A propósito del desaguisado de las tarifas eléctricas, se ha planteado el problema de la responsabilidad: ¿quién debe asumir la pérdida de prestigio o confiabilidad que surge de ese incidente?, ¿quién debe ser, con justicia, reprochado y asumir una consecuencia desfavorable para sí?
Para saberlo, hay que preguntarse primero en qué consiste la responsabilidad.
Los juristas suelen distinguir entre la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad estricta. En el primer caso, para ser responsable se requiere no haber obrado con el cuidado debido, haber sido negligente en la ejecución de una conducta. La responsabilidad estricta, en cambio, no requiere negligencia, basta la mera casualidad. Si su conducta (sea que se trate de una acción o de una omisión) condujo a un cierto resultado, entonces usted es responsable, aunque no haya obrado con negligencia. En el sistema legal existen ambos tipos de responsabilidad.
¿Qué clase de responsabilidad se requiere para ser política y personalmente responsable por los errores en el cálculo del valor de la electricidad?
Los gobiernos (este o cualquier otro) poseen responsabilidad estricta en todo aquello que cae bajo el rol que asumen (o, si se prefiere, que habitan). Cuando se ocupa un rol gubernamental o administrativo se asume, al mismo tiempo, un compromiso de control del conjunto de procesos que, a la luz de la ley, quedan cubiertos por las expectativas adosadas a la función o rol de que se trata. De esta manera, por ejemplo, cuando falla el cálculo de un bien regulado, la autoridad reguladora y, por extensión, el ministro de que se trata son responsables, aunque este no haya obrado con negligencia.
La regla parece exagerada; pero no lo es en modo alguno.
Lo que ocurre es que, entre la administración gubernamental, por una parte, y los ciudadanos, por la otra, media una gigantesca asimetría de información. El gobierno sabe o puede saber cosas que el ciudadano no. Mientras el gobierno, a través de su aparato regulador y de fiscalización, puede acceder a bajo costo a toda la información o a casi toda la información relevante, ello no ocurre así con los ciudadanos que, si quisieran, por ejemplo, revisar sus cuentas de luz, debieran incurrir en altos costos para hacerlo. Esto es como subirse a un avión. Sería absurdo que cada pasajero debiera revisar el avión antes del despegue. Como el costo de revisar estará por sobre el beneficio esperado de ello (es decir, lo que usted se ahorraría revisando el cálculo de sus cuentas está muy por encima del mayor precio que evita al hacerlo), entonces es más eficiente confiar. Del mismo modo que el pasajero confía en la línea aérea cuando aborda el avión. Pero esa confianza no es ciega: descansa en la convicción muda, que está a la base de la legitimidad del Estado, de que el gobierno revisa acuciosamente esas cuentas, que cumple su papel. Y la regla de responsabilidad estricta es obviamente eficiente, puesto que pone el costo de revisar las cuentas o los servicios de quien puede acceder a la información (el gobierno) a menor costo.
De esta manera, si las cuentas (para seguir con el caso de estos días) son erróneas y dañan al ciudadano, el primer responsable es la administración gubernamental, puesto que el proceso de fijar el precio del bien regulado estaba bajo su control. Y poco importa si el regulador o el ministro obraron con negligencia o si, en cambio, fueron diligentes (en este caso, no lo parecieron). De cualquier modo, han de asumir la responsabilidad porque se trata de un caso que estaba bajo su control y de donde derivaba la confianza que los ciudadanos depositaron en ellos.
Y es que suele olvidarse, pero los ciudadanos confían en que los procesos funcionen, puesto que no están en condiciones de verificar por sí mismos que lo hagan. La única forma de garantizar que ello ocurra (y si no que alguien pague) es aplicar una responsabilidad estricta a la administración y sus funcionarios. Y, claro, quien dice responsabilidad dice consecuencias. Una responsabilidad sin consecuencias no es responsabilidad.
Y una administración cuyos miembros carecen de responsabilidad (o ella es puramente retórica, sin consecuencias de veras, una responsabilidad que no conlleva penalización) acaba desmedrando poco a poco la legitimidad de las instituciones. (El Mercurio)
Carlos Peña
