gemini-El Diario.es-EFE)
