La prohibición de celebrar actos y contratos sobre las casas que el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, tiene en Lo Barnechea y Zapallar y cuyos valores superarían los $ 1.430 millones, decretó el 26° Juzgado Civil de Santiago como medida precautoria para pagar las indemnizaciones solicitadas por Raimundo Valenzuela, Leonidas Vial y Penta.
La medida fue solicitada el pasado 12 de enero por el abogado Marcelo Giovanazzi, del estudio Alcaíno Abogados. En conjunto Vial, Valenzuela y Penta acusan perjuicios por $ 26 mil millones por haber comprado efectos de comercio en 2009 con información falsa y firmada por Alcalde. El viernes recién pasado, la jueza Carolina Canales acogió la solicitud. En todo caso, mientras el caso se debatía en la arista penal, se detuvo en sede civil, pero podría reactivarse durante esta semana.
La petición que había hecho el abogado de los inversionistas se basaba en que “las actuales condiciones económicas del demandando ya son insuficientes para garantizar de manera óptima los resultados favorables que probablemente obtendrán mis representadas”, dice el escrito.
Además, recordó que en el juicio penal, donde fue condenado a cinco años con libertad vigilada y pagó de $ 220 millones, Alcalde “reconoció su participación en los hechos imputados y su consecuente responsabilidad”.
En su respuesta, la defensa de Alcalde, liderada por Guillermo Chahuán, dijo que los demandantes no habían justificado ni acompañado antecedentes que permitieran entender que el ex ejecutivo no tuviera facultades suficientes para asegurar el resultado del juicio.
Asimismo, desestimó la solicitud de indemnización, pues dijo que Vial, Valenzuela y Penta, no sufrieron daños en sus patrimonios por culpa de Alcalde, porque los efectos de comercio los firmaron con Empresas La Polar y no con su ex presidente. Recordó también que fueron parte de un convenio judicial preventivo donde renegociaron sus efectos de comercio a tasas y plazos nuevos.
