Quedan ocho meses para las elecciones municipales, y los partidos están trabajando a toda máquina para terminar de conformar el listado de candidatos que competirán en las primarias o derechamente en los comicios municipales de octubre próximo.
Si bien esta tarea representa gran parte del esfuerzo al que están dedicados los partidos hoy, ha comenzado a surgir de manera potente una preocupación mayor en todas las colectividades del arco político chileno: una inasistencia masiva a las urnas en los comicios para elegir a alcaldes y concejales.
El temor se sustenta en las cifras que entregan distintos sondeos de opinión respecto al desprestigio de la actividad política tras un año y medio marcado por las investigaciones relacionadas con el financiamiento irregular de campañas políticas, el caso Caval, y el deterioro del sistema institucional en general.
Esta mala imagen se ve agravada por el hecho de que en la actualidad el voto es voluntario, dejando en manos de los electores la decisión de si acuden a votar, ya que no existe sanción por no hacerlo. Por eso son cada vez más las voces en el conglomerado oficialista y de oposición que están a favor de reponer el sufragio obligatorio y así evitar un descalabro en términos de participación electoral.
El problema es que quienes proponen aquella medida saben que impulsarla en este momento sería altamente impopular y podría terminar provocando un efecto boomerang que profundice la crisis política que atraviesa el país.
Pero ¿hasta qué punto tienen asidero las aprensiones de las colectividades en cuanto a que se incremente la desafección del electorado en las próximas elecciones municipales?
Al revisar las cifras de los procesos para elegir a las autoridades edilicias desde el retorno a la democracia en 1990, se puede observar una abrupta caída en la participación electoral, la cual se mantuvo relativamente alta y estable en la década de los noventa y comenzó a experimentar un abrupto descenso desde el 2000 en adelante.
Así, en las municipales de 1992 acudió a las urnas el 81,9% de las personas inscritas en los registros electorales (8 millones 700 mil en esa época), lo cual se explica en gran medida por el interés de participar que existía entonces tras 17 años de dictadura.
Cuatro años más tarde, en las municipales de 1996, fue a sufragar el 76,6% de los autorizados para votar, registrando una caída respecto al proceso anterior, pero no muy significativa.
El 2000 se volvió a registrar un alza significativa, alcanzando esos comicios una participación de 86,8% del electorado inscrito, aunque hubo una baja importante en relación a los habilitados para votar, que ya en ese período habían superado la barrera de los 10 millones. Este incremento votos/inscritos se explica en gran medida por la polarización que provocó la elección presidencial de 1999 entre Joaquín Lavín (UDI) y Ricardo Lagos (PS), donde votó el 90% del padrón electoral y la reñida contienda movilizó a una gran cantidad de personas en esos comicios y los del 2000.
EL DESPLOME
Sin embargo, desde 2004 en adelante comienza la rodada, con un marcado desinterés por inscribirse entre quienes estaban en edad de votar. Particularmente llamativo es el caso de las elecciones municipales de ese año y las posteriores de 2008, ya que si bien la relación votos/inscritos se mantuvo sobre el 80%, se incrementó fuertemente el número de personas que no se anotaron en el registro electoral.
De hecho, en la municipal de 2004 estaban habilitados para sufragar 10 millones 700 mil personas, los inscritos fueron 8 millones, y terminaron yendo a las urnas 6 millones 800 mil.
En las de 2008 se incrementó la apatía. El número de personas en edad de votar aumentó a 12 millones, los inscritos fueron 8 millones 100 mil, y terminaron sufragando 6 millones 900 mil.
Este envejecimiento del padrón electoral fue lo que originó el debate que posteriormente motivó la aprobación en el Congreso de la inscripción automática y el voto voluntario, mecanismo que se aplicó por primera vez en las municipales de 2012. Y el descalabro fue evidente: estaban habilitadas 13 millones 388 mil personas, igual número de inscritos, y terminaron acudiendo a las urnas 5 millones 500 mil personas, alcanzando el 39,2% del total.
Frente a este desolador escenario, parece existir coincidencia en los partidos que una de las formas para ampliar la participación electoral es llevando un número mayor de candidatos, razón por la cual varios partidos están adoptando la decisión de ir en listas separadas de sus aliados de pacto.
No obstante, algunos han comenzado a medir -en encuestas realizadas en distintas comunas del país- el interés de las personas por ir a sufragar en octubre próximo, pero los sondeos en este punto no son fiables para las tiendas políticas.
La molestia que observan en la ciudadanía por las causas judiciales que afectan a un número considerable de dirigentes políticos y la relación dinero-política que ha quedado al descubierto a partir de esos casos, asoma como un fantasma que los hace temer una bajísima asistencia a las urnas.
El problema, advierten en los partidos, es que si la concurrencia termina siendo muy baja, se pueda producir un ingente daño de deslegitimización de las autoridades elegidas, considerando que en algunos casos pueden terminar siendo elegidas con un bajísimo porcentaje en relación al total de personas habilitadas para votar.
De ahí el énfasis de los partidos políticos por enfocar las campañas de forma distinta a como lo venían haciendo hasta ahora, donde el marketing y la publicidad primaba por sobre las ideas y el candidato en terreno. Hoy están conscientes de que deben salir a cautivar a los votantes, y para ello ya no es suficiente la propaganda política y aparecer ligado a un referente político.
Ahuyentar el fantasma de las urnas vacías es una responsabilidad de los partidos. En ocho meses se podrá apreciar si tuvieron la capacidad para resolver este complejo dilema que se les presenta.
