Antes de llegar a la Universidad Iberoamericana, Héctor Jara Fernández estuvo 30 años en Carabineros, donde llegó al grado de general y al cargo de jefe de zona en La Araucanía. Ya en la institución policial ejercía como docente, y tras acogerse a retiro, 11 años atrás, asumió como director de Ingeniería en Criminalística en el mismo plantel, donde también fue secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Eso hasta el viernes, día en que -asegura- el presidente de la asamblea de socios y el de la junta directiva llegaron a su oficina. «Me pidieron que asumiera» la rectoría, dice.
El puesto estaba vacante desde que Félix Viveros renunció por diferencias con los controladores, dejando en evidencia la crisis económica del plantel.
Jara asegura que el problema es «de administración y gestión, y nada tiene que ver con el proyecto educativo de las 20 carreras que tenemos».
Con todo, una de sus primeras acciones fue crear un comité de crisis, formado por tres miembros de la universidad, incluida la decana de Derecho, y tres especialistas externos. Con ellos analiza la situación del plantel.
La deuda inmediata de la universidad es de $1.200 millones, y Jara reconoce que necesitan cerca de $500 millones mensuales para funcionar.
En ese contexto, dice, los sostenedores «me dieron libertad para disponer de los bienes de la universidad, para ponerlos en el mercado de alguna forma que signifique utilizarlos y recuperarlos». Esto, porque «solucionamos nuestro problema en el mediato y mediano plazo vendiendo uno de los edificios, o dos».
Así, pondrá en venta la sede de Ingeniería -en calle Manuel Rodríguez con Olivares- bajo el mecanismo de lease back . El rector espera que el edificio salga a mercado en dos semanas. El otro inmueble que se podría vender es el anexo a la casa central, en calle Dieciocho.
Junto con eso, el rector afirma que el problema económico «se comienza a solucionar cuando se hacen efectivas las mensualidades de nuestros estudiantes, desde el 1 de abril (…) Ahí llega la liquidez que necesitamos».
PRESIONES
Más allá de lograr el éxito de este plan, el general (r) de Carabineros tiene otras presiones. La semana pasada la junta directiva se comprometió a pagar todas las remuneraciones de febrero, pero a la fecha cerca de la mitad de los funcionarios no ha recibido su sueldo, y por eso acudieron a la Dirección del Trabajo.
Según informó esa entidad, hay cinco denuncias en trámite, todas por no pago de remuneraciones. Aunque así se logró el pago de 170 sueldos, esta semana se produjo una nueva renuncia, la de la secretaria general, Gilda Espinoza, por los saldos pendientes.
El presidente del sindicato, Luis Labra, asegura que «se han ido cumpliendo los compromisos, pero faltan cerca de 100 personas». Por lo mismo, no descarta ir nuevamente a la Dirección del Trabajo si la mayoría de los sindicalizados lo decide.
Mientras eso ocurre, el Ministerio de Educación ya inició una investigación a la universidad y la próxima semana se reunirá con la nueva autoridad. «La investigación tiene que hacerse», reconoce el rector. Añade que se está preparando la documentación «para que nuestras autoridades queden tranquilas que esto es una institución que pasa por una apretura».
Para los alumnos, el nombramiento del rector y el inicio de las clases fue un respiro. El presidente de la federación, Diego Espinoza, asegura que el lunes hubo asambleas para contestar todas las preguntas de los alumnos. «Se aclaró, la universidad no está en quiebra, y que no cierra», concluye. (El Mercurio)
