En efecto, las diarias dosis de grotescas arbitrariedades y vulneración de derechos fundamentales que exhibe el gobierno de Maduro han representado un aleccionador recordatorio acerca del problema de renunciar a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, incluso ante la (natural) impaciencia que suscita la falta de efectividad de las democracias contemporáneas para controlar el crimen organizado, la inflación desbocada o la desigualdad y el estancamiento económico.
Así, la agudización de la crisis venezolana ha puesto en evidencia que el “pacto fáustico” de hacer a un lado las formas jurídico-constitucionales (que dan sustentabilidad a la democracia y el respeto a los derechos humanos), a cambio de obtener resultados rápidos, exhibe la dificultad de que aquellos a quienes se confían plenos poderes para resolver los problemas mencionados, inevitablemente se ven tentados a perpetuarse en el poder.
Dos países en que ello parece estar ocurriendo son México y El Salvador. En este último, un líder que buena parte de las derechas de la región miran con admiración (Nayib Bukele) desplegó, en 2021, una aplastante mayoría legislativa para destituir a la totalidad de los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para, unos meses después, obtener de sus confiables sustitutos un fallo que le permitió postular exitosamente a una reelección consecutiva que estaba explícitamente prohibida por la Constitución (algo que podría reiterarse en lo sucesivo, por supuesto).
Un poco más al norte, otro líder populista con inclinaciones autoritarias, pero que suscita admiración en muchas de las izquierdas de la región (Andrés Manuel López Obrador) ha dejado instalada una reforma constitucional para que sea impulsada por su leal sucesora (Claudia Sheinbaum), la cual, de aprobarse, permitirá al partido de ambos controlar por completo a la judicatura federal, ya que dispondrá la elección popular de los jueces de ese nivel en un contexto electoral muy propicio para Morena.
Ahora que la crisis venezolana ha mostrado con nitidez cómo quien controla a los árbitros de la política (los jueces) puede finalmente manipular el desenlace de las elecciones democráticas, incluso el observador más inadvertido debiera apreciar que el respeto a las formas jurídico-constitucionales (en especial, la independencia judicial), representa una condición sine qua non del goce efectivo de las libertades y derechos fundamentales que, a su vez, sustentan en el tiempo al propio sistema democrático.
Considerando lo anterior, sería sano que en nuestro país, aquellos políticos de izquierda y de derecha que han coqueteado con la idea de abandonar el apego a las formas jurídicas a cambio de resultados inmediatos (como José Antonio Kast y Rodolfo Carter cuando visitaron a Bukele, o los integrantes del Partido Comunista que apoyan una dictadura que ni siquiera parece que haya resuelto algo), entiendan que la democracia constitucional representa un camino muchas veces más lento y trabado que el autoritarismo, pero más humano y sustentable en el tiempo.
Javier Couso S.
Académico UDP/U. de Utrecht
